Juan Carlos Valenzuela, al Parlacen pese a acusaciones

Juan Carlos Valenzuela, al Parlacen pese a acusaciones

* La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) lo acusó en 2018 por participar en una red de corrupción.

** En 2019, dos narcotraficantes hondureños condenados en EE. UU. vincularon a Valenzuela con sus actividades ilícitas.

***  El Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Valenzuela en la lista Engel.


Expediente Público

Las acusaciones de corrupción y los presuntos vínculos con el narcotráfico han marcado la trayectoria del nacionalista Juan Carlos Valenzuela. Ahora, el exdiputado busca reelegirse en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), un organismo que en Honduras se ha convertido en refugio para políticos bajo escrutinio judicial.

A sus 55 años, Valenzuela es originario de Santa Rosa de Copán, aunque ha vivido casi toda su vida en Lepaera, departamento de Lempira, uno de los bastiones históricos del Partido Nacional, en el occidente del país.

Su carrera política comenzó en 2006, cuando fue electo como segundo regidor municipal de Lepaera. Cuatro años después saltó al Congreso Nacional, acompañado por su suplente, Abraham Alvarenga Urbina, quien anteriormente había sido asistente personal y abogado en el bufete del entonces dirigente nacionalista y posterior mandatario Juan Orlando Hernández.

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En 2013, Valenzuela integró la comisión legislativa que propuso a Óscar Chinchilla como fiscal general y a Rigoberto Cuéllar como adjunto de la Fiscalía, una decisión que más tarde sería cuestionada, el primero por presuntamente blindar al expresidente Hernández frente a investigaciones judiciales y Cuéllar por su supuesta implicación en una red de sobornos.

Un año después, Valenzuela fue reelecto diputado y asumió la subjefatura de la bancada nacionalista. Durante ese período lo acompañó como suplente Gustavo Pérez Cruz. Ambos serían posteriormente acusados de corrupción por el supuesto desvío de fondos públicos en el caso de corrupción conocido como «Fondo Departamental 3.0» y señalados en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Sobre los señalamientos desde Estados Unidos, Valenzuela aduce que ha habido “desinformación” para dañar su imagen.

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En 2016, Valenzuela también figuró entre los quince congresistas que promovieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad que permitió la reelección presidencial de Hernández en 2018.

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Aparecen más escándalos

En 2018, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Fiscalía citaron a Valenzuela a declarar por el caso «Fe de Errata». Este expediente surgió tras la aprobación irregular de una reforma que eximía a diputados a rendir cuentas por el uso de fondos públicos entre 2006 y 2018. En 2020, todos los señalados en este caso fueron sobreseídos.

Ese mismo año, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (Ufecic-MP) y la MACCIH presentaron el caso «Arca Abierta», en el que Valenzuela fue acusado de participar en una red que, en 2015, habría desviado 21,1 millones de lempiras (US$ 844 mil) mediante una organización no gubernamental.

En estos dos casos, Valenzuela se presentó a la Fiscalía para testificar. Ante los medios de comunicación fue su abogado quien se encargó de rendir declaraciones, señalando que su cliente no había participado en ningún acto ilícito. Al igual que sucedió con los demás acusados, un tribunal le otorgó sobreseimiento definitivo en 2022.

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Sin embargo, los señalamientos no terminaron ahí. En 2019, dos narcotraficantes hondureños juzgados en Estados Unidos vincularon a Valenzuela con actividades relacionadas al tráfico de drogas. El primero fue el hermano del expresidente, José Antonio «Tony» Hernández, arrestado en 2018 y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2021, por sus vínculos con el narcotráfico.

Durante el juicio celebrado en Nueva York, la Fiscalía presentó un video de un interrogatorio realizado por agentes de la DEA en 2018. En esa declaración, Hernández mencionó al entonces diputado Juan Carlos Valenzuela cuando fue consultado sobre su relación con los narcotraficantes extraditados Héctor Emilio Fernández Rosa, alias «Don H», y con los líderes del clan Valle Valle.

