Aislamiento, desempleo, proyectos truncados, crisis de llantos y ansiedad recurrente son algunas de las secuelas que padecen quienes han sido detenidos por oponerse o criticar a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según el Foro Penal, ya son más de 16.500 personas, y la cuenta sigue en aumento
Luego de pasar 118 días en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Lisbeth Añez de repente se vio en la calle, libre y sin un centavo.
Era septiembre de 2017. Para ese momento, Añez ya se había ganado el apodo de Mamá Lis, gracias al alojamiento y la alimentación que ella proveyó con sus propios recursos a los jóvenes que, desde 2014, han protagonizado numerosas olas de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro.
Todo comenzó con el desmantelamiento de los “campamentos” que estos jóvenes montaron frente a las sedes de la Organización de Estados Americanos, en la urbanización Las Mercedes, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en el sector Los Palos Grandes de Chacao, al este de Caracas, como una forma de protesta pacífica.
Añez recordó que, entre una y otra locación, así como otras más pequeñas en plazas capitalinas, permanecieron más de trescientos jóvenes oriundos de distintos lugares del interior del país. En mayo de 2014, grupos de policías y militares desmantelaron estos campamentos en forma simultánea. Muchos estudiantes quedaron sometidos a medidas de presentación en juzgados de Caracas, por lo que no podían salir de la ciudad. Pero tampoco tenían un lugar para pasar las noches.
“Alojé a ocho de ellos en mi casa. Uno de ellos me preguntó si podían decirme Mamá Lis. Y Mamá Lis me quedé hasta el sol de hoy”, relató.
En mayo de 2017, Añez hacía preparativos para irse a Estados Unidos, donde se trataría las secuelas de la hepatitis C. La escasez de medicinas y las limitaciones para movilizarse en el país hacían virtualmente imposible llevarlo a cabo en Venezuela. Dejó su trabajo de doce años en una conocida cadena de ópticas. Vendió todo, y cuando iba a tomar el jet que la llevaría al norte, fue detenida por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (Dgcim).
Ese día, su vida cambiaría por completo.
En los primeros meses, después de ganar la libertad gracias a una medida cautelar, la mujer que para entonces tenía 47 años de edad comenzó a padecer pequeñas lagunas en la memoria próxima. Algunas tareas urgentes quedaban sin cumplir, algunos compromisos no eran atendidos.
Pero esa no fue la única secuela. Durante esos días, Mamá Lis estaba libre, pero su mente se obsesionaba en recopilar la mayor cantidad de información sobre los desmanes infligidos a los manifestantes, que ella no pudo ayudar pues se encontraba detenida. Esto le ocasionaba repentinas crisis de llantos. En las noches, le costaba conciliar el sueño. Y cuando finalmente quedaba en reposo llegaba una pesadilla recurrente, en la que ella escuchaba a través de una ventanilla los gritos de las víctimas de las torturas practicadas en el Helicoide, donde se encuentran las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.
Añez tuvo que buscar asistencia psicológica y una actividad que la mantuviera ocupada. Solo de esta forma pudo pasar la página. Eventualmente, incluso, se armó de valor y pudo volver al lugar de sus sueños indeseados, esta vez como visitante del activista venezolano Lorent Saleh. Cuando se dieron cuenta de quién era ella, los carceleros le negaron la entrada.
La represión como sistema
Mamá Lis pudo reconvertirse, y luego de muchas dificultades logró constituir una asociación civil para la ayuda de los niños que padecen cáncer. Indicó que los jóvenes a los que alguna vez respaldó durante las protestas “en su mayoría se fueron del país, o permanecen en total clandestinidad”.
Desde 2001 hasta el presente, Venezuela ha sido el escenario de un conflicto político, con oleadas de manifestaciones que han dejado cientos de muertos y lesionados. Desde el poder, los regímenes encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez y su designado “heredero” Nicolás Maduro Moros han establecido un sistema de represión que, según cifras del Foro Penal, ha ocasionado las detenciones de más de 16.500 personas.
“La prisión por motivos políticos, o la persecución judicial, podría decirse que comenzó en 2002, por todas las situaciones que se presentaron en abril de ese año. Pero comenzaron a institucionalizarse como mecanismo de control social a partir de 2007, con picos en 2009 y 2010, y se institucionalizó definitivamente como mecanismo para controlar a la disidencia a partir de 2014 (…) El ejercicio del poder se caracterizó por la detención arbitraria por motivos políticos. Esto ha continuado y se mantiene”, explicó a Expediente Público el director de la referida organización, abogado Gonzalo Himiob.
