La disputa por el control tecnológico en Centroamérica
En la disputa tecnológica entre China y EE. UU., Centroamérica debe evaluar no solo el origen de las inversiones, sino también cuánto control conserva sobre su infraestructura y sus datos.
Raúl Ortiz
Gran parte de las actividades de un país depende hoy de la tecnología, desde las llamadas telefónicas y los servicios públicos hasta las comunicaciones gubernamentales y el almacenamiento de información. Por eso, controlar las redes y los sistemas que hacen posibles estas actividades también representa poder económico y estratégico.
Esta es una de las razones de la disputa entre China y EE. UU. por ampliar su influencia tecnológica en el mundo. En Centroamérica, Huawei, conocida por sus teléfonos celulares, también participa en el ecosistema tecnológico mediante el desarrollo de redes, equipos y servicios digitales utilizados por los Estados.
El informe Huawei como vector geopolítico: la disputa por la soberanía digital en Centroamérica, publicado por Expediente Abierto, analiza el papel de esta empresa no solo como proveedora de tecnología, sino también como actor geopolítico.
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Juan Aguilar Antonio, autor del informe, advirtió a Expediente Público que los países de la región deben prestar atención a la influencia que las empresas tecnológicas pueden adquirir a través de la infraestructura y los servicios que proporcionan.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en elegir quién suministra los equipos, sino también en garantizar que los Estados conserven el control sobre la tecnología de la que dependen.
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Huawei en Centroamérica
El informe de Expediente Abierto, publicado en marzo de 2026, examina la presencia de Huawei en Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala. Nicaragua quedó fuera del estudio por falta de información comparable.
Según el informe, Huawei ha diversificado sus operaciones en la región más allá de las telecomunicaciones, con iniciativas educativas, servicios digitales y actividades logísticas. Su expansión combina intereses comerciales con programas de formación tecnológica y alianzas con empresas, instituciones públicas y universidades.
En Honduras, Huawei opera desde 2008 y se convirtió en proveedor de equipos para redes 3G y 4G. En 2019, la empresa afirmó que suministraba cerca del 70% del equipamiento de telecomunicaciones del país y que había iniciado pruebas para la transición a 5G.
En Costa Rica, mantuvo contratos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense (RACSA), además de ofrecer servicios en la nube. Según el informe, las adquisiciones públicas acumuladas desde 2020 superaron los US$33,2 millones.
La compañía también impulsó proyectos de monitoreo ambiental mediante inteligencia artificial. Sin embargo, su participación en el desarrollo de redes 5G generó controversia en 2023, cuando una regulación de ciberseguridad excluyó a proveedores chinos de las licitaciones.
Panamá funciona como plataforma logística y de formación tecnológica para Huawei. La empresa opera un centro regional de distribución en la Zona Libre de Colón y abrió un Centro de Innovación en 2021, con una inversión inicial superior al millón de dólares.
Sus alianzas con universidades públicas y privadas ampliaron el alcance de sus academias tecnológicas, que, según el informe, llegaron a más de 40.000 estudiantes.
En El Salvador, Huawei suministró equipos y servicios a operadores como Claro, Tigo y Movistar, además de promover programas de formación tecnológica. En 2020, donó equipos valorados en unos US$63.696 a la Universidad de El Salvador para poner en marcha un programa piloto de su academia.
Sin embargo, los proyectos de redes 5G y los servicios de nube gubernamental se orientaron hacia proveedores estadounidenses, mientras Huawei mantuvo su presencia en otros segmentos del mercado.
Sobre las capacitaciones tecnológicas, Aguilar Antonio subraya que deben ofrecer conocimientos sobre distintas soluciones y proveedores, en lugar de fomentar la dependencia de las herramientas de una sola empresa.
El caso guatemalteco
Guatemala ocupa una posición particular. Es el único país centroamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Esta situación añade otra dimensión a la presencia de empresas chinas en ese país.
Aguilar Antonio considera que Huawei puede funcionar como una vía de acercamiento económico y tecnológico entre Guatemala y China, incluso sin relaciones diplomáticas formales entre ambos gobiernos.
La actividad comercial de una empresa no equivale a una alianza diplomática entre Estados. Sin embargo, los intercambios económicos, la cooperación y la presencia de compañías tecnológicas pueden contribuir a crear vínculos que trasciendan las relaciones oficiales.
El investigador plantea como escenario posible que Guatemala establezca relaciones diplomáticas con Beijing en un plazo de cinco a ocho años. Su análisis apunta a que la tecnología puede abrir espacios de acercamiento entre países antes de que se produzcan cambios diplomáticos.
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¿Por qué importa el 5G?
La tecnología 5G es la quinta generación de redes móviles. Permite transmitir información con mayor rapidez, reducir la latencia -el tiempo que tarda la información en viajar entre dispositivos- y conectar simultáneamente una gran cantidad de aparatos.
Sus aplicaciones van más allá de los teléfonos celulares. También puede facilitar el funcionamiento de sistemas de transporte, redes eléctricas, servicios de salud y plataformas digitales utilizadas por los gobiernos.
Por eso, las redes 5G se han convertido en un asunto de seguridad nacional para EE. UU. y la Unión Europea. Una falla, un ataque informático o una vulnerabilidad en los sistemas que sostienen servicios esenciales podría tener consecuencias que trasciendan las comunicaciones.
En Centroamérica, sin embargo, la discusión sobre quién desarrolla y administra estas tecnologías sigue siendo limitada. Los especialistas consultados advierten que los gobiernos suelen prestar atención a estos riesgos cuando la infraestructura ya está instalada.
