* Las principales organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el Estado de excepción en El Salvador es una herramienta permanente que utilizará Nayib Bukele para asegurarse en el poder contra la Constitución.
**La suspensión de todas las garantías constitucionales fue aprobada originalmente a finales de marzo de 2022.
**El presidente Nayib Bukele invocó la medida después de una ola de asesinatos durante un fin de semana y que fue atribuida a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-139 y Barrio 18.
Eric Lemus / Expediente Público
La organización Socorro Jurídico Humanitario (SCH) elevó su voz para exigir el fin del régimen de excepción en El Salvador tras la documentación de más de 300 denuncias de muertes de personas bajo custodias del estado.
La directora jurídica de SCH, Ingrid Escobar, reiteró que la tortura sigue aplicándose en las cárceles donde un 60 por ciento de los decesos fue debido a la violencia adentro de las prisiones, 32 por negligencia médica cuando el reo es llevado tardíamente a los hospitales y un diez por razones desconocidas.
“Debe de quitarse sobre todo ahora que lo están utilizando para capturar líderes sindicales y personas que denuncian actos arbitrarios de las instituciones del estado”, afirmó Escobar a Expediente Público.
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SCH, que es una de las agrupaciones que documenta las violaciones a los derechos humanos, demanda la aplicación del artículo 8 del Estatuto de Roma en el caso salvadoreño por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“¿Quiénes van a responder por las vidas de los más de 200 salvadoreños asesinados por representantes del Estado, por negligencia médica en Centros Penales?”, inquiere.
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Muerte tras requisa en cárcel
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) denunció a principios de junio la muerte de Julio Cesar Santamaría, de 32 años, quien había sido capturado arbitrariamente el 1 de diciembre del 2022.
La organización no gubernamental, que registra diversos casos, explicó a Expediente Público que Santamaría falleció el jueves 8 de junio en el Centro Penal La Esperanza, donde estaba recluido.
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Ese día la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó una requisa adentro de la cárcel, que también es conocida como Mariona.
“En la morgue informaron que la causa de su muerte fue por edema pulmonar. Sin embargo, se observan golpes en todo el cuerpo, su rostro está morado (…) Esta muerte se produce justo el mismo día que el régimen ejecuta requisa”, detalló a Expediente Público Samuel Ramírez de MOVIR.
“Durante este operativo muchos privados de libertad fueron víctimas de golpes”, añadió.
Capturas para dar seguridad
La activista en derechos humanos, Celia Medrano, critica los abusos cometidos por el Gobierno de Nayib Bukele durante el régimen de excepción, que lleva casi año y medio de vigencia.
“Están capturando a quien sea en función de convenceros de que es necesario para garantizarnos sentir seguros y muchos que han avalado lo que está sucediendo le pregunto: ¿qué pasará cuando uno de sus familiares sea detenido de esta manera?”, dice a Expediente Público.
Medrano es compañera de fórmula presidencial por el partido Nuestro Tiempo junto al abogado y militar retirado Luis Parada.
El abogado Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal María Julia Hernández, explica a Expediente Público que la aplicación de la tortura bajo el régimen tiene varios ángulos.
“Por ejemplo, la gente se encuentra que no tiene ninguna comunicación de su pariente detenido y eso se considera una desaparición forzada, al no tener ningún dato del detenido, dónde se encuentra, qué le ha ocurrido, por qué se lo llevaron”, describe Mauricio.
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Piden paz en las comunidades
A mediados de junio, los habitantes de Arcatao, un poblado salvadoreño fronterizo con Honduras, iniciaron una campaña en las redes sociales para exigir paz en su comunidad y el fin del acoso policial y militar que amedrenta especialmente a jóvenes y agricultores.
El lugar es una localidad pequeña ubicada a 135 kilómetros al norte de la capital que, durante la guerra civil, entre 1980 y 1992, protagonizó diversos episodios violentos como masacres, bombardeos y persecución política.
Tras el fin del conflicto, se transformó en un municipio sumamente organizado que mantuvo a raya la presencia de las pandillas gracias a la vigilancia ciudadana.
Sin embargo, con la entrada del Estado de Excepción, la comunidad denuncia el abuso de autoridad cometido especialmente por miembros del ejército contra jóvenes y campesinos en la zona rural.
“Un niño estudiante de octavo grado fue detenido por miembros del Ejército en el lugar conocido como ‘La mata de los novios’, y la madre del menor manifiesta que los militares lo desnudaron y amedrentaron”, publicaron en sus redes sociales donde exhortan al Gobierno de Bukele que “Arcatao quiere vivir en paz”.
Seguimiento policial a organizaciones
El pasado 7 de julio, MOVIR convocó a la prensa a una concentración al pie del monumento al Salvador del Mundo, en la periferia de la capital, con el lema “Rompamos el silencio” para “exigir el cese de las capturas de inocentes y muertes en las cárceles”.
Decenas de personas acudieron al lugar para relatar a los periodistas sus casos y la falta de información en torno al estado de salud de sus parientes detenidos.
Al concluir la manifestación y lejos de la prensa, varias unidades policiales interceptaron a los organizadores de la actividad.
“Varios vehículos nos estaban siguiendo y cuando nos detuvieron verificaron nuestros documentos y preguntaron si alguien del grupo había estado detenido”, según contó Samuel Ramírez a Expediente Público.
Pero la llegada de dos reporteros del periódico El Diario de Hoy visibilizó el caso.
“Vieron que un carro patrulla nos seguía y se fueron detrás. Cuando nos tenían ahí varados, ellos filmaron y (los policías) comenzaron a tratar de intimidarlos para que no continuaran filmando, pero ellos siguieron. Eso ayudó mucho a que la situación no se fuera a agravar”, relató.
Encarcelación de periodista
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este 10 de julio la captura arbitraria que sufrió el periodista Víctor Barahona, quien trabaja como reportero comunitario en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.
Barahona fue encarcelado durante 11 meses y 12 días luego que la Policía llegó a su domicilio y fue acusado de “agrupaciones ilícitas”, la figura generalizada que utiliza el Gobierno durante el régimen de excepción.
Angélica Cárcamo, presidenta de APES, recordó que “El Salvador tiene el deber jurídico de asegurar, incluso bajo el régimen de excepción, las garantías judiciales, el debido proceso” (…) con el fin de garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada en el estado de derecho por la Convención Americana (de derechos humanos)”.
Barahona compartió su testimonio durante una rueda de prensa y narró que fue recluido en tres lugares, donde sufrió hacinamiento, tortura física y sicológica, y falta de atención médica.
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Riesgo de ser periodista en El Salvador
La APES registró de enero a junio del 2023 un total de 194 agresiones, donde las más graves son las retenciones arbitrarias principalmente contra fotoperiodistas y periodistas comunitarios
Un reportaje publicado este 10 de julio en un periódico estadounidense muestra que El Salvador pasó de ser el país con la tasa más alta de asesinatos a tener la más alta de encarcelados.
“¿No sería obvio que si tuvimos la tasa de homicidios más alta del mundo fue precisamente porque teníamos muchos delincuentes en las calles que se suponía debían estar en la cárcel en primer lugar? Parece que la lógica básica ha abandonado por completo a la civilización occidental”, comentó Bukele a través de su red social.
“Su propio artículo tiene la respuesta: un país con la tasa más alta de asesinatos = un país con el mayor número de criminales en las calles = un país con el mayor número de personas que deben ser encarceladas para detener los asesinatos. ¿Acaso voy muy rápido?”, ironizó el gobernante.
