* El juez Fredy Orellana resolvió retirar de sus cargos a funcionarios electos por el Movimiento Semilla en Guatemala, entre ellos, el presidente Bernardo Arévalo.
** Organización de Estados Americanos sostendrá una reunión del Consejo Permanente ante crisis institucional en Guatemala.
*** Analistas coinciden en que se trata de un «golpe de Estado técnico”, que podría dejar a Guatemala en una crisis política sin precedentes.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El panorama político de Guatemala volvió a tensarse esta semana tras una nueva resolución del juez Fredy Orellana, quien ordenó anular todas las actuaciones administrativas relacionadas con el partido Movimiento Semilla, agrupación con la que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia en 2023.
La decisión incluyó oficios dirigidos al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Congreso de la República, en los que el juez ordena desconocer a los funcionarios electos bajo la bandera de Semilla, incluyendo al Presidente de la República, la vicepresidenta Karin Herrera, diputados y autoridades municipales.
Esta medida ha sido vista por analistas y actores políticos como un intento de golpe de Estado técnico, al buscar dejar sin efecto la representación surgida de las urnas.
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Mientras tanto, los diputados de Semilla solicitaron un amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que deje sin efecto lo actuado por Orella y les garantice sus cargos. La CC no tiene un plazo para conocer la solicitud ni para resolverla.
Origen del conflicto con Semilla en Guatemala
Semilla inició como una fuerza progresista en 2018 y se consolidó en las elecciones de 2023, cuando alcanzó la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto con un discurso anticorrupción.
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Poco después del triunfo, el Ministerio Público (MP), encabezado por Consuelo Porras, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, iniciaron investigaciones por supuestas irregularidades en la conformación del partido, lo que derivó en un intento de suspensión legal antes de que Arévalo tomara posesión.
La crisis se intensificó con la captura de Ligia Hernández, integrante del partido, ocurrida el 13 de agosto de 2024, señalada en el caso denominado “Corrupción Semilla”. Desde entonces, la agrupación política ha enfrentado un constante acoso judicial, según denuncias del propio mandatario y organizaciones internacionales.
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La nueva ofensiva judicial
El 24 de octubre de 2025, el juez Orellana sorprendió al país al emitir una resolución que declaró nulas las actuaciones administrativas que dieron origen al partido Semilla. En la práctica, esto busca dejar sin efecto su personalidad jurídica y anular los cargos de los funcionarios electos bajo esa agrupación, incluyendo diputados y autoridades municipales.
La resolución generó un fuerte rechazo del Ejecutivo y de varios sectores sociales. En respuesta, el presidente Arévalo solicitó una reunión de emergencia con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar lo que calificó como un intento de romper el orden constitucional.
Luego de conocerse la resolución de Orellana, la diputada Andrea Reyes, jefa de bloque de Semilla en el Congreso, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para detener la cancelación del partido, argumentando que se trata de un ataque directo contra la democracia y el voto ciudadano.
El papel del juez Orellana
Fredy Orellana no es un nombre nuevo en la política guatemalteca. Fue el juez que en 2023 ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla, pese a que la Corte de Constitucionalidad le impidió ejecutarla.
Ahora, con su nueva resolución, el juez volvió a colocar al país en el centro de la atención internacional. Según los oficios enviados al TSE y al Congreso, los funcionarios electos por Semilla podrían ser desconocidos oficialmente, lo que implicaría una crisis institucional sin precedentes.
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Reacción del Gobierno y comunidad internacional
En cadena nacional, la noche del domingo 26 de octubre, Arévalo calificó las acciones judiciales como un “golpe desde los tribunales” y aseguró que existe un plan para desmantelar la democracia guatemalteca desde adentro.
“Están intentando desconocer el mandato popular que millones de guatemaltecos expresaron en las urnas”, declaró el mandatario, al tiempo que pidió la intervención diplomática de la OEA.
Poco después, el secretario general del organismo, Albert Ramdin, anunció el envío de una misión especial a Guatemala en noviembre, con el objetivo de “acompañar los esfuerzos de fortalecimiento democrático y respeto al voto ciudadano”.
Este lunes 27 de octubre, llegaría al país el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la misma OEA, Sebastián Kraljevich, para reunirse el martes con el jefe de Estado.
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En tanto, diputados del bloque Semilla y aliados presentaron denuncias penales contra el juez Orellana por abuso de autoridad y prevaricato. Organizaciones civiles convocaron movilizaciones pacíficas para exigir el respeto a la institucionalidad.
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Analistas: un golpe técnico en curso
Varios analistas políticos coinciden en que las resoluciones recientes constituyen una forma de golpe de Estado técnico, es decir, una ruptura institucional que no se ejecuta con armas, sino con resoluciones judiciales.
El politólogo Edgar Montenegro comentó a Expediente Público que “las acciones judiciales contra Semilla representan una instrumentalización de la justicia para revertir un proceso electoral legítimo”.
Por su parte, la abogada María Fernanda Morales, experta en derecho constitucional, manifestó a Expediente Público que, “si el Congreso o el TSE acatan la resolución del juez (Orellana), se estaría configurando una crisis constitucional de grandes proporciones, porque se desconocería la voluntad popular”.
La socióloga Ana Patricia López agregó a Expediente Público que “el uso de la figura judicial para invalidar partidos en funciones no tiene precedentes en la historia reciente. Esto erosiona la confianza en el sistema democrático y en la independencia judicial”.
