* A casi un mes de concluir su mandato, la fiscal general Consuelo Porras impulsa una serie de adquisiciones millonarias.
* Expediente Público ubicó cuatro procesos contractuales, iniciados en diciembre y enero, que podrían llegar a los US$18.4 millones.
* Un contrato de US$1.81 millones fue adjudicado a un proveedor que presentó una oferta casi tres veces más costosa que la de su competidor.
Expediente Público
El calendario corre con rapidez en los pasillos del Ministerio Público (MP) de Guatemala. A medida que se acerca mayo de 2026 —mes en el que la fiscal general Consuelo Porras dejará el cargo—, la institución ha intensificado los procesos de compra por montos millonarios.
Los registros del sistema Guatecompras muestran que, en los últimos meses, se han concentrado varias adquisiciones relevantes, tanto de bienes como de servicios. Son compras que, durante el mismo periodo de los años anteriores, no se realizaron.
Expediente Público encontró cuatro procesos que iniciaron a mediados de diciembre pasado, los cuales podrían alcanzar, en conjunto, los 147 millones de quetzales (unos US$18.4 millones), considerando las ofertas más altas presentadas en los concursos.
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Estas adquisiciones consisten en dos compras de vehículos, una de vales de combustible y el alquiler de fotocopiadoras e impresoras.
Este último proceso ya fue adjudicado por 14.5 millones de quetzales (US$1.81 millones) a una empresa que presentó una oferta casi tres veces superior a la de su competidor.
Analistas consultados por Expediente Público coinciden en que convocar a concursos al final de una gestión genera sospechas, independientemente de que exista una justificación legal para ello.
Por su parte, el MP afirmó a Expediente Público que estos procesos contractuales estaban planificados y han cumplido con todos los mandatos legales. La institución argumentó que son necesarios para cumplir con los requerimientos de la población.
Diferencias abismales en ofertas de vehículos
Uno de los procesos más significativos corresponde a la adquisición de vehículos tipo pick-up. El MP la dividió en dos concursos, ambos con montos elevados y actualmente en etapa de adjudicación.
La institución publicó el primero, identificado con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 27503313, el 17 de diciembre de 2025.
Recibió tres ofertas: Grupo Q presentó una propuesta por 62,348,400 quetzales (US$7.79 millones); Changhe Motors ofertó 62,100,000 quetzales (US$7.76 millones); y Canella propuso 61,578,912 quetzales (US$7.68 millones). Las estrechas diferencias entre los montos reflejan una competencia cerrada entre los proveedores.
El segundo concurso, con el NOG 27439291, muestra un panorama distinto. El MP lo publicó el 22 de diciembre de 2025.
En este caso, recibió cuatro ofertas con marcadas diferencias: Changhe Motors ofertó 46,200,000 quetzales (US$5.78 millones); Central Motriz propuso 38,522,000 quetzales (US$4.82 millones); Cofiño Stahl ofreció 4,165,230 quetzales (US$521 mil); e Ivesa Motors planteó 2,242,500 quetzales (US$280 mil). La oferta más cara es casi 21 veces superior a la más barata.
Estas variaciones llaman la atención de los expertos, quienes afirman que podrían responder a diferencias en las especificaciones técnicas, la cantidad de unidades o las condiciones del contrato. Estas dudas deberán aclararse durante el proceso de evaluación, el cual aún está pendiente.
El MP no dio respuesta a Expediente Público sobre los detalles de estos contratos y los documentos disponibles en Guatecompras tampoco dan información concreta.
La exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana afirmó a Expediente Público que, según documentos del MP a los que ella tuvo acceso, la institución tiene actualmente 300 vehículos y busca adquirir otros 478 mediante estos últimos procesos a un valor que supera los 90 millones de quetzales (US$11.77 millones)
Para ella, esta es una adquisición masiva y atípica. Señaló que el hecho de que esté fraccionada en dos concursos genera dudas sobre la transparencia del proceso.
Un solo oferente para combustible
A los concursos para comprar vehículos se suma un contrato de vales de combustible para ser usados en el segundo semestre de 2026. El MP publicó el proceso en Guatecompras el 17 de diciembre de 2025 con el NOG 27423077.
En este caso, el proceso tuvo una sola oferta: Gasolinera UNO de Guatemala, por un monto de 24 millones de quetzales (US$3 millones).
UNO es la marca hondureña de Terra Petróleo, que llegó a Guatemala de 2017 para abrir 30 gasolineras. Actualmente, tiene alrededor de 390.
La agencia de relaciones públicas de esta empresa afirmó aExpediente Público que la compra no tuvo ninguna irregularidad puesto que se cumplieron todos los requisitos para presentar la oferta.
Contrato a la oferta más cara
El MP publicó el proceso para el arrendamiento de impresoras y fotocopiadoras el 26 de enero de 2026, bajo el NOG 28096282. La institución recibió dos ofertas: la Compañía Internacional de Productos y Servicios Sociedad Anónima propuso 14,512,080 quetzales (US$1.81 millones) y Ricola de Guatemala ofreció 5,564,658 quetzales (US$696 mil).
El MP adjudicó el contrato a la primera, pese que su oferta era casi el triple con respeto a la de su competidor.
El MP afirmó a Expediente Público que entregó la adjudicación a Compañía Internacional de Productos y Servicios Sociedad Anónima porque presentó una oferta con mejores productos y mejor calidad de las máquinas. Según el MP, las impresoras de Ricola de Guatemala no cumplían con los requerimientos.
La empresa que logró el contrato tiene nueve representantes legales, de acuerdo con los registros de Guatecompras.
