* Los centros de votación carecen de infraestructura adecuada para personas con discapacidad en Honduras.
** El CNE no tiene un registro de electores con discapacidad, pero habría entre 221 mil y 585 mil votantes con esta condición.
*** Los afectados reclaman mayor atención. Afirman que la política pública es incierta y las subvenciones, muy bajas.
Yarely Madrid / Expediente Público
Katerin Cárcamo recuerda muy bien la última vez que votó. Fue el 9 de marzo de 2025, en las elecciones primarias. Llegó al centro de votación con el sol todavía alto y el murmullo de la gente haciendo fila. Su baja visión le impidió ubicarse de inmediato.
Escuchaba los pasos rápidos de la multitud e indicaciones que no estaban dirigidas a ella. Hizo una pausa. Intentó identificar alguna señalización apta para ciegos, sin éxito. Tampoco había alguien que pudiera orientarla. Esto la desesperó. Antes de pensar en la papeleta, tenía que encontrar el camino para llegar a ella.
Cuando al fin encontró a unos custorios, les preguntó por su mesa y lo primero que notó fue su duda. “Ellos dijeron: ‘¿Pero y qué hacemos con ella?’”, cuenta. “Ayudarla, pues”, respondió otro, sin saber cómo. Nadie lo sabía.
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La escena no es excepcional. El problema empieza desde las inmediaciones de los centros de votación, sin accesos adecuados ni señalizaciones. Adentro, pasillos con obstáculos y ausencia de personal capacitado para guiar.
“Dicen que nadie nos impide votar, pero si el centro de votación no tiene infraestructura necesaria ni personas que orienten, no hay igualdad de condiciones”, expresó Katerin a Expediente Público.
En Honduras, alrededor de un millón de personas tienen algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenopdih). Esto es el 9% de la población.
De su parte, la Secretaría de Derechos Humanos sostiene que existirían 371.079 personas con discapacidad, de acuerdo con sus proyecciones para el 2025. Es decir, el 3.4 % de la población.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene un registro de cuántas personas con discapacidad están habilitadas para votar. Expediente Público solicitó esta información al ente electoral, pero la respuesta fue que las cifras las tenían los partidos políticos.
Sin embargo, si se extrapolan las cifras de personas con discapacidad al padrón electoral, donde están registrados 6.5 millones de votantes, resulta que las personas con discapacidad representarían entre unos 221 mil y 585 mil sufragios.
¿Robar el voto?
Nelson Barahona también tiene baja visión. Aprendió a descifrar paisajes por luz y contraste, pero las papeletas electorales no están diseñadas para eso. Son largas, llenas de recuadros pequeños y símbolos.
Él relató a Expediente Público cómo una vez intentaron robarle en las urnas. Querían votar por él. Un extraño se acercó demasiado, ofreciéndole ayuda. Le dijo que él marcaría la papeleta, pues sabía por quién debía votar. Nelson se negó, pero la persona insistió tanto que incluso se quedó mirando cómo sufragaba.
“Quería prácticamente ejercer el derecho por mí (…). Y, si eso pasó conmigo que veo un poco, ¿qué pasa con quienes no ven nada?”, cuestionó.
La escena revela una falla estructural, sin personal capacitado ni papeletas accesibles ni cabinas adaptadas. El voto secreto no existe para quienes necesitan acompañamiento. El sufragio deja de ser elección y puede convertirse en una imposición.
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¿Están los centros de votación adaptados?
Carmelo Salazar, presidente de Fenopdih, conoce esa historia desde adentro. Tiene una discapacidad y ha votado en centros con dificultades estructurales.
Salazar explicó que la mayoría de los centros en Tegucigalpa se encuentra en lomas o terrenos desnivelados, lo cual complica la movilidad.
Expediente Público recorrió los centros de dos colonias de la capital hondureña, La Joya y El Hato, para verificar si son accesibles para personas con discapacidad. Son escuelas, jardines de niños y colegios que se convertirán en centros de votación para las próximas elecciones.
Frente a la escuela República de El Uruguay, por ejemplo, hay una rampa que parece prometer acceso. Sin embargo, no tiene pasamanos, como si hubiese sido construida solo para cumplir con alguna ordenanza, pero no para sostener a una persona.
La puerta principal es estrecha. El piso está quebrado. Un escalón pequeño, insignificante para la mayoría, es una muralla para quien llega en silla de ruedas o necesita apoyo.
Lo mismo ocurre en el Colegio Héctor Pineda Ugarte, que tiene un portón que se abre de par en par con una cuesta muy inclinada que solo sirve para que los vehículos entren al centro educativo. Un obstáculo imposible de superar en silla de ruedas.
Además, para acceder a cada aula, donde normalmente están las mesas de votación, hay que subir una serie de escalones.
El Jardín de Niños Roberto Acosta es un lugar pequeño. Al igual que la mayoría de los centros educativos, carece de rampas.
Ni hablar de la calle de enfrente de la Escuela Urbana José Pineda Gómez que, cuando llueve, se llena de grandes charcos de lodo. Además, la entrada principal es de tierra con muchas rocas pequeñas. Y como en otros centros educativos, para acceder a cada piso donde están las aulas, hay que subir gradas.
“El Estado está en deuda con el sector discapacidad”, sentencia Salazar.
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‘Nada de nosotros sin nosotros’
Salazar denuncia que cada gobierno cambia los programas sociales, los nombres de las instituciones y las rutas de atención. Nada se consolida ni permanece. Lo que se construye en una administración se desvanece en la siguiente. El Estado, como edificio, nunca llega a nivelar sus propios pisos.
“Nosotros pedimos algo básico, que nos tomen en cuenta. Nada de nosotros sin nosotros”, afirmó a Expediente Público.
También se refirió a la ayuda de 2,000 lempiras (US$ 76) mensuales que ofrece el gobierno a las personas con discapacidad. “No es a todos que se los dan. Antes, con otros gobiernos, el apoyo era de 10,000. Hoy apenas nos dan 2,000, y eso solo a unos cuantos. ¿Cómo puede vivir alguien con 2,000 lempiras al mes?”, se quejó.
La subvención es tan baja que, si una persona con discapacidad quisiera ir a votar, tendría que dirigir el 40% del bono para transportarse al centro de votación, agregó Salazar.
“Un taxi te cobra 200 solo por ir del Carrizal al Centro Cívico. Y otros 200 de regreso. Solo ahí se te va el bono. Y eso si el conductor te quiere llevar porque hay quienes ni se detienen cuando ven una silla de ruedas”, afirmó.
Las dificultades no terminan ahí. Contó que los hospitales, bancos y farmacias tampoco reconocen los carnés emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“Dicen que ya está incluido el descuento, pero es mentira. Nos cobran igual. Hasta se burlan de uno”, dijo Salazar con una mezcla de indignación y cansancio.
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Y agregó: “Solo pedimos vivir como cualquier ciudadano. Tener rampas, transporte accesible, un empleo digno. No es mucho, es lo justo. Porque somos parte de esta sociedad y merecemos vivir con respeto”.
Vivir con respeto
Barahona opina lo mismo. Se necesita más inclusión para que las personas con discapacidad puedan vivir como todos los ciudadanos de Honduras.
“Pido al actual gobierno y al gobierno que va a venir en el 2026, sea cual sea, que tiene que haber más voluntad política de parte de ellos. Tienen que incluir al sector con discapacidad, independientemente de qué partido sean, al final todos somos seres humanos”, exigió.
Cárcamo es más contundente. Advirtió que las personas con discapacidad “no están inclinadas a votar precisamente porque saben que al movilizarse no van a tener acceso”.
