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FMI asiste a Nicaragua ante emergencia sanitaria, pero no se la pone fácil

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El préstamo de US$185.32 millones que le aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Nicaragua reveló dos verdades: la crisis sanitaria por el COVID-19 ha puesto de rodillas la economía nicaragüense y la incapacidad del Gobierno de Daniel Ortega para salir solo a flote del problema de la recesión económica, que se ha complicado por la pandemia y las catástrofes causadas por los dos huracanes que impactaron al país en noviembre del 2020.

Para convencer al FMI,  Ortega debió reconocer que el país enfrenta una severa crisis económica que erosiona las finanzas públicas y por ello se le hace difícil responder con recursos propios a la emergencia. Y debió acceder a las severas condiciones como que dos agencias de Naciones Unidas manejen el 50 % del préstamo.

Expediente Público analizó el acuerdo firmado con el FMI concluyendo que el Gobierno ha sido su “mayor obstáculo” para obtener asistencia financiera desde el principio de la emergencia sanitaria en marzo del 2020, y de esa forma lograr amortiguar su impacto económico así como en asegurar la salud de la población.

En el análisis “Nicaragua: El Gobierno es el factor de mayor riesgo”, Expediente Público refiere que la administración “del presidente Ortega aumenta la intensidad e impacto de la crisis económica, de la pandemia y de las catástrofes” por eventos naturales como los huracanes Eta y Iota.

El problema es la negativa de Ortega en dar los pasos para el proceso de democratización, mediante reformas profundas al sistema electoral que garanticen elecciones justas y transparentes en noviembre del 2021.

“La oportunidad de contribuir al país aún está a su alcance iniciando un proceso de democratización con los requerimientos resumidos en la Nica Act, comenzando con garantizar elecciones justas y trasparentes”, se sostiene en el análisis.

El 27 de noviembre del 2018 el Senado estadounidense aprobó la Ley 115-335 conocida como Nica Act, una sanción al Gobierno de Ortega porque restringe la aprobación de nuevos préstamos a Nicaragua por parte de instituciones financieras, donde Estados Unidos tenga derecho a veto. Entre esos organismos está el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Para el Fondo Monetario el caso Nicaragua es complejo debido al obstáculo de la Nica Act para que el país reciba apoyo financiero.

“En una situación como la pandemia, el Gobierno de Nicaragua tampoco proporcionó los requisitos mínimos para justificar su solicitud de fondos. A todas estas limitaciones de país se suman las deficiencias en transparencia fiscal y en el control contra la corrupción”, se sostiene en el análisis de Expediente Público.

La Nica Act supone un mayor riesgo para la estabilidad del país. Así lo advirtió el mismo FMI el 20 de noviembre del 2019, en el informe de la misión que evalúo la situación de la economía nicaragüense.

Ese documento señaló las consecuencias de la crisis social y política que inició en abril del 2018, cuyo origen fue la represión y abusos a los derechos humanos en contra de las manifestaciones sociales.

También se reiteró la tarea pendiente de conseguir estabilizar las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La crisis política estalló debido a que Ortega impuso un paquete de reformas en la Seguridad Social que incluyó el aumento de la cotización a los trabajadores, a las empresas y cambió la fórmula para calcular la pensión a quienes se jubilen lo que hace que reciban menos dinero.

Entre las recomendaciones que hizo la misión del FMI en 2019 estaban la importancia de la transparencia en las cuentas fiscales, “para lo cual las autoridades deberían publicar los estados financieros incluyendo todos los activos y pasivos y prestar mayor atención a incluir las estadísticas de las empresas estatales y descentralizadas”, recordó el análisis.

Se planteó además, de acuerdo al análisis de Expediente Público, “mejorar la comprensión de los riesgos de corrupción entre funcionarios públicos y agentes privados”. El Gobierno no hizo mucho caso, lo que le causó dificultades para acceder a recursos de emergencia de los organismos internacionales para enfrentar la pandemia.

El problema es el mismo Gobierno

El FMI tardó siete meses en ayudar financieramente a Nicaragua. El primer intento se hizo en abril de 2020, cuando se le solicitó US $470 millones con el objetivo de aminorar el impacto de la pandemia y la recesión económica. El Fondo Monetario no respondió a ese pedido de las autoridades.

Sin embargo, el organismo respondió con celeridad a las solicitudes de ayuda financiera de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. Entre marzo y abril se aprobó una cartera de US$2,145 millones en esos países, cuyos gobiernos no enfrentaron obstáculos porque sí actuaron responsablemente ante la crisis sanitaria.

Características en común: 

  • Medidas contra el Covid-19: En esos países se tomaron las medidas integrales junto al confinamiento para contener la propagación del virus y mitigar su impacto económico. 
  • Respuestas fiscales: Emprendieron considerables acciones presupuestarias para mejorar y ampliar las instalaciones de atención médica, proteger a los más vulnerables y mitigar el impacto en las empresas y los empleados en general. 
  • Manejan directamente los recursos: Administran con autonomía y transparencia los fondos desembolsados y mantienen los compromisos macroeconómicos. 

El análisis de Expediente Público analizó que el Gobierno de Ortega sea su propio enemigo, porque “no fue capaz económicamente de implementar las medidas de confinamiento, de reducción integral de contagios, de mejoramiento de instalaciones hospitalarias ni de reducción del impacto en las empresas por no estar dispuesto a enrumbar al país a la vía de la democratización”.

Desde el estallido de la crisis social y política en abril del 2018, la población y la comunidad internacional le ha demandado a Ortega cesar los abusos a los derechos humanos y se ha negado a abrir el diálogo con los grupos opositores para acordar cambios al sistema electoral que incluya, entre otros temas, el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la depuración del padrón de electores y se elimine el control de las estructuras por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“La Nica Act deja de tener efecto y abre las puertas a los recursos financieros desde el momento que el Gobierno tome medidas claras para restablecer el Estado de derecho”, se afirmó en el análisis.

