* La ejecución del gasto de Bernardo Arévalo enfrenta rezagos en su segundo año al frente de Guatemala, sobre todo en los ministerios del área social.
** Gobierno de Arévalo atrapado por problemas institucionales, falta de planificación y poca capacidad operativa.
*** Los alcaldes de Guatemala buscan una ley que les permita utilizar en el 2026 el presupuesto que el Ejecutivo no ejecute en 2025.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El gobierno de Guatemala atraviesa un momento clave en su administración por el retraso en la ejecución presupuestaria. Las cifras oficiales revelan que, al 15 de septiembre de 2025, apenas se había ejecutado un 32.5% del presupuesto anual.
En números concretos, de los 154,836.6 millones de quetzales (US$19,252 millones) aprobados para este año, el Estado solo había utilizado alrededor de 55,999 millones de quetzales (US$6,374 millones). El dato despierta dudas sobre la capacidad del Ejecutivo de Bernardo Arévalo de cumplir con los compromisos sociales e infraestructura que prometió durante la campaña electoral.
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Pocos proyectos desarrollados
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, afirmó a Expediente Publico que el porcentaje de ejecución es mejor que el registrado en gobiernos anteriores a estas alturas del año y que hacia finales de 2025 se podría alcanzar una ejecución cercana al 94%.
De su parte, el analista económico Armando De León manifestó a Expediente Público que lo importante no son los porcentajes de ejecución, sino que ese dinero efectivamente se traduzca en hospitales equipados, escuelas remozadas, carreteras en buen estado o programas sociales funcionando. A su criterio, esto no ocurre.
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Ejecuciones presupuestarias de algunos ministerios
Los rezagos son evidentes. Los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Agricultura presentan bajos niveles de ejecución, mientras que otras carteras, como las de Defensa y de Finanzas, logran porcentajes más altos.
En el caso del Ministerio de Salud, la ejecución reportada hasta mediados de septiembre era de 30.1%. Puede parecer un número aceptable, pero detrás de él hay hospitales con falta de insumos, proyectos de construcción detenidos y retrasos en programas de prevención.
El doctor Luis Mazariegos, exviceministro de Hospitales en 2010, afirmó a Expediente Público que la ejecución actual del Ministerio de Salud se basa mayormente en pago de nómina y compra de medicamentos, más que en el mejoramiento y equipamiento de hospitales.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación apenas supera el 19%. Esto impacta directamente a comunidades rurales que dependen de proyectos de apoyo productivo, como la compra de sacos de abono para los agricultores, mencionó Mazariegos.
El Ministerio de Desarrollo Social alcanzó un 20% de ejecución. Esta cifra se encuentra muy lejos de cumplir con la meta de programas que deberían beneficiar a las familias más pobres, entre ellos la bolsa de alimentos y el bono escolar que se entrega a los padres de familia de escasos recursos, comentó el analista De León.
En contraste, el Ministerio de Finanzas registra el 52%; el Ministerio de Gobernación, el 40%; y el de Defensa Nacional, el 40%.
“¿Por qué las carteras con responsabilidad social están tan rezagadas, mientras que otras más orientadas a la administración o la seguridad muestran un mejor desempeño? ¿Será porque al Gobierno no le interesa la ayuda a los pobres?”, se cuestionó la analista política Karla de Contreras en entrevista con Expediente Público.
Gobierno se defiende de la poca ejecución
El presidente Bernardo Arévalo reconoció en una conferencia de prensa, el 19 de agosto pasado, que existe una brecha entre lo planificado y lo ejecutado, aunque aseguró que esto se debe a los ajustes que implica poner en marcha programas nuevos y transparentar procesos de contratación que en años anteriores estuvieron marcados por la opacidad.
“Nuestra ejecución presupuestaria no es tan alta como quisiéramos, pero nuestras compras son eficientes para lo que necesitan los guatemaltecos. Esperamos que al finalizar el año la ejecución sea de más del 90%”, comentó Arévalo.
El mandatario insistió en que su gobierno no repetirá los esquemas de corrupción del pasado, incluso si eso implica avanzar más lentamente en la ejecución.
El ministro Menkos sostiene la misma línea. Aseguró a Expediente Público que los niveles actuales de ejecución muestran que se está avanzando mejor que en otras administraciones y que el Estado no se ha detenido.
Argumentó que, aunque hay retrasos en la ejecución presupuestaria, se trata de un proceso normal en una administración nueva que heredó instituciones con serios problemas de gestión.
“Los problemas en los sistemas del país no son porque nosotros estemos gobernando. Vienen de décadas. Nosotros estamos trabajando lo mejor que podemos para garantizar que cada compra vaya a los guatemaltecos, aunque a veces no se note”, mencionó Menkos.
También destacó que, al 15 de septiembre, la recaudación tributaria alcanzó el 70.7% de lo previsto para todo el año, esto es casi el 10% más con respecto al año pasado, lo cual ha dado un respiro a las finanzas públicas, según Menkos.
