Los acuerdos de desmovilización entre la delegación de la presidente electa Violeta Barrios y los contras se firmaron en marzo de 1990. Cansados de diez años de conflicto armado, la Resistencia Nicaragüense confió en el proceso de su desmovilización observado y coordinado por la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) y la externa bajo la responsabilidad del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA, por sus siglas en inglés). Casi de inmediato se dieron los primeros asesinatos de desmovilizados. Muchas fueron las estrategias diseñadas para aniquilarlos: infiltración de operativos de la extinta Seguridad del Estado de origen sandinista, emboscadas, accidentes, envenenamientos, entre otros. Muchos se armaron nuevamente y crearan la recontra para defender sus vidas. Nuevamente se desmovilizaron y continuaron muriendo. Entrevistados afirman que más de mil excontras han sido asesinados desde 1990 hasta la fecha. A pesar de las denuncias, del apoyo de los organismos de derechos humanos, de la Iglesia católica, ningún caso ha sido aclarado por el Estado.
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