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Familiares de víctimas piden que investiguen a colonos por la masacre indígena en Bosawás

*Autoridades no investigaron a la banda de colonos armados de “Chabelo”, afirman misquitos y organizaciones. 

**Algunas víctimas eran jóvenes padres de familia con hijos pequeños. Sus familiares claman por ayuda para buscar los restos y sepultarlos en sus comunidades de origen. 

***Los indígenas asesinados estaban lavando oro en un área que pidió en concesión la Calibre Mining y con presencia de EMCO, afirmó la Fundación del Río. 

Expediente Público 

Reylis Jarquín Wilson y Ermita Gutiérrez Empra, padres de Kedelin, una de las víctimas de la masacre en Bosawás del 23 de agosto, presentaron durante una conferencia de prensa virtual a sus nietos de dos años y seis meses de edad que quedaron huérfanos.  

Kedelin partió de su comunidad misquita a la mina artesanal de oro en Kiwakumbaih en territorio mayangna para ganar algo de dinero para sus hijos, relataron sus padres en una conferencia de prensa virtual desde el Caribe Norte. 

Las autoridades reconocen nueve muertos por la masacre, mientras lo comunitarios, tras la aparición de un sobreviviente más, señalan que son 12 los fallecidos en total por el atentado de un grupo armado contra un campamento de mineros artesanales indígenas el pasado 23 de agosto. 

En busca de los restos de sus parientes 

“Queremos ir al lugar para traer los restos de nuestra hija y darle cristina sepultura en nuestra comunidad. A toda la gente que a nivel nacional e internacional están pendientes de esta problemática con los indígenas pedimos colaboración y apoyo, que planteen las violaciones a los indígenas, es lo que pedimos”, dijo Jarquín en la conferencia emitida el 9 de septiembre desde el Caribe Norte. 

La Policía Nacional dio por esclarecido el caso el 8 de septiembre y lo adjudicó a disputas entre los comunitarios, pero Juan Gutiérrez Flores y Glaenisia Empra, padres de dos de las víctimas implicaron también a mestizos de la zona. 

La Policía Nacional dio por esclarecido el caso el 8 de septiembre y lo adjudicó a disputas entre los comunitarios, pero Juan Gutiérrez Flores y Glaenisia Empra padres de dos de las víctimas implicando también a mestizos de la zona. 

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Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, criticó que la policía no investigó a ningún colono, pese a que doce días antes de la masacre, se denunció a la banda liderada por Isabel Meneses alias “Chabelo”, de hecho, uno de los dos denunciantes está entre las víctimas fatales de la masacre.

En vez de investigar al denunciado, el Ministerio Público acusó por la Ley de Ciberdelitos al ambientalista y defensor de derechos indígenas, Amaru Ruiz, ex director de la Fundación del Río, una organización de la sociedad civil cuya personalidad legal le fue anulada en 2018 y sus bienes y recursos absorbidos por el Estado. 

Por otra parte, la policía considera que el móvil del crimen fue un conflicto interétnico entre misquitos y mayangnas, pero los acusados tienen familias o padres de ambas comunidades indígenas, aseguró Ruiz.

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Ruiz enfatizó que en la zona donde un grupo misquito lavaba oro se vincula a intereses de la Empresa Exportadora de Metales S.A. (EMSA) de capital nacional y dentro de ese mismo territorio hay pretensiones de Calibre Mining de origen canadiense de obtener una concesión, aunque estaría dentro de la reserva Bosawás.

La petición de las organizaciones como Fundación del Río y Prilaka es realizar una investigación independiente con peritaje internacional para esclarecer los hechos y que no quede impune como la masacre de El Alal en 2020.

Huérfanos y violencia 

También los padres de James, Wilmor Waldan y Alicia Salgado, otra de las víctimas de la masacre, dijeron que su hijo dejó huérfanos a dos niños, “andaba buscando ingresos para la alimentación y estudio de sus hijos, mi hijo no andaba robando, andaba trabajando en el cerro y fue ahí donde fueron asesinados por colonos y mayangnas”.

“Desde el 23 de agosto que lo mataron a las tres de la tarde hasta el día de hoy vemos que el gobierno no ha hecho mucho, han capturado a algunos mayangnas pero han escondidos a los colonos responsables, mi hijo no fue asesinado solo por mayangnas, también fue asesinado por colonos”, reiteró Wilmor Waldan.

Un niño de su familia estuvo en el punto en el día de la masacre y le contó que los colonos que acompañaban a los mayagnas lo amarraron y le dijeron que le iban a poner “una película”, en referencia a la masacre que estaban a punto de cometer, y que regresarían al día siguiente.

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“A mi hijo lo mataron muy mal, lo torturaron, le dispararon en el estómago, lo colgaron como a Cristo en la crucifixión, por eso a todas las organizaciones que trabajan a nivel nacional e internacional que velan por los derechos indígenas, especialmente de los misquitos, pedimos que nos permitan ir a traer los huesos de nuestro hijo, pero somos personas de escasos recursos”, expresó.

Asimismo, la hermana de Borlan y Sixto Gutiérrez de la comunidad de Santa Clara, Fermita Gutiérrez, dijo que uno de los fallecidos dejó seis hijos y el otro tres, “pedimos que nos apoyen para traer los restos y dar sepultura, esta niña (en sus piernas) es hija de Sixto y tiene tres años”.