La acumulación de presos por razones de conciencia ha sido tal que el régimen de Maduro se ha visto obligado a reformar sus centros de detención política, con la finalidad de incrementar el espacio disponible.
También fue necesario habilitar nuevos calabozos en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, en el mismo anexo donde permaneció por años el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Aún así, de acuerdo con un informe presentado en abril de 2020 por la organización Una Ventana para la Libertad, la sobrepoblación en las celdas de Contrainteligencia Militar sería de 80% en promedio.
Según una fuente del Sebin consultada para este reporte, en el retén del Helicoide permanecen detenidas en la actualidad 150 personas.
De acuerdo con las cifras del Foro Penal, al momento de la redacción de este informe permanecían privadas de libertad 354 personas por razones de conciencia.
Los reportes mensuales de esta ONG -tomados como referencia fundamental por la Organización de Estados Americanos- indican que hay vaivenes en cuanto al total de presos políticos en Venezuela. Según Himiob, esto obedece a un fenómeno conocido como la “puerta giratoria”.
“Es una expresión que denota una estrategia del poder, según la cual mientras con una mano se excarcela (…) a bloques de personas arbitrariamente detenidas, con la otra mano se encarcela a otros que de alguna forma vienen a sustituir a los que originalmente fueron excarcelados”, explicó.
Esta dinámica se hace patente en vísperas o durante los procesos de negociación entre representantes del régimen y de la oposición. Con Chávez, y especialmente durante el mandato de Maduro, son liberados contingentes de presos políticos como manifestaciones de “buena voluntad”.
El último grupo de 110 detenidos salió a la calle entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2020, mientras se desarrollaban conversaciones con el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski para que participara en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.
“Como el poder interpreta que los presos políticos son como fichas que puede poner sobre la mesa nunca termina de liberarlos a todos, sino que produce algunas excarcelaciones, y con la misma velocidad vuelve a llenar esas celdas con otras personas”, afirmó el director del Foro Penal a Expediente Público.
El certamen perdido
La onda represiva del régimen se ha extendido no solo a quienes participan directamente en las protestas o en las llamadas “conspiraciones” para derrocar a Maduro. Una persona puede ser privada de su libertad, allanada y vejada simplemente por mantener una relación sentimental o de consanguinidad con quienes son buscados por el aparato policial.
Así le sucedió a Yoelkys Frontado. Una comisión del Sebin la detuvo en abril de 2019, durante un allanamiento a su vivienda en Caracas. Le imputaron tenencia de explosivos. Pero, de acuerdo con su propio testimonio, el motivo de su detención fue su noviazgo con el activista opositor Nixon Leal, quien actualmente se encuentra en el exilio.
Para ese momento, a Frontado le sonreía la vida. Al margen de su profesión como contadora pública, desarrollaba una carrera como modelo que la llevaría a concursar en el certamen Top Model of The World, celebrado finalmente en Hurgada, Egipto.
Con la detención, todos los planes se fueron al suelo. “Fue un golpe muy duro, porque uno queda muy mal. En principio, los organizadores del concurso no entendieron por qué no viajé”, relató a Expediente Público.
Durante los diecisiete meses que pasó en los calabozos del Sebin Helicoide, Frontado hizo todo lo posible por mantenerse en forma, y ver si algún día ya libre podría recuperar el tiempo perdido. Encontró que podía combinar la satisfacción de sus necesidades básicas con el ejercicio, llevando botellones de agua potable de aquí para allá, recorriendo los largos pasillos del retén, construido durante el mandato del general Marcos Pérez Jiménez (1952 – 1958), con la pretensión de que fuese un gran centro comercial.
Frontado fue una de las “beneficiarias” de los indultos otorgados por Maduro en agosto de 2020. Pero su retorno a las pasarelas no ha sido inmediato.
“Comencé a tener un dolor muy fuerte. Cuando salgo, me hice una resonancia magnética, y oh sorpresa: tenía cinco hernias discales, por haber cargado toda esa agua”, relató.
Como complemento, durante ese lapso agrandaron en forma alarmante lo que antes eran unos pequeños quistes en ambos senos. “Con el estrés, me crecieron a millón”, sentenció.
Aunque Frontado nunca simpatizó con el oficialismo venezolano, tampoco era militante furibunda de la oposición. Luego de quedar en libertad, se ha sentido abandonada por aquellos que, como Leal, en algún momento formaban parte de su grupo de amistades.
