Covid-19 Nicaragua hospitales privados

Hospitalización privada por COVID-19 es un «lujo» en Nicaragua 

*En Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina con un PIB per cápita de U$2,140, el depósito más bajo para hospitalizar a un paciente COVID-19 en el sistema de salud privado de la capital equivale a U$5,000, es decir, 16 meses de salario mínimo.  


Expediente Público 

Recibir atención hospitalaria por COVID- 19 dentro del sistema de salud privado nicaragüense implica altos costos que, en su mayoría, no son asequibles para gran parte de la población.  A pesar de que las tarifas son cuatro veces más bajas en comparación a otros países de la región centroamericana, estas continúan sin ser alcanzables para más del 50% de los nicaragüenses.  

Eddy Valverde, médico nicaragüense, explicó a Expediente Público que, si bien los costos por atender a un paciente COVID-19 pueden variar dependiendo de cada hospital, para cubrir gastos de hospitalización se están solicitando en promedio tarifas de entre U$5,000 (C$176,750) y U$10,000 (C$353,500).  

Expediente Público realizó una investigación de costos en cuatro de los principales hospitales privados de la capital y estos fueron los resultados: 

El depósito realizado por la familia cubre únicamente los gastos de la hospitalización y no los previos a un diagnóstico (exámenes, ambulancia, consultas, entre otros), e incluso en algunos casos no cubre tampoco los honorarios médicos.  

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Por otra parte, Expediente Público entrevistó a nicaragüenses que internaron en algún hospital privado de la capital a un familiar contagiado con COVID–19, para investigar sobre los gastos totales que había implicado el tratamiento y estos fueron los datos recopilados: 

Según el doctor Valverde, los precios de los hospitales privados por atender a un paciente COVID-19 varían porque estos se encuentran divididos en dos apartados, los costos variables y los costos fijos. “Los hospitales privados trabajan con un concepto que se conoce como costos variables, esto quiere decir que hay algunos aspectos de la atención que siempre van a costar lo mismo. Por ejemplo, el día de habitación o la utilización de instrumental de la sala de quirófano. Sin embargo, aparte de estos, siempre hay un costo variable que va a depender de los insumos no reusables que cada paciente consuma, como medicamentos u oxígeno”. 

Expediente Público intentó comunicarse con los cuatro hospitales mencionados en este reportaje para consultar sobre la estructura de costos que justifica el precio por hospitalización para un paciente COVID-19, pero no obtuvo respuesta. 

En poco más de dos años de pandemia, el Ministerio de Salud (Minsa) sigue minimizando el impacto al reportar 304 muertes y 14,222 casos acumulados al 22 de marzo del 2022, el reciente informe.

Cifras muy distantes de las que brinda el Observatorio Ciudadano, organización de médicos y organizaciones independientes que dan seguimiento a la crisis sanitaria en Nicaragua. Al 6 de abril del 2022, el Observatorio Ciudadano registró 5,994 muertes sospechosas por coronavirus y 32,174 casos acumulados.

Tratamientos para COVID-19 inalcanzables para la mayoría 

Pese a las altas cifras, el doctor Valverde asegura que los precios del sistema de salud privado en Nicaragua son de los más bajos en toda la región centroamericana. “En realidad si nosotros hacemos la comparación con el resto de países de Centroamérica, ya no digamos del primer mundo, los costos por atención medica en Nicaragua son de los menos costosos, probablemente en un país como Costa Rica usted estaría pagando cinco veces más”.  

A pesar de ello, estas tarifas siguen sin ser alcanzables para gran parte de la población. Resulta imprescindible mencionar que un estudio del año 2020, realizado por Funides (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) y ”señaló que la tasa de pobreza general pasó de 28,2% a entre 32,2 y 36,9 por ciento, entre el 2019 y 2020. Mientras que la tasa de desempleo abierto aumentó de 6,6% a entre 7,3 y 9,2% en el mismo periodo.  

A su vez, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), «de los 2.3 millones de personas económicamente activas en el país, 1 millón 300 mil están ligadas al sector informal”. 

El salario mínimo en Nicaragua equivale, en el año 2021, a US$186.6 dólares (C$ 6,518.24 córdobas). Es decir, una persona que gane el salario mínimo tendría que ahorrar su salario completo de 16 meses para lograr pagar únicamente el depósito de hospitalización en el Hospital Monte España (el más bajo de entre todos los consultados).  

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Estos datos demuestran que la precaria situación económica que enfrentan los nicaragüenses convierte a la salud privada en un lujo del que no todos pueden gozar. Así mismo lo aseveró el doctor Valverde. “Tenemos una clase media bastante debilitada que a partir de la crisis del 2018 está sobreviviendo, las empresas se ha reducido a un 50% o 30% de su operatividad, por tanto esta clase media que antes tenía más oportunidad de asumir ese tipo de costo, hoy no lo puede hacer, de tal manera que nosotros consideramos que solo hay un 10% de la población nicaragüenses que es la gente que tiene la mayor acumulación de capital y de riqueza en el país, es la que realmente puede acceder a estos servicios”:  

¿Y el rol del Minsa?

