* El estilo centralizado del gobierno de Nayib Bukele ahuyenta a criptoactivistas que buscaban un paraíso del bitcoin en El Salvador.
** La criptomoneda dejó de ser de curso legal en enero de 2025 luego que la Asamblea Legislativa reformó la ley para eliminar el uso obligatorio.
*** El cambio sucedió luego que el FMI ofreciera un préstamo de US$1,400 millones si modificaban la ley.
Eric Lemus / Expediente Público
El Salvador ya no es más la meca del negocio bitcoin. Las conferencias anuales que desde 2021 atraían a cientos de desarrolladores, empresarios, activistas y líderes del ecosistema cripto global son ahora un recuerdo.
El Adopting Bitcoin 2022, organizado entre San Salvador y las playas del llamado Surf City, fue la última ocasión que el gobierno de Bukele logró atraer a entusiastas extranjeros que vinieron procedentes de lugares tan disímiles como Argentina, Rusia, Alemania, Brasil y Estados Unidos.
Tras la eliminación del bitcoin como moneda legal en El Salvador, en enero de 2025, la presencia de los criptoactivistas buscando radicarse en las playas salvadoreñas es paulatinamente reemplazada por los surfistas que llegan por una breve temporada en busca de olas en las aguas cálidas salvadoreñas.
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¿Qué falló con el bitcoin en El Salvador?
El sinsabor por el experimento económico, sin embargo, es un tema espinoso entre quienes llegaron a El Salvador en busca de libertad financiera e innovación.
El generador de contenidos audiovisuales y criptoactivista conocido como Jordan Urbs fue el primero que criticó públicamente la disparidad entre la realidad y lo prometido por el presidente Nayib Bukele.
“Yo diría que mucho de lo que está sucediendo en El Salvador, especialmente en el ámbito de las playas falsas y el gasto de la clase media, es una ilusión de calidad. Precios muy altos para resultados de baja calidad”, criticó Urbs en entrevista con Expediente Público.
A Nayib Bukele no le gusta la crítica
El estadounidense estuvo radicado en El Zonte, la playa ubicada en el departamento La Libertad, (pacífico) donde nació el experimento bitcoin en 2019.
En El Zonte, el precio promedio por metro cuadrado pasó de US$34.33 antes de 2020 a US$80.61 entre 2021 y 2024, lo que equivale a un aumento de más del 130%, de acuerdo con un cálculo del Registro de Comercio. A lo largo de la costa hay oferta de proyectos de lujo donde el precio por metro cuadrado supera los US$1,000.
Por su parte, el presidente Bukele escribió el 15 de junio en su cuenta en X “necesitamos constructores, no quejosos”. El texto se interpretó como respuesta al mensaje de Urbs en su red social.
El desencanto tiene un punto de partida desde enero de este 2025. Aunque es un tema que prefiere ser tocado con cautela, el empresario estadounidense Aaron Murphy acepta que algunos amigos de la comunidad bitcoin planean irse, luego de “la modificación al marco regulatorio”.
Reforma a Ley Bitcoin: presión FMI
La Asamblea Legislativa reformó el 29 de enero de 2025 la ley para eliminar el uso obligatorio del bitcoin luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI,) negoció el desembolso de un préstamo de US$1,400 millones con el gobierno salvadoreño.
El Congreso, que está controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), modificó los artículos 1 y 7 de la Ley Bitcoin, que estaba vigente desde septiembre de 2021, cuando estableció el cripto como una moneda de curso legal al igual que el dólar estadounidense.
Los diputados también derogaron los artículos 4, 8 y 9, que establecían la obligación del Estado de proveer mecanismos a la población para realizar transacciones en bitcoin, como fue el caso de la billetera electrónica Chivo Wallet y la red de cajeros automáticos.
Aaron Murphy, bitcoiner estadounidense, dice a Expediente Público que el acuerdo con el FMI está en contra del “principio de soberanía financiera que abanderan los criptoactivistas”.
Murphy busca desarrollar un proyecto ecoturístico llamado Casa Conejo, en un paraje montañoso del municipio de Juayúa de El Salvador.