Crímenes de colonos impunes

También brindaron declaraciones los padres de Bonifacio Dixon Francis, asesinado el 14 de junio de 2021 en la comunidad Santa Fe, también del Caribe Norte, Mario Dixon e Isabel Francis aseguraron que su hijo estaba buscando una vaca que habían robado los colonos, en camino fue interceptado por un grupo rival al que los jueces comunales les habían permitido cultivar.

“Mi hijo no encontró la vaca y venía de regreso, no sabía que la banda que venía persiguiendo a los otros colonos que iban arriando ganado, ellos los habían encontrado, mataron a uno e hirieron a otro; se encontró con ellos y lo mataron”, contó la madre de Bonifacio Dixon.

“La policía entró al bosque a sacar el cuerpo del colono asesinado, pero no el cuerpo de mi hijo. Mis hijos y nietos, poniéndose en riesgo, entraron a buscarlo. Aquí lo trajimos a la casa. Cuando buscamos justicia la policía nos la ha negado. Hasta ahora a los indígenas nos niegan nuestros derechos”, expresó Isabel Francis.

“Cuando fui a la policía me dijeron que Bonifacio estaba bebiendo chicha con otro primo, peleó y fue asesinado, pero están escondiendo la verdad de quien lo mató. Mi hijo no era un animal, era una persona”, declaró Francis.    

Desde 2014 se ha incrementado la compra ilegal o el arrendamiento de tierras comunitarias bajo contratos amañados, la presencia de agricultores y ganaderos en tierras indígenas ha desplazado las labores agrícolas, de pesca y caza tradicionales de la mayoría de indígenas del Caribe e incrementa la violencia hacia ellos.

Ríos de sangre en la selva 

En total, 49 mískitos fueron asesinados entre 2001 y 2020, 49 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos, solo en el 2020 fueron 13 los fallecidos, de acuerdo con el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

Ignacia Taylor Martínez, viuda de José Álvarez asesinado en 2015 en la comunidad La Esperanza, explicó que los misquitos se quedaron sin derechos, “hasta hoy los recursos está siendo usurpada por los colonos, el oro, los bosques, las tierras, los animales, el agua, me pregunto si esto va a continuar así”.

“Teníamos suficientes recursos y nos robaron nuestra mina y tuvimos que movernos al municipio de Waspán, no necesitábamos movernos donde a nuestra gente la están matando, le preguntamos al gobierno si esta situación va a continuar así”, continuó.

“Nuestros derechos no es que nos regalen un chanchito, una gallina, una mata de plátano, esa no es nuestra riqueza, sino, nuestro bosque, la tierra para cultivar en cantidad y ver a nuestros hijos felices, eso es lo que hemos perdido”, manifestó la viuda.

“No queremos que más colonos vengan, parece que el gobierno quiere que los colonos se reproduzcan, en lugar de nosotros, por eso queremos que se vayan. Cada pueblo tiene su tierra, esta es la nuestra, cada quien tiene su espacio, los mayangnas también tienen su tierra, no sabemos cómo está viniendo esta gente hasta aquí, si Daniel (el presidente Ortega) los trajo, que los venga a sacar”.

Taylor también sostuvo que “tenemos mucho miedo y no estamos tranquilos cuando nuestros jóvenes o comunitarios salen al bosque a buscar un bastimento a ver las parcelas, descansamos hasta que regresan porque hay casos que entran y los hacen picadillo en el monte, solo van a dos horas de camino desde aquí en La Esperanza”, precisó. 

Taylor estuvo acompañada de Arelis López viuda de Pedro Parista, asesinado en 2015, y de Nina Allen perdió a su hermano en 2016, Gerardo Allen, abatido por colonos.

Apolinar Taylor desde Sangni Laya explicó que en su comunidad no lamentan víctimas, pero desde junio de 2020 no pueden trabajar en el campo por las amenazas de los colonos, cuando pusieron denuncia ante la policía, dijeron los oficiales que no reciben denuncias por tierras por órdenes del gobernador Carlos Alemán.

El informe policial e intereses transnacionales

La Policía Nacional “omitió de forma aberrante” que el 11 de agosto la delegación de Bonanza recibió una denuncia de amenazas en el cerro Kiwakumbaih, por parte de Bercinia Celso Lino y Armando Medina, uno de los asesinados en la masacre doce días después, precisó Amaru Ruiz.

Presentaron como prueba proyectiles que no fueron detonados, los que están percutidos son pocos para la cantidad de asesinados, otros están con sarro, por lo cual, no se usaron recientemente, los comunitarios hablaron también que las armas más comunes eran habla de escopetas de las que no hay evidencia, dijo el ambientalista.

Por otra parte, sorprende la cantidad de armas en una zona donde las autoridades han decomisado a los indígenas todo tipo de artefacto de pólvora, aunque estuvieran legales. 

Dos acusados detenidos son parte de la familia Celso Lino, su hermana Bercinia fue una de las personas que puso la denuncia en Bonanza doce días antes de la masacre, también sorprende que no hayan evitado la violación que le perpetraron durante el ataque.

En el caso de los acusados detenidos Ignacio Celso y Andrés Bruno se trata de guardabosques que habían denunciado anteriormente las invasiones.

“No desligo la responsabilidad de ellos, pero hay una omisión adrede de colonos involucrados en estos hechos, algunos testimonios argumentan que varias de las personas que entre los más de 14 acusados estaban en sus casas”, aseguró Ruiz.

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