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La venganza del régimen: el castigo tras la rebelión de abril del 2018

*Expediente Público muestra cómo cuatro años después de las protestas de abril, el recrudecimiento de las medidas concretadas en leyes por el régimen de Daniel Ortega, son constantes. También se exponen las graves afectaciones que han causado en cuatro sectores de la sociedad civil: universidades, ONG, medios de comunicación y manifestantes de la oposición que se convirtieron en presos políticos. 


Expediente Público 

El estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018 fue el origen de una rebelión que sigue trayendo consecuencias a quienes se atrevieron a alzar la voz contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El despertar de los nicaragüenses generó desde el Estado una serie de estrategias y actos represivos que buscan mantener el control sobre la población y vengarse de todo aquel que contribuyó o participó en la lucha y que se mantiene cuatro años después.  

Expediente Público presenta en este reportaje los agravios en cuatro sectores de la sociedad civil: universidades, ONG, medios de comunicación y manifestantes de la oposición que se han convertido en encarcelados del régimen.  

Régimen: encarcelar a la oposición  

Desde el inicio de las protestas, el régimen Ortega-Murillo ha encarcelado sin titubear a opositores y manifestantes para sembrar el miedo entre la población y cortar de raíz el surgimiento de cualquier atisbo de oposición. El ensañamiento en contra de los presos políticos alcanza su paroxismo a través de torturas, agresiones, violaciones a sus derechos humanos y a la constante persecución y asedio que ejercen sobre sus familiares, según han documentado Naciones Unidos, Amnistía Internacional, la CIDH entre otros organismos.  

Edward Lacayo, de 48 años de edad, conocido como “la Loba Feroz” se dedicaba a la fabricación de molinos y a la vez brindaba el servicio para moler maíz en su casa. Fue capturado el 15 de marzo del año 2019.  

El 26 de julio de 2022 se cumplen 3 años desde que la jueza Aracely Rubí lo condenó a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, acusación que su hermana Karen Lacayo desmintió a Expediente Público.  

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“La noche del 14 de marzo del 2019, él decidió junto a uno o dos muchachos más cruzarse la frontera de Costa Rica. A él lo agarran el 14 para amanecer 15, en la madrugada del 15 de marzo del 2019. A él me lo traicionó una persona que es hijo de Milton Arcia. Él se llama Renato Arcia. Él ha entregado a muchos muchachos que están en la cárcel”, expresó Karen.  

Milton Arcia es un empresario y político nicaragüense, exaspirante presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista. 

En cuanto “la Loba Feroz” fue arrestado, “la guardia militar de Daniel Ortega le implantó drogas y le tomó fotos. Él les decía ‘eso no es mío, esa mochila no es mía, eso no es mío’. Entonces lo golpearon y amenazaron con matarlo”, según la versión de su hermana. 

Cuando se enteraron de la captura, miembros de familia Lacayo recurrieron al doctor Julio Montenegro, reconocido defensor legal de presos políticos, y cuyas investigaciones confirmaron que Edward no tenía drogas. “Es más, mi hermano le dijo: “Señor juez, hágame un examen, un examen de tacto para que mire que yo no he manipulado esas cosas. Ni en mi ropa, ni en el bolsito que yo llevaba.” 

Una pena condenatoria no fue el único castigo para Edward por ser uno de los líderes de las protestas pacíficas en el pueblo indígena de Monimbó, departamento de Masaya, al centro del país centroamericano. 

Los familiares: víctimas también del régimen 

Edward recibió torturas, golpizas, retención de alimentos (preparados y proporcionados por su familia) y medicamentos necesarios para tratar su diabetes. También sus familiares fueron víctimas constantes de asedio, acoso y agresiones por miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).    

“Cuando él salió de Masaya, a nosotros nos perseguían. De hecho, cuando salíamos de la casa nos seguía un motorizado y estuvieron llegando personas a preguntar por mi hermano que ‘a dónde estaba’. Nosotros les decíamos que no sabíamos”, relató Karen. 

El acoso continuó una vez que Edward fue apresado, sobre todo en los momentos en los que su familia trataba de tener acceso a él.  