Urbs coincide. “Hay muy poco apoyo en El Salvador por parte de proyectos no autorizados por el gobierno”, opina. “Me sentí obligado a autocensurarme porque cada vez que uno dice algo remotamente negativo sobre su experiencia o sobre cómo ve las políticas, las masas de X sacan las antorchas”.
¿Hay sectores beneficiados?
El gobierno de Bukele creó en 2021 la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, que está dirigida por los estadounidenses Stacy Herbert y su esposo Max Keiser, quienes promueven el uso del activo digital para inversiones del sector privado.
A partir de que el país centroamericano se convirtió en cripto destino y albergó conferencias internacionales sobre el tema, atrajo a una creciente comunidad de nómadas digitales que buscaron radicarse en las playas El Palmarcito, El Tunco y El Zonte.
En paralelo, como un efecto colateral, aumentó el turismo internacional y empezó el desarrollo inmobiliario y se dinamizó la construcción de complejos habitacionales privados, debido a la promoción de proyectos como Bitcoin City y la construcción del Aeropuerto del Pacífico.
La edificación de resorts y spas propiedad de empresarios hoteleros extranjeros empiezó a modificar el paisaje de lo que otrora fueron peñascos rústicos junto al mar.
Sin embargo, la población local, que tradicionalmente vive de la pesca artesanal en esas zonas, resiente el aumento del costo de la vida y que no tiene acceso a este crecimiento económico.
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Sin datos del beneficio de las cripto
No existe información oficial que demuestre que esos proyectos inmobiliarios son resultado de una inversión en criptomonedas, dice la economista Julia Evelyn Martínez a Expediente Público.
En el ámbito cripto, compañías de dicho ecosistema como son el caso de Strike y Tether iniciaron operaciones en El Salvador gracias al marco legal derivado de la Ley Bitcoin.
De capital norteamericano, Strike fue la plataforma de pagos con bitcoin que colaboró con el gobierno en el lanzamiento de la billetera gubernamental Chivo.
Strike sigue operando en El Salvador porque considera que este país tiene un entorno más favorable para las operaciones con criptomonedas gracias a la Ley de Emisión de Activos Digitales.
Tether, propiedad del criptoactivista estadounidense Brock Pierce, anunció el 13 de enero de 2025 que trasladaría su sede a El Salvador tras obtener la licencia como Proveedor de Servicios de Activos Digitales, pero no hay una confirmación pública de su llegada.
Mirada bitcoiners: a favor y en contra
Para Urbs, los últimos cambios legales disocian con lo que le atrajo originalmente a radicar en el poblado pesquero El Zonte, donde se empezó a hablar de bitcoin en 2019 como un proyecto de economía circular promovido por el surfista Mike Peterson.
Peterson compartió la criptomoneda con 500 familias que carecían de acceso a cuentas bancarias y empezaron a comercializar bajo el concepto Bitcoin Beach, mucho antes del proyecto gubernamental. Actualmente sigue afincado en el poblado costero donde creó la fundación Hope House, que ofrece educación comunitaria a los residentes.
Sin embargo, el desarrollo hotelero está reemplazando a los viejos hostales donde solían llegar surfistas independientes de bajo presupuesto.
“Pero no hace falta mucho para ver que los pobres están sufriendo igual de duro, si no más, a medida que suben los precios. Y no es por la llegada de gringos que los precios están subiendo”, criticó Urbs en su red social X.
Las quejas con El Salvador del bitcoin
A renglón seguido, el bitcoiner Joe Marshall refutó estas apreciaciones.
“Desde mi perspectiva, El Salvador no es una fachada, sino que es una frontera. Y las fronteras son desordenadas, caóticas, llenas de contradicciones, y también de posibilidades”, replicó a Urbs.
Marshall comenta a Expediente Público que “en un país que se reconstruye tras décadas de inestabilidad, el desarrollo es caótico y tiene defectos”.
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“Apostar por El Salvador no es una victoria garantizada, pero hay una posibilidad de éxito. No sucederá de la noche a la mañana, pero el progreso medido en años sigue siendo un progreso que vale la pena perseguir. No por la narrativa, sino por el trabajo”, agregó Marshall.
El emprendedor Juan Gómez trabaja en el pequeño poblado costero El Palmarcito desde su infancia y reconoce las críticas contra el uso de la criptomoneda.
