Nicaragua, Guatemala, Honduras, OEA

Honduras y Guatemala no apoyan resolución de OEA contra régimen de Daniel Ortega

*En noviembre la Asamblea General de la OEA debatirá sobre los comicios de Nicaragua que garantizarían a Daniel Ortega su cuarto mandato consecutivo.

**Representante de Nicaragua repitió las falsedades de que partidos opositores “se autoexcluyeron”, que no hay candidatos presos porque los reos políticos “son agentes extranjeros”.

*** Papel de los representantes de Centroamérica en la OEA refleja crisis del SICA: Nicaragua como villana ausente y divisoria, mientras Costa Rica, Panamá, Belice, El Salvador y República Dominicana votan contra régimen Ortega-Murillo

Expediente Público

Dos momentos destacaron en la votación favorable a la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Nicaragua, este 20 de octubre de 2021: el arrebato del embajador uruguayo contra los países que se abstienen de condenar al Gobierno de Daniel Ortega, que incluyen a los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Honduras y Guatemala; y la lectura de una polémica carta por parte del delegado de Nicaragua.

Con 26 votos a favor, siete abstenciones y un ausente, la delegación nicaragüense, se aprobó una nueva resolución que pone en la agenda de la Asamblea General de la OEA en Guatemala, entre 10 y el 12 de noviembre, una valoración de los comicios del país centroamericano, justamente días después de los sufragios pautados en Nicaragua para el 7 de ese mismo mes.

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La resolución pide “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51.a Asamblea General”.

La resolución pide “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51 Asamblea General”.

Las otras acciones mencionadas son el llamado a liberar a los presos políticos y comprometer al Estado de Nicaragua a aplicar reformas que garanticen elecciones libres y justas, tomando nota del deterioro en materia de derechos humanos y políticos, con un gobierno empeñado en minar la próxima elección.

La resolución también reiteró su llamado a “las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble”.

La resolución “urge con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble”.

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Embajador uruguayo arremete contra abstencionistas

El amplio apoyo a la resolución, que repite los 26 votos de la última resolución sobre Nicaragua de junio 2021, estuvo marcado por las abstenciones de países con gobiernos de izquierda como México, Argentina y Bolivia, pero particularmente de los vecinos centroamericanos Guatemala y Honduras, ambos de derecha.

Expediente Público ha documentado la alianza a lo interno del SICA entre Nicaragua, Guatemala y Honduras, anterior a Bukele, con El Salvador, donde el Gobierno de Ortega apoyó al expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo como Secretario General de la organización, y ahora disputa el cargo para un allegado del partido sandinista.

La prensa guatemalteca hizo eco a la abstención de su delegación y el periódico Prensa Libre solicitó una explicación a Cancillería que hasta el mediodía del 20 de octubre no había dado respuesta.

Por otra parte, Expediente Público, también investigó y documentó la presencia de empresas del tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López en Honduras, sancionado junto al grupo empresarial de Albanisa.

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Sobre los países que se abstuvieron de apoyar la reciente resolución, el embajador de Uruguay, Washington Abdala, manifestó que “hay mayor nivel de conciencia sobre la satrapía y dictadura de Ortega, pero hay colegas juristas que no terminan de entender la Carta Democrática y el sentido del derecho internacional que es expedirse en los casos que hay una notoria violación a derechos, derechos humanos, derechos electorales y el más importante el derecho a la vida”.

“No sé si estoy en otra frecuencia, pero no termino de entender a los países que no comprenden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema, ¿qué necesitan para comprender que no se está permitiendo a candidatos libremente, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad, cuáles son las pruebas que necesitan para venir a un razonamiento como el que estamos haciendo todos o la inmensa la mayoría para entender cómo enfrentar a este tipo de dictaduras”, exclamó el diplomático.

Agregó Abdala: “¿Qué es esto de la injerencia, si lo único que estamos haciendo en el plano internacional es expedirnos, razonar, hablar, que es lo que no hace la dictadura, que asesina, priva de libertad y no deja que candidaturas funcionen libremente, no estoy entendiendo a algunos compañeros, al menos que haya una lectura ideológica, sería tristemente penoso que estuviera pasando en esta sesión, creo que ese no es el camino, siento que esta es nuestra obligación y es poco, como poco lo que podemos hacer, señalar a Ortega que sabemos claramente que es un dictador, que va a elecciones viciadas, que no ofrece garantías para unas elecciones prístina claridad en torno a las mismas”.

