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Corrupción y violencia de la Policía Nacional: Crónicas sobre su proceso de descomposición institucional y los retos para el futuro.  

En 2007, con el regreso de Daniel Ortega al gobierno, Nicaragua inició un proceso de contrarreformas institucionales encaminadas a reconcentrar el poder en el presidente. Uno de sus primeros objetivos fue la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Desde el 2007 el proceso de captura política y partidización de la institución policial la ha llevado reiteradamente a actuar fuera del marco de la ley, cometer constantes abusos de autoridad, hacer uso desproporcionado y letal uso de la fuerza y a perder la legitimidad alcanzada entre la ciudadanía. 

A través de los años, Ortega sistemáticamente rompió con la institucionalidad de la policía al efectuar cambios en la estructura de mandos fuera del marco de la ley, orientó arbitrariamente la permanencia de la Primer Comisionada Aminta Granera, para un segundo (2006) y tercer período (2012) al frente de la institución; concedió ascensos y promociones en cargo de jefes intermedios y subdirectores sin contar con los requisitos y la cantidad de años requeridos; instauró la entrega de prebendas a los principales jefes y la permisividad para que éstos se involucraran más y abiertamente en actividades ilícitas dentro y fuera de la institución. 

Con la crisis de abril de 2018, la ciudadanía nicaragüense experimentó una escalada de represión policial y de violación sistemática de los derechos humanos sin precedentes en Nicaragua y Centroamérica.  

El nivel de violencia estatal empleado a través de la policía y para militares protegidos y apoyados por ellos mismos para sofocar las expresiones de descontento ha sido elevado y ha generado una enorme preocupación y condena tanto dentro del país como entre la comunidad internacional.  

Sin embargo, explicar este proceso de descomposición institucional a partir de la llegada de Ortega al poder además de quedar corto, podría poner en segundo plano la problemática de las irresponsabilidades que tuvieron los gobiernos anteriores en la gestión democrática de esta institución. 

 Desde esta perspectiva, Expediente Público presenta una serie de 4 trabajos de investigación periodística que retoman, sistematizan y analizan el proceso de deterioro institucional de la Policía Nacional.  La mayoría de los casos recogidos en las entregas se tratan de violaciones de derechos humanos, penetración del narcotráfico y corrupción que precedieron a Daniel Ortega y su círculo de poder y muestran como la irresponsabilidad del control civil de los gobiernos democráticamente electos terminaron erigiendo una institución completamente autónoma, sin rendición de cuentas y progresivamente corrupta. En las entregas también se abordan enfoques y aspectos relevantes para iniciar en el futuro cercano un proceso de reforma policial.  

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