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Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega: Una alianza peligrosa

** Analistas y políticos hondureños coinciden en que los gobiernos de Nicaragua y Honduras “son dictaduras” que han seguido el mismo guion para perpetuarse en el poder.

**Debido a esta alianza, recientemente Honduras se abstuvo de votar contra Nicaragua en la sesión del Consejo Permanente de la OEA donde se protestó por el encarcelamiento de importantes opositores.

Expediente Público

Para analistas independientes y políticos hondureños está claro que la reciente abstención de Honduras en la votación contra el Gobierno de Nicaragua en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), dista de “solidaridad centroamericana” y tiene mucho que ver con los intereses personales del presidente Juan Orlando Hernández, quien en un futuro próximo podría buscar protección y apoyo del régimen de Daniel Ortega.

El 15 de junio de 2021, el Consejo Permanente de la OEA condenó la violación a los derechos humanos en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega detuvo en los últimos días a 16 dirigentes opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia para las elecciones de noviembre.

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La sesión extraordinaria fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. La condena, en la que se solicitó la “liberación inmediata de los detenidos” se logró con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Los países que se abstuvieron fueron: Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica.

La OEA hizo clara advertencia al gobierno de Ortega en que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con las condiciones para unas elecciones libres y justas a las que se han comprometido todos los Estados Miembros en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo cual pone en duda la legitimidad de las elecciones de noviembre” del 2021. Además, se exigió liberar a todos los presos políticos, sin embargo el régimen ha seguido encarcelando a opositores.

El próximo miércoles 23 de junio, el Consejo Permanente de la OEA tiene previsto conocer un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua por parte de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.

Gobiernos autoritarios

Para el exfiscal general y excanciller de Honduras, Edmundo Orellana, está claro que ambos son “gobiernos autoritarios, violadores de derechos humanos y, además, corruptos”.

Al abstenerse de votar contra Nicaragua, Hernández estaría manifestando una intención de no intervenir porque se podría encontrar en la misma circunstancia en el futuro, especialmente si tiene el propósito de buscar la reelección, lo que derivaría en “tener que desplegar una represión sistemática y masiva que lo va a poner en la misma situación que hoy está pasando Daniel Ortega”, dijo Orellana en comunicación telefónica con Expediente Público.

Para Hernández buscar la reelección “es cuestión de vida o muerte” porque si no se “aferra al poder su futuro es morir en una cárcel de los Estados Unidos”, así que él está jugándose el todo por el todo, lo que incluye buscar alianzas y respaldos incluso con gobiernos autoritarios, indicó el exsecretario de Estado.

En los últimos años fiscales estadounidenses han señalado a Hernández de presuntamente tener fuertes vínculos con narcotraficantes, al grado de calificar que Honduras es un “narcoestado”, por lo que no se descartaría una acusación y un pedido de extradición cuando este termine su mandato.

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Orellana enfatizó que lo sucedido en Nicaragua es de una típica dictadura, similar a la que en los años 70, Somoza García practicó contra sus opositores. Durante la dictadura somocista (1937 a julio de 1979), fue asesinado el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y hace algunas semanas Ortega ordenó procesar a su hija, Cristiana María Chamorro Barrios, quien se encuentra bajo casa por cárcel.

El régimen sandinista creó un proceso por supuesto lavado de dinero y activos contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), de la que Cristiana Chamorro era su fundadora y exdirectora hasta enero del 2021, y la acusación fue para inhibirla de participar en las elecciones de noviembre del 2021 ya que es considerada la precandidata presidencial de la oposición con más posibilidades de derrotar a Ortega en los comicios.

Son cinco precandidatos presidenciales opositores detenidos, a cuatro ya los jueces les han impuesto 90 días de prisión por estar investigados, con la «Ley de los Pueblos», por supuesta «traición» por gestionar sanciones internacionales contra el régimen y funcionarios de Ortega.