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“Mi familia y yo estuvimos alrededor de cuatro meses secuestrados en nuestra propia casa, desde el 2 de noviembre hasta mediados de febrero. La guardia sandinista no nos dejaba salir, menos a mí y a mi mamá”, recuerda Karen Lacayo.  

A través de videos que ella y su familia grabaron y pasaron en redes sociales se documentó como los policías les revisaban los víveres cuando les tocaba ir a dejarlos a Edward, y les tomaban fotos sin importar “si la acera estaba sucia”. A los taxistas los amenazaban con detenerlos si las llevaban. 

Hubo una ocasión en que las autoridades de la cárcel del nuevo “Chipote”, en la capital Managua, no permitieron que ningún taxista transportara a Karen y a su mamá, Estela Rodríguez, desde allí hasta su vivienda. Las dos mujeres tuvieron que caminar de noche, mientras eran seguidas por policías y paramilitares, hasta la parada del autobús, unos tres kilómetros. Doña Estela tiene 71 años, es diabética y con otros problemas de salud. 

Todas estas acciones de hostigamiento empujaron a Karen Lacayo a solicitar asilo político en Estados Unidos.  

Con regularidad llama a su familia para preguntar por el estado de salud de Edward.  

“Antes mi hermano estaba muy deteriorado. Tenía la piel, la cara, toda la boca reseca. Ahora, en la última visita a mi hermano, mi mamá me manifestó que lo miró un poco más repuesto”, contó. 

Leyes represivas: afinando las tácticas de castigo   

El régimen de Nicaragua mantiene encarcelados a 181 presos políticos, de ellos 171 desde abril del 2018, que tienen algo en común: su reclusión es un “castigo” por demandar la democratización o por representar una “amenaza” para Ortega y Murillo de perpetuarse en el poder.  

Durante estos cuatro años de crisis, la pareja presidencial recrudeció sus tácticas de represión, creando una serie de leyes para reforzar la instrumentalizar el sistema de justicia con fines políticos partidarios. 

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Han construido un “soporte” para justificar condenas y violaciones a derechos humanos, utilizando leyes que, en repetidas ocasiones, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales han señalado como inconstitucionales.  

Entre mayo y noviembre del 2021, en el contexto de las elecciones presidenciales, fueron encarceladas 50 personas, entre las que figuran líderes opositores y estudiantiles, precandidatos presidenciales, empresarios y periodistas.  

Se utilizan la Ley especial de ciberdelitos, la 1055 o “Ley de defensa de los derechos del pueblo” y la “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas”. 

Censura y cárcel a periodistas 

Los medios de comunicación y los periodistas independientes también son víctimas de los mecanismos de represión del régimen para perpetuar su política de “normalidad”. 

Confiscación de los medios La Prensa, Confidencial, el canal 100% Noticias y otros, agresiones, acoso y asedio a periodistas y finalmente, el encarcelamiento. Fue el caso de Lucía Pineda, directora del canal de televisión, quien compartió con Expediente Público parte de su historia.  

“La cobertura que realizábamos en el terreno, donde la población salió a manifestarse, recibió una violenta represión del régimen de Daniel Ortega. Esto también desde el día número uno de la represión, el 18 de abril”, rememora Pineda e insiste en que el objetivo de atacar a los reporteros era para que “no se documentara la agresión que estaban realizando” a la ciudadanía. 

Tras el inicio de las protestas, el canal 100% Noticias fue sacado del sistema de cable durante seis días.  

Pero, la parte más dura sobrevino con el encarcelamiento. El 21 de diciembre de 2018 agentes policiales ingresaron de forma arbitraria a las instalaciones del canal, confiscaron sus bienes y se llevaron capturados a Miguel Mora, propietario, y a Lucía Pineda. 100% Noticias no volvió al aire en señal de cable, sus instalaciones y equipos son utilizados por el “Canal 15”, propiedad del régimen. 

Seis meses de torturas 

“Nos dejaron por seis meses bajo un trato de tortura psicológica, intenso interrogatorio y aislamiento. Miguel estuvo en la celda del Infiernillo, que realmente es literal como un infierno. Él siempre las describe como tumbas”, recordó la periodista Pineda.   

Sobre su propio encierro contó que le “tocó pues estar completamente sola y aislada en el penal de mujeres, sin celda vecina. Y ellos impusieron prácticamente una losa de silencio estando ahí, solitaria”, aseguró.  