«Lo conocí por un compañero del Congreso. Ellos habían estudiado juntos en colegio de ganadería y montaban toros. Él se llama Juan Carlos Valenzuela», afirmó Hernández al referirse a Don H, condenado en 2019 a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Sobre los líderes del clan Valle Valle, agregó que los había conocido en una fiesta de cumpleaños organizada por Valenzuela.

Otro narcotraficante que vinculó a Valenzuela fue Víctor Hugo Díaz, alias «El Rojo», condenado también en 2019. En su testimonio aseguró que «Tony» Hernández fabricaba cocaína y que el diputado Valenzuela participaba en reuniones con traficantes de drogas.

Hasta la fecha, el actual diputado al Parlacen no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

Más señalamientos y directo al Parlacen

En mayo de 2021, la congresista estadounidense Norma Torres difundió una lista que señalaba a cinco políticos hondureños por presunta corrupción. Entre los mencionados figuraban Juan Carlos Valenzuela, su diputado suplente Gustavo Alberto Pérez, así como Milton Puerto Oseguera, Wesly Vásquez y Gladys Aurora.

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Tras la publicación, Valenzuela aseguró que los señalamientos de Torres buscaban «dañar a los legisladores hondureños». Agregó que su inclusión en la lista estaba relacionada con el caso Arca Abierta, por el cual ya se había sometido a la justicia hondureña.

«Si nos señalan por trabajar por el pueblo y llevar desarrollo a las comunidades, no tengo ningún problema. Creo en la justicia divina y en la justicia de mi país», expresó en un canal local de Lempira.

Dos meses después, el Departamento de Estado de Estados Unidos también incluyó a Valenzuela en la lista Engel, junto a otros veinte hondureños. «Da pesar la mala información que le dieron a la Embajada y al Departamento de Estado, no es la realidad», expresó Valenzuela en declaraciones a la prensa.

Estas acusaciones desde Estados Unidos aparecieron meses antes de las elecciones generales de 2021, en las que Valenzuela fue electo diputado al Parlacen. Tras asumir el cargo, prácticamente desapareció del escenario público hasta septiembre de 2024, cuando la presidenta Xiomara Castro lo señaló en cadena nacional de radio y televisión, incluyéndolo en una lista de supuestos casos de narcopolíticos y posibles extraditables.

La mandataria divulgó esa lista el mismo día en que el medio estadounidense Insight Crime publicó un video en el que su cuñado, Carlos Zelaya, aparece reunido con narcotraficantes para discutir el financiamiento de la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre) en 2013.

De nuevo al Parlacen

En el actual proceso electoral, Valenzuela busca su reelección en el organismo centroamericano. Sin embargo, sus problemas judiciales siguen abiertos. En enero de 2025, la Fiscalía presentó ante la CSJ diligencias investigativas para requerir a catorce exdiputados, incluido Valenzuela, por el supuesto desvío de fondos públicos en el caso de corrupción conocido como «Fondo Departamental 3.0». El proceso continúa en curso y él ha preferido no rendir declaraciones más que las expuestas por su abogado.

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Para Valenzuela es clave ampliar su permanencia en el Parlacen, ese espacio creado hace 34 años para impulsar la unidad centroamericana, pero que en realidad ha sido un refugio para 91 diputados centroamericanos perseguidos por la justicia, según investigaciones periodísticas.

La inmunidad judicial que otorga el Parlacen a sus miembros está establecida en su Tratado Constitutivo. Este blindaje impide que sean arrestados o procesados por autoridades nacionales. 

Solo existen dos vías para retirar esa protección. Que el propio Parlacen decida levantarla, como ocurrió con Juan Orlando Hernández tras la solicitud de extradición de Estados Unidos, o que el político renuncie a su cargo.

Para ser diputado del organismo regional se exigen requisitos mínimos, como ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser ciudadano de su país y contar con una «notada honradez» o «moralidad notoria». Estos últimos criterios suelen ser difíciles de medir.