* El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo a un veterano del Ejército salvadoreño acusado de participar en la masacre El Mozote, cometida en diciembre de 1981.
* Roberto Antonio Garay Saravia fue capturado en New Jersey, EE. UU., donde residía legalmente, debido a que mintió deliberadamente en el formulario de inmigración para encubrir su vinculación con crímenes de lesa humanidad.
* Del 11 al 13 de diciembre de 1981, el batallón Atlacatl efectuó un operativo de tierra arrasada en el municipio de Meanguera, departamento de Morazán, donde los militares ejecutaron a cerca de mil civiles, de los cuales más de la mitad eran niños.
Eric Lemus / Expediente Público
La captura realizada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) contra un militar retirado salvadoreño que vivía en EE. UU. desde 2014, logró lo que en El Salvador es imposible desde hace 42 años: someter ante la justicia a uno de los implicados en un operativo militar que cobró la vida de cerca de mil civiles.
La detención del coronel Roberto Antonio Garay Saravia, el 5 de abril del 2023, quien actuó como comandante de unidad del batallón contrainsurgente Atlacatl, fue realizada con la asistencia de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) a raíz de que en su declaración migratoria ocultó ese episodio de su carrera, mientras en su país natal sigue un proceso judicial junto a un grupo de oficiales de élite.
La masacre acaecida en 1981 abarcó cuatro cantones aledaños a esta zona montañosa y cobró la vida de 978 víctimas, entre los que hubo 553 niños y 422 adultos, incluyendo a 12 mujeres embarazadas, de acuerdo con el Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños.
El operativo utilizó la táctica de cercar los accesos a los poblados utilizando diversas unidades de la Fuerza Armada, mientras el batallón Atlacatl desembarcó cientos de sus elementos desde donde descendió hacia las comunidades campesinas.
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El juicio en El Salvador
El caso fue reabierto en 2016 porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la Ley de Amnistía que fue decretada en 1993 como medida de conciliación entre las partes del conflicto, pero que en la práctica favoreció la impunidad de los perpetradores de crímenes de guerra.
El juicio es llevado a cabo en el Juzgado de San Francisco Gotera, 165 kilómetros al noreste de San Salvador, a cargo de la jueza de instrucción Mirtala Teresa Portillo de Cruz, luego que un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, que controla el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), obligó a jubilarse a los funcionarios judiciales mayores de 60 años.
Quien llevó originalmente el caso, Jorge Alberto Guzmán, que ahora tiene 63 años, dejó el cargo en septiembre de 2021. Hasta la fecha, el proceso judicial oficialmente continúa, pero sin ahondar en la participación de dieciséis altos oficiales militares, entre quienes está el coronel Garay Saravia.
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En el juzgado investigan la participación de quienes entonces fueron el jefe del Estado Mayor, general Rafael Flores Lima; el jefe de operaciones de batallón Atlacatl, mayor Natividad de Jesús Cáceres; el comandante de la Tercera Brigada de Infantería, coronel Jaime Flores Grijalva; el comandante Destacamento Militar de San Francisco Gotera, coronel Alejandro Cisneros; el comandante del batallón Atlacatl, teniente coronel Domingo Monterrosa, y el ministro de Defensa, general José Guillermo García, que fue deportado por EE. UU. bajo el mismo criterio que ahora ICE aplica a Garay.
Sentar un precedente
Terry Karl, politóloga de la Universidad de Stanford y perita estadounidense del caso El Mozote, destaca la relevancia de esta decisión porque sirve para sentar un precedente en materia jurisdiccional.
“El papel desempeñado por la Unidad de Crímenes de Guerra de ICE es fundamental para hacer cumplir la ley de EE. UU. que dice que un abusador comprobado de los derechos humanos no puede permanecer aquí”, esgrime Karl a Expediente Público.
“Este también es un fallo muy importante (porque) el Departamento de Justicia le quitó la ciudadanía estadounidense a un ciudadano salvadoreño por mentir sobre su asistencia y participación en una masacre”, agrega Karl.
“La aplicación de esto es extremadamente importante para el estado de derecho”, en opinión de la académica que declaró en abril de 2021 durante las audiencias celebradas en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
Los aportes de la investigadora estadounidense también han sido importantes en los juicios celebrados contra los militares que participaron en el magnicidio del arzobispo Óscar Arnulfo Romero cometido en 1980 y en la masacre de los sacerdotes jesuitas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) consumada en 1989.
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“Fueron órdenes del alto mando”
Mario tenía 28 años de edad en 1981 cuando participó en el desembarco realizado en Joateca, un municipio del departamento de Morazán, que limita con Honduras, desde donde marcharon hacia los caseríos El Mozote, La Guacamaya, Los Toriles, Cerro Pando y sitios aledaños.
Pese a su edad actual, debido a su poco más de metro setenta de altura, todavía guarda el orgullo y el porte de quien perteneció al batallón Atlacatl. Aunque es de pocas palabras, accede a conversar brevemente con Expediente Público siempre y cuando reserve su identidad.
