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El salto al vacío de miles de nicaragüenses para alcanzar los Estados Unidos

*Expediente Público viajó a la frontera Tijuana-San Diego entre México y Estados Unidos, y siguió las huellas de la migración hacia el norte en ciudades de California y el noreste estadounidense para conocer la situación de los nicaragüenses que migraron en busca de refugio.

**Los solicitantes de refugio cruzan México en medio de fraudes, extorsiones, abusos sexuales, accidentes, corrupción, crimen organizado y pandemia. 

***Solicitantes de asilo en Estados Unidos que salieron de Nicaragua, Costa Rica y Panamá relatan sus historias. 


Expediente Público

Recorrió 6,000 kilómetros con la esperanza de encontrarse con su padre, quien se había refugiado en Estados Unidos desde 2018. El viaje hacia la frontera norte mexicana empezó para Daniela Orozco en Panamá, donde estaba en condición de refugiada desde junio de 2019, cuando los operadores políticos del Frente Sandinista comenzaron a amenazarla en Nicaragua. 

Orozco es una de los 87,009 nicaragüenses reportados cruzando ilegalmente la frontera sur con México, en 2021. Fue liberada bajo palabra en un centro de detención en Luisiana el 25 de enero de 2022, después de más de dos meses y medio. Dice que tuvo suerte porque no le colocaron un dispositivo tobillero para monitorizar su posición ni teléfono celular para controlarla, como ocurre en muchos casos. 

Su historia empezó en 2018 cuando su familia participó activamente en las protestas del municipio Maderas, en Tipitapa, en el centro de Nicaragua. “Salió primero mi papá, quien estuvo involucrado más en la lucha, era el líder del tranque de mi lugar, mi mamá y yo nos quedamos desconsoladas”, recordó Orozco. 

Ella pensó que su papá se había ido del municipio de Maderas a vivir con parientes en el norte después de la operación limpieza, el operativo policial y paramilitar del régimen de Nicaragua para silenciar las protestas de 2018 que dejó decenas de civiles muertos, pero el 14 de septiembre cuando llegó la Policía a su casa para capturarlo, se contactaron por teléfono con él y descubrieron que estaba en México buscando cruzar hacia Estados Unidos acompañado de uno de sus hijos. 

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El hermano de Orozco fue deportado después de once meses en detención. Ahora vive en una casa de seguridad en Nicaragua, pero antes de eso, ella decidió irse a Panamá. “Al final, nosotras seguimos con nuestros ideales y publicando en las redes sociales. Llegaron al extremo de apedrear mi casa y nos amenazaron con palos, mis vecinos son paramilitares, por eso mi mamá por obvias razones decidió sacarme del país”, aseguró. 

“No pensaba en un exilio demasiado largo, tengo tres hijos y soy madre soltera, tenía la esperanza que la situación se iba a solucionar pronto y se me hacía más fácil retornar desde ahí”, explicó. 

Primer exilio se vuelve inseguro 

Después de casi dos años en Panamá, a donde había llegado a mediados de 2019, reconoció durante una protesta conmemorativa de abril 2021 que había simpatizantes del régimen sandinista en Panamá controlando las actividades de los exiliados en ese país. 

Un grupo de simpatizantes del régimen llegaron a boicotear la protesta en la cinta costera, pero fueron desalojados por la Policía, por eso, decidieron ir un día después a la Embajada de Nicaragua a mostrar su repudio. Ahí Orozco fue amenazada por un funcionario diplomático que le dijo que la mandaría a El Chipote, la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua conocida como lugar de tortura del régimen de Daniel Ortega. 

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Posteriormente, recibió llamadas telefónicas amenazantes en las que le preguntaban si se sentía segura y mencionaron el domicilio exacto donde vivía. El 8 de noviembre de 2021, un día después de lo que ella llama “circo electoral”, partió con destino a Estados Unidos para reencontrarse con su padre que estaba solo desde la deportación de su hermano. 