Expediente Público visitó las oficinas de la compañía, ubicadas en la zona de Pamplona, Ciudad de Guatemala. Ana Gómez, encargada del área de comunicación de la empresa, atendió la entrevista y defendió el contrato. Argumentó que son una compañía con alto reconocimiento y que han prestado servicio a instituciones del estado en múltiples ocasiones.
«Nosotros somos uno de los proveedores más grandes el estado porque contamos con la capacidad para atender las necesidades. Nuestra oferta fue clara. Nosotros tenemos lo que el Ministerio Público necesita», afirmó.
La empresa ha participado en 26,499 procesos contractuales públicos por un monto total de 463,436,168 quetzales (US$57,932,896), según Guatecompras.
Al analista en finanzas Byron Ariel le llama la atención un monto tan elevado para el alquiler de impresoras y fotocopiadoras. Afirmó a Expediente Público que, dependiendo de los equipos, es probable que hubiera sido más barato comprarlos.
“Es evidente que este tipo de compras dejan más dudas que claridad porque el monto es muy alto como para que estén únicamente arrendando. Sería mejor adquirirlo”, comentó.
Pero lo que más le preocupa son las cuestiones de seguridad. Ariel explicó que las impresoras y fotocopiadoras modernas tienen escáneres con capacidad de absorber la información de los documentes y guardarlos en la nube.
Tomando en cuenta que el MP maneja información sensible para la seguridad del Estado, es peligroso ponerla al alcance de cualquier institución particular, señaló.
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Thelma Aldana cuestiona las compras
La exfiscal Thelma Aldana cuestionó las compras recientes del MP porque, según ella, varias de estas adquisiciones rompen con el comportamiento histórico de gasto de la institución y no responden a las verdaderas necesidades operativas del MP.
Señaló que la institución cuenta con fiscalías distritales, municipales y agencias en todo el país que carecen de las condiciones mínimas para funcionar correctamente.
“Hay fiscalías de garaje”, dijo sobre sedes que no cuentan con equipo, infraestructura ni recursos suficientes para desarrollar investigaciones de forma adecuada.
Para ella, priorizar una compra millonaria de vehículos, en lugar de fortalecer la capacidad investigativa, refleja un uso cuestionable de los recursos públicos.
Con respecto a la compra de los vales de combustible, Aldana afirmó que el monto adjudicado sería superior a lo que consumiría la flota actual, que es de 300 vehículos, lo que a su juicio abre la puerta a posibles riesgos de mal uso, sobre todo porque no existe claridad pública sobre cómo se calculó dicha necesidad.
También planteó que algunos requisitos incluidos en las bases de licitación podrían haber favorecido a empresas específicas, como la exigencia de contar con centros de servicio por departamento.
Sobre el arrendamiento de impresoras, Aldana reprochó que la adjudicación se hiciera a una oferta considerablemente más cara, sin una explicación técnica proporcional que justifique la decisión.
De acuerdo con la exfiscal, estos elementos deben ser revisados con detenimiento por las autoridades correspondientes, especialmente por quien asuma la próxima jefatura del MP.
El Ministerio Público defiende las compras
Ante los cuestionamientos, el MP defiende la legalidad de sus acciones. María José Mancilla, vocera de la institución, aseguró a Expediente Público que todas las adquisiciones responden a necesidades previamente identificadas.
“El Ministerio Público ha actuado conforme a la normativa vigente. Cada proceso de compra responde a requerimientos institucionales que buscan garantizar el funcionamiento adecuado de la institución”, señaló.
Enfatizó que los procedimientos se han realizado a través de Guatecompras, cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia establecidos en la ley.
¿Procesos acelerados?
Uno de los puntos más sensibles es el ritmo con el que se han impulsado estos procesos. Aunque la ley permite ejecutar el presupuesto hasta el último día de gestión, el contexto en el que se realizan estas compras es determinante.
Luis Linares, especialista en administración pública de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), afirmó a Expediente Público que la concentración de adquisiciones al final de una administración “no es necesariamente ilegal, pero sí obliga a un análisis más riguroso sobre su justificación”.
Según Linares, una planificación adecuada debería distribuir las compras a lo largo del año, evitando picos de ejecución que puedan interpretarse como decisiones apresuradas.
“Cuando vemos montos altos en periodos cortos, lo que corresponde es revisar si esas compras estaban previstas desde el inicio o si responden a necesidades que surgieron recientemente”, señaló.
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Dudas en la transparencia
Walter Gómez, representante de la organización civil Acción Ciudadana, considera que este tipo de movimientos deben ser observados con cautela.
“Las compras en la recta final de una gestión siempre generan sospechas, especialmente cuando se trata de montos elevados. No se trata de afirmar irregularidades, sino de reconocer que el riesgo de opacidad aumenta”, dijo a Expediente Público.
Agregó que la transparencia no solo implica cumplir con los procedimientos legales, sino también garantizar que la ciudadanía pueda entender y evaluar las decisiones. “La información debe ser clara, accesible y oportuna. Si los procesos son legítimos, entonces no debería haber problema en explicarlos con detalle”, afirmó.
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El final del mandato de Consuelo Porras
El cierre de la administración de Consuelo Porras ocurre en un ambiente político complejo. Su gestión ha estado marcada por fuertes críticas de distintos sectores, incluyendo organizaciones de sociedad civil y actores internacionales.
Informes y pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas han señalado un debilitamiento en la independencia judicial y un uso cuestionado del MP en casos de alto impacto. Relatores especiales han advertido sobre casos de posible criminalización contra operadores de justicia, periodistas y actores de la sociedad civil.
En medio de estas críticas, Porras ha impulsado distintas vías para mantenerse dentro de espacios que le otorguen inmunidad. Inicialmente, buscó ser designada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Al no concretarse esta opción, se postuló para continuar como fiscal general. Este proceso de selección sigue su marcha.
