* Expediente Abierto monitoreó las respuestas ciudadanas dadas a la Oficina el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), la cual ha sugerido sanciones contra Nicaragua.
** A pesar del clima de represión en Nicaragua demostrado por la USTR, el sector privado pide que no se suspenda el tratado de libre comercio ni se impongan aranceles.
*** La Embajada de Estados Unidos en Managua pidió a los nicaragüenses de todos los sectores y al Gobierno opinar en un enlace público sobre las sanciones recomendadas por la USTR.
Expediente Público
El sector privado de Nicaragua y sus socios rechazan ante la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) la suspensión del tratado de libre comercio y la imposición de un arancel de 100% a ciertos sectores claves.
El 20 de octubre, la USTR publicó su investigación sobre las violaciones a derechos laborales, humanos y libertades en Nicaragua, por lo cual sugirió las sanciones económicas ya mencionadas.
Las industrias de zona franca, las tabacaleras, empresas exportadoras de cacao y cafetaleros fueron los primeros sectores privados en solicitar la no aplicación de las medidas en el portal público de la USTR abierto para este caso.
El dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien rige bajo un estricto estado policial al haber eliminado todas las asociaciones gremiales empresariales, aún no se ha manifestado sobre la investigación.
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La última vez que se refirió al tema fue en abril de 2025, en un acto público. Mencionó que los aranceles impuestos por el presidente de EE. UU. a otros países eran una “bomba atómica” para la economía global.
También dijo que “al final el que terminará desapareciendo es él (el presidente Donald Trump) y el pueblo norteamericano”.
Todo lo contrario, los comentarios públicos de nicaragüenses y organizaciones en el exilio respaldan las recomendaciones de la USTR de sancionar a la economía de un país con un gobierno represivo.
Empresarios cierran fila contra sanciones
El jefe de misión de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin O’Reilly, comunicó en un video el 25 de octubre que la USTR “concluyó que las políticas del Gobierno de Nicaragua perjudican al comercio, empresas y los trabajadores estadounidenses, así como al propio pueblo nicaragüense”.
A la vez, invitó a responder con comentarios por escritos a las recomendaciones de la USTR a los ciudadanos, empresarios y autoridades de Nicaragua, con fecha límite del 19 de noviembre.
En contexto: EE. UU. avanza hacia sanciones comerciales contra Nicaragua
Un sondeo de Expediente Abierto de los comentarios publicados en el portal de la USTR revela que una gran mayoría de empresarios solicita la no aplicación de las medidas. El 67.5% rechaza las sanciones. De estas, el 43.4% se relaciona a personas del sector exportador e importador de tabaco.
Un segundo grupo de rechazo, que alcanza el 24,1%, se opone a las sanciones por razones económicas y sociales, al considerar que los aranceles impactarían en forma generale en los bolsillos de los estadounidenses y en las condiciones de Nicaragua y la región, pudiendo incentivar la migración.
Del otro lado, el 32.5% está a favor de las sanciones. De estos, el 26.5% argumenta la defensa de la democracia y los derechos humanos; el 4.8% apuesta por sanciones específicas contra individuos o empresas en lugar de penalidades generales; y el 1.2% sostiene razones económicas.
El sondeo analizó una muestra de 83 de los 604 mensajes entregados a la USTR entre el 20 y 27 de octubre.
Nerviosismo y lobby
Una fuente ligada al sector empresarial comentó a Expediente Público que hay mucho nerviosismo en las textilerías, las mineras, la industria cárnica y particularmente en los importadores de arroz, que tienen precios preferenciales para comprar de Estados Unidos el principal producto de la dieta nicaragüense.
En cambio, la industria azucarera parece tener la promesa de sustituir el mercado estadounidense con el chino. China, desde 2024, es el principal importador de este producto y podría mantener una cuota anual de 50 mil toneladas con una reducción de aranceles paulatina de hasta 35%, según negociaciones bilaterales de libre comercio.
Sin embargo, las exportaciones azucareras anuales rondan las 300 mil toneladas.
El sector más activo en comentar a la USTR, por ahora, es el de los tabacaleros, incluyendo sus importadores en Estados Unidos.
Laurel Filley, ejecutiva de la tabacalera AJ Fernandez, afirmó en su observación a la USTR que “este aumento [de sanciones] solo perjudica a quienes han dedicado décadas a construir negocios que operan en armonía entre Estados Unidos y Nicaragua.”
