* El gobierno salvadoreño sostiene que lleva más de mil días sin homicidios, pero ese discurso contrasta con los hallazgos de cadáveres que realizan los cuerpos de socorro.
** Las autoridades no reconocen estas muertes violentas y no aparecen en las estadísticas oficiales.
*** Organizaciones sociales denuncian que los feminicidios son invisibilizados o presentados como casos de presuntos suicidios.
Eric Lemus / Expediente Público
El cadáver apareció con signos de estrangulamiento entre los cafetales del municipio salvadoreño de Huizúcar, al sur de San Salvador. Los vecinos lo encontraron el 10 de septiembre pasado. Era Natalia Raquel Bernal Gómez, de 21 años, quien había desaparecido cinco días antes.
Este caso no se incluyó en el reporte mensual de homicidios que difundió la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta en X, al finalizar septiembre. La cifra oficial del informe fue de cero muertes violentas.
La PNC reportó 41 homicidios desde enero hasta agosto de este año. Ese mes, algo cambió. Durante la celebración del primer aniversario de su segundo mandato, el presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador llevaba mil días sin muertes violentas, contradiciendo los reportes públicos de su propia Policía.
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“Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1,000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro gobierno. Pero creo que, en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos”, escribió el gobernante en su cuenta en X donde exaltó el trabajo del Ejército y la Policía, además del amparo divino.
Desde entonces, los datos de la PNC no registran asesinatos. Sin embargo, los informes anteriores ya quedaron en el dominio público.
Estos muestran que El Salvador pasó de tener una tasa de 21.5 homicidios por cada cien mil habitantes en 2020 a una de 1.9 en 2024. Y si la cifra oficial de muertes violentas no aumenta en lo que queda del año, con el fin de alinearse a la propaganda del gobierno, el 2025 cerraría con 1.3.
Las redes sociales no callan
Mientras el gobierno y la Policía posicionan que no hay homicidios, grupos de ciudadanos no han dejado de usar las redes sociales para alertar sobre desapariciones o hallazgos de cadáveres con signos de violencia.
Un miembro del colectivo S.O.S. Desaparecidos El Salvador, que pidió reservar su identidad por seguridad, dijo a Expediente Público que esa organización lleva un registro de esos casos para ayudar a quienes buscan información de familiares sin rastro, debido a que las autoridades son renuentes a recibir denuncias o empezar investigaciones sobre esos temas.
Deslice para más información
“Desde que inició el año hasta la primera semana de mayo, hubo al menos 58 personas asesinadas en el país, según los datos que nos llegan”, afirmó la fuente. La información es recopilada a partir de fotografías compartidas por lugareños, las cuales son contrastadas con voluntarios de cuerpos de socorro.
“Esto va en contra de la narrativa que establece el señor Bukele, donde si él afirma que no hay homicidios, pues no hay y punto”, opinó.
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Ocho muertes en septiembre y octubre
El 5 septiembre, la familia de Natalia Bernal Gómez, de 21 años, avisó de su desaparición al colectivo S.O.S. Desaparecidos El Salvador, que publicó una fotografía de la joven en sus cuentas de redes sociales.
Cinco días más tarde, la misma organización confirmó el hallazgo de su cuerpo en estado de descomposición y con signos de violencia, en un lugar agreste del pueblo Huizúcar, municipio Nuevo Cuscatlán.
Este es el poblado rural donde gobernó Bukele como alcalde municipal entre 2012 y 2014, y gestó lo que ahora es el partido político Nuevas Ideas, que controla la Asamblea Legislativa con súper mayoría.
El 12 de septiembre, Vitalino Castaneda Escobar, de 80 años, fue asesinado en su domicilio, confirmó S.O.S. Desaparecidos. El crimen ocurrió en el caserío El Coco, cantón San Juan, en Tacuba, 123 kilómetros al oeste de la capital. Aunque la Policía detuvo a su sobrino como presunto autor del crimen, esta institución solo reportó la captura sin mencionar la muerte del octogenario.
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El cuerpo de Bernarda Argueta, de 78 años, fue localizado el 16 de septiembre en una barranca en el municipio de Rosario de Mora, 38 kilómetros al sur de San Salvador.
