* Los recientes asesinatos de dos periodistas alarman al gremio en Honduras.
** Javier Hércules era de origen salvadoreño y beneficiario del Sistema Nacional de Protección.
*** Carlos Aguirre es otra de las últimas trece víctimas de ataques mortales contra el periodismo durante la administración de Xiomara Castro.
Sharon Ardon / Eric Lemus / Expediente Público
A solo una semana de conmemorarse el Día del Periodista en Honduras, dos comunicadores fueron asesinados, evidenciando el ambiente hostil y de alta vulnerabilidad que enfrentan quienes ejercen el periodismo en este país centroamericano.
El 31 de mayo, el locutor hondureño, Carlos Gilberto Aguirre fue asesinado en el norte del país, un día después también murió de forma violenta el periodista salvadoreño Javier Antonio Hércules en el occidente, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección luego de recibir múltiples amenazas de muerte.
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Con estos dos asesinatos, ya suman 13 los periodistas y comunicadores asesinados durante la actual administración, según datos proporcionados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Aunque, el gremio periodístico en Honduras exige una investigación exhaustiva de estos asesinatos, la tasa de impunidad del 88% en casos de violencia contra la prensa refleja que la justicia nunca llega.
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Doble asesinato
En menos de 24 horas, los dos periodistas fueron asesinados en diferentes departamentos del país.
Carlos Gilberto Aguirre locutor y cronista deportivo de 68 años y originario de Juticalpa, Olancho fue asesinado de varias puñaladas la madrugada del 31 de mayo del 2025.
Horas después, en el occidente del país en la ciudad de Santa Rosa de Copán, se encontró el cuerpo sin vida del periodista de origen salvadoreño, Javier Antonio Hércules.
Ambos departamentos registran desde el 2003 a la fecha, al menos, la muerte violenta de 18 personas que laboraban en medios de comunicación.
Aunque Hércules era originario de Santa Ana, El Salvador, no ejerció el periodismo en su país natal. De acuerdo con la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), se estableció en Copán hace seis años.
“Él era comerciante, llegó a Copán, le gustó el lugar y quedó a vivir allí”, relató a Expediente Público un miembro de la organización.
Abordaje de temas sensibles
Fue en esa ciudad en donde empezó a ejercer el periodismo desde el 2021 para el medio local “A Todo Noticias” (ATN) al mismo tiempo que trabajaba como conductor de radiotaxi.
Desde ATN realizaba coberturas sobre diversos temas, entre ellos crimen organizado, narcotráfico y sucesos violentos.
En 2023, el periodista fue víctima de un intento de secuestro cuyo fin era quitarle la vida. Después de este incidente, acudió a Asopodehu para solicitar asesoramiento y acompañamiento lo que le permitió ingresar al Sistema Nacional de Protección a finales de ese año.
Bajo mecanismo de protección
Desde el 2015, el mecanismo se creó con el objetivo de proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia en riesgo.
Según declaraciones del nuevo ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, el periodista contaba con medidas como patrullaje en su domicilio, un enlace policial, capacitación de autoprotección y un estipendio mensual.
Pero algunas de esas medidas ya habían vencido, según lo explicó Becerra.
Por lo que, las amenazas no cesaron. Mientras realizaba ambas labores, Hércules recibía advertencias directas, en algunos casos de sus propios pasajeros, y era seguido por motocicletas que intentaban intimidarlo.
Medidas fueron insuficientes
El 1 de junio del 2025 dos hombres que se conducían en una motocicleta le arrebataron la vida.
“Puede ser que la protección está fallando o que no es suficiente y se requieren otros componentes para lograr prevenir estos hechos tan lamentables”, dijo a Expediente Público Óscar Hernández, periodista de ATN, medio en el que laboraba el hoy occiso.
De igual manera, para el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) este crimen evidencia que este mecanismo no funciona.
“Nosotros como colegio nos retiramos porque miramos que había una politización enorme en este proceso” dijo a Expediente Público su presidente, Juan Carlos Sierra.
Un sistema sin dientes
El presidente señaló que el CPH no ve con buenos ojos que esta institución esté en manos de una secretaría de Estado como la de Derechos Humanos, por lo tanto, hizo un llamado tanto a reformarlo como a garantizar su independencia.
Acotó, además, que el mecanismo arrastra deficiencias como un presupuesto limitado de apenas 11 millones de lempiras anuales, los cuales “se están gastando de forma rápida”.
Con lo anterior, refiriéndose al hecho de que se están “alquilando carros y pagando apartamentos a personas que no lo necesitan en la actualidad” porque ya no se encuentran en una situación de riesgo.
“Es increíble” expresó Sierra, al señalar que esto continúe pese a la solicitud de revisar estos casos.
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Impunidad perpetúa violencia
En ese sentido, para el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Lauría, resulta imperioso que se fortalezca este mecanismo y se evalúen reformas que lo hagan más eficaz y confiable.
“Honduras desde hace tiempo es un país peligroso en el que ejercer el periodismo entraña riesgos evidentes, la violencia contra periodistas es casi una constante y lo más alarmante es que la justicia sin respuestas hace que la mayor parte de estos crímenes quedan en la impunidad”, lamentó Lauría a Expediente Público.
Según Conadeh, informes preliminares indican que la muerte violenta de los 18 periodistas y comunicadores sociales en los departamentos de Olancho y Copán estarían en la impunidad.
Agregó que la impunidad solo perpetúa el ciclo de violencia, “cuando autores de asesinatos, amenazas, agresiones no enfrentan consecuencias, no son procesados en la justicia, se envía un mensaje claro de que atacar la prensa es una conducta tolerada”.
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Estigmatización institucional
A esta crisis de inseguridad se le suma un discurso hostil que, a consideración de los entrevistados, se origina desde las propias instituciones del Estado.
Recientemente, desde el periódico de las Fuerzas Armadas publicó una portada en la que calificó a tres periodistas hondureños como “sicarios de la libertad”.
Para el presidente del CPH, “estos mensajes de odio desde la institucionalidad nos vuelven mucho más vulnerables para ejercer nuestro ejercicio periodístico”.
Asimismo, el periodista expresó su temor de que estos mensajes de odio incrementen aún más en un contexto preelectoral “donde el ambiente desde ya es sumamente peligroso y delicado para el ejercicio periodístico”.
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Efecto inhibidor y autocensura
Al director de la SIP, estos discursos que se promueven desde las autoridades “no son solo irresponsables sino peligrosos porque funcionan como habilitadores de la violencia”.
Lo anterior, crea un clima propicio para que después de produzcan ataques físicos y más violencia que provoca temor y, en consecuencia, a la autocensura de muchos periodistas que incluso terminan abandonando la profesión y saliendo del país.
El Conadeh tiene el registro que del 2016 hasta la fecha 133 periodistas y comunicadores sociales han sido víctimas de desplazamiento forzado en el país debido al riesgo que enfrentan.
“El 50% de estos casos se registraron a partir del año 2022 a la fecha”, explicitó Julio Velásquez, oficial de comunicaciones de CONADEH.
Finalmente, Lauría puntualizó esencial de que las autoridades prometan una cultura de respeto a los periodistas, que reconozcan públicamente la importancia de su labor en términos de lo que significa para que la población pueda acceder a información de interés público.
