comunidades garífunas de Honduras

El gobierno de Honduras niega justicia a pobladores garífunas del Triunfo de la Cruz

*Hace 7 años la CIDH ordenó delimitar el territorio de los garífunas e investigar los crímenes contra los garífunas como las cuatro homicidios en años recientes. Se demandó que se investigaran las desapariciones de otros cinco comunitarios del Triunfo de la Cruz. Los últimos dos gobiernos no han cumplido ninguna de las exigencias.


Expediente Público

Siete años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado de Honduras, no existe voluntad para cumplir con la orden de restituir el derecho a la tierra a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en el Caribe de Honduras.

Las disputas por tierra en esta zona han causado muertes y hace dos años hombres armados se llevaron por la fuerza a cinco pobladores, cuatro de ellos de la etnia garífuna, los cuales lideraban esfuerzos para que se cumpliera la sentencia emitida el 8 de octubre de 2015.

Incumplir con las sentencias dictadas por la CIDH es una práctica común de los gobiernos hondureños. Desde que reconoció la competencia de la Corte, el 9 de septiembre de 1981, Honduras ha recibido 16 sentencias, 13 de las cuales están en supervisión de cumplimiento. De esas 13, 7 tienen que ver con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y defensores del medioambiente.

“Hemos visto que el nivel de cumplimiento de estas medidas por parte del Estado es casi nulo, porque implican cambios grandes, cambios estructurales” explicó a Expediente Público la abogada Leila Reyes, coordinadora de la Defensoría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh, estatal).

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Para cumplir la sentencia de Triunfo de la Cruz, dictada el 8 de octubre de 2015, Honduras debe ejecutar una serie de acciones, la más importante es la demarcación del Lote A1, de 408 hectáreas, una parte de las cuales está en manos de urbanizadoras, la municipalidad de Tela, proyectos turísticos y el Parque Nacional Punta Izopo, entre otros.

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Un territorio ancestral no reconocido 

Los hechos relatados en la sentencia señalan que los garífunas habitaron lo que hoy en día es el municipio de Tela desde el siglo XVIII, pero a finales del siglo XIX fueron desplazados y se asentaron en Triunfo de la Cruz, donde se siguieron dedicando a la agricultura y a la pesca. 

Tela había sido fundada en 1524 por Cristóbal de Olid frente a una bahía de aguas transparentes, constituyéndose en el primer poblado español en lo que hoy día es Honduras. Triunfo de la Cruz es una aldea del municipio de Tela, a 312 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en el Caribe hondureño. 

En 1946 los garífunas comenzaron a solicitar ante el Estado el reconocimiento de sus tierras por medio de títulos de propiedad. Desde 1950 hasta 1993 solo les otorgaron títulos ejidales y de “garantía de ocupación”, los cuales autorizaban a usar la tierra, pero no podían considerarse propietarios.  

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Fue hasta 1993 que el Estado otorgó a la comunidad títulos de dominio pleno sobre 615 hectáreas y en el 2001 sobre 28.71 centiáreas. Mil centiáreas equivalen a una hectárea.

Sentencia es clara

Sin embargo, los representantes de Triunfo de la Cruz ante la CIDH señalaron que el territorio comunitario se extiende por 2,840 hectáreas, basándose en un informe elaborado por el “Central American and Caribbean Research Council (CACRC)”.

Durante el juicio, el gobierno de Honduras rechazó esa pretensión, e incluso sus abogados argumentaron que los garífunas no son un pueblo originario y que los ocupantes ancestrales de esos territorios era la tribu de los hicaques, que fueron desplazados por los españoles hacia las montañas del interior durante el periodo de la Conquista.

La Corte advirtió que, de acuerdo a la legislación internacional, los garífunas sí son un pueblo originario, pero reconocieron no haber encontrado datos suficientes para determinar la extensión del territorio.

Inician los conflictos 

Los conflictos sobre los territorios comenzaron en 1969, cuando la empresa MACERICA adquirió 50 hectáreas para realizar proyectos turísticos en tierras que estaban parcialmente ocupadas por “campesinos de raza de color”, según reconoció un ejecutivo de la empresa en octubre de aquel año, (página 21 de la sentencia). 

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Adicionalmente, en 1979 y 1989, el Estado a través del Instituto Nacional Agrario (INA) autorizó a la alcaldía de Tela ampliar el perímetro urbano en 1380.4 y 3,219.80 hectáreas, respectivamente, incluyendo territorios que los garífunas habían ocupado históricamente. Sobre parte de esos terrenos tenían títulos de dominio pleno. 

La apropiación por parte de la municipalidad de Tela dio paso para que esta vendiera, entre 1993 y 1995, unas 44 hectáreas de tierras a la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V. (IDETRISA) para realizar el proyecto turístico Club Marbella, según recoge la sentencia de la CIDH. 

En enero de 1997 la municipalidad de Tela acordó traspasar a su sindicato 22.81 manzanas de las tierras reivindicadas por la comunidad de Triunfo de la Cruz, agudizando el conflicto. A su vez el sindicato dividió el terreno en lotes y los traspasó a sus afiliados, otorgando títulos en dominio pleno. 

