* Las cifras oficiales muestran que las extradiciones se hundieron con la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia de Guatemala, aunque este año hay una mejoría.
** Un exagente afirma a Expediente Público que las investigaciones se ralentizan a propósito para asegurar el financiamiento de Estados Unidos.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El número de narcotraficantes extraditados hacia Estados Unidos ha disminuido paulatinamente en los últimos años, en Guatemala. Las cifras oficiales muestran que el mayor decremento se dio con el inicio del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
Guatemala extraditó a 144 personas procesadas por narcotráfico, entre enero de 2021 y agosto de 2025, de acuerdo con estadísticas del El Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Estados Unidos, a las que tuvo acceso Expediente Público.
Esas estadísticas muestran que en 2021 hubo 54 extradiciones, la cifra récord del periodo analizado. El analista de seguridad Édgar Gómez explicó que ese año fue atípico porque las actividades se dinamizaron tras el golpe de la pandemia.
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Las cifras de extraditados en Guatemala
En 2022 hubo 43 extradiciones; y en 2023, 20. Así terminó el periodo del presidente Alejandro Giammattei.
En 2024, iniciada la administración de Arévalo, la cifra de extradiciones cayó a 11. En 2025, hasta agosto, hubo 16. Además, hay seis personas que ya fueron capturadas y están en proceso de extradición.
Las extradiciones disminuyeron pese a que el tráfico de droga se ha perpetuado. Una investigación del portal especializado en crimen organizado InSight Crimes mostró que las confiscaciones de cocaína se triplicaron entre 2022 y 2024 en Guatemala.
La Policía Nacional Civil (PNC) explicó a Expediente Público que en los últimos años ha habido menos detenciones de extraditables porque las autoridades estadounidenses no entregan información completa de las personas buscadas, lo cual ralentiza las investigaciones.
Sin embargo, el excomisario de la PNC Armado Mateo, quien lideró varias detenciones de extraditables entre 2020 y 2022, explicó que ahora existen menos extradiciones porque los agentes suelen retardar las investigaciones para que Estados Unidos siga financiando sus actividades.
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¿Cómo se captura a un extraditable?
Un comisario de la PNC en funciones relató a Expediente Público cuál es el procedimiento para la captura de extraditables, bajo condición de mantener su nombre bajo reserva por temor a represalias.
Señaló que el proceso inicia en la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), institución que identifica a las personas requeridas. Los nombres de los requeridos pasan a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y de ahí son entregados a la PNC, al MP y Ministerio de Relaciones Exteriores.
Luego de recibir un nombre, inicia la investigación en Guatemala. La PNC empieza a vigilar los lugares donde se cree que pueda estar la persona requerida. Para esto es importante la información compartida por la DEA. Según el comisario, los agentes pueden dar seguimiento a un caso entre dos y ocho meses, que según él ha sido tiempo más largo para la captura de un extraditable.
Para ello, los investigadores recaban información de los colaboradores de la persona buscada, indagan con qué cartel trabaja, averiguan la rutina de su familia, hacen escuchas telefónicas e identifican sus propiedades, vehículos y armas.
Al contar con toda esa información, los agentes siguen al sospechoso muy de cerca. Según el comisario, han tenido casos donde los detienen después de dejar a sus hijos en el centro educativo o salir de compras. En esos momentos, afirma el investigador, los perseguidos bajan la guardia.
El proceso no termina con la captura. El abogado penalista guatemalteco, Carlos Bautista, explicó a Expediente Público, que “la diferencia entre una captura y una extradición efectiva es un proceso judicial que puede durar semanas o meses. El Estado guatemalteco debe garantizar el debido proceso antes de la entrega”, agregó.
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Envío a Estados Unidos
Una vez agotado el proceso judicial en Guatemala, los extraditables son trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde son entregados a agentes federales de Estados Unidos.
El procedimiento implica el resguardo por parte de la PNC y las autoridades estadounidenses, que los reciben en vuelos especiales hacia distintos distritos federales, principalmente hacia Nueva York, Texas y Florida, donde enfrentan juicios por narcotráfico.
Un exfuncionario del Mingob, que pidió anonimato por seguridad, detalló a Expediente Público que “los vuelos suelen realizarse en horarios discretos y bajo protocolos de seguridad coordinados entre ambos países. La entrega física ocurre en la losa del aeropuerto, y desde allí la persona ya queda bajo jurisdicción estadounidense”, manifestó.
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Tres casos emblemáticos
Dentro de la larga lista de extraditables destacan al menos tres casos que marcaron titulares en Guatemala y Estados Unidos:
El primero fue el de Byron Berganza, capturado en 2021. Considerado uno de los narcotraficantes más buscados, Berganza fue aprehendido en Quetzaltenango y posteriormente extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Su caso simbolizó el alcance de la cooperación bilateral en plena pandemia.
El segundo caso fue el de Marvin Estuardo Pérez, alias “El Gordo”, en 2022. Vinculado a una red de transporte de cocaína hacia México y EE. UU., fue detenido en un operativo de alto impacto en la capital guatemalteca. Su extradición se concretó tras varias apelaciones de su defensa, que buscaba frenar el proceso argumentando violaciones a sus derechos.
El tercer caso fue el de Juan Carlos “Chino” Estrada, en el 2024. Su captura en Zacapa, un departamento de Guatemala, y posterior entrega a EE. UU. causó revuelo porque era señalado de ser un enlace entre carteles mexicanos y grupos locales. Fue enviado a una corte federal, donde enfrenta acusaciones de conspiración para importar grandes cantidades de cocaína.
Transparencia pendiente
El analista Édgar Gómez señala que, a pesar de que Guatemala ha mostrado disposición en colaborar con las autoridades estadounidenses, hace falta transparencia.
En Guatemala, no existe una base de datos pública y centralizada que liste todas las extradiciones. Los datos están fragmentados entre comunicados del MP, del Mingob y agencias federales de EE. UU. Esa dispersión produce subregistro, según pudo confirmar Expediente Público.
Organizaciones de sociedad civil, como Guatemala, Nunca Más y GuatemalaVisible, han pedido que el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación publiquen informes anuales con cifras claras y desglosadas que incluyan: capturas, resoluciones judiciales, fechas de entrega y nacionalidades. Sin embargo, no han recibido respuesta.
El analista en seguridad y catedrático universitario Manuel Contreras comentó a Expediente Público que “la dispersión de la información afecta la transparencia. Si no hay una base consolidada, se pierde trazabilidad de cada caso y se presta a confusión en la opinión pública”, aseguró.
