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El desplazamiento forzado, un problema invisibilizado en Honduras

*Entre julio de 2016 y julio de 2021, se registraron más de 4,700 quejas relacionadas con el desplazamiento forzado en Honduras.

**Aunque el Congreso Nacional ya desengavetó el proyecto de Ley para la prevención, atención y protección para las personas desplazadas internamente, organizaciones sociales urgen de la aprobación de un plan inmediato 

*** Entre 2004 y 2018 más de 247 mil personas se desplazaron internamente, según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV). 


Expediente Público 

“Una noche me llamaron para decirme que solo me daban una hora para que me fuera de allí, si no, ellos me iban a matar a mi hijo, a mi esposo y a mí. Inmediatamente salimos huyendo en medio de la noche, abandonándolo todo”. Este es parte del testimonio de una hondureña que dejó su casa ante las amenazas de una pandilla y que debió irse hasta Belice para salvaguardar su vida. 

Este caso de desplazamiento forzado, visibilizado a través de la campaña “Vidas desplazadas” de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), es un riesgo o la realidad que afrontan miles de personas en Honduras que se ven obligadas a cambiar de barrio, ciudad o país. 

Entre 2004 y 2018 más de 247 mil personas se desplazaron internamente, según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV), creada en 2013 en el decreto con que el Estado de Honduras reconoció el problema del desplazamiento forzado interno. 

Sin embargo, la ausencia de una ley para atender este fenómeno, es uno de los mayores impedimentos y una de las necesidades más urgentes para brindar una respuesta efectiva a la problemática, según coincidieron las fuentes consultadas por Expediente Público. 

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No denuncian por temor

Las amenazas, extorsiones y los secuestros son las principales causas de desplazamientos y se registran sobre todo en la capital, constituida por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, ambas en el Distrito Central (Centro), y San Pedro Sula (Norte), las de mayor densidad poblacional y con la recepción más alta de desplazados de otras regiones del país en las que esa problemática se ha incrementado en los últimos años. 

Pese a que el desplazamiento forzado es un problema que se repite a diario, sigue siendo “un tema silencioso”, dijo a Expediente Público la defensora de la organización Derechos Humanos sin Fronteras Elizabeth Medina, debido a que “las personas desplazadas por temor no denuncian”. 

Detrás de la inseguridad que empuja al desplazamiento están el crimen organizado y las maras y pandillas. En el caso de estas, las amenazas no solo tienen que ver con el ultimátum para abandonar la vivienda sino con el reclutamiento forzado de jóvenes.

Estas situaciones pueden propiciar el desplazamiento de una persona del núcleo familiar o la familia entera en grupos de hasta 15 personas. 

Otras causas son los problemas por la tenencia de la tierra y conflictos internos entre comunidades, añadió Medina, que se registran en el área rural. 

Pero el desplazamiento forzado tiene también entre sus causales, si bien en menor medida, la violencia de las mismas autoridades, particularmente las de seguridad.

“Es un caso aislado, pero sí se ha dado, no es que no se dé”, afirmó Medina. 

Donnys Reyes, de la organización Arcoíris, también concordó en que “la fuerza de seguridad (policías y militares) sirve para extorsionar, para abusar sexualmente de personas LGTBI, eso es recurrente”. 

Incluso, mencionó que “hay un porcentaje bastante considerable de agresiones de guardias de seguridad estatales” y aunque laboran para empresas privadas, “obedecen a un estamento jurídico regulatorio por la Secretaría de Seguridad”. 

Y añadió a la lista de los abusadores a los equipos deportivos que “si miran una persona trans, ya la empiezan a agarrar en mofa y hasta agredirla  físicamente”. 

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Impacto del desplazamiento forzado 

El impacto del desplazamiento forzado es devastador, como se infiere del informe “Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras” (2015). Las víctimas suelen padecer una mayor inseguridad jurídica en sus lugares de acogida, al vivir en arriendo sin contrato o tener casa propia pero sin escritura registrada.  

Además, los hogares desplazados presentan mayores niveles de hacinamiento, menor acceso a servicios básicos, sufren mayores problemas de salud, el porcentaje de desempleo es más alto y se ocupan de los empleos más inestables o informales, y la inseguridad económica es más severa en comparación con el resto de la población. 

El Estado “está sumamente en deuda con las personas desplazadas, ya que ha sido un poco negligente en su quehacer”, estimó Elizabeth Medina. 

No solo faltan acciones para su prevención, sino que “para cuando toque reinsertar a todas estas personas nuevamente a sus comunidades, qué van a hacer los que han dejado sus tierras, los que han dejado su casa botada, cómo va a llegar a otro lugar, cómo va a pagar si no tiene trabajo”. 

Creación de unidades de atención

En 2016 fue creada la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), adscrita a la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), para atender estos casos. 

El Conadeh también brinda orientación a las personas que deciden pedir asilo en otros países, algunos de los cuales exigen una constancia que emite esa institución. 

Para finales de 2017, Honduras registraba 59,788 solicitantes de asilo, según el informe Desplazamiento Forzado en 2017 de la Acnur. 

