* Una investigación de Expediente Abierto y Fundación del Río revela que empresas chinas controlan el 8.5% del territorio nicaragüense.
* El régimen Ortega-Murillo reformó leyes ambientales y mineras para centralizar el poder, evadir sanciones de Estados Unidos y facilitar concesiones masivas a sus aliados.
* El estudio encontró extrañas exportaciones de minerales, pues se dieron sin que existan empresas autorizadas por el Estado para realizar esas operaciones.
Expediente Público
La minería metálica es uno de los principales motores que sostiene las finanzas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sus mayores socios son empresas chinas que depredan el Caribe Norte de Nicaragua bajo un esquema opaco. Así lo revela la última investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto y la Fundación del Río, en el informe “La influencia china en el sector minero nicaragüense”.
El estudio identificó 71 lotes mineros que fueron otorgados a empresas de origen chino, los cuales cubren más de 966,000 hectáreas, lo que equivale al 8.5% del territorio nicaragüense.
Estas concesiones impactan a 28 municipios, y siete territorios indígenas y afrodescendientes. Además, pasan sobre áreas protegidas como la Reserva de Biósfera Bosawás y Río San Juan, la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
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La investigación documenta la opacidad del régimen Ortega-Murillo en materia minera, no solo por la falta de información sobre las concesiones sino también con respecto al comercio de minerales, ya que el estudio encontró exportaciones sin que hubiera empresas autorizadas para hacerlo.
Asimismo, el estudio proporciona información cartográfica y satelital actualizada de los lugares donde operan las empresas de capital chino con total impunidad medioambiental.
La dictadura se ha servido de los metales, especialmente el oro, por su alto precio en el mercado internacional. Los Ortega-Murillo han aumentado las concesiones y los incentivos a empresas aliadas asiáticas, sin importarles las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Washington sancionó el 17 de junio de 2022 a la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) y a su titular, Ruy Delgado López, quien actuó como presidente directivo de la entidad estatal.
Reformas legales para violar la ley
El director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, manifestó a Expediente Público que el régimen viola la Ley 445 que aprobó la Asamblea Nacional el 23 de enero de 2003 para regir la propiedad comunal en las áreas naturales protegidas.
“Ortega-Murillo lo que ha hecho es una modificación del sistema legal ambiental que protegía no solo a los bienes naturales del país, como en este caso el área protegida, sino también a las territorios indígenas y afrodescendientes”, dijo el defensor ambientalista.
Entre 2021 y 2025, Nicaragua efectuó con celeridad una serie de reformas legislativas en materia ambiental, municipal y fronteriza. El objetivo, según la investigación, fue desmantelar el aparato regulatorio tradicional para centralizar el poder, anular los controles locales y ambientales, y facilitar la operación a gran escala de empresas chinas.
La publicación de la Ley N° 1128, publicada en agosto de 2022, reformó la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas o Ley 387 como respuesta a las sanciones que había impuesto dos meses antes el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Como respuesta, el artículo 2 de la Ley N° 1128 incorporó una reforma que facultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM), en lugar de la sancionada ENIMINAS, para proponer y autorizar alianzas en el sector minero, de modo que el régimen Ortega-Murillo pueda sortear a Washington.
El mismo documento señala que uno de los principales objetivos de la norma era facilitar la inversión china y “abrir la puerta legal para continuar otorgando concesiones de alto valor en alianzas, asegurando la continuidad de la estrategia extractiva en las áreas más prometedoras como lo demuestran los múltiples lotes otorgados”.
Por otra parte, añade el artículo 39 facilitó al MEM la regularización de la minería ilegal a través de la emisión de “avales” para coordinar la entrega de material sustraído.
“Este cambio es de suma gravedad porque borra la trazabilidad, se legaliza el ingreso de material extraído ilegalmente y actúa como estímulo directo”, remarca la investigación.
Inversión minera china en aumento
La investigación de Fundación del Río y Expediente Abierto identificó ocho empresas de origen chino especializadas en minería industrial y la participación de al menos una en minería artesanal, aunque el Gobierno habla de 14 empresas establecidas oficialmente, de acuerdo con un reporte del MEM.
Aunque la información disponible es limitada y ofrece datos conservadores, el director de la Fundación del Río dice que identificaron casos donde once -del total de 32 lotes otorgados a empresas de origen chino- funcionan gracias a asocios público-privados con el Estado.
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En el análisis de los lotes cedidos a empresas de origen chino sumado a los que están en proceso de solicitud el porcentaje a favor de ellas sube al 4,60% del territorio nacional.
“La empresa de origen chino que tiene más área concesionada y mayor número de lotes otorgados es Zhong Fu Development S.A., la que posee 201,356.6 hectáreas en siete lotes otorgados y un lote en solicitud”, cita el documento en el capítulo relacionado con las licencias de minería metálica.