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Preocupación que dinero vaya al fondo común
Los analistas no ven la situación con tanto optimismo. Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el problema no está solo en la voluntad de gastar, sino en la calidad y la capacidad técnica para hacerlo.
En un informe, publicado a mediados de este año, el centro de pensamiento advirtió que los presupuestos siguen siendo diseñados con montos que sobrepasan lo que realmente se puede ejecutar. Esto se traduce en ministerios con dinero asignado, pero sin personal capacitado ni procedimientos administrativos para llevar a cabo los proyectos, agregó el estudio.
Los expertos señalan que, además de la limitada capacidad técnica, existen cuellos de botella legales y burocráticos. Cada proyecto requiere licitaciones, contratos y permisos que suelen tardar meses. Y aunque el gobierno actual ha querido priorizar la transparencia, esa misma decisión ha ralentizado la ejecución.
Ministerio de Ambiente entre los peores
“La lucha contra la corrupción es indispensable, pero el reto es hacerlo sin paralizar la inversión pública”, señaló Pablo Pérez, economista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a Expediente Público. Agregó que la credibilidad del presidente Arévalo depende de que su gestión logre resultados tangibles en los próximos meses.
Un ejemplo claro es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dirigido por Patricia Orantes, que apenas alcanzó un 20% de ejecución en el periodo analizado.
La ministra Orantes explicó a Expediente Público que varios de los programas que su cartera debía implementar son nuevos y aún están en etapa de aprendizaje. En su criterio, este tipo de retrasos son normales cuando se buscan cambios estructurales, aunque reconoció que la presión pública es fuerte porque la ciudadanía exige resultados inmediatos.
“Uno de nuestros grandes proyectos es recuperar el Lago de Amatitlán, pero desde un inicio sabemos que no lo haremos de la noche a la mañana. Aunque las personas crean que es rápido, las compras no se pueden hacer de esa manera”, comentó Orantes.
Un nuevo presupuesto para 2026
El contraste entre la expectativa y la realidad se refleja también en la solicitud de presupuesto para 2026. A pesar de los atrasos actuales, el gobierno ha pedido al Congreso que apruebe un gasto de 163.700 millones de quetzales (US$20,375 millones) para el próximo año, lo que representa un aumento del 5.8% con respecto a este año.
Fernando Peña, analista de Icefi, comentó a Expediente Público que esta solicitud es demasiado ambiciosa, pues aún no se ha logrado ejecutar con eficiencia el presupuesto vigente.
Las consecuencias de una baja ejecución son diversas, afirmó Mazariegos. En primer lugar, afecta directamente la vida de la población, que no recibe los beneficios de programas y proyectos ya aprobados. También mina la credibilidad de un gobierno que llegó al poder con la promesa de cambio. Y en el ámbito económico, una subejecución significa menos inversión pública, lo cual limita el crecimiento y la generación de empleo, agregó el exviceministro.
Alcaldes de Guatemala, tras el Fondo Común
El 2 de septiembre pasado, el Congreso aprobó el Decreto 07-2025, que lleva por nombre Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes). Ahora, la normativa está en manos del Ejecutivo para que pueda entrar en vigor.
Este proyecto de Ley busca principalmente dos reformas a la ejecución del presupuesto. Primero, propone que los municipios puedan utilizar en 2027 el presupuesto que el Ejecutivo no alcance a ejecutar en 2026, y que esa norma se extienda a los años venideros.
A la vez, el proyecto pretende asegurar el presupuesto que los municipios no alcancen a ejecutar. Plantea que los fondos asignados a los Codedes que no se hayan ejecutado hasta al final del año puedan trasladarse al año siguiente, evitando que estos recursos regresen al Fondo Común, donde se recolecta el presupuesto no ejecutado por todas las instituciones públicas.
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También pretende reducir los tiempos de entrega de avales (autorizaciones técnicas, legales o administrativas) para los proyectos locales, con el fin de que no queden atascados por trámites burocráticos.
¿Arévalo aceptará propuesta de alcaldes?
Al menos 305 alcaldes, agrupados en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), han firmado cartas exigiendo al presidente Arévalo que sancione el decreto.
La Anam ha convocado a reuniones y movilizaciones frente a la Presidencia. Por su parte, Arévalo mantiene el decreto en análisis, evaluando los aspectos legales, constitucionales y fiscales.
Sebastián Siero, presidente de la Anam, comentó a Expediente Público que considera vital que se sancione el decreto para que las obras y programas que comenzaron puedan concluir. Además, dijo que es necesario evitar que las regulaciones burocráticas se conviertan en obstáculos permanentes y que se refuerce el municipalismo y la descentralización real.
“Sí el Gobierno deja de ejecutar es porque no necesitan ese dinero. Nosotros como alcaldes estamos más cerca de la población, sabemos lo que necesitan, pero el Ejecutivo no quiere apoyar a las comunidades”, comentó, Siero.
Al respecto, el ministro Menkos ha expresado reservas. Para él, sancionar sin controles adicionales podría generar riesgos institucionales e incluso violaciones constitucionales.