“Mire, aquí nosotros todavía usamos Bitcoin Beach porque tenemos una economía circular entre varios comerciantes de la playa, pero nadie de mis conocidos le tuvo confianza a la Chivo Wallet”, relata a Expediente Público.
Opacidad e improvisación
El gobierno salvadoreño invirtió más de US$200 millones en la implementación del proyecto, que incluyó la billetera electrónica Chivo Wallet, la instalación de cajeros automáticos en todo el país y un fideicomiso para convertir el valor del criptoactivo a dólar.
Sin embargo, no hay transparencia con respecto a las inversiones que el Estado salvadoreño ha realizado en bitcoins.
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Cuando iniciaron estas operaciones, con dinero público, estas empezaron a reflejarse en un portafolio electrónico manejado personalmente por Nayib Bukele, el Nayibtracker. Ahí se pueden observar los flujos históricos a la baja y al alza, así como algunas compras realizadas por el mandatario.
Asimismo, el lanzamiento de la billetera Chivo también sufrió fallas técnicas que desincentivaron a los usuarios. El monedero fue desmantelado este 2025 tras el acuerdo con el FMI.
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Riesgos de estafas
Uno de los casos que más llamó la atención internacional fue la suplantación de identidad de miles de ciudadanos e incluso dio pie al acompañamiento jurídico de apenas 240 afectados, cuya situación fue recogida en el informe elaborado por la organización no gubernamental Cristosal.
Aunque los ejemplos de suplantación, hurto de identidad y fallos en los mecanismos de seguridad de la Chivo Wallter fueron numerosos, unos pocos buscaron judicializar su denuncia, como lo demuestra el informe “El Salvador y el bitcoin: Experimento fallido en transparencia y rendición de cuentas”, elaborado por Cristosal y presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por estas denuncias, el departamento de Anticorrupción y Justicia de la ONG solicitó en febrero de 2021 a la Fiscalía una investigación por el fraude millonario.
Sin embargo, en un giro de tuerca, la jefa de la unidad de dicha organización civil, Ruth Eleonora López, fue capturada por la FGR acusada por enriquecimiento ilícito en un proceso que ha sido denunciado internacionalmente como persecución a los activistas y defensores sociales.
¿Ahuyentar o promover?
La forma de gobierno “altamente centralizado” del presidente Bukele ahuyentó en lugar de alentar la inversión de bitcoiners, “que son suspicaces ante la concentración de poder y la ausencia del Estado de derecho”, dice a Expediente Público un analista político que pide omitir su nombre por seguridad.
“El régimen de excepción que está permanente desde marzo de 2022 proyecta la imagen de un país seguro al estilo de Corea del Norte donde nadie puede hablar mal del líder supremo”, argumenta.
La extitular de la Dirección de Tecnología e Innovación de Negocios, una institución gubernamental, Mónica Taher recuerda a Expediente Público que ella fue separada del cargo luego de pedir transparencia al gobierno de Bukele.
Originalmente, Taher, que reside en EE. UU., fue una entusiasta difusora del partido político de Bukele y estuvo a cargo de atraer inversionistas extranjeros. Sin embargo, ella discrepó de la opacidad de la gestión económica y el modelo represivo instaurado dese marzo de 2022 con el régimen de excepción.
Salvadoreños no usan bitcoin
En 2021, el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) demostró mediante una encuesta trazada a nivel nacional que el 87.5% de los 1,269 entrevistados rechazó la adopción de la criptomoneda.
A criterio del economista César Villalona, el FMI forzó al gobierno a dar un paso atrás en la adopción del bitcoin como moneda de curso legal.
“Aunque el FMI permitió que la ley que autoriza el uso de bitcoin se mantenga, ha impuesto restricciones severas que limitan su uso obligatorio por parte de las empresas y exige la publicación de los estados financieros de la billetera digital Chivo Wallet”, observó Villalona a Expediente Público.
El economista calcula que Bukele tiene hasta este julio de 2025 para poner fin al uso de fondos públicos en la compra de criptoactivos.
Sin embargo, el gobernante salvadoreño confirmó en junio que seguía adquiriendo bitcoin, con un total acumulado de más de 6,234, cuyo valor económico es de más de US$700 millones, con tendencia hacia el alza.