Al tema político se sumó la negativa del Gobierno de establecer medidas integrales para frenar la propagación del COVID-19, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más bien las autoridades promovieron actividades partidarias, deportivas y turísticas que hicieron aumentar la desconfianza de la comunidad internacional para extenderle la mano a Nicaragua.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 5,725 casos positivos y 159 muertes por COVID-19 entre el 14 de marzo hasta el 17 de noviembre. Son cifras consideradas no creíbles debido a que no se ha transparentado cuántos exámenes para detectar casos de enfermos se han realizado, ni el seguimiento a los posibles contagios.

En los informes oficiales se mencionan un aumento de muertes por neumonía y otras enfermedades que no se explican si están asociadas a complicaciones por el coronavirus.

El Observatorio Ciudadano, integrado por médicos y organismos independientes, reportó un acumulado de 11,251 casos sospechosos verificados y 2,796 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19.

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Las organizaciones médicas independientes han advertido de que en Nicaragua habían las condiciones para una segunda ola de contagios con mayor fuerza, debido a las afectaciones de los huracanes Eta y Iota, más la relajación de las medidas de prevención de la población y porque el Gobierno sigue promoviendo actividades de aglomeración de personas.

“El Gobierno de manera sistemática aumentó la vulnerabilidad de la población a catástrofes y priorizó a sus instituciones armadas”, según la valoración independiente.

Se agregó que “esta decisión presupuestaria arriesga la vida, los bienes materiales y los medios de vida de miles de familias que en caso de ocurrir catástrofes son atendidas por instituciones multilaterales.  Este parece ser un cálculo implícito en las políticas fiscales del Gobierno de Nicaragua, delegar la protección de los más vulnerables en catástrofes naturales a la comunidad internacional”, es parte de las observaciones del análisis.

Dos huracanes complicaron todo

Los huracanes Iota y Eta impactaron Nicaragua en la semana del 3 y del 11 de noviembre, dejando al menos 23 muertos, más de 160 evacuados y millonarias pérdidas en daños en la infraestructura de viviendas, carreteras, puentes, en las cosechas de granos básicos y otros cultivos.

Al complicarse la situación, finalmente el 20 de noviembre el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia, para “ayudar al país a atender las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia de COVID-19”, se informó en un comunicado.

En la propuesta de “Decreto Legislativo de Asistencia Financiera para Nicaragua”, enviada a la Asamblea Legislativa para que se formalice el acuerdo del préstamo con el FMI, las autoridades admitieron que “la crisis sanitaria del COVID-19 se suma a una contracción de dos años que colocó a la economía nicaragüense bajo una tensión severa”.

Los fondos se “utilizarán totalmente para proporcionar financiamiento presupuestario directo, incluyendo financiamiento para el Programa de Atención Médica de Emergencia y el Programa Alimentario de Emergencia”, se precisó en el documento oficial.

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El Decreto Legislativo fue aprobado el 24 de noviembre con “trámite de urgencia” por parte de los diputados, como fue solicitado por el Gobierno.

Dinero bajo vigilancia

Lo que el FMI facilitará al país es menos de los US$470 millones que inicialmente el Gobierno requirió y al que accede bajo condiciones restrictivas. Los US$185.3 millones entregados estarán sujetos a auditorías externas independientes en un año, según informó el organismo.

La mitad del préstamo, US$92.66 millones, deberá transferirla el Gobierno a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (Unops) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) “que ayudarán con la ejecución transparente del gasto requerido”, de acuerdo al comunicado del FMI.

La Unops ayudará con la ejecución del gasto en atención médica, mientras el PMA implementará un programa de apoyo agrícola de emergencia para garantizar un suministro alimentario adecuado a la población.

De esta forma el Fondo sigue al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también para prestar US$43 millones para la emergencia sanitaria, puso la condición de que cuatro agencias de Naciones Unidas supervisen los procesos de contratación de insumos y equipos sanitarios.

Una muestra de que no hay confianza en los funcionarios de Ortega, es que para que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobara el crédito de US$185.32 millones, previamente se debieron poner en práctica mecanismos de transparencia con el gasto presupuestario utilizado en la crisis sanitaria.

Mensaje claro: no hay vía libre

El acuerdo firmado con el organismo tiene mensajes importantes, se refiere en el análisis de Expediente Público. El primero es que se mantiene como un hecho la existencia de “una severa restricción en el financiamiento” hacia Nicaragua.

“Esto es alusión a la sección cuatro de la Nica Act (que) deja bastante claro que la sanción no se ha suspendido y que será particularmente difícil para el Gobierno volver a acceder a fondos de esa institución y las incluidas en la Ley”, se indica en el análisis.

Un segundo punto es que se destacó las acciones de transparencia fiscal que han empezado, ya que el Ministerio de Hacienda estaría publicando especialmente los gastos relacionados con el Covid-19, incluidos los contratos públicos para la adquisición de equipos e insumos médicos para la atención de la crisis sanitaria.

Un tercer elemento destacado es que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó “las intenciones de las autoridades de implementar medidas fiscales, una vez disminuida la crisis para garantizar la sostenibilidad de la deuda y reformas a favor del crecimiento inclusivo”. No se ha aclarado qué tipo de medidas serán.

El FMI en la consulta del 2019 hizo el mismo llamado a tener reformas “de amplio apoyo público” y a revirar la reforma tributaria del 2018 para evaluar “cuan favorable es al crecimiento”.

Uno de los compromisos del Gobierno con el FMI es que emprenderá “reformas incluidas las que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la lucha contra la corrupción”. Tampoco se han especificado.

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