El domingo 20 de junio a las 11:00 de la noche fue arrestado el aspirante presidencial y periodista Miguel Mora, a quien la Fiscalía lo acusa con los mismos argumentos de la nueva ley. El periodista Miguel Mora fue detenido en diciembre del 2018 cuando la Policía allanó las instalaciones del Canal 100% Noticias, del que es propietario, permaneciendo entonces seis meses en prisión al ser acusado de «terrorismo» por la difusión de las noticias sobre las protestas antigubernamentales de ese año.

Por su parte, el excandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, coincidió en que las acusaciones por narcotráfico contra Hernández lo estarían llevando a buscar aliados en un país al que pueda huir.

«Muchos de los expresidentes de la región que han cometido actos de corrupción están en Nicaragua, entonces él (Hernández) puede prever una necesidad a futuro de estar en un país que le permita seguridad y no ser extraditado a los Estados Unidos para cumplir su responsabilidad ante la justicia norteamericana por sus vínculos con el narcotráfico», expresó Zelaya.

Consideró que las “actitudes despóticas de Ortega contra la oposición debilitan la democracia en la región” y hay que condenarlas. “Todo atentado contra la democracia, toda persecución contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, tienen que ser condenados”, dijo a Expediente Público.

Insistió en calificar que lo existente en Nicaragua y Honduras son dos regímenes que se parecen muchísimo en los pasos que han dado para consolidar un proyecto autoritario. «Daniel Ortega ha sido un aliado de Hernández. Ortega ni siquiera condenó el fraude electoral (en Honduras, en 2017), no condenó las represiones que hubo en el contexto del fraude, en el contexto de la reelección de Hernández. Lo que está haciendo Juan Orlando Hernández es actuando con coherencia por primera vez con uno de sus aliados más importantes”, afirmó.

Más similitudes que diferencias

El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía a Expediente Público, señaló que la alianza entre Hernández y Ortega no es de ahora y que incluso “se comenta en ciertos círculos del poder en Honduras que Juan Orlando Hernández fue asesorado por el gobierno nicaragüense” para ejecutar el proceso de su elección fraudulenta, por lo que su abstención en el seno de la OEA no es de extrañarse.

Explicó que Ortega fue el primero que controló la Sala de lo Constitucional en Nicaragua; después se presentó un recurso de inconstitucionalidad para permitir la reelección; y una Sala afín al régimen, dictó una sentencia ilegal que le permitió la reelección. Estos mismos procedimientos fueron utilizados en Honduras para que Hernández optara la reelección (2018-2022).

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Mejía, quien es investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), de la Compañía de Jesús, coincidió en que Nicaragua “es un régimen autoritario, una dictadura”. Resaltó que sus acciones de represión contra la oposición, no son de ahora, sino el resultado “de cómo Daniel Ortega a partir del año 2006 fue creando una estructura paraestatal con el objetivo de controlar a toda la institucionalidad. Por otro lado, también estableció una serie de políticas de asistencialismo social que beneficiaron a ciertos sectores sociales, garantizando el apoyo de sectores vulnerables. También enriqueció a su familia y al círculo cercano al poder, eso tiene mucho que ver con los ‘petrodólares’ enviados por Venezuela”.

Insistió en que las coincidencias entre Honduras y Nicaragua son de fondo, porque son “autocracias, es decir un régimen donde una sola persona controla toda la institucionalidad”, con la diferencia que Ortega utiliza la “etiqueta de izquierda” para mostrarse frente a los movimientos y gobiernos progresistas del mundo como “revolucionario” cuando realmente es un régimen autoritario y dictatorial, porque del sandinismo ya no queda nada y lo que hay es un “orteguismo”, opinó.

Pero esa misma “etiqueta de izquierda” hace que gobiernos como el de Estados Unidos y la OEA apliquen un “doble rasero” porque mientras sancionan a Nicaragua, al Gobierno de Honduras que hace lo mismo que Ortega, lo tratan “con guante blanco” solo porque tiene “etiqueta de derecha”.

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Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó su preocupación de que la postura de Honduras en la OEA podría ser una señal de que Hernández estaría preparando una acción de índole autoritaria, donde el Estado de Derecho se manipule, y por eso su intención de no comentar nada sobre otro país a la espera de no recibir una sanción.