Le siguen la empresa Brother Metal S.A. con 130,195 hectáreas, Thomas Metal con 122,695 hectáreas, Nicaragua XinXin Linze Minería Group con 49,950 hectáreas, Waslala Mine con 49,950 hectáreas, Santa Rita Mining Company con 3,357 hectáreas y Hoesun Industrial Company Limited, que solicitó la administración de 10,941 hectáreas.
No existe información sobre el contenido de los acuerdos ni la distribución de las ganancias porque todo se maneja en absoluta opacidad y tratos privados, resume la investigación de la Fundación del Río y Expediente Abierto.
“Aquí hay un juegos y rejuego con las concesiones y más bien parece que estuviéramos en una mesa para jugar cartas donde el premio mayor es la concesión”, subrayó Ruíz.
Además, 17 concesiones afectan territorios indígenas. La Fundación del Río identificó que las mineras chinas ocupan al menos un millón de hectáreas dentro de comunidades nativas, lo cual equivale al 8.5% de los territorios indígenas.
“Esta dinámica de concesionar territorios indígenas y área natural protegida los está poniendo más en riesgo (…) Conforme avanza la entrega de estas concesiones sin todos los estudios (de impacto ambiental) respectivos para determinar cuáles comunidades van a ser afectadas, y qué medidas y acciones se deben de hacer si sucede una catástrofe”, alertó Ruiz.
El turbio mecanismo para las exportaciones
Uno de los aspectos más turbios en el ámbito de la exportación, de acuerdo con la investigación, remarca la discrepancia comercial entre las exportaciones declaradas por Nicaragua versus las importaciones reportadas por China.
En Nicaragua, las empresas chinas están utilizando una clasificación aduanera vaga o inferior con el concepto “cenizas residuos”, el cual sirve para describir el envío de todo tipo de material. De esta manera ocultan el valor y la cantidad del mineral extraído, que va más allá del oro, la plata y el cobre.
Oficialmente, las que están autorizadas para extraer cobre son Inversiones Ecológicas S.A, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Santa Rita Mining Company S.A.
Las tres comparten códigos bajo la categoría “Minerales metalíferos, escorias y cenizas”, pero la investigación de Expediente Abierto y Fundación del Río resalta que Santa Rita Mining es la única con permiso para exportar una cantidad significativa de material minero clasificado como “las demás”.
“Existe una subfacturación y clasificación aduanera ambigua y no existe claridad sobre las implicaciones fiscales y comerciales”, destacó Ruiz.
En el caso de la extracción de plata, la investigación identificó, con información del MEM, once empresas chinas con permisos, de las cuales ocho tienen concesión otorgada y permisos de exportación para EE. UU, Canadá, Guatemala, Italia y Suiza.
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El oro nicaragüense fue exportado principalmente a EE. UU, Canadá, Suiza e Italia, pero entre los hallazgos llamó la atención que en 2021 Emiratos Árabes Unidos fue otro de los destinos, a pesar de que no existe un registro oficial de alguna empresa autorizada de esa nación.
La investigación contrastó las cifras de exportaciones del régimen nicaragüense con las importaciones que China reporta en la base de datos de Naciones Unidas sobre el Comercio Mundial.
Esta fuente señala que, entre 2021 y 2024, China importó desde Nicaragua US$ 49.1 millones en metales, la gran mayoría cobre y sus concentrados (US$ 25.5 millones) y plata (US$ 22.8 millones). En contraste, Nicaragua reportó US$ 17.1 millones en este mismo tipo de exportaciones, en el mismo periodo. Es decir que existe una diferencia de US$ 32.1 millones.
“La lógica que podría explicar la enorme brecha —puntualiza el informe— estaría relacionado con una subfacturación intencional y la clasificación arancelaria opaca. En este sentido, es probable que las empresas mineras chinas al declarar a las autoridades nicaragüenses, subfacturen el valor real de los concentrados minerales para reducir drásticamente el pago de impuestos de exportación y regalías”.
Lo cierto es que las exportaciones mineras de Nicaragua han crecido a pasos agigantados en los últimos años. Obtuvo más de US$ 750 millones en 2020 y cerró con más de US$ 8,722 millones en 2025, en buena medida gracias al impacto del oro que encabezó la secta exportadora con US$ 1,971 millones, de acuerdo con información obtenida por la Fundación del Río a partir de los escasos datos públicos del MEM.
No hay duda de que los minerales se convirtieron en una de las principales fuentes de divisas de esta nación centroamericana y, al mismo tiempo, se consolidaron como la tabla de salvación del régimen.
