* El Ministerio de Trabajo de Guatemala registra 264 denuncias laborales en comercios chinos desde 2023.
** Supervisión estatal es limitada para frenar abusos.
Marysabel Aldana / Expediente Público
Mario* tiene 29 años y trabaja desde hace tres años en una empresa de distribución de productos electrónicos importados desde China, ubicada en Amatitlán, un municipio cercano a la Ciudad de Guatemala.
“Nos pagan el salario mínimo, pero no hay contrato, no hay prestaciones. No cotizo al IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) y cuando alguien se enferma, simplemente lo despiden”, afirma con voz tensa.
“Una vez, un compañero se lesionó cargando una caja. Lo despidieron al día siguiente”, aseguró.
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Mario cuenta a Expediente Público que hay cámaras en todos los espacios y que los supervisores, de nacionalidad china, no permiten descansos más allá de los 30 minutos para almorzar.
“Si llegás tarde, aunque sea un minuto, te descuentan medio día. Y si reclamás, te gritan o te echan”, agregó.
Silvia*, de 42 años, labora en una venta de productos de comercio chinos en Villa Nueva, un municipio del Departamento de Guatemala.
“Trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nos dan solo 15 minutos de descanso por la mañana y media hora para almorzar”, dice a Expediente Público. “No nos pagan horas extras, aunque nos quedemos más tarde”.
El salario aprobado por el Gobierno de Guatemala para ese sector es de Q3.973.05, un aproximado de US$400.00
Ella relata que ha visto cómo compañeras son reprendidas verbalmente frente a todos si cometen errores. “Te gritan, te humillan. Hay mucha presión y siempre hay amenaza de despido si hablás de organizarse o pedir tus derechos”.
Silvia interpuso una denuncia en el Ministerio de Trabajo, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. “Nos sentimos abandonadas”, asegura.
El Código de Trabajo en Guatemala establece fechas para que las empresas puedan prestar sus pruebas de descargo, sin embargo; en algunas ocasiones mencionan que se no se les notifica, en el caso de Silvia, mencionó que han pasado 8 meses desde la denuncia.
Precariedad en la formalidad laboral
Testimonios de trabajadores y denuncias como las mencionadas ante el Ministerio de Trabajo pintan un panorama de abusos contra los empleados de comercios asociados a China, según Armando Macario, representante de Trabajadores Unidos a Expediente Público.
Trabajadores Unidos es una organización en defensa de los derechos laborales de los guatemaltecos.
Según el Ministerio de Trabajo, en 2023 fueron 1,735 denuncias de trabajadores contra sus empleadores a nivel general y en 2024, 1,912. Y en lo que va del 2025, hasta el 15 de abril, 893 denuncias.
Aunque el Ministerio del Trabajo rechazó brindar una entrevista a Expediente Público, compartió que, del total de denuncias, a los comercios chinos corresponden 175 casos en 2023, 200 en 2024 y 64 en lo que va del 2025.
Una de las denuncias contempla hasta intento de golpes, por parte de un empleador chino.
Denuncias con escaso seguimiento
Además, se reconoce una limitación importante a la hora de abordar estas denuncias: la Inspección General de Trabajo.
La entidad no proporciona información clara sobre el número de estas empresas ni su ubicación, y no hay un censo laboral específico para industrias vinculadas al comercio chino.
Las 64 denuncias de 2025, hasta ahora se desconoce si son de una misma empresa o varias, por la falta de información clara de las autoridades.
Carlos Molina, trabajador de comunicación social del Ministerio de Trabajo, aseguró a Expediente Público que las autoridades eran difíciles que dieran declaraciones, porque a los funcionarios no les gustaba hablar del tema.
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¿Quién controla a las empresas chinas?
Según el Decreto 29-89,Ley de Fomento y Desarrollo del Trabajo, del Ministerio de Economía es el encargado de autorizar y registrar las empresas extranjeras que operan en Guatemala.
Sin embargo, el número exacto de comercios chinos en el país centroamericano no está disponible, y la Inspección General de Trabajo tampoco proporciona esta información.
Para la socióloga y analista laboral Carla Morales, este vacío institucional es grave.
“Tenemos un flujo masivo de productos y capital desde China, pero una supervisión laboral deficiente. Eso genera un espacio propicio para los abusos”, advierte a Expediente Público.
Morales agrega que la cultura empresarial de algunas compañías extranjeras, especialmente de origen chino, puede chocar con las normativas laborales locales si no hay controles efectivos.
Falta de voluntad política
Consultado sobre el tema, el abogado laboralista y exfuncionario de gobierno de Álvaro Colom, en 2010, Javier Soto afirma a Expediente Público, que la fiscalización laboral en Guatemala sigue siendo débil.
Señala que especialmente la debilidad es la falta de vigilancia y aplicación de las leyes cuando se trata de empresas con fuerte poder económico, incluyendo las importadoras.
“Hay temor a tocar intereses de grandes importadores o empresas que representan inversión extranjera, especialmente cuando se vinculan con países como China”, explica a Expediente Público.
Soto añade que muchas inspecciones laborales se limitan a procedimientos administrativos sin seguimiento efectivo.
“Los trabajadores muchas veces desisten de las denuncias porque no ven resultados. Y mientras tanto, las empresas siguen operando con total impunidad”, acotó.
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Un problema estructural
La precariedad laboral en las empresas chinas no es un caso aislado, sino parte de un problema estructural más amplio: el debilitamiento de las instituciones laborales, la falta de recursos para inspección y la baja cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Guatemala.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 70% de la población ocupada en Guatemala trabaja en condiciones de informalidad, lo que facilita el abuso en empresas como las del comercio chino que ofertan un empleo supuestamente formal.
A eso se suma la barrera cultural y del idioma, según explica la antropóloga social Mariana Ajcalón a Expediente Público.
“Algunas empresas no permiten comunicación directa con los dueños o supervisores por el idioma, lo cual complica aún más la defensa de derechos laborales”, detalla a Expediente Público.
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Cultura laboral “importada”
La falta de transparencia sobre la cantidad exacta de empresas vinculadas al comercio chino, sumada al silencio institucional, deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema, a criterio de Soto.
“Mientras tanto, el comercio (con China) sigue fluyendo y los productos llegan cada vez más rápido a las bodegas y tiendas. Lo que no llega, o llega muy tarde, son los derechos laborales para quienes están detrás del movimiento económico”, finalizó Soto.
*Nombres usados para resguardar la seguridad de los trabajadores.