Deseadas las tierras de los garífunas

En el año 2000 un particular reclamó como propias y vendió a terceros, con la venia de autoridades estatales, 25 manzanas que habían sido entregadas por el INA en 1987 a la Cooperativa El Esfuerzo, integrada por campesinas garífunas. Ellas sufrieron “la destrucción de cultivos, así como actos de hostigamiento promovidos por quienes alegaban tener derecho”, refirió la CIDH. 

Otra de las afectaciones vino desde el Congreso Nacional, cuando el 28 de diciembre de 2000, los legisladores crearon el Parque Nacional Punta Izopo, con una extensión de 18,820 hectáreas, en un área que se superpone con el territorio reclamado históricamente por la comunidad garífuna. 

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Todo esto dio origen a un entramado de títulos de propiedad que han pasado por diversas manos, algunos de ellos compradores de buena fe. Allí se han desarrollado complejos hoteleros, de condominios, casas de playa de prominentes políticos, pero también plantaciones de palma africana, incluso en terrenos de Punta Izopo, lo cual es a todas luces ilegal. 

Un Estado “irresponsable”

Por estas acciones la CIDH halló responsable al Estado de Honduras de facilitar el despojo de los territorios al no aplicar sus propias normas legales, así como tratados internacionales a los que está suscrito. Uno de ellos es el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo.

Una de las violaciones es que en ninguno de los casos se consultó al pueblo garífuna sobre los proyectos a desarrollarse, lo que está tutelado por el artículo 6. Ese convenio entró en vigencia en Honduras el 28 de marzo de 1996, por lo que todo lo aprobado desde esa fecha tuvo que someterse a sus disposiciones, lo que no ocurrió.

Para poder entender las dimensiones del territorio garífuna, la Corte identificó los predios como lotes A1, A2, A3 Y A4, en los cuales hay apropiación de terceros.

El lote A1, de 408 hectáreas, es el que presenta mayores problemas, porque allí están asentados la mayoría de tenedores externos de la tierra. Además, porque el Estado de Honduras nunca tituló esos predios a favor de la comunidad.

Para Humberto Castillo, presidente de la Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula (Asofrovas), la urgencia de que grupos económicos se instalaran en esa área se explica porque “tiene posiblemente la mejor tierra de toda Honduras para desarrollar el turismo”.

Eso promovió incluso expropiaciones forzosas e invasiones con la venia del Instituto de la Propiedad, asegura.

Crímenes por la tierra 

A lo largo de los años, la inseguridad jurídica y la asignación irregular de títulos dio origen a enfrentamientos en los tribunales, que en su mayoría se resolvieron a favor de las empresas, terratenientes y la municipalidad de Tela.

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La falta de justicia generó enfrentamientos directos entre la comunidad y los ocupantes.

La CIDH documentó al menos cuatro homicidios, en diferentes sucesos, enmarcados en la conflictividad por tierras. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, casos que no han sido resueltos por las autoridades.

El 18 de julio de 2020, sujetos vestidos de policía ingresaron a la comunidad y se llevaron por la fuerza a cinco hombres, incluyendo al presidente del patronato Albert Snaider Centeno Thomas, quien hacía activismo para que se cumpliera la sentencia.

Los otros fueron identificados como Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Róchez Cálix y Junior Rafael Juárez Mejía. Este último no es garífuna, pero había trabado amistad con los otros.

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Dos años después no han aparecido y para diversos líderes de organizaciones garífunas se trata de un caso de desaparición forzada, es decir, consideran que existe participación del Estado. 

Sobre este caso, la abogada Leila Reyes, del Conadeh, considera que las actuaciones de las autoridades están “en contra de todos los estándares de investigaciones” y que se ha dejado evidenciada la violación de los derechos humanos de los desaparecidos y sus familiares, incluyendo, un acceso expedito a la justicia.  

Falla del Instituto de la Propiedad 

Ante la duplicidad de títulos sobre un mismo predio, el punto resolutivo decimosegundo de la sentencia de la CIDH instruye “crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad”. 

Para dirigentes como Castillo, de Asofrovas, el Instituto de la Propiedad “es un completo desastre. Aquí hay títulos sobre títulos, sobre títulos, sobre títulos. Esos Registros de la Propiedad, no son creíbles”.  

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No descartó que funcionarios de esa dependencia, así como de las alcaldías se hayan involucrado históricamente en el tráfico de títulos de propiedad y sean parte del problema.

Además de usar su influencia con los gobiernos, grupos económicos utilizan otras estrategias para apropiarse de las tierras, dijo Castillo.  

Una de esas es enviar a invasores, en apariencia grupos familiares de personas pobres, a ocupar predios. Una vez que ya están asentados, quienes financian la operación hacen los trámites para obtener un título de propiedad mediante compraventa “de buena fe” al grupo de invasores, ante la vista y paciencia de las autoridades.

Sin embargo, luego de 7 años de una sentencia que en uno de sus incisos pedía regular el sistema del Instituto de la Propiedad, pocos o ningún cambio se ha realizado. Mientras tanto los homicidios siguen sin investigarse y el destino de los desaparecidos sigue siendo incierto.

En más de 7 meses del gobierno de Xiomara Castro, apenas se ha realizado una sugerencia, por parte del asesor presidencial, esposo de la mandataria y expresidente Manuel Zelaya, de que el crimen “no debe quedar impune y se debe perseguir hasta las últimas consecuencias a quienes atentaron contra las vidas de esos garífunas”. Pero hasta ahora hay cero resultados. La justicia para los garífunas sigue esperando.

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