* Un informe confidencial del Mingob, en manos de Expediente Público, revela que varios narcos trasladaron sus residencias al centro del país.
** Las autoridades han identificado la reubicación de miembros de Los Mendoza, Los Chamalé y Los Huistas.
*** Los narcotraficantes ahora se albergan en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiche y el departamento de Guatemala, en busca de seguridad.
Expediente Público
El centro de Guatemala dejó de ser únicamente un punto de tránsito o de conexión logística del narcotráfico y se convirtió en el nuevo refugio de los principales capos del país. Así lo revela un informe del Ministerio de Gobernación (Mingob) al que tuvo acceso Expediente Público.
El documento clasificado describe cómo estructuras criminales vinculadas al trasiego de drogas movieron sus residencias desde zonas fronterizas hacia departamentos del interior, con el objetivo de sentirse más seguros, menos expuestos y con mayor influencia sobre autoridades para lograr impunidad.
De acuerdo con el documento, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Quiché y el departamento de Guatemala albergan a una parte significativa de los narcotraficantes, quienes han instalado ahí sus domicilios.
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El informe menciona que se trata de una reconfiguración territorial silenciosa, pero sostenida, que modifica el mapa del crimen organizado en el país y plantea nuevos retos para las autoridades de seguridad.
Durante años, el narcotráfico en Guatemala estuvo asociado principalmente a regiones fronterizas como Petén, Huehuetenango, San Marcos e Izabal, puntos estratégicos para el ingreso y salida de droga hacia México y el Caribe.
Sin embargo, el informe del Mingob advierte que esa lógica cambió y que ahora las estructuras criminales prefieren asentarse en el centro del país, desde donde coordinan operaciones sin estar en la primera línea de vigilancia.
Según el informe, son tres los grupos de narcotraficantes que se desplazaron, desde mediados de 2025: Los Mendoza, Los Chamalé y parte del clan de Los Huistas.
Estos últimos son conocidos por estar más al norte del país, en Huehuetenango, por defender su territorio y por ser de los más sanguinarios del país.
Del corredor fronterizo al refugio interno
El traslado de residencias no es casual. Según el informe, los narcotraficantes optaron por alejarse de zonas con alta presencia militar y policial, así como de territorios donde los operativos antidrogas y las capturas con fines de extradición se volvieron más frecuentes en los últimos años.
En el departamento de Huehuetenango se intensificaron los operativos contra el clan de los Huistas, porque la Embajada de los Estados Unidos los colocó como máxima prioridad, por ser de las redes de narcotráfico más grandes del país.
En contraste, los departamentos del centro del país ofrecen condiciones más favorables para el ocultamiento, pues tienen mayor densidad poblacional, mejores carreteras y acceso a servicios financieros. Esto les ayuda a mimetizarse con actividades económicas legales.
Las nuevas casas de habitación —muchas de ellas de alto valor— se ubican tanto en áreas urbanas como rurales y funcionan como centros de descanso, planificación y coordinación, más que como bodegas visibles de droga, apunta el informe.
Algunas de las viviendas que se documentan en el informe son casas más de 100 metros cuadrados de construcción, con espacios para ganado y caballos, además de garitas de seguridad y carreteras construidas para ir a las casas.
El documento también señala que esta reubicación permite a los narcotraficantes mantener control a distancia de rutas y corredores, sin exponerse directamente en territorios disputados por otras estructuras o vigilados de forma constante por fuerzas de seguridad.
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Decomisos y capturas en las fronteras
Guatemala continúa siendo un país clave para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Durante 2025, las autoridades reportaron el decomiso de aproximadamente 9.8 toneladas de cocaína, incautadas en operativos terrestres, marítimos y aéreos en distintas regiones del país, especialmente cerca de los límites fronterizos, en los departamentos de Escuintla y Jalapa.
Aunque el gobierno sostiene que las incautaciones reflejan un esfuerzo sostenido de las fuerzas de seguridad, el analista en seguridad Carlos Mendoza señala que los decomisos no siempre se traducen en el debilitamiento estructural de las organizaciones, especialmente cuando estas logran adaptarse territorialmente, como ocurre con el traslado hacia el centro del país.
En materia de cooperación internacional, al menos 30 personas fueron extraditadas a Estados Unidos en 2025, la mayoría reclamadas por delitos relacionados con narcotráfico, conspiración para distribuir drogas y lavado de dinero.
