* Más de 55 mil hondureños esperan la resolución del TPS que les ha brindado protección y estabilidad por más de 26 años en EE. UU.
** Diáspora critica falta de lobby con Estados Unidos durante tres años y medios para abogar por la ampliación del TPS.
*** Expertos coinciden en que la ausencia de embajadores en Tegucigalpa y Washington denota que las relaciones no son tan buenas como quieren hacer ver.
Sharon Ardon / Expediente Público
Los migrantes hondureños cuentan las horas. Tras más de 26 años amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) de Estados Unidos, 55 mil connacionales temen perder este beneficio migratorio, que caduca mañana.
Desde su creación, el 5 de enero de 1999, tras el paso del Huracán Mitch en Honduras, este amparo había sido renovado cada vez, entre dos a seis meses antes de su vencimiento. Sin embargo, en esa ocasión, el silencio y la incertidumbre ha dejado a miles de hondureños en el limbo.
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“Este es un tema humano, no solo migratorio” dijo a Expediente Público el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores.
En más de dos décadas, muchos hondureños han construido su vida en territorio estadounidense, formando familias y creando negocios. Algunos incluso gozan de pensión y asistencia médica. “De perderse el TPS, perderían todo”, advirtió Flores.
“No me quiero regresar”
Tal es el caso de Luis Omar Rivas, un hondureño que, junto a su esposa y dos hijas, también beneficiarias del TPS, reside desde hace más de 27 años en Houston, Texas.
Rivas relató a Expediente Público que gracias al TPS trabaja legalmente en una distribuidora de vinos y licores, declara sus impuestos y asegura que su aporte económico en ese país está en orden.
“Somos personas trabajadoras, deberían tomar en cuenta el comportamiento de cada persona”, dijo ante el inminente riesgo de que no se renueve el beneficio migratorio.
Él no está preparado para regresar a su tierra. “Yo quiero continuar viviendo en este país porque me da la seguridad que Honduras no me ofrece”, expresó.
En Miami, Florida, Aracely Reyes compartió a Expediente Público ese mismo temor. Reyes lleva toda una vida en Estados Unidos. “¿Usted sabe lo que son 27 años viviendo aquí?”, cuestiona. Para ella, regresar a Honduras no es una opción, pues en su país ya no tiene ni familia a donde llegar.
Además, la violencia y la falta de trabajo la atemoriza. “A una persona mayor de edad no le dan trabajo para nada”, se lamenta.
Renovación automática
Según el vicecanciller Antonio García, si no hay un anuncio oficial antes del 5 de julio, el TPS para los hondureños se renovaría de forma automática por seis meses, es decir, hasta el 5 de enero de 2026, sobre la base de la Ley del TPS.
Durante ese periodo, el gobierno de EE. UU. podría emitir una decisión definitiva que podría ser positiva o negativa.
El vicecanciller dijo a Expediente Público que siempre queda el camino de las Cortes, o sea, la vía legal. Esto sucedió en el caso de Haití. Recientemente, las autoridades judiciales anularon la cancelación del TPS adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 27 de junio.
“De cierta manera, la no decisión es mejor que una decisión negativa como le ocurrió a Venezuela y a Haití»”, señaló García.
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Otros escenarios
Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, identificó a Expediente Público tres posibles caminos.
El primero es una extensión breve de seis meses posiblemente vinculada a acuerdos de cooperación sobre deportaciones firmados durante la visita de Kristi Noem, secretaria del DHS.
Otra segunda posibilidad es una demanda legal por parte de la comunidad hondureña para evitar la cancelación del TPS.
Y la última opción es que la administración de EE. UU repita el argumento utilizado contra Haití. En este caso, las autoridades señalaron que “la situación en Haití ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro que los ciudadanos haitianos regresen a su hogar”.
Un agravante para Honduras, afirma Orozco, es la postura crítica del gobierno hacia Washington. “La situación polarizante del país es casi violenta y no segura”, sostuvo el experto.
¿Se negoció el TPS?
La visita de Noem a Honduras el 25 de junio despertó expectativas entre la diáspora hondureña en EE. UU., que esperaba el anuncio de extensión del TPS.
En esa visita, Honduras fue considerado el tercer país más seguro para EE. UU., y se firmaron acuerdos en temas de biometría al igual que con Guatemala.