Amber Quick, empleada de Cigar Shop AZ LLC, una pequeña empresa estadounidense que depende de la importación de cigarros nicaragüenses, señaló:
“Tanto nuestra compañía como mi sustento personal dependen de estas importaciones para mantenernos abiertos y pagar a nuestros empleados”.
Quick advirtió que suspender el CAFTA-DR “no afectaría al gobierno nicaragüense, sino que devastaría a miles de familias trabajadoras que dependen de este comercio.”
Desde el sector agrícola, John Warrington, representante de Cacao Oro, alertó sobre el impacto de los aranceles en los pequeños productores: “Este arancel perjudicaría significativamente al sector cacaotero en Nicaragua, compuesto en su mayoría por pequeños agricultores, sin ejercer una presión económica real sobre el gobierno.”
Y añadió: “Para varios pequeños productores de cacao en Nicaragua, este arancel los sacaría del negocio de la noche a la mañana.”
Por su parte, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización Diálogo Interamericano comentó en la plataforma: “La USTR también debe considerar sanciones financieras directas contra entidades gubernamentales, como el Ministerio del Trabajo, por las violaciones cometidas en el marco del acuerdo (comercial)”.
Agregó que “el aumento propuesto del 100% en los aranceles debe revisarse de manera selectiva en relación con aquellas empresas que están directamente vinculadas al clan Ortega-Murillo».
Reacciones de opositores
Manuel Orozco explicó a Expediente Público que, a pesar de la relación funcional del empresariado con régimen nicaragüense, esta no implica complicidad. En este sentido, sugiere enfocar las sanciones de forma selectiva en las áreas donde los Ortega y sus allegados tienen beneficios económicos.
“La perspectiva selectiva se refiere a identificar negocios que están ligados al régimen o al Estado mismo. El tema fundamental es este: el ámbito penalizador de USTR es limitado a aranceles, aunque podrían imponer multas”, argumentó.
Agregó que la USTR no tiene autoridad para sancionar o ejecutar otro tipo de acciones que recaigan sobre otras entidades. “Creo que es importante una respuesta más comprensiva que la referente a aranceles. Pero si el arancel es el principal, lo clave es ver que USTR responde a los daños que causa la dictadura”, manifestó.
En los primeros meses de 2025, un grupo de opositores compareció en la oficina del USTR para brindar sus testimonios en la etapa de investigación.
Medardo Mairena, líder campesino en el exilio, fue uno de los declarantes. Conociendo las recomendaciones de la USTR tras la investigación, manifestó a Expediente Público que “no son sanciones, sino las consecuencias del incumplimiento de los términos establecidos en el Tratado de Libre Comercio”.
“Lamentamos, como nicaragüenses, las consecuencias que esto pueda traer a la población, particularmente a la clase obrera, pero los únicos responsables son los codictadores sandinistas, Daniel Ortega y Rosario Murillo (…). La única manera en que esto se pueda revertir es cuando lleguemos a una transición democrática y se restaure el Estado de derecho”, enfatizó Mairena.
La Mesa de Concertación Democrática comunicó también en una nota de prensa que “en esa audiencia, presentamos evidencias contundentes del uso indebido del CAFTA, evidenciando cómo el régimen de Ortega se ha beneficiado económicamente y, además, ha fortalecido sus instituciones represivas”.
Los opositores recordaron que la dictadura “no solo se enriquece a costa del pueblo nicaragüense, sino que también utiliza esos recursos para fortalecer al Ejército, adquirir armamento y desestabilizar la región, colaborando con actores externos como cubanos y soviéticos, lo que representa una amenaza para los países vecinos, como Costa Rica”.
El economista nicaragüense exiliado Juan Sebastián Chamorro, en un video público, explicó que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos fue aprobado en junio del 2005 con la mínima diferencia en la Cámara de Representantes.
El Tratado fue aprobado en Nicaragua, pese a la oposición del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, sin saber ellos en ese momento que iban a ser los principales beneficiados.
Antes del Tratado, Nicaragua exportaba US$487 millones y en 2023 la cifra creció ocho veces más, a unos US$3,900 millones.
Aunque el CAFTA no fue la panacea que resolvió todos los problemas del país, perderlo tendría responsables, “como ya se sabe, solo hay dos nombres: Daniel Ortega y Rosario Murillo”, concluyó Chamorro.