Pasó por veredas las fronteras de Costa Rica y Nicaragua, esperando que no la detectaran, llegó a Maderas a despedirse de su familia y los operadores del régimen llegaron a buscarla, pero afortunadamente ya había salido del país. 

Orozco relató a Expediente Público que cruzó ilegalmente las fronteras de Honduras y Guatemala porque tenía miedo que la regresaran a Nicaragua, pero en Chiapas, México, realizó trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con los que pudo empezar a movilizarse en ese país de albergue en albergue. 

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En el estado de Morelos fue testigo del asesinato de dos migrantes tras un tiroteo a tres cuadras del refugio donde estaba, una de las víctimas era nicaragüense. Recordó que estaba todavía de camino hacia la frontera norte cuando ocurrió el accidente de camiones en Chiapas en el que murieron 54 migrantes, exactamente el 9 de diciembre del 2021. Ella cruzó por Tijuana el 12 de ese mes, se presentó ante la patrulla fronteriza después de caminar más de dos horas y estuvo detenida hasta el 25 de enero de 2022. 

A pesar de la experiencia, Orozco dijo que «parte de mi historia tal vez no es tan alarmante como las demás. Conocí a dos nicaragüenses que estuvieron secuestradas quince días y abusaron de ellas más de 17 personas”. 

La valla de la frontera Estados Unidos-México en el área de California es una de las más modernas y vigiladas del mundo.

Más muertes por cruces fronterizos ilegales 

La reapertura de la frontera sur de Estados Unidos en noviembre de 2021, después de 20 meses de cierre por la pandemia por el COVID-19, generó grandes expectativas entre los migrantes y solicitantes de asilo que no habían podido cruzar durante el mandato de Donald Trump. El cierre significó la suspensión de las ayudas y el congelamiento de solicitudes nuevas de asilo, además, se aplicó el artículo 42, una legislación sanitaria que permitía la deportación expedita de los que cruzaran, sin dar oportunidad de pedir refugio.  

México se convirtió en un embudo para miles de migrantes por la pandemia, pero los nicaragüenses empezaron a llegar a pesar de todo, especialmente a partir de marzo del 2021 cuando las vías electorales comenzaron a diluirse y se iniciaron procesos contra líderes de la oposición y críticos del Gobierno de Nicaragua. 

En busca de seguridad y libertad miles de nicaragüenses se han arriesgado a cruzar sin permisos migratorios un peligroso trayecto que puede ser mortal. Los medios reportan constantemente casos, por ejemplo, el 15 de agosto pasado murió un ciudadano originario de Nicaragua de identidad desconocida, la patrulla fronteriza lo había detenido en el desierto de Arizona junto a un grupo de 27 migrantes, apenas a mil pies de la línea. El hombre presentaba signos de insolación y recibió asistencia médica de emergencia, pero no sobrevivió. 

Estados Unidos informó un récord histórico de 557 migrantes fallecidos en los cruces fronterizos, solo en el último año fiscal, la mayoría a causa de la deshidratación, el frío, ataque de animales, ahogamiento o hechos criminales en su territorio. 

 

“De este lado, la patrulla fronteriza documenta cuantas muertes hay, pero del lado de México, no hay cifras, no hay manera de saber cuántos han sufrido muerte, secuestro o desaparición para saber cuán peligroso es este trayecto”, afirmó Dulce García, directora de Border Angels, una organización humanitaria para los migrantes con sede en San Diego, California. 

Ahora que se está empezando a retomar el programa conocido como “Quédate en México” o Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), “no hay manera de inscribirse que no sea intentar cruzar por el desierto y las montañas, lo que está haciendo el gobierno es empujar a la gente a arriesgar sus vidas”, criticó. 

