Expediente Público
Honduras se acerca a sus elecciones generales del 30 de noviembre en un clima de marcada desconfianza institucional y profunda polarización política, donde la observación electoral es crucial para la transparencia y la credibilidad. Sin embargo, en un giro controversial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un nuevo reglamento que, según organizaciones civiles y analistas, impone serias limitaciones y una “censura previa” a la labor de los observadores.
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La normativa exige que las misiones presenten sus informes al CNE antes de difundir cualquier declaración o comentario público. Esta medida, considerada una “mordaza” a la sociedad civil, es vista como un obstáculo para la denuncia de irregularidades e incluso como un riesgo de convertir a los observadores en cómplices involuntarios de posibles delitos, además de incluir exigencias de acreditación de fondos que intimidan a las ONG.