“Si aplicáramos un término diplomático del Derecho Internacional, diríamos que es un principio de reciprocidad en materia autoritaria. Es decir, yo soy autoritario y no te voy a juzgar pero no me juzgues tampoco”, acotó el analista a Expediente Público.

Explicó que ambos gobiernos han basado su control del poder en tres factores fundamentales: El primero es buscar alianzas con cierto sector empresarial, que mientras ha recibido beneficios y se les ha permitido mantener el mercado cautivo, han apoyado a estos regímenes.

El segundo caso es el uso de la fuerza, de las armas y la violencia por parte del Estado contra la población. En Nicaragua ha sido principalmente a través de la Policía, mientras que en Honduras se ha utilizado tanto la Policía como a las Fuerzas Armadas.

El tercer elemento es que ambos han fragmentado a la oposición y a la sociedad civil. En Nicaragua utilizando la institucionalidad legal al encarcelar a figuras claves, mientras que en Honduras se han utilizado los recursos del Estado para negociar con partidos políticos y personajes de influencia para mantener una oposición bajo control.

Se rompen los vínculos

El exprecandidato Luis Zelaya recordó que durante el gobierno de Donald Trump, Hernández fue un aliado que siguió al pie de la letra las instrucciones del Departamento de Estado de Estado Unidos (EE.UU.), pero en los primeros meses de Joe Biden ha perdido la protección, al grado de recibir fuertes señalamientos por sus vínculos con el narcotráfico, además de que altos funcionarios estadounidenses se han negado a reunirse con sus pares hondureños.

Por ello el segundo objetivo de la postura hondureña sería “desafiar a Estados Unidos”, a manera de “un tema estratégico para presionar a Estados Unidos para que lo acepte como aliado a pesar de su pasado oscuro”.

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Joaquín Mejía, de ERIC, apuntó que al abstenerse de votar contra Nicaragua en OEA, e indirectamente votar contra la postura estadounidense, no es que Hernández le haya dado la espalda al Gobierno de Biden, sino más bien, es una reacción ante los desaires estadounidenses porque la nueva administración lo está viendo como “un apestoso”.

“Recordemos cuando vino Nancy Pelosi, la segunda persona con más poder en el gobierno de Donald Trump, y la decisión fue no reunirse con Juan Orlando Hernández, ni tomarse foto con los altos funcionarios de su régimen, porque había en ese momento una decisión interna en el Partido Demócrata de no legitimar al régimen de Juan Orlando Hernández”, dijo Mejía.

Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó, en agosto del 2019 una gira por el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador siendo la agenda la migración y la corrupción en la región.

Mejía señaló que está pasando lo mismo con el Gobierno de Biden, lo que quedó evidenciado con la visita de Ricardo Zúñiga (coordinador de ayuda en el Triángulo Norte a la región, que tampoco se reunió con Juan Orlando Hernández ni sus funcionarios “porque saben que eso es legitimarlo”.

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Según Lester Ramírez, de ASJ, bajo los actuales liderazgos, Centroamérica estaría viviendo “una tercera ola autoritaria” luego de los procesos democráticos vividos tras los Acuerdos de Paz de Esquipulas en los años 90, que implicó la desmovilización de la guerrilla en Guatemala y la “Contra” en Nicaragua, la constitución del Frente Farabundo Martí como partido político en El Salvador y la reducción de poder de las Fuerzas Armadas en Honduras.

“Lo que estamos viendo ahora es un regreso fuerte del autoritarismo, y no es un autoritarismo con basamento ideológico en derechas e izquierdas, si no un autoritarismo basado en el populismo, que utiliza a la pobreza para capturar el apoyo social; que utiliza el clientelismo para cooptar a las instituciones y al sector privado”, refirió.

La diferencia está en que hace unas décadas Estados Unidos financiaba guerrillas y Fuerzas Armadas para hacer un contrapeso a los gobiernos autoritarios mientras que hoy en día está intentando implantar la democracia y los derechos humanos en un contexto difícil, con una clase media que históricamente ha promovido los cambios sociales, pero que en la actualidad está huyendo de estos países vía aeropuertos, por lo que cualquier cambio llevará tiempo, concluyó Ramírez.

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