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El medio digital BuzzFeed informó en agosto pasado la muerte de una mujer nicaragüense de 37 años que estaba en detención migratoria en Harlingen, Texas, quien dio positivo a COVID-19 y murió en el hospital, pero no se confirmó la causa del deceso. 

Medios nacionales reportan en esta travesía muertes accidentales o asesinatos de nicaragüenses en México como el de Olivar Zeledón, quien cayó el 31 de julio de un tren que viajaba de Zacatecas a Coahuila, así también del homicidio de Óscar Fuentes a quien le dispararon el 1 de agosto en las afueras de un albergue en Tapachula, Chiapas o la muerte en junio por asfixia en un tráiler de Javier Rodríguez, en el estado de Veracruz. 

Eddy Taleno, originario de Río Blanco, activista deportivo y secretario de organización municipal del partido Ciudadanos por la Libertad, salió de Nicaragua el 22 de octubre de 2021 y no quiso dar detalles de su travesía de 12 días desde su ciudad hasta el río Bravo. 

Consideró que esta fue una decisión personal, ni siquiera tiene familiares en Estados Unidos y se limitó a calificar su viaje como el momento de su vida “que más me encomendé a Dios. Vine en camino en una oración permanente, en una situación difícil, principalmente por cruzar México, escuché miles de comentarios, de secuestros y el tema de la violencia, venía en las manos de Dios”. 

“Sicológicamente estás con el temor siempre que te agarren. No creo que alguna persona esté preparada para venir escondiéndose, tirándose de los vehículos porque viene migración. Cuando alguien me pregunta si puede hacerlo, no lo puedo recomendar, es una decisión personal, no podés recomendar algo así”, aseguró.  

En su caso, la decisión de irse llegó en el momento que la Policía tocó a la puerta de su casa, después “a través de mis vecinos me di cuenta que estaban tomando fotografías de mi casa, a la una de la mañana, sentí más temor, a veces uno se cree valiente y que va a continuar en la lucha en términos democráticos, pero no solo sos vos, hay un círculo familiar en el que tenés que pensar, no es que te bajés del barco, pero es la situación la que te obliga a hacer una lucha distinta desde otro lugar”. 

“Tenés que tomar una decisión o te quedás y te volvés preso político o encerrarte, mucho de nosotros estábamos en el país, pero libre no éramos, ya en Río Blanco salir a las seis de la tarde es peligroso”, indicó Taleno. 

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De Costa Rica a Tijuana 

Flor, exatrincherada de Masaya, explicó a Expediente Público que “México es muy lindo y la gente es muy amable, estoy muy agradecida con la gente de ahí, me abrieron las puertas de su casa y en un par de ocasiones me brindaron comida, pero como tal es muy peligroso”. 

La joven dejó su exilio en Costa Rica en julio de 2021 después que recibió amenazas y le anunciaron que estaba en una lista negra. Meses después ocurrieron efectivamente varios atentados contra líderes de la diáspora, entre ellos, Joao Maldonado, hijo del fallecido expreso político Tomás Maldonado, quien recibió varios disparos y sobrevivió después de estar semanas en cuidados intensivos. 

Flor decidió no quedarse en México porque “también está cundido de paramilitares, es cierto que no salía, pero el riesgo existe y ya que salí de Nicaragua y Costa Rica, no le veo la gracia solo estar en un riesgo innecesario en un país que por muy amable que sea es peligroso”. 

“Está claro que había paramilitares (en Tapachula), me encontré con expresos políticos y reconocieron a dos de Carazo”, uno de ellos había trabajado infiltrado en los tranques y llegó a entregar a muchos, “hay pruebas de eso”, aseguró la opositora que colaboró en los puestos médicos de Masaya, hasta la operación limpieza de 2018 con la cual el Gobierno de Nicaragua levantó violentamente las protestas y bloqueos de carreteras y ciudades. 

Flor estuvo dos semanas en una casa de seguridad en Nicaragua hasta que decidió trasladarse a Costa Rica en agosto de 2018. Como muchos exiliados pensó que sería una situación temporal, pero permaneció ahí casi tres años. 