“Honduras tiene un gran porcentaje de hondureños que solicitan asilo sobre todo en México” seguido de Estados Unidos y España, dijo a Expediente Público la delegada regional de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Liliana Reyes. 

No obstante, Medina cuestionó que la entrega de la certificación puede tardar hasta un mes, “cuando las personas la necesitan ya, estamos de acuerdo que se tiene que evaluar el riesgo, pero también tenemos que ver la vida de las personas”. 

Al respecto, Reyes aseguró que en los últimos años han agilizado ese trámite y que algunas veces la constancia se entrega el mismo día, pero en promedio puede demorar hasta dos semanas.

El atraso se debe a la tardanza de los peticionarios para presentar la documentación requerida o por errores en los nombres, ya sea en la partida de nacimiento o tarjeta de identidad.  

“Las personas víctimas de desplazamiento o en riesgo de desplazamiento para nosotros son prioridad”, aseguró Reyes. 

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Grupos vulnerables 

Entre julio de 2016 y julio de 2021, el Conadeh registró 4,711 quejas relacionadas con el desplazamiento forzado, según el informe “Situación del Desplazamiento Forzado en Honduras”. El 51 % fueron interpuestas por hombres y el 49 % por mujeres. 

En cuanto a las quejas presentadas según la orientación sexual, la mayoría (66%) fueron de hombres gay. 

“La situación de desplazamiento forzado por violencia social y familiar en la comunidad LGTBI es histórica”, reconoció Donny Reyes

“Somos víctimas de mucho abuso físico y sexual, amenazas que hace que nuestras compañeras y compañeros emigren de sus comunidades en busca de salvaguardar su vida y buscar un lugar donde estar mejor”, agregó

Coincidió en que los miembros de la comunidad LGTBI se desplazan a las grandes ciudades, pero cuando buscan albergue o refugio “venimos a dar de bruces porque no hay un lugar que atienda el tema de violencia a razón de la orientación sexual”. 

El apoyo que consiguen proviene en su mayoría de agencias y organismos internacionales como la Acnur gracias a las que “hemos podido apoyar en muchos casos y salvaguardar vidas; otras no las hemos podido hacer y lastimosamente han terminado en muertes o en éxodos masivos migratorios fuera del país”, en alusión a las caravanas de migrantes a las que se han sumado varios miembros de la diversidad sexual desde 2018.

Poca respuesta de autoridades

Para Reyes “la respuesta del Conadeh es poca o ninguna” y “muchas personas buscan respuestas inmediatas” para solventar una situación médica, de vivienda o de alimentación “y eso no es una respuesta que da el Estado ni las organizaciones de sociedad civil o internacionales”.

Compartió el caso de una pareja de mujeres lesbianas y su hermano que huyeron de su lugar de origen debido a las amenazas en su contra y acudieron a la Secretaría de Derechos Humanos, creada en 2017, para solicitar ayuda, pero hasta “tres meses después pudieron darles una tarjeta de 300 lempiras ($ 12.23 dólares)”. 

De su lado, Liliana Reyes defendió que esa institución cuenta con una defensoría para la diversidad sexual que mantiene “una excelente coordinación con todos los grupos LGTBI”. 

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Desengavetan proyecto de ley 

En Honduras ni siquiera existe una ley para atender el desplazamiento forzado y el proyecto de Ley para la prevención, atención y protección para las personas desplazadas internamente, entregado por la CIPPDV en 2019 a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, recién ha sido desengavetado pero su aprobación llevará tiempo. 

Para Donnys Reyes “es urgente” su aprobación, pero que también tenga un enfoque diferenciado en la atención de las personas LGTBI. 

En Honduras “no existe un mecanismo de protección a las víctimas de desplazamiento forzado” y el tema de violencia por orientación sexual no es reconocido en el Código Penal “ni en ninguna ley secundaria, terciaria o de cuarto grado en el país” y al estar invisibilizado “es complicado” que el Estado cumpla con su función de protección, prevención y apoyo, dijo el defensor. 

“Aquí hay una responsabilidad directa del Estado en el sentido de que actualmente la no aprobación de una ley no permite que existan recursos”, mencionó por su parte Liliana Reyes. 

Con la ley también se podrán coordinar acciones a nivel local, departamental y central para ayudar a las personas desplazadas, sostuvo la funcionaria. 

Pero aprobar una ley lleva tiempo, recordó la defensora Elizabeth Medina, por lo que Derechos Humanos sin Fronteras y otras organizaciones han propuesto un proyecto de ayuda inmediata para las familias víctimas de desplazamiento forzado, el cual será administrado por la Secretaría de Derechos Humanos. 

“Estamos hablando de un proyecto que puede ser adherido a la ley, no es que estamos diciendo que la ley no se apruebe, pero para dar una respuesta inmediata creo que el proyecto es lo mejor en estos momentos”, aseguró. 

De momento, se encuentra en etapa de socialización en la Comisión de Derechos Humanos, a la espera del visto bueno para la aprobación del decreto mientras se socializa la ley en la que varias organizaciones han puesto sus esperanzas. 

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