* La ley vigente de lavado de dinero en Guatemala tiene 20 años. Sin embargo en el Congreso no hay los votos para cambiarla.
** El presidente Bernardo Arévalo busca que Guatemala no entre en la lista gris de GAFILAT.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo quiere ajustar la rienda. Busca actualizar la ley antilavado, que lleva más veinte años en vigor. Argumenta que el país centroamericano deberá encarar una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2027 y, si no cierra brechas regulatorias, podría caer en la temida “lista gris” de países considerados paraísos fiscales. Pero no todos están de acuerdo.
Arévalo envió al Congreso la propuesta Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Iniciativa 6593) a inicios de agosto de 2025. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada, porque el mandatario recibió un desplante. A la sesión solo asistieron 75 de los 160 diputados del Congreso guatemalteco.
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Arévalo no tiene los votos para su ley antivalado
Ahora, el Ejecutivo debe conseguir 105 votos para que la Legislatura apruebe la norma bajo la figura de urgencia nacional, pero el oficialismo solo cuenta con 47 diputados.
El Ejecutivo ha puesto a sus altos funcionarios a promocionar las fortalezas de su propuesta.
El Ministerio de Finanzas (Minfin) habla de un “legado clave del gobierno Arévalo”. La Superintendencia de Bancos (SIB) lanzó una campaña pública. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dice que la evasión se estrechará.
También destacan el apoyo del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, quien por medio de su cuenta de X calificó la Iniciativa 6593 como una plataforma de transparencia que apuntalaría la inversión y el crecimiento económico.
¿Qué propone la Iniciativa 6593?
La Iniciativa 6593 fusiona en un solo cuerpo normativo la prevención y represión tanto del lavado de dinero como del financiamiento al terrorismo.
El analista económico Armando Madrid señaló a Expediente Público que la propuesta del presidente Arévalo fortalece el enfoque contra el lavado de dinero, exige debida diligencia más robusta, formaliza la figura del oficial de cumplimiento en entidades públicas y privadas.
Además, amplía el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
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Entre los nuevos sujetos obligados se incluyen actores clave, hasta ahora periféricos, como las cooperativas de ahorro y crédito, las casas de empeño, las aseguradoras, los comerciantes de divisas, los emisores y operadores de tarjetas, los servicios de activos virtuales, los contratistas del Estado, entre otros.
Para Madrid, con esta medida, el gobierno busca cerrar vías de “empresas de cartón, prestanombres y testaferros” que facilitan la opacidad.
Cooperativas y loterías, en desacuerdo
Expediente Público conversó con Pedro Monteforte, vicepresidente de la gremial de Cooperativas de Ahorro en Guatemala. Para él, la propuesta de ley no solo busca investigar los recursos de las cooperativas, sino también crear una herramienta para cobrar favores políticos o hacer una cacería de brujas.
“No nos oponemos a que nos investiguen, pero esta propuesta sí podría ser un pasar factura a la gremial, porque si una persona pone una denuncia en nuestra contra, primero se condena y luego se investiga”, comentó Monteforte.
Además, no son los únicos en oponerse. Ricardo Pérez, presidente de la Asociación Loterías en Guatemala, comentó que la poca y deficiente tecnología existente en el país impide cumplir con los estándares antilavado diseñados por el GAFILAT.
Para él, los controles, mecanismos y guías del GAFILAT funcionan en otros países de la región porque tienen años de experiencia, pero a Guatemala le falta mucho camino por recorrer.
Banco Central de Guatemala cauteloso
En medio del debate, el Banco Central de Guatemala (Banguat) ha mantenido una línea más cautelosa. La institución señala que es importante cumplir lo que GAFILAT exige, pero subraya que se debe socializar la iniciativa y aclarar las dudas de todos los sectores por sus implicaciones prácticas.
Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, afirmó a Expediente Público, que la Junta Monetaria analizó la Iniciativa 6593 el 6 de agosto de 2025 y concluyó que Guatemala no puede incumplir las exigencias del GAFILAT porque quedaría equiparado a jurisdicciones con severas restricciones.
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González también puntualizó que no basta con aprobar la Ley, sino que hay que implementarla correctamente para llegar a 2027 con los cambios operativos funcionando.
¿Qué es el GAFILAT?
El GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado en el año 2000 para prevenir y combatir el lavado de activos, y el financiamiento tanto al terrorismo y como a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este organismo hace evaluaciones periódicas a los países miembros para definir su nivel de riesgo. Con esos exámenes, el GAFILAT enmarca a los países de riesgo alto en una “lista negra” y a los países que requieren mayor vigilancia en una “lista gris”.
El gobierno y la Superintendencia de Bancos de Guatemala afirman que, si el país no implementa una ley moderna y efectiva, podría entrar a la lista gris, en la próxima ronda de evaluación.
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¿Qué implicaría caer a la “lista gris”?
Estar en lista gris no supone sanciones automáticas, pero sí eleva el riesgo-país, pues esos países son aprovechados por el crimen organizado para lavar dinero, debido a los pocos controles en seguridad financiera.
Estar en lista gris complica las corresponsalías bancarias, impone debida diligencia reforzada a contrapartes y, en ocasiones, impacta tasas y plazos de financiamiento externo, Guatemala se vería como un país sin seguridad financiera, apuntó el economista José Alejandro Arévalo a Expediente Público.
¿Cuáles son las debilidades de la legislación vigente?
La Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos fue aprobada en 2001 y la Ley sobre Financiamiento al Terrorismo, en 2005. Analistas y autoridades consultadas por Expediente Público coinciden que estas normas están desactualizadas.
Uno de los problemas de la Ley de 2001, según analistas, es que no incorpora con claridad el enfoque basado en riesgos, que exige GAFILAT.
Ese enfoque incluye la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, y monitoreo continuo, explicó Carlos de León, analista económico, a Expediente Público.
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El ingeniero en seguridad electrónica Camilo García añadió otras debilidades como la desalineación con prácticas económicas que antes no había. Subraya que el GAFILAT ha endurecido sus estándares para vigilar los activos virtuales como las criptomonedas, por ejemplo.
Los especialistas coinciden en que la ley propuesta por el gobierno tapa esos vacíos. Sin embargo, el tiempo corre y al Ejecutivo le urge que el Congreso la apruebe.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, lo sabe. Por eso sentencia: “El diputado que no quiere aprobar la iniciativa es porque seguramente lava dinero y no le beneficia esta propuesta. Esa sería la única razón porque ya no es tema de gobierno, es de Estado”.