De estos, 23 fueron capturados en los departamentos de Jalapa, Izabal, Huehuetenando y San Marcos, cerca de la frontera. Las extradiciones incluyen tanto a operadores logísticos como a figuras de mayor peso dentro de las estructuras criminales.
No obstante, el analista José Ramírez, sociólogo especializado en violencia, advierte que la captura y extradición de líderes no ha impedido que otros miembros asuman el control ni que las organizaciones continúen reconfigurándose para mantener su operatividad.
¿Por qué los narcos se movieron al centro del país?
Cuatro analistas consultados por Expediente Público coinciden en que la reubicación de los narcotraficantes al centro del país responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales.
Carlos Mendoza, explicó que el movimiento hacia el centro del país es una respuesta directa al aumento de presión en las fronteras.
“Las zonas fronterizas se volvieron demasiado visibles y riesgosas. Hoy, vivir en el centro del país les permite a los narcotraficantes reducir la probabilidad de operativos directos y, al mismo tiempo, mantener el control de sus redes”, señaló.
Para Ana Lucía Herrera, investigadora en crimen organizado, el traslado también tiene un componente social y político.
“En el centro del país existe una mayor capacidad de infiltración institucional. Hay más municipalidades, más contratos, más empresas de fachada y más oportunidades para mezclar dinero ilícito con economía legal”, afirmó.
Desde una perspectiva territorial, José Ramírez, sociólogo especializado en violencia, advirtió que la reubicación responde a una lógica de supervivencia criminal.
“El narcotráfico se mueve como un organismo vivo. Cuando siente presión, migra. El centro de Guatemala ofrece anonimato, conectividad y menor estigmatización, lo que facilita su permanencia sin levantar sospechas inmediatas”, explicó.
Por su parte, María Fernanda López, experta en políticas públicas, consideró que el fenómeno refleja una deuda histórica del Estado.
“Estas estructuras no llegan solas. Llegan donde hay ausencia prolongada del Estado, debilidad en los controles urbanísticos, poca fiscalización financiera y comunidades con necesidades económicas no atendidas”, subrayó.
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El impacto en las comunidades
La llegada de narcotraficantes al centro del país no es un fenómeno que pase desapercibido. En varias comunidades de Baja Verapaz, Alta Verapaz y Quiché, vecinos han comenzado a notar cambios abruptos en el entorno, como la construcción de viviendas de lujo, incremento de vehículos de alta gama, presencia de seguridad privada armada y movimientos inusuales en zonas tradicionalmente tranquilas.
Aunque no siempre se traduce en violencia inmediata, López advierte que la presencia narco suele generar dinámicas de control social, cooptación de líderes comunitarios y, en algunos casos, desplazamiento silencioso de pobladores.
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La postura del Ministerio de Gobernación
Ante este panorama, el vocero del Mingob, Pablo Castillo, aseguró a Expediente Público que la institución mantiene activas las investigaciones para frenar la expansión del narcotráfico, independientemente de la región donde opere.
“El narcotráfico es un fenómeno dinámico. Sabemos que las estructuras buscan adaptarse y moverse, pero el Estado también ajusta sus estrategias. Las investigaciones continúan y no se descarta ninguna región”, señaló Castillo.
Además, reiteró que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo clave, especialmente en casos de extradición y persecución de redes transnacionales, y que los decomisos y capturas seguirán siendo una prioridad.
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“Ya no se trata únicamente de vigilar fronteras o rutas tradicionales, sino de entender cómo las estructuras criminales se insertan en el corazón del territorio, aprovechando debilidades institucionales y sociales”, comentó Castillo.
López coincide en que el reto no es solo policial. Requiere presencia estatal sostenida, control financiero efectivo, fortalecimiento municipal y políticas sociales, para evitar que estas regiones se consoliden como refugios permanentes del narcotráfico.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha manifestado que la Policía Nacional Civil y las unidades especializadas continúan trabajando en seguimientos financieros, análisis de inteligencia y operativos focalizados, en coordinación con agencias internacionales.
Herrera señaló: “El narcotráfico ya no está en la periferia, sino en el centro mismo del país, operando con discreción, adaptabilidad y una capacidad de transformación que desafía constantemente al Estado guatemalteco”.