«¿Nadie ha visto a Sergio Ramírez en Costa Rica declarando, perdió autoridad, pregunto cuando era una autoridad del FSLN tenía una postura y ha ido cambiando, ahora tiene que aislarse, no han visto las cadenas internacionales, no han visto la televisión que dicen en Nicaragua?», expresó el representante de Uruguay.

La embajadora de México, Luz Baños Rivas, justificó su abstención argumentando que ve con preocupación cómo el organismo aísla a Nicaragua cuando que “el mejor mecanismo es el diálogo”, obviando que Ortega boicoteó los dos intentos de diálogo nacional y ha rechazado las propuestas de Argentina, España y el propio México de un diálogo como mecanismo para salir de la crisis que inició en abril de 2018 con las protestas sociales.

Delegado de Nicaragua miente

Aunque el régimen de Daniel Ortega decidió ausentarse de la votación, su delegado ante la OEA, Michael Campbell Hooker, inició la sesión leyendo un comunicado oficial sobre “el derecho a la autodeterminación y soberanía”, considerando la acción diplomática como “injerencia”. El régimen nombró sorpresivamente a Campbell Hooker como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de Estados Americanos, según refleja La Gaceta, Diario Oficial, del 20 de septiembre. Aunque también tiene el cargo de asesor presidencial para asuntos internacionales y del Caribe, y es embajador ante la India.

Michael Campbell Hooker es hijo de Francisco Campbell Hooker, actual embajador del régimen en Washington, Estados Unidos, quien es hermano de Lumberto Campbell el magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) que está sancionado por el gobierno norteamericano por facilitar los fraudes en las elecciones para mantener a Ortega en el poder.

La mamá, Miriam Eleonor Hooker y la hermana (Mabel Leilani) del nuevo embajador de Nicaragua en la OEA también son parte de la delegación de servicio exterior en Estados Unidos. Miriam Hooker es la cónsul y Mabel es la agregada de prensa en la embajada de Nicaragua en Washington.

“En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni un inocente procesado, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional, eso desde 1979 en Nicaragua es delito de lesa humanidad, pues es la vida del ciudadano común la principal víctima”, dijo Campbell Hooker.

En realidad, hay más de 150 presos políticos en Nicaragua, más de 30 fueron capturados en medio del proceso de nominación de candidatos y discusión de alianzas electorales; entre los privados de libertad se encuentran no solo políticos, también defensores de derechos humanos, periodistas y miembros del sector privado.

“En Nicaragua participan más de 12 partidos que estuvieron en las reformas electorales discutidas abiertamente en el proceso de formación de ley, los partidos que se autoexcluyeron lo hicieron a voluntad propia, uno dijo que no presentaría candidatos, eso es causa de disolución de oficio, otro hizo alianzas con otras estructuras no autorizadas por sus propias instancias y a solicitud de sus dirigentes se canceló y otra su máxima autoridad ostentaba ciudadanía extranjera”, leyó el funcionario de Ortega.

La referencia se hizo por la cancelación de personerías jurídicas al Partido Conservador, al Partido Restauración Democrática y a Ciudadanos por la Libertad, estos dos últimos eran las plataformas de los principales grupos de oposición.

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Reacciones

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó vía Twitter: “Saludamos la resolución del Consejo Permanente que refleja el compromiso de los Estados Miembros con la democracia y principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. La democracia en Nicaragua no es un problema solo de los nicaragüenses es un problema de todos”.

La representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alexa Zamora, afirmó en un video que la resolución plantea la activación de futuros mecanismos en materia electoral de no atenderse el llamado.

Pese a las siete abstenciones, no hubo votos en contra; además, naciones de la comunidad caribeña votaron favorablemente cuando en otras resoluciones se habían abstenido, dijo Zamora.

Las próximas acciones de la comunidad americana, acorde al derecho internacional y los mecanismos que mantiene la OEA, podrían ser “desconocer el proceso electoral, al carecer de legitimidad ya que no cumple con los mínimos estándares internacionales, además de que no estarán haciéndose presente observadores internacionales y no tendrán la participación de los principales partidos políticos y precandidatos”, explicó a Expediente Público un analista que prefirió anonimidad.

“A partir de ese desconocimiento la OEA podría poner en marcha la suspensión de Nicaragua según el artículo 21 de la CDI. El régimen de Nicaragua cada vez se encuentra más aislado de la comunidad internacional, que ve claramente la falta de democracia, Estado de derecho, separación de poderes y sin alternancia en el poder”, concluyó.

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