“Yo tengo buenos recuerdos de mi teniente coronel Domingo Monterrosa, pero quiero decirle que todo eso que le acusan en El Mozote en realidad fue una orden del Estado Mayor”, dice el militar, que ahora sobrevive de la agricultura en una zona rural del interior del país.
Monterrosa fue considerado por sus admiradores como el mejor estratega del Ejército hasta su muerte el 24 de octubre de 1984 cuando la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) urdió un plan para derribar el helicóptero al que abordó con el coronel Armando Azmitia y otros mandos.
“Empecé mi carrera en 1981 con el Atlacatl y luego fui destacado en otras unidades a lo largo de la guerra, pero pedí la baja antes que terminara todo (en 1992). Creo que me tocó una parte muy dura y ahora trato de salir adelante con lo que puedo”, dice este septuagenario que en ningún momento se sobresalta por la noticia del enjuiciamiento a los implicados en la masacre.
“Todo eso fue culpa del Estado Mayor, como le digo”, dice Mario. “¿Pero usted estuvo en El Mozote?”, le pregunto. “Monterrosa fue un buen militar que siempre quiso a su tropa. Nunca conocí a otro tipo como él”, responde.
No a criminales de guerra
La investigación para detener a Garay Saravia fue realizada por el Centro contra Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra (HRVWCC, por sus siglas en inglés), como una unidad adyacente a ICE.
El HRVWCC, que fue creado en 2008, aglutina a personal multidisciplinario que abarca historiadores, abogados, analistas de inteligencia y especialistas en investigaciones penales que recaban información para identificar a quienes cometieron genocidio, crímenes de guerra, tortura y otros abusos contra los derechos humanos en conflictos alrededor del mundo.
Tras la captura del salvadoreño efectuada el 5 de abril, el subsecretario de Seguridad Nacional, John Tien, reiteró que EE. UU. no será refugio de este tipo de individuos.
“No importa cuánto tiempo debamos trabajar en estos casos, no descansaremos hasta que las personas que cometieron actos atroces contra la humanidad sean investigadas, procesadas y, cuando sea posible, expulsadas de los Estados Unidos”, publicó.
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Por su parte, el director de campo de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, Newark), John Tsoukaris, reiteró que “no se les permitirá a individuos involucrados en acciones atroces tales como asesinatos extrajudiciales a permanecer en Estados Unidos”.
Actualmente, HRVWCC lleva a cabo más de 160 investigaciones sobre presuntos violadores de los derechos humanos oriundos de 95 países diferentes
Los planes militares escondidos
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal María Julia Hernández, que encabeza una de las organizaciones humanitarias que acompaña a las víctimas de El Mozote, explica a Expediente Público que la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad en marzo de 1993 dejó fuera innumerables documentos claves para conocer el patrón utilizado por el Ejército salvadoreño contra los civiles.
“Nosotros siempre nos mantuvimos pidiendo esos archivos de la Comisión de la Verdad (ICV) porque sabemos que ahí hay bastante información y testimonios de personas que pudieron darse cuenta de graves violaciones a los derechos humanos como El Mozote”, dice Mauricio.
La elaboración del ICV, titulado “De la locura a la esperanza”, incluyó testimonios y pruebas documentales que hoy día son reclamadas por instituciones como Tutela Legal.
“Naciones Unidas no lo da porque el Gobierno, llámese Arena (Alianza Republicana Nacionalista), llámese FMLN, llámese Nuevas Ideas, lo tiene embargado”, agrega. “Sabemos que están deteriorándose en unos contenedores en el parqueo de la sede de la ONU” fustiga el abogado.
Mauricio relató que el Gobierno de Nayib Bukele, pese a que prometió que iba a entregar documentos resguardados en el archivo del Ejército, dio “las mismas 3,000 páginas que dio (el expresidente Salvador) Sánchez Cerén en el mismo orden. Ni siquiera lo cambió”.
“Sabemos que existen porque en el Archivo General de la Nación encontramos dos actas de expurgo en las que el jefe de archivos de la Fuerza Armada dice que esos deben guardarse en la sede del Ejército porque contienen planes militares. Es decir, existen”, insistió.
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La acusación judicial
Los militares retirados enfrentan en El Salvador cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.
El Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de “El Mozote y lugares aledaños” calcula en al menos 1,725 el número de afectados, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivientes y 29 que sufrieron desplazamiento forzado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó en 2012 al Estado salvadoreño por la matanza de El Mozote y ordenó medidas de reparación, que siguen pendientes.
La guerra civil salvadoreña, que acaeció durante 12 años, dejó un saldo de 75,000 muertos y miles de desaparecidos. El conflicto finalizó mediante un acuerdo de paz suscrito el 16 de enero de 1992 entre el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani y la dirigencia del FMLN.
El juicio en el caso El Mozote, mientras tanto, sigue atascado en el sistema judicial salvadoreño o, en el peor de los casos, como opina la profesora Karl de la Universidad de Stanford, “está suspendido efectivamente (sobre todo) después del golpe judicial dado por Bukele el 1 de mayo de 2021” cuando tomó el control del Poder Judicial.