Con cada día que pasa en la calle, esta mujer intenta ganar nuevamente horas de sueño, y aprende a “convivir con el dolor” que significa tener la espalda permanentemente inflamada. Además, en cada paso que da mira hacia ambos lados.
El odio como delito
En noviembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la llamada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Una nota divulgada por el ministerio del Poder Popular para la Economía y las Finanzas destacó que el propósito de la normativa era “frenar la campaña de odio y de violencia promovida por sectores extremistas de la oposición y buscar un reencuentro”.
El director de Espacio Público, Carlos Correa, sostuvo que esa ley es una herramienta para llevar a cabo lo que describió como “política de hostigamiento”.
“Se pretende fortalecer un sentimiento de miedo generalizado. Que la gente se inhiba de expresarse libremente”, sentenció.
Según esta ley, quienes sean culpabilizados por incitar públicamente “al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso o político”, serán sentenciados a penas de prisión por un máximo de veinte años.
En Venezuela, el Código Penal vigente establece una pena máxima de dieciocho años de prisión para los reos por homicidio.
Según Correa, la Ley contra el Odio no tuvo una ejecución inmediata. Al entrar en vigencia, hubo amenazas y detenciones que no llegaban a juicios, pues los fiscales se abstenían de formular cargos. Este recelo fue superado con las presiones del oficialismo, y en la actualidad esta norma “se está aplicando brutalmente”.
Las estadísticas manejadas por Espacio Público indican que en 2020 fueron reportados 29 casos de instigación en los que se utilizó la preceptiva de la Ley contra el Odio. En 23 de ellos hubo detenciones que según Correa podrían ser calificadas de arbitrarias. En el 73% de los casos, a las personas las procesaron por publicaciones que hicieron a través de plataformas de internet.
Uno de los afectados fue Jesús Medina Ezaine, un reportero gráfico de 39 años de edad. Medina usaba las redes sociales, para formular denuncias y críticas contra factores del oficialismo, en especial el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello.
Desde octubre de 2018, Medina fue recluido en la cárcel militar de Los Teques, mientras era procesado en un juzgado civil por instigación al odio, legitimación de capitales, asociación para delinquir y lucro ilegal en actos de la administración pública.
Medina fue liberado en agosto de 2020, al igual que la modelo Frontado. Desde entonces, y como sucede a los excarcelados políticos de Nicaragua, el solo hecho de ganarse la vida ha representado un reto. A las dificultades económicas acarreadas por la pandemia del Covid 19 se suma el temor a la persecución para aquellos que podrían contratarlo.
“Esto se me ha hecho muy difícil. No quieren estar conmigo porque saben el riesgo que corren”, dijo.
Antes de la detención formal, en noviembre de 2017, este reportero fue víctima de una desaparición forzada. Quienes se lo llevaron simularon una operación policial, y lo obligaron a que descendiera de un transporte público. Durante más de 72 horas no se tuvo pista de él. Sus familiares nunca recibieron fe de vida. Hasta que reapareció golpeado en un barrio ubicado entre Caracas y el aeropuerto de Maiquetía.
Esta circunstancia, unida a la formal privación de libertad en una cárcel militar, se sumaron para que él tuviese que solicitar ayuda de un psicólogo profesional, luego de recibir la medida cautelar. El profesional le diagnosticó “estrés postraumático”. Este daño se suma a las dos costillas y dientes rotos, consecuencia de los golpes que le infligieron.
En esta nueva etapa, Medina cree haberse topado en las calles con quienes eran los encargados de investigarlo. Pero lo que más le molesta es el “acoso” que recibe a través de los mismos medios que él utiliza para ganarse la vida.
“Cuando publico algo contra el Gobierno me lo dicen. El 1 de enero, por ejemplo, me advirtieron ‘bájale dos, que de lo contrario no tendrás tu libertad plena nunca”, reveló.
Otra de las víctimas de la aplicación de la Ley contra el Odio ha sido el director de Punto de Corte, Nícmer Evans.
Este politólogo, surgido de las filas del chavismo, fue recluido durante 51 días en las celdas de la Dgcim por el mismo delito imputado a Medina.
Cuando volvió a la calle, gracias a un indulto presidencial, tuvo que replantearse su actividad comunicacional, mediante la que se gana la vida.
“He tenido que cambiar mis tácticas, aplicar la autocensura, tanto en las redes como en la línea editorial del medio que dirijo. Hemos tenido que pensarlo cinco veces antes de dar nuestros contenidos”, reconoció.