A Juan Carlos González, de 44 años, vendedor de pan y reportado desaparecido el 7 de octubre, lo encontraron tres días más tarde al fondo de una quebrada en la colonia Sierra Morena, en Soyapango, que otrora estuvo bajo control de las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Ese mismo día, empleados municipales del tren de aseo avisaron del hallazgo de restos humanos en un promontorio de basura en la colonia Flor Blanca, un vecindario residencial en la zona metropolitana de la ciudad.
La Cruz Verde informó que una joven identificada como Deysi Rosmery Trejo, de 19 años, fue asesinada en la madrugada del 16 de octubre en la calle hacia la playa Garita Palmera, Cara Sucia, San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, 124 kilómetros al oeste de la capital salvadoreña.
Ese mismo día, se encontró el cadáver de Ana Yamileth Cabrera en una fosa séptica en Talnique, un pueblo en la zona montañosa de La Libertad, 37 kilómetros al oeste de la ciudad.
Mientras que el 18 de octubre, el colectivo S.O.S. Desaparecidos informó del hallazgo del cuerpo de un hombre de edad mediana, al fondo de un barranco cerca del Centro Escolar Sinaí, en la ciudad de Santa Ana, cabecera del mismo departamento, 66 kilómetros al oeste de San Salvador.
En ambos casos, la causa de las muertes es desconocida; aunque los cuerpos tenían moretones y heridas cortopunzantes, informó la organización.
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Expediente Público consultó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Portal de Transparencia de la PNC si puede facilitar una lista actualizada de homicidios, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.
¿Muertos durante el régimen de excepción?
Además, hay denuncias de muertes violentas dentro de las cárceles. Un técnico de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que pidió la reserva por seguridad, dijo a Expediente Público que hay homicidios en las prisiones que el gobierno no incluye en sus reportes, “a pesar de que todas estas muertes suceden bajo custodia del Estado”, subrayó.
“Datos obtenidos de parte de presos comunes que cumplieron sus condenas por delitos civiles dan cuenta de que a diario tenían que enterrar entre seis y ocho cuerpos en fosas comunes, tanto en la cárcel de Izalco como en Mariona, en medio de los sectores seis y ocho”, afirmó la fuente.
La directora de SJH, Ingrid Escobar, es una de las defensoras judiciales que vive exiliada de El Salvador, mientras el resto del equipo da seguimiento a las denuncias, pero prácticamente desde la clandestinidad por temor a ser detenidos.
¿Feminicidios invisibilizados?
Por su parte, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres contabilizó 27 feminicidios del 1 de enero al 30 de septiembre de este año. Las autoridades no categorizan este delito conforme a la legislación judicial vigente.
En El Salvador, el feminicidio se sanciona con una pena de 20 a 35 años de prisión, según el artículo 45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
La reforma que la Asamblea Legislativa aprobó en 2023 eliminó la prescripción de la acción penal por feminicidio, tanto simple como agravado. Antes, el delito se dirimía al cabo de 15 años.
Silvia Juárez, miembro de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), afirmó a Expediente Público que el discurso de cero homicidios oculta que la mayoría de las víctimas de los casos reportados por el colectivo ciudadano son mujeres.
“(El descenso de homicidios) no necesariamente está significando que hay seguridad para las mujeres porque siguen asesinándolas, pero sus muertes no se declaran feminicidios ni se investigan”, señaló Juárez.
Puntualizó que ORMUSA cuenta los homicidios a partir del monitoreo de publicaciones en medios de comunicación porque el gobierno dejó de publicar estadísticas oficiales en 2022.
De hecho, este jueves 6 de noviembre, una mujer identificada como Jessica Solís, de 42 años, murió abatida por un disparo a la 13:25 frente a la entrada principal del Palacio Nacional, en el corazón del Centro Histórico capitalino, que está bajo vigilancia permanente de soldados y policías.
Solís era oriunda de Nueva Concepción, Chalatenango, 70 kilómetros al norte de San Salvador, y quería hacerse una fotografía cuando recibió la bala que le atravesó el cuello. Minutos antes había conseguido unos medicamentos para su padre enfermo. Su cuerpo quedó inerte junto al edificio.
La PNC presentó horas más tarde a un soldado de la Fuerza Armada, quien disparó accidentalmente mientras manipuló su fusil.
Pese a que debía enfrentar un proceso judicial, el ejército anunció que el detenido será procesado por homicidio culposo y envío disculpas a la familia de Solís. El día del homicidio empleados municipales lavaron la sangre de la acera y borraron de la pared el trazo del proyectil que arrebató una vida.