Estos convenios provocó esperanza a los migrantes. “La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿qué recibimos a cambio de eso?”, se cuestiona Flores, el líder de la diáspora hondureña.
En esa misma línea, el abogado especialista en temas internacionales Graco Pérez espera que en ese intercambio “al menos se haya negociado el TPS, pero no de 6 sino 18 meses”.
Además, Pérez critica que en tres años y medio de gobierno no se haya hecho nada para buscar otro estatus para ese gran número de tepesianos.
Las recientes declaraciones de las autoridades hondureñas afirmando que las relaciones con EE. UU son las mejores, para Pérez, “no son sinceras” sino tan solo una estrategia electoral.
Estrategia electoral
“El actual gobierno no tiene posiciones reales respecto a Estados Unidos en una relación bilateral, sino que lo hacen con una visión puramente electoral que no es real, no es sincera”, expresó el abogado.
Pérez añadió que la candidata oficialista, Rixi Moncada. ha callado con el tema del TPS. Apuntó, además, que ella ha sido confrontativa con el gobierno estadounidense al mencionar que revisaría la base militar del Palmerola y el tratado de extradición.
“El único partido que ha plasmado su preocupación sobre el tema de los migrantes y el tema del TPS es el Partido Liberal”, subrayó. Recientemente, esta organización emitió un comunicado abogando por la ampliación.
Meses de confrontación contra Washington
Otro abogado especialista en relaciones internacionales, Luis Carlos Chavarría, señaló que en esta situación han influido dos factores. Uno externo, en referencia a las políticas migratorias de Donald Trump, que han sido más severas que las de Joe Biden, su antecesor.
Solo bajo la administración de Trump, el DHS ha cancelado el TPS a cinco países, entre ellos, Venezuela el 3 de febrero de este año.
Chavarría también se refirió al factor interno, señalando la relación confrontativa del Gobierno de Xiomara Castro contra la embajada de Estados Unidos, lo cual pudo complicar las negociaciones.
El abogado recordó cómo distintos funcionarios se encargaban de atacar y criticar a la embajadora Laura Dogu. Esto habría contribuido a que ella no estuviera dispuesta a colaborar para obtener una negociación beneficiosa para los migrantes hondureños, reflexionó Chavarría.
Agregó que la relación entre Honduras con EE. UU “tiene que ser cuidada con pinzas porque, aunque nosotros presumamos de tener unas posturas de dignidad, presumamos de hacer valer la soberanía hondureña, esto no nos da de comer”.
La economía hondureña se sostiene mayormente de las divisas. El 27% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de las remesas en su mayoría provenientes de los más de 1.1 millones de hondureños que residen en EE. UU.
Y aunque, a consideración del experto, los discursos confrontativos contra EE. UU se han acabado, él teme que pueda ser muy poco y muy tarde.
Sin embajadores
Los entrevistados coincidieron en que una clara señal de que la migración no está en la agenda del actual gobierno es la falta de un embajador en Washington.
Tras la renuncia del canciller Eduardo Enrique Reina para unirse a la fórmula presidencial de Rixi Moncada, el gobierno trasladó a Javier Bú de la Embajada en EE. UU. al cargo de nuevo canciller hondureño y dejó la representación en manos de un encargado de negocios.
Para Graco Pérez, esta decisión “bajó la categoría a la embajada” precisamente en un momento crucial en el que se va a vencer el TPS. “Eso demuestra que no les interesa”, enfatizó.
“Sí tenemos embajador en Rusia, China, Venezuela y Cuba, pero no en Estados Unidos, esto demuestra que la visión de ellos es ideológica y que al final no les importan los hondureños”, reiteró el experto.
De forma similar, Chavarría explicó que “en el lenguaje diplomático cuando usted no nombra un embajador está enviando un mensaje que significa que no son tan importantes para nosotros”.
Por el lado estadounidense, Honduras tampoco cuenta con embajador desde el 18 de abril del 2025 cuando Laura Dogu finalizó su misión.
Apenas el 23 de junio pasado, EE. UU., anunció a Colleen A. Hoey como encargada de negocios en Tegucigalpa.
El hecho de que, tras la salida de Dogu, no se haya escuchado nada sobre un nuevo nombramiento oficial, refleja que “las relaciones no son color de rosa como algunos funcionarios diplomáticos quieren hacerlo ver”, finalizó Chavarría.