El doctor José Antonio Delgado, conocedor del sistema sanitario nicaragüense, señaló que el Ministerio de Salud es presuntamente responsable de regular los precios que mantienen los hospitales privados, pero, como es notorio, esta tarea no es llevada a cabo adecuadamente. Agregó que en Nicaragua es indispensable la creación de un colegio médico que se encargue de la regulación de tarifas del sistema de salud privado, tarea que el Minsa no está realizando.  

“En Nicaragua existe un ente regulador y es llamado Ministerio de Salud (Minsa) que no funciona como nosotros quisiéramos, es otra cosa. Debería existir algo que se llama también colegio médico, que podría regular no solo la práctica médica en cuanto a la calidad de la atención, podría regular también los precios, y que estos estén basados en realidades” argumentó.  

En noviembre del año 2009 se publicó la Iniciativa de Ley No 20043024 llamada “LEY CREADORA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE NICARAGUA”. Sin embargo, este proyecto no pasó a ser más que una iniciativa sin ningún tipo de repercusión positiva. “La iniciativa fue completamente rechazada en la Asamblea Nacional, alguien dijo que era inconstitucional porque el ente regulador es el Minsa y el colegio médico venía a usurpar las funciones del Ministerio de Salud, cosa que no es cierto, ya que el colegio médico regula la práctica del profesional y esto podría incluir regular precios”. 

El doctor José Antonio Delgado explicó que un colegio médico tiene poder fáctico contra un sistema de salud que puede no estar dando las condiciones óptimas a los trabajadores, en este caso a los médicos, pero que no interviene como tal en las funciones del Ministerio.  

“Las mascarillas están carísimas, no sé por qué, los guantes están carísimos, no sé por qué […] a las grandes empresas distribuidoras de insumos médicos tampoco les conviene que los precios se regulen, entonces, donde no hay orden, gobierna un desorden presuntamente ordenado”, dijo a Expediente Público el doctor Delgado.  

Para ellos, la salud es un lujo  

Los familiares de los pacientes con COVID-19 internados en el sistema de salud privado coincidieron en que los precios de los hospitales son poco accesibles para la población nicaragüense.  “No sabría decir si los precios son justos porque hay muchas cosas que a la vista no están, pero existen gastos que no son percibidos, sin embargo, no cualquiera podría tener la capacidad de costear mil dólares al día. Los precios son elevados, es un contexto en el que hasta la salud resulta un lujo”, señaló Layra G, sobrina de Guillermina G.T., quien recibió tratamiento por COVID-19 y se mantuvo internada durante 10 días en el Hospital Vivian Pellas. 

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De igual manera, C.A. un joven de 23 años cuyo papá se mantuvo internado durante cinco días en el Hospital Vivian Pellas enfatizó que “a partir del salario promedio de un nicaragüense, no digamos el salario mínimo, si no un salario promedio que puede andar entre los 10,000 y 20,000 córdobas, el costo de hospitalización como lo que fue para nosotros el Vivian Pellas, es excesivo, se sale completamente de su capacidad”.  

El joven aseveró que incluso con ahorros o fondos de emergencia, cubrir todos los gastos de una hospitalización por COVID-19 en el sistema de salud privado es una tarea compleja, casi imposible. Agregó que es importante recordar que existen familias nicaragüenses que cuentan únicamente con una fuente de ingreso.  

Seguro facultativo no cubre subsidio  

En una resolución del 18 de marzo del 2021, el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), informó que el seguro facultativo ya no cubriría más subsidio económico. “Los asegurados que se incorporen al régimen integral con el objetivo de obtener cobertura en salud incluyendo enfermedades de alto costo, tendrán derecho a las mismas prestaciones médicas y servicios que las que se otorgan a los asegurados obligatorios, excepto las prestaciones económicas por subsidios”, indicaron en un comunicado.  

Es decir, que el pago del seguro facultativo ya no incluye el subsidio económico por maternidad o enfermedad que antes se otorgaba tras cumplir un año de pagar la cuota. Según un experto consultado por Expediente Público, esta resolución es violatoria al artículo 34 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social.  

A la vez, esta decisión es violatoria del Artículo 230 y 183 de la Constitución Política que establece que ningún funcionario o institución tiene más facultades que las establecidas por la misma Constitución.  

“Los asegurados cesantes que soliciten su inscripción al Régimen Integral del seguro facultativo con el objetivo de obtener cobertura de salud incluyendo las enfermedades de alto costo no tendrán derecho a las prestaciones económicas” señaló el documento. Esta resolución ocurrió un año después de iniciada la pandemia por COVID-19 en Nicaragua, durante un momento en el que miles de nicaragüenses recibían subsidios en sus trabajos debido al contagio del virus.  

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