- Expediente Público accedió al informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el escándalo del Chequesol.
- El TSC recabó testimonios de supuestos beneficiarios de ayudas sociales que cobraban los cheques de Sedesol y entregaban el dinero a operadores políticos.
- También encontró engaños en las solicitudes de subvenciones: obras inexistentes, otras sin terminar y beneficiarios que no cumplían con los requisitos.
Yarely Madrid / Expediente Público
Los testimonios son contundentes. Beneficiarios de ayudas sociales del departamento de Copán declararon al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que cobraron cheques de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y entregaron el dinero a operadores políticos vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre).
Esas declaraciones están en poder el Ministerio Público. Forman parte del caso Chequesol, donde se procesa a 12 personas implicadas en el presunto desfalco de 5.1 millones de lempiras (unos US$ 196,000) en cheques de ayuda social, delito que se habría cometido entre julio de 2023 y febrero de 2025, en el gobierno de Xiomara Castro.
Expediente Público accedió al informe del TSC, donde se menciona la participación de la diputada de Libre Isis Cuéllar, del exministro de Sedesol José Carlos Cardona, del expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo y del exsecretario del ente legislativo Carlos Zelaya. Este medio los contactó para conocer su reacción sobre los hallazgos de la auditoría, pero ninguno respondió.
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De estos, Cuéllar y Cardona forman parte de los doce procesados en el caso Chequesol, mientras que Redondo y Zelaya han sido llamados a declarar dentro del juico en calidad de testigos.
Cobraban cheques y pagaban a operadores políticos
Según el Informe Especial 001-2025 del TSC, varios beneficiarios de 18 municipios de Copán afirmaron a los auditores que nunca utilizaron el dinero de las ayudas sociales para los fines establecidos en los expedientes.
En algunos casos aseguraron que acudieron a cobrar los cheques emitidos por el programa y luego entregaron el efectivo a personas que formaban parte del equipo político de la diputada Cuéllar.
La legisladora ha dicho a medios de comunicación que no tiene «temor de nada porque no he cometido ningún delito».
Uno de los testimonios recogidos en la auditoría relata que un grupo de beneficiarios fue trasladado en autobús hasta San Pedro Sula para realizar el cobro de los cheques entre noviembre del 2024 y enero de 2025.
Según la declaración, después de retirar el dinero en una agencia bancaria, los supuestos beneficiarios entregaron el efectivo a una asistente de Cuéllar identificada como Ilsy B., quien también está siendo procesada penalmente.
El beneficiario aseguró al TSC que el dinero fue entregado bajo el argumento de que los fondos serían utilizados para apoyar a otras personas necesitadas en las comunidades.
La auditoría del TSC cubrió el periodo entre julio de 2023 y febrero de 2025. Meses después, en julio de 2025, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal comenzaron las investigaciones judiciales.
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Beneficiarios que no cumplían los requisitos
Otro de los hallazgos del informe es que algunos beneficiarios no cumplían con los criterios de vulnerabilidad económica requeridos para recibir las ayudas.
Los auditores encontraron casos de personas con empleo formal o ingresos estables que fueron incluidas como favorecidas del programa.
En otros expedientes se identificaron beneficiarios con propiedades registradas o condiciones económicas que no correspondían con los perfiles de pobreza establecidos para el plan de ayuda.
Deslice para más información
Por ejemplo, un beneficiario en su solicitud de ayuda indicó que su hogar estaba en condiciones inhabitables y que era el único sustento de su madre y hermana.
Sin embargo, la auditoría comprobó que no vivía en condiciones de vulnerabilidad o pobreza, su casa no presentaba los daños mencionados y, según el Registro Nacional de las Personas, no tenía ninguna hermana, contradiciendo su solicitud.
Irregularidades en los expedientes
Durante la revisión documental, el TSC encontró inconsistencias entre los proyectos descritos en las solicitudes y las facturas utilizadas para justificar los gastos.
En algunos expedientes se incluyeron facturas de compra de materiales de construcción que no correspondían con las obras que supuestamente se realizaron.
El informe menciona el caso de un beneficiario que indicó haber construido una habitación de 15 metros cuadrados con la ayuda social, pero las facturas presentadas para la liquidación incluyeron la compra de 595 láminas de zinc y 187 bolsas de cemento, cantidades exorbitantes para el tamaño del cuarto.
El TSC también detectó comprobantes emitidos meses después de las supuestas ejecuciones de los proyectos.
Viviendas sin daños y proyectos inexistentes
Los auditores hicieron inspecciones de campo y encontraron viviendas que no presentaban los daños descritos en las solicitudes de ayuda.
En algunos casos tampoco existían evidencias de reparaciones realizadas con los fondos otorgados.