Alejandra Echeverría Luna, especialista mexicana en relaciones internacionales, señaló a Expediente Público que la tecnología no es neutral: las decisiones sobre quién proporciona las redes y los sistemas digitales también involucran intereses económicos, políticos y, en determinados casos, militares.
Esto exige conocer quién instala los equipos, quién los mantiene, dónde se almacena la información y en qué condiciones puede consultarse.
Los datos: el principal riesgo para los gobiernos
Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la protección de la información.
Los gobiernos manejan datos sobre sus instituciones, sus servicios y sus ciudadanos. Para almacenarlos y procesarlos necesitan servidores, redes y programas informáticos. Cuando carecen de infraestructura propia o de personal suficiente para administrarla, pueden depender de empresas externas.
Adán Miguel Rodríguez Pérez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en relaciones internacionales, advirtió a Expediente Público que la falta de infraestructura crítica independiente en Centroamérica puede poner en riesgo la seguridad de los datos gubernamentales.
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Esto no significa que contratar a una empresa extranjera implique automáticamente perder el control de la información. El riesgo también depende de las condiciones contractuales, los permisos de acceso, los mecanismos de supervisión y la capacidad del Estado para vigilar el funcionamiento de los sistemas.
Aguilar Antonio señala que los contratos deben establecer con claridad quién es dueño de los datos, quién puede consultarlos, quién administra los servidores y qué responsabilidades tiene el proveedor ante un incidente de seguridad.
Sin estas garantías, los gobiernos pueden tener dificultades para verificar cómo se maneja su información o exigir explicaciones cuando surgen problemas.
El investigador utiliza la expresión «cajas negras» para describir los sistemas cuyo funcionamiento o cuyas condiciones de operación no son suficientemente transparentes para las instituciones que los contratan.
Esta advertencia no significa que Huawei esté accediendo necesariamente a información gubernamental centroamericana. El problema es que, sin contratos claros y controles efectivos, un Estado puede desconocer aspectos importantes del funcionamiento de la tecnología de la que depende.
Para Aguilar Antonio, proteger la soberanía digital significa que los gobiernos sepan dónde están sus datos, quién puede acceder a ellos y en qué condiciones se utilizan.
Tecnología y vigilancia
La tecnología también puede utilizarse para vigilar espacios públicos, reconocer patrones de comportamiento y recopilar información sobre las personas.
Estas herramientas pueden tener aplicaciones legítimas, por ejemplo, en la seguridad pública. Sin embargo, también pueden emplearse para vigilar a ciudadanos, periodistas u opositores políticos cuando no existen controles adecuados.
Aguilar Antonio denomina «tentación autoritaria» al riesgo de que los gobiernos aprovechen estas capacidades para ampliar su control sobre la población.
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Su argumento no es que toda tecnología china tenga necesariamente fines de vigilancia política. La preocupación es que los sistemas avanzados de monitoreo pueden facilitar abusos cuando las instituciones carecen de mecanismos efectivos para supervisar a las autoridades.
Por eso, además de evaluar la seguridad de los equipos, los países necesitan reglas sobre el uso de los datos, límites a la vigilancia y mecanismos para exigir responsabilidades.
Honduras, entre China y EE. UU.
Honduras es un ejemplo de cómo la competencia tecnológica entre China y EE. UU. puede tener consecuencias concretas para la región.
El país estableció relaciones diplomáticas con China durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026). Este acercamiento abrió una nueva etapa en los vínculos bilaterales y amplió las posibilidades de cooperación económica y tecnológica.
Echeverría Luna señala que las posibles inversiones pueden contribuir a mejorar las comunicaciones, modernizar los servicios y generar oportunidades económicas. Sin embargo, advierte que esos beneficios deben evaluarse junto con las condiciones de los contratos y la dependencia tecnológica que puedan generar.
Si una institución hondureña utiliza sistemas que solo un proveedor puede mantener o actualizar, sustituirlos en el futuro podría resultar costoso. Por eso, contar con capacidad para supervisar los equipos y disponer de alternativas tecnológicas es importante para preservar la autonomía del Estado.
Aguilar Antonio considera que el cambio de gobierno en Honduras puede ralentizar el acercamiento con China, aunque no necesariamente revertirlo.
El investigador también señala que China y EE. UU. manejan horizontes políticos distintos. Las elecciones estadounidenses pueden modificar las prioridades de Washington, mientras Beijing puede mantener sus objetivos diplomáticos y económicos a más largo plazo.
Según Aguilar Antonio, esa continuidad puede facilitar que los vínculos tecnológicos y comerciales de China sobrevivan a los cambios de gobierno en Centroamérica.
¿Cómo pueden protegerse los países?
Para los especialistas, el desafío de Centroamérica no consiste simplemente en aceptar o rechazar a una empresa por su nacionalidad, sino en garantizar que las inversiones tecnológicas no reduzcan la capacidad de los Estados para tomar sus propias decisiones.
Esto exige contratos transparentes, reglas claras para proteger los datos, auditorías independientes y supervisión pública. También requiere personal capacitado para administrar los sistemas y, cuando sea posible, evitar la dependencia de un único proveedor.
La modernización tecnológica puede ofrecer beneficios importantes a los países centroamericanos, pero debe acompañarse de garantías que permitan conocer cómo funcionan los sistemas, quién accede a la información y qué alternativas existen si un proveedor deja de prestar sus servicios.
En la competencia tecnológica entre China y EE. UU., la pregunta para Centroamérica no es solo qué país ofrece mejores oportunidades de inversión, sino cuánto control conservará sus Estados sobre la infraestructura y los datos de los que depende su funcionamiento.