La página dirigida inicialmente por Evans fue bloqueada en Venezuela, por decisión unilateral de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Para continuar con la actividad, tuvo que sacar una televisora web del mismo nombre. Pero con precauciones.
“Para que no nos bloqueen como pasó con el anterior, hemos tenido que establecer más rigurosidad en la escogencia de los temas, en su tratamiento e incluso en el lenguaje que utilizamos”, explicó.
Igualmente, han tenido que ofrecer mayores seguridades a los patrocinantes, que pudieran espantarse frente al precedente de persecución gubernamental al director del medio.
Durante la permanencia en los calabozos para presos políticos, Evans oraba para pedir que su madre se mantuviese con vida a pesar de sus problemas de salud.
“Le pedía a Dios que no se lo llevara antes de que saliera. Imagínate, 51 noches en eso. No lo he superado”, reveló.
Aunque él pudo conservar la entereza, tanto su esposa como su hijo necesitaron de ayuda profesional. “Estas son circunstancias en las que se necesita una orientación, no hay duda”, afirmó.
La nueva ola
Durante la elaboración de este reporte Venezuela pareciera entrar en una nueva fase del conflicto político. El régimen de Maduro promovió unas elecciones cuyos resultados son desconocidos por Estados Unidos, Canadá y países europeos. Los directivos del nuevo parlamento, escogido el 6 de diciembre, solicitaron públicamente que el Poder Judicial prohíba la salida del país de los diputados que participan en la Comisión Delegada del Parlamento elegido en 2015, encabezado por Juan Guaidó, que él considera en “continuidad constitucional”.
Renzo Prieto fue votado en los mismos comicios que propiciaron la llegada de Guaidó al Poder Legislativo. De hecho, ambos militan en Voluntad Popular. Contrario a lo sucedido con el “presidente interino”, Prieto estuvo casi todo su término encerrado. Primero, en el Helicoide. Luego, en las celdas de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En ningún caso le hicieron el antejuicio de mérito exigido por la Constitución.
Ahora que está en libertad, Prieto no piensa mucho en si continúa siendo diputado. Hay cosas más urgentes.
“Trato de encontrar mecanismos de asesoría para ayudarme y ayudar a mi familia, y en fin de cuentas sobrevivir. Ahorita, con la pandemia, entendí que el mundo ya no es el mismo”, confesó.
Uno de sus propósitos es reencontrarse con sus hermanos, que salieron del país huyendo de las presiones y de la crisis humanitaria. Pero no exilarse.
“No me importa si sigo siendo diputado. Un cargo no lo representa a uno. Hay que avanzar más allá, y buscar soluciones”, dijo.
En el contexto venezolano, la persecución por razones políticas se fusiona con el deterioro generalizado de las condiciones de vida. Esto ha incrementado los conflictos y el descontento social. Aunque no exista una confrontación armada formalmente reconocida, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia durante 2020 los cuerpos uniformados fueron responsables de más fallecimientos que los ocasionados por personas o grupos civiles.
“La letalidad policial se ha extendido por todo el país, parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementado”, afirmó el director de ese centro, Roberto Briceño León.
Estas prácticas afectan a capas de la sociedad cada vez más extensas. En el caso de los detenidos por manifestar contra el Gobierno, ocurre un deterioro general en las condiciones de vida, que se proyecta más allá de la privación de libertad. Es lo que Himiob llamó “prisionización”.
“En casos políticos, lo importante no es tanto por qué está detenida una persona sino para qué, es decir qué finalidad quiere cumplir el poder con esa detención. Y eso va más allá de la individualidad. Se intimida y neutraliza a la persona detenida y torturada, y también a su entorno cercano y los que hacen parte de su grupo social y profesional. Este efecto es buscado por el poder”, advirtió.
Represión clonada
En esta serie de reportajes, Expediente Público ha descrito la forma que adquiere esta práctica en la Nicaragua de Daniel Ortega. En ambos casos (Nicaragua y Venezuela), los cuerpos represivos han contado con importante tutelaje de la dictadura cubana. Según Alfredo Romero, otro directivo del Foro Penal, desde la época de Fidel Castro hasta el presente han llegado al país suramericano contingentes de asesores, que han instruido a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la policía política sobre las mejores técnicas de represión. Según Romero, los cubanos no ejecutan directamente las acciones en contra de opositores y quienes han criticado a Chávez y a Maduro, pero sí han puesto a la orden toda su experiencia, para facilitar la prolongación en el poder de regímenes profundamente impopulares.