Además, los auditores descubrieron casos en los que las obras descritas en los expedientes no se habían realizado.En otros domicilios se detectaron reparaciones diferentes a las que habían sido aprobadas originalmente en las solicitudes.
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El papel del Congreso Nacional
El informe también señala que la diputada Cuéllar usó el Fondo de Ayudas Sociales del Congreso Nacional, gestionado por la Sedesol, para solicitarle a esta Secretaría la ejecución de 6.5 millones de lempiras (US$ 250,000) destinados a ayudas sociales en Copán.
La petición fue remitida al presidente del Congreso Nacional, en ese momento, Luis Redondo, para su autorización.
Posteriormente, la Sedesol inició el proceso administrativo para la emisión de los cheques a nombre de los beneficiarios. A partir de ese procedimiento se ejecutaron los pagos.
En esa época, Cardona era el titular de la Sedesol. Ante los medios de comunicación, él ha evitado dar explicaciones sobre el manejo de esos fondos. «Esto lo tienen que explicar los políticos; la diputada Isis Cuéllar y los exdiputados (Carlos) Zelaya y (Luis) Redondo, porque ellos saben qué hicieron con ese dinero», manifestó el pasado martes.
Ni Zelaya ni Redondo se han pronunciado públicamente sobre este caso.
¿Cómo funcionaba el mecanismo de entrega?
De acuerdo con el informe del TSC, las personas interesadas debían presentar una solicitud dirigida al ministro de Desarrollo Social para optar a las ayudas del Fondo de Administración Solidaria (FAS).
Las solicitudes eran revisadas por un comité técnico interno que evaluaba los expedientes antes de autorizar la emisión de los cheques.
Una vez aprobadas, los cheques eran firmados por el ministro Cardona y la gerente administrativa de la institución, Rosy M., quien también es parte de los procesados. Ella estaba registrada como firmante de la cuenta bancaria institucional utilizada para la emisión de cheques en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Posteriormente, personal de la Secretaría organizaba jornadas para entregar los cheques a los beneficiarios en diferentes municipios del departamento de Copán.
Otros funcionarios de la Sedesol procesados penalmente son Luis F., Eleny G. y Reniery S.
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El caso avanza en los tribunales
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de evacuación de pruebas, donde las partes presentan documentos, peritajes y testimonios que serán valorados por el juez.
Entre las personas del entorno de la diputada Cuéllar, mencionadas en informe del TSC, están Ilsy B., identificada por algunos beneficiarios como asistente y coordinadora en actividades relacionadas con la entrega de ayudas y como presunta receptora de dinero tras el cobro de cheques.
También se menciona a Paola P., señalada en algunos relatos como supuesta gestora de documentos y persona de contacto con beneficiarios que solicitaban las ayudas sociales.
Otro nombre citado en el informe es Eduardo E., señalado en algunos testimonios como supuesto gestor o intermediario en trámites vinculados a las solicitudes de ayuda.
El documento también incluye expedientes de beneficiarios como Alba M., Nora M. y Meri P., cuyas solicitudes y pagos forman parte de la revisión realizada por los auditores del TSC. Con estos, el Ministerio Público completó la lista de doce acusados.
Expediente Público intentó contactar a todos los involucrados en el proceso judicial, sin éxito. A los que han sido funcionarios públicos, se envió un correo electrónico a su cuenta institucional, pero no hubo respuesta.
Más de 70 pruebas en el proceso
El juez encargado de la causa admitió 76 medios de prueba que serán analizados en el desarrollo del proceso judicial.
De ese total, 39 pruebas fueron presentadas por el Ministerio Público, incluyendo documentos, testigos, pericias técnicas y evidencia física.
Por su parte, los equipos de defensa presentaron 37 medios probatorios, entre ellos documentos y declaraciones de testigos que buscan explicar cómo se aprobó el uso de los fondos sociales.
Redondo y Zelaya citados como testigos
Dentro de los testigos propuestos por la defensa se encuentran el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el exsecretario del Legislativo, Carlos Zelaya.
Ambos fueron citados para declarar sobre el procedimiento mediante el cual se aprobaron los fondos que posteriormente fueron ejecutados por la Sedesol.
El 5 de marzo el exministro de Seguridad e hijo de Zelaya, José Manuel Zelaya, confirmó que su padre se encuentra en México realizándose un procedimiento contra cáncer de laringe.
La Fiscalía pidió tomar su declaración a través de una llamada telefónica para avanzar con el caso. La defensa considera que su testimonio podría esclarecer cómo se autorizó la asignación de los recursos públicos investigados.
Carlos Zelaya, quien además es hermano del expresidente Manuel Zelaya, tiene una investigación pendiente en el Ministerio Público por su aparición en un video grabado secretamente en 2013 (filtrado en septiembre de 2024) que lo muestra reunido con los líderes del cartel de «Los Cachiros» y otros narcotraficantes de alto perfil en Honduras.
