* La Organización de Estados Americanos dio sugerencias a Guatemala en julio de 2024 para garantizar la democracia, pero no hay avances.
** Expediente Público accedió a un informe preliminar de la Universidad de San Carlos, que analiza los incumplimientos de Guatemala.
*** El país lleva dos años en un proceso para fortalecer la democracia y la independencia de poderes.
Por Marysabel Aldana / Expediente Público
Una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra en Guatemala para observar los procesos institucionales y garantizar el respeto al orden democrático. Sin embargo, Guatemala continúa sin cumplir con varios compromisos internacionales clave en materia de justicia, derechos humanos y transparencia.
La Misión Especial para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, integrada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, Marcela Ríos Tobar y Carlos Ayala Corao, inició su visita el lunes pasado.
La primera reunión la tuvieron con el presidente Bernardo Arévalo, quien estuvo acompañado de su gabinete.
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Compromisos pendientes con la democracia
Aunque la llegada de la misión fue recibida con optimismo por el Ejecutivo, Guatemala continúa sin cumplir con varios compromisos adquiridos con la OEA en materia de independencia judicial, combate a la corrupción y protección de derechos humanos.
Expediente Público accedió a un informe preliminar de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), que evalúa negativamente el desempeño del país con respecto a las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el año pasado, en materia de fortalecimiento de la democracia.
El reporte de la USAC advierte sobre la instrumentalización del sistema penal para perseguir a jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos, un patrón que —según la CIDH— se intensificó tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2019.
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Más de 50 operadores de justicia han debido exiliarse, mientras continúan procesos judiciales “sin sustento jurídico y con motivaciones políticas o de represalia”, señaló la CIDH.
“El patrón de criminalización sigue vigente y constituye uno de los mayores riesgos para la democracia guatemalteca”, obervó el informe de la CIDH.
Corrupción e impunidad: males persistentes
Analistas consultados por Expediente Público coinciden en que la corrupción y la impunidad continúan arraigadas en el sistema político guatemalteco.
“La corrupción sigue siendo endémica y afecta a todos los niveles del Estado”, advirtió Fernando Mena, analista de la USAC, quien destacó además la resistencia de “actores políticos, económicos y militares” ante los intentos de reforma promovidos por el actual gobierno.
Para el politólogo Luis Mack, el país enfrenta una “cultura de impunidad” que normaliza los abusos de poder.
“Mientras no haya consecuencias, las redes que capturaron al Estado seguirán operando con la misma libertad”, opinó.
Ataques a la libertad de expresión
La CIDH también documentó en 2024 un aumento de los ataques contra periodistas, líderes indígenas y defensores ambientales, muchos de ellos perseguidos bajo cargos infundados.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del periodista José Rubén Zamora, detenido desde 2022. Su proceso judicial continúa pese a los llamados de organismos internacionales que lo consideran un ejemplo de la criminalización de la prensa crítica.
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Además, el Estado no ha cumplido con una sentencia de la CIDH que le ordenó garantizar el espacio a las radios comunitarias indígenas con presupuesto del gobierno.
Para Mack, la situación de la libertad de expresión en Guatemala sigue siendo un reto, pues el Estado no brinda seguridad adecuada a los periodistas. “La libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia”, enfatizó.
Seguimos tratando de fortalecer la democracia
El presidente Bernardo Arévalo reconoció que la situación institucional “sigue siendo compleja”, pero aseguró que su gobierno está comprometido con la reconstrucción del Estado de derecho.
“El Ministerio Público es uno de los principales focos del asedio a la democracia”, declaró Arévalo durante una conferencia de prensa el lunes 10 de noviembre.
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En esa misma línea, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, comentó a Expediente Público que el gobierno no ha podido cumplir con los compromisos adquiridos porque las autoridades del Ministerio Público no les han dado tregua con el objetivo de impedir que sigan trabajando.
En respuesta, la vocera del Ministerio Público, María José Mansilla, aseguró a Expediente Público que el trabajo de la institución es investigar y denunciar, y que no están en contra del Presidente, sino de las redes de corrupción.
“Es mentira que el Ministerio Público no deja trabajar porque las investigaciones que realizamos son para evidenciar la corrupción en todas las instituciones”, comentó Mansilla.
Un momento decisivo para Guatemala
Para la politóloga Marielos Chang, la llegada de la Misión de la OEA representa una oportunidad histórica para evaluar si Guatemala está dispuesta a consolidar su democracia.
La CIDH presentará en los próximos meses su informe final del país, donde evaluará el grado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes.
Por ahora, los analistas coinciden en que Guatemala enfrenta una disyuntiva decisiva: avanzar hacia la institucionalidad democrática o continuar atrapada en el ciclo de impunidad y desconfianza.
Reuniones de la Misión de la OEA
Durante el encuentro entre la Misión de la OEA y el presidente Arévalo, se discutieron los desafíos democráticos y el inminente proceso de elecciones de segundo grado, mediante el cual se seleccionarán a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y al Contralor General de Cuentas.
La Misión también mantuvo conversaciones con el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, además de otros miembros de los plenos respectivos.
En esos encuentros, los delegados internacionales también se refirieron a las próximas elecciones de autoridades. Subrayaron la necesidad de respetar los plazos constitucionales, garantizar la transparencia y evitar cualquier injerencia política en la evaluación de candidatos.
Además, exhortaron a fomentar la participación de mujeres y representantes de pueblos ancestrales, así como al involucramiento de la sociedad civil en la observación de los procesos de postulación.
La Misión, establecida a invitación del Gobierno de Guatemala, se enmarca en el mandato de la resolución OEA/AG/RES.2766 (XLIII-O/13), sobre promoción y fortalecimiento de la democracia.