Los tiempos de mayor ansiedad fueron tras el retraso a su juicio. “Noches donde sentía mucha angustia, donde sentía incertidumbre, más cuando no me llevaron a mi juicio. Ahí me comencé a desesperar. Incluso pues yo en mi desesperación le decía a Dios que ya no aguantaba y que si me quería llevar pues que me llevara”.  

Pasó 40 días en el centro penitenciario conocido como “el Chipote” y el resto de su encarcelamiento en la cárcel de mujeres «La Esperanza», situada en Tipitapa, municipio del departamento de Managua. La liberaron el 11 de junio de 2019, tres días después de que los diputados de la Asamblea Nacional aprobaran la Ley de Amnistía.  

Desde el exilio en Costa Rica, Pineda valora el esfuerzo de los medios que han sobrevivido a la censura y los ataques del régimen.   

“En el presente se hace un periodismo de resistencia, con valentía. El periodismo sigue de pie. Aunque estemos fuera de Nicaragua. El periodismo sigue con las botas puestas, aunque nos hayan robado nuestra sala de redacción. El periodismo continúa de forma valiente, aunque nos hayan metido a la cárcel, la verdad no la pueden ocultar”, reseñó.  

El cierre de universidades, cuna de la rebelión  

Las universidades fueron el epicentro de la crisis sociopolítica de abril del 2018. Durante estos cuatro años el régimen se ha encargado de expulsar a 150 estudiantes de universidades públicas que participaron en las protestas y de reforzar el adoctrinamiento político del FSLN. 

David Gómez, director de la organización “Aula Abierta”, señaló a Expediente Público que la cancelación de la personería jurídica de 18 universidades privadas y su posterior confiscación, es la búsqueda de venganza en contra de los lugares donde surgió la rebelión. 

“Se busca limitar la producción de conocimiento científico y desarticular a los profesores, estudiantes y a la universidad como institución, de manera tal que no puedan cumplir con su rol de participar en la discusión de los asuntos públicos”, aseguró.  

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Para el especialista, el control de los sectores críticos pretende que la sociedad no reaccione ante las violaciones a sus derechos humanos.  

“La ilegalización de estas universidades representa una grave violación a la libertad académica, a la autonomía universitaria y al derecho a la educación de calidad, al mermar los espacios para la producción del conocimiento científico y crítico, indispensables en las sociedades democráticas”, explicó Gómez.  

Según lo estipulado en el principio IV de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cierre o la no renovación de acreditaciones de instituciones, bibliotecas, laboratorios u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica como represalia por disentir de la visión ideológica, económica o axiológica del gobierno, impacta negativamente en la libertad académica.  

Para Gómez, un país sin universidades en las que se pueda fomentar el pensamiento crítico se va quedando sin esperanza de una democracia. “Cerrar universidades es acabar con los espacios de formación de la juventud”, afirmó. 

Contra las ONG 

La cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones, se intensificó durante los últimos cuatro años. Hasta marzo del 2022 fueron canceladas 132 ONG`s. 

Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el cierre de ONG es violatoria de múltiples derechos, entre ellos la participación ciudadana. 

 “Ha sido una constante de represión en contra del esfuerzo de trabajo conjunto y de participación ciudadana”, dijo a Expediente Público

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La defensora de derechos humanos explicó que el cierre de ONG pretende eliminar el aporte de la sociedad civil a las transformaciones sociales y a la asistencia de las personas más vulnerables.  

Esto, con dos motivos: uno, captar toda la cooperación internacional que las oenegés reciben. Y segundo, la existencia de una visión partidista, “de que ellos son los únicos que resuelven todos los problemas del país”.  

Como parte de su estrategia de venganza, el régimen aprovecha la cancelación de las personerías de las oenegés para confiscar sus bienes.   “Esta cancelación de las personalidades jurídicas ha sido también una especie de saqueo, de robo. Ya que está prohibida la confiscación en la Constitución, no se atreven a emitir un decreto, sino que lo que hacen es apoderarse a través de otras maniobras. No usan ni siquiera la ley de expropiación, prácticamente se están comportando como lo que son, como aves de rapiña”, finalizó Núñez.

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