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El Salvador: explosión de irregularidades y casos de corrupción

La Fiscalía tiene abiertos 17 expedientes de investigación por compras irregulares del Gobierno de Nayib Bukele durante la pandemia.


Expediente Público

El Salvador lleva ocho años estancados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Pero según Transparencia Internacional, una concentración alarmante de poder en el presidente Nayib Bukele en El Salvador , “ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas relacionadas con la pandemia”.

El Salvador se ubicó en el puesto 104 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2020. El indicador ha ido decreciendo desde el 2012.

“Nuestra evaluación de los resultados es que el país sigue de alguna manera congelado en la materia, han habido avances en ranking pero nos parece que hay un estancamiento en materia de percepción de la corrupción”, dijo Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) Transparencia Internacional (TI), capítulo El Salvador.

La explosión de casos a la que se refiere Transparencia Internacional tiene que ver con una serie de adquisiciones de insumos sanitarios para la pandemia que han estado rodeadas de irregularidades. “ A partir de mayo, con la pandemia de Covid-19, aparecieron importantes y emblemáticos casos de posible corrupción y que son numerosos”, explica Rubio.

Uno de los casos de corrupción más graves fue un contrato entre el Gobierno de El Salvador y una empresa española de repuestos para automóviles por valor de doce millones de dólares, para la adquisición de suministros sanitarios a precios abusivos.

17 investigaciones

La Fiscalía General de la República tiene abiertas 17 investigaciones por compras irregulares que hizo el Gobierno, durante la crisis de la pandemia del Covid-19 en El Salvador. Parte de las investigaciones de la Fiscalía se derivan del primer informe de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (Cicies), que concluyó que esos hechos pueden constituir los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, ha sido señalado por una serie de contratos irregulares que incluyen negocios de esa cartera de Estado con sus parientes. La Fiscalía General de la República hizo en noviembre del 2020 allanamientos en el despacho del ministro Alabí, pero hasta ahora nadie ha sido acusado.

También se han detectado irregularidades en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ha hecho millonarias compras de alimentos que han sido repartidos como paquetes alimenticios por todo el país, en medio de la campaña electoral para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero del 2021.

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La Corte de Cuentas de la República ha descubierto también irregularidades en el reparto de un bono de $300 para los afectados por la pandemia. Entre los hallazgos mencionados en el informe hay pagos indebidos, una plataforma de reclamos sin validaciones, falta de fiabilidad de la base de datos de los beneficiarios y una diferencia de 45,498 registros con los reportes bancarios.

Según la Fiscalía, entre las instituciones investigadas están el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

“El gobierno del presidente Bukele dispuso de importantes recursos para la atención sanitaria, sin embargo, la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre los mismos ha sido el común denominador”, dijo Rubio, director de FUNDE, en conferencia de prensa durante la presentación del informe sobre corrupción.

En el índice de percepción democracia se analizó el “retroceso pandémico, democracia durante Covid-19”, con datos de marzo a diciembre de 2020. “Con este ejercicio ubicamos a El Salvador entre los países donde ha habido violaciones mayores a los estándares democráticos; principalmente por la forma en la que se han suspendido ciertos derechos fundamentales y también por las restricciones a la libertad de prensa”, dijo Jessica Estrada, directora del Área de Transparencia de FUNDE.

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Pérdida de confianza

Para el abogado y catedrático salvadoreño, Roberto Burgos Viale, “la baja percepción de la lucha contra la corrupción en El Salvador, se muestra en el informe de manera comparativa con el resto de países del mundo. Pero esta situación se evidencia al interior del país al demostrar la poca confianza ciudadana en sus instituciones”.

Burgos, un especialista en temas de Transparencia y Acceso a la Información, señala que esto se hace patente cuando se enfoca la atención en los escasos niveles de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, la desmejoría en el funcionamiento de entes contralores como el Instituto de Acceso a la Información pública o el Tribunal de Ética Gubernamental, y la falta de liderazgos firmes en pro de la integridad.

“No menos importante que los resultados de este informe, es su recomendación a los Estados para que faciliten el acceso a la información gubernamental relativa a los procesos de contratación, defender la democracia mediante la práctica de rendición de cuentas y la divulgación de información oficiosa”, señala Burgos a Expediente Público.

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