* Expediente Público hizo una verificación de las afirmaciones del mandatario guatemalteco en su segundo informe de gobierno ante el Congreso.
** Arévalo hizo aseveraciones verdaderas, otras engañosas y otras falsas con respecto a información oficial.
*** El diputado de oposición Roberto Calderón portó una playera con los letreros “Renuncia Ya” y “Arévalo mintió” mientras el mandatario daba su discurso.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dio su segundo informe de gobierno ante el Congreso Nacional este miércoles. Su presentación hizo énfasis en la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
Sin embargo, varias de las cifras presentadas por el mandatario fueron objeto de cuestionamientos, tanto por inconsistencias con respecto a los datos oficiales como por reacciones políticas inmediatas dentro del propio Legislativo.
Durante su intervención ante diputados, funcionarios y representantes de distintos sectores, Arévalo sostuvo que su administración ha logrado avances sustanciales en materia de seguridad, especialmente en comparación con el gobierno anterior.
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No obstante, un análisis de los datos proporcionados por el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la PNC revela que algunas afirmaciones son verdaderas, otras engañosas y otras totalmente incompatibles con los registros oficiales.
Incautación de droga: una afirmación con matices
Uno de los principales temas del presidente fue el combate al narcotráfico. “Nosotros superamos en 22.6% el promedio de los últimos cuatro años del gobierno anterior en las incautaciones de droga”, afirmó el mandatario.
Durante los cuatro años de la administración del expresidente Alejandro Giammattei, se decomisaron en total 26 toneladas de cocaína, es decir, un promedio anual de 6.5 toneladas.
En los dos años del gobierno de Arévalo se han incautaron 28 toneladas de cocaína (18.5 en 2024 y 9.5 en 2025), o sea, un promedio de 14 toneladas anuales.
Estas cifras muestran que los decomisos, solamente de esa droga, en el actual gobierno superaron el doble con respecto a la administración anterior.
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Para el analista en seguridad Armando Contreras, el aumento en decomisos no necesariamente implica un debilitamiento estructural del narcotráfico.
“Más droga incautada puede significar mejor trabajo de inteligencia, pero también mayor flujo de estupefacientes por el territorio. Sin un análisis integral, la cifra por sí sola no es suficiente para medir el éxito de una política de seguridad”, explicó a Expediente Público.
Más policías, pero no todos nuevos
Otro de los puntos destacados por Arévalo fue el fortalecimiento de la PNC. “Durante nuestro gobierno incorporamos más de 6,000 nuevos agentes en dos años”, sostuvo.
Sin embargo, los datos oficiales del Mingob y de la PNC muestran que esta afirmación es engañosa. De los más de 6,000 agentes mencionados, 2,230 corresponden a policías que ascendieron de puesto, es decir, no se trata de nuevos elementos incorporados a la fuerza policial.
En realidad, los nuevos agentes graduados e incorporados en 2024 y 2025 suman 3,770 efectivos. Esta cifra representa un avance frente a años anteriores, pues entre el 2020 y el 2023, se unieron 1,232 en total. A pesar de ello, la afirmación de Arévalo no coincide con los datos oficiales.
Para Ana Lucía Velásquez, investigadora del Instituto de Estudios en Seguridad (IES), este tipo de imprecisiones afectan la credibilidad del discurso oficial.
“El problema no es que se presenten avances, sino que se inflen cifras. En seguridad, la transparencia es clave, porque se trata de un tema altamente sensible para la población”, señaló.
Velásquez agregó que Guatemala aún enfrenta un déficit de agentes policiales, especialmente en áreas rurales y fronterizas, donde el crimen organizado mantiene una fuerte presencia.
Según Velásquez, Guatemala alcanza 242 agentes por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional es de 300.
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Estructuras criminales: una cifra que no cuadra
Uno de los momentos más cuestionados del informe fue cuando el presidente resalto el ataque a grupos delictivos. “Durante estos dos años logramos desarticular 148 estructuras criminales”, indicó.
No obstante, los registros oficiales del Mingob contradicen esta cifra. En 2024 se reportó la desarticulación de 46 estructuras criminales, mientras que en 2025 la cifra fue de 51, lo que da un total de 97.
Para el experto en criminología Pablo Juárez, este tipo de errores no son menores. “Cuando se habla de estructuras criminales, se debe ser extremadamente preciso. No es lo mismo capturar a un grupo delictivo que desarticular una red completa con capacidad operativa, financiera y territorial”, explicó.
Juárez añadió que, aunque el número real de estructuras desarticuladas representa un esfuerzo importante, exagerar los resultados puede generar expectativas que luego no se cumplen.
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Protesta en el Congreso durante el informe
Mientras el presidente Bernardo Arévalo exponía su balance de gobierno, el informe también estuvo marcado por un acto de protesta dentro del hemiciclo legislativo. El diputado Roberto Calderón, del partido Vamos, se levantó de su curul portando una playera con los mensajes: “Arévalo mintió” y “Renuncie ya”.
La acción generó reacciones encontradas entre los diputados, algunos de los cuales calificaron el acto como una forma de protesta política legítima, mientras que otros lo consideraron una falta de respeto al acto solemne.
Calderón no emitió declaraciones inmediatas durante la sesión, pero posteriormente indicó que su protesta respondía a lo que calificó como “manipulación de cifras y falta de resultados reales en seguridad”.
Percepción ciudadana y desafíos pendientes
Más allá de las cifras y los debates políticos, la percepción ciudadana, sigue siendo un factor clave. Según la encuesta del Instituto de Enseñanza Para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), el 30% de los guatemaltecos siente que la inseguridad subió, mientras que, en el 2024, el 28% tenía esa opinión.
Aunque el Gobierno ha insistido en que los índices de violencia se han contenido, diversos sectores sociales continúan denunciando extorsiones, asaltos y presencia de estructuras criminales en barrios y municipios del país.
La encuesta Latinbarómetro 2024 muestra que los guatemaltecos consideraban que la delincuencia era el problema que más importante del país. El 18% de los entrevistados dieron esa respuesta.
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Según Luis Fernando Linares, analista político y social, el reto principal del Gobierno es traducir las cifras en mejoras tangibles para la población.
“Si la gente no siente más seguridad en su día a día, cualquier informe se queda corto. La seguridad no se mide solo en decomisos o capturas, sino en la tranquilidad de las comunidades”, afirmó.
Linares también subrayó que el actual gobierno heredó un sistema de seguridad debilitado, con problemas estructurales de corrupción, falta de recursos y poca coordinación interinstitucional.