Su viaje desde Costa Rica requería evitar Nicaragua y logró conseguir un boleto de avión hasta Guatemala y de ahí cruzó hasta llegar a Tapachula. En la frontera sur mexicana pasó más de dos meses hasta conseguir una visa de visitante por razones humanitarias con la que pudo viajar hasta Nogales, en la frontera con Arizona, pero decidió evitar el desierto y cruzar por Tijuana. Una madrugada de mediados de agosto de 2021, se entregó a las autoridades y estuvo detenida dos meses y nueve días en varios centros. 

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Cruce peatonal San Ysidro, frontera de San Diego con Tijuana, México.

Temor en activistas de partidos cancelados 

El abogado Carlos Guzmán, originario de Río Blanco, municipio del norte de Nicaragua, decidió enviar a inicios de julio a su esposa y dos hijas menores de edad a Estados Unidos cuando empezaron los arrestos de líderes opositores y precandidatos presidenciales. 

“Eran tres mujeres en la incertidumbre de pasar desde Nicaragua a la frontera con Estados Unidos, es algo desesperante, porque no sabes qué pueda pasar en ese trayecto, y el costo más grande es la seguridad, porque realmente sabemos que esa travesía no es como comer caramelos, el 99.9% es un peligro inminente, con tantas organizaciones criminales en ese trayecto que cualquier cosa puede pasar, mi familia tardó 29 días en llegar. Hubo momentos que sufrieron frío, hambre, pasaron tres días sin poderse bañar, es algo bastante complicado y desesperante”, indicó García a Expediente Público. 

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El abogado decidió quedarse en Río Blanco porque tenía la esperanza que el proceso electoral del 2021 pudiera cambiar la ruta autoritaria de su país, desde las elecciones de 2001 había participado activamente en las elecciones, apoyó las protestas de 2018 y trabajó con la Alianza Cívica preparando el terreno electoral hasta que en agosto cancelaron la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad (CxL), un partido que aspiraba a ser la plataforma opositora en los comicios, al igual que el Partido Restauración Democrática (PRD). 

Río Blanco es un municipio muy pequeño, así que familiares e incluso amigos que militan con el Frente Sandinista le recomendaron irse. “A usted solo le quedan dos cosas, la cárcel o el cementerio que no le queda muy largo, porque vive a tres cuadras”, le dijeron. 

La Policía comenzó a llamarlo para que se presentara sin indicarle para qué y nunca por escrito, finalmente decidió irse cuando le pidieron presentar todos sus protocolos en la delegación. 

“Lo que me hizo tomar la decisión de venirme y seguir a mi familia, fue cuando la Policía comenzó a meterse conmigo, hay cosas administrativas que la Policía convierte en penal, se me vino a la memoria el caso del doctor Manuel Urbina Lara que injustamente está condenado”, dijo Guzmán, en referencia al jurista opositor condenado este año a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, después que tuvo un accidente automovilístico en el cual falleció uno de los pasajeros que lo acompañaba. 

Aunque su trayecto hasta el río Bravo duró diez días, antes de llegar a la frontera norte mexicana, “a eso de las cuatro de la mañana, la camioneta que iba a 120 o 140 kilómetros por hora, se salió de la carretera y fuimos a parar a un abismo, solo Dios nos pudo proteger y nadie salió lesionado, la camioneta quedó inservible, íbamos once personas y el conductor, fue uno de los sustos más grandes que pasamos”. 

Su esposa no fue detenida al ingresar, “quizá porque iba con dos menores”, supone Guzmán, mientras que él estuvo once días encerrado y salió bajo palabra el 18 de octubre de 2021. Su permanencia en Estados Unidos depende de un juez de inmigración que lo ha citado a exponer su caso en el 2023, producto de la saturación de casos y la pandemia. 

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