* El Grupo de Expertos de la ONU (GHREN) denunció la erosión total de derechos humanos en Nicaragua, exigiendo un escrutinio global por el nivel de represión ejercido por el régimen.
** El GHREN confirmó ante la Asamblea General de la ONU que el Estado nicaragüense comete crímenes de lesa humanidad como tortura, persecución y asesinatos desde 2018.
Expediente Público
Por primera vez desde su creación en 2022, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) presentó ante el pleno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los principales hallazgos de su investigación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, alertando que el nivel de represión exige un escrutinio global.
El abogado Jan-Michael Simon, presidente del GHREN e investigador senior en criminalidad, seguridad y derecho, denunció este 30 de octubre, ante el pleno -integrado por 193 Estados— que en Nicaragua existe una erosión total de los derechos humanos y del Estado de derecho.
Resaltó que, a inicios de 2025, esta deriva culminó con una reforma constitucional que formalizó la disolución de facto de la separación de poderes, otorgando “autoridad prácticamente ilimitada a los copresidentes (Daniel Ortega y Rosario Murillo)”.
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“Los copresidentes han fundido al Estado (de Nicaragua) y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una máquina unificada de represión. El resultado de esto es un aparato estatal que convierte al Estado y la patria, de un lugar seguro, en una trampa para los derechos humanos”, señaló Simon.
A lo largo de sus tres años de mandato, el GHREN ha investigado las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, pese a las dificultades que implica, ya que el régimen de Ortega y Murillo se ha negado a reconocer, relacionarse o autorizar el ingreso del Grupo al país.
GHREN denuncia crímenes de lesa humanidad
Los expertos explicaron que el trabajo realizado en estos años, plasmado en tres informes ya presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, está sustentado en más de 1,900 entrevistas y 9,300 documentos.
Con esta evidencia, comprobaron “patrones de violaciones y abusos de derechos humanos graves, sistemáticos y generalizados, cometidos desde abril de 2018 contra un número creciente de opositores reales o percibidos y sus familiares, dentro y fuera del país”, señalaron los expertos.
El GHREN indicó que algunas de esas violaciones “constituyen crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, deportación y persecución”.
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También informaron a los miembros de la Asamblea General de la ONU que, hace seis meses, publicaron una lista de 54 presuntos perpetradores de violaciones y una decena de diagramas funcionales que “ilustran las conexiones entre distintas entidades estatales y no estatales implicadas en la represión institucional”.
Represión transnacional contra exiliados nicaragüenses
La represión iniciada en 2018, explicó el GHREN, ha atravesado cuatro fases interconectadas que, en conjunto, han profundizado el desmantelamiento del Estado de derecho y del espacio cívico, consolidando la plena concentración de poder en manos de los dictadores Ortega y Murillo.
Las primeras tres fases, detalló Simon, se caracterizaron por la violencia desproporcionada contra las protestas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas. También incluyeron una ley de amnistía que garantizó la impunidad, la represión selectiva para eliminar cualquier obstáculo a la reelección de Ortega, arrestos arbitrarios y juicios injustos, así como el cierre de partidos políticos, organizaciones civiles y medios críticos.
En la cuarta fase, que inició en 2023 y que continúa hasta hoy, el régimen ha centrado sus esfuerzos en consolidar la concentración total del poder en la Presidencia y en extender la represión más allá de las fronteras, explicó Simon.
Esta situación se detallada ampliamente en el informe “Nicaragua: Persecución más allá de la frontera. Exilio y violaciones transnacionales de los derechos humanos”, que presentó el GHREN en septiembre pasado.
La represión, según los expertos, se concreta mediante la expulsión o impedimento de ingreso de nicaragüenses, la confiscación de bienes y pensiones, y el despojo de la nacionalidad.
Nicaragua califica de panfleto al informe
El régimen nicaragüense, a través de su representante Eleane Pichardo Urbina, embajadora permanente alterna de Nicaragua ante la ONU, rechazó el informe del GHREN y lo calificó como “un panfleto de agresión sin autoridad”.
“Nuestro país rechaza toda resolución o informe carente de legitimidad, como lo es este mal llamado Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua, concebido para fabricar acusaciones y justificar agresiones políticas contra nuestro país”, afirmó Pichardo Urbina, leyendo un discurso.
Además, calificó el informe como “apócrifo” y “carente de valor jurídico, ético y político”.
En los últimos años, bajo la dirección de la dictadura Ortega-Murillo, Nicaragua se ha retirado de media docena de agencias de la ONU, del mecanismo del Examen Periódico Universal y, recientemente, del Consejo de Derechos Humanos.
Pese a los cuestionamientos del régimen, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mantiene el mandato del GHREN y lo prorrogó hasta 2027.
Preocupación en países democráticos
Tras la intervención de la representante del régimen Ortega-Murillo, más de media docena de países —como Canadá, Brasil, México, Uruguay, Chile, Malta, Reino Unido, Costa Rica y miembros de la Unión Europea— agradecieron el trabajo del GHREN y expresaron su preocupación por la situación en Nicaragua, urgiendo especialmente la liberación de los presos políticos.
Canadá manifestó su preocupación por la apatridia de facto impuesta a centenares de nicaragüenses y pidió al régimen liberar a los presos políticos y dejar de convertir en blancos a los supervivientes y a quienes cooperan con organismos internacionales.
Brasil, además de expresar su inquietud por las violaciones de derechos humanos, instó a Nicaragua a “cooperar con el Consejo de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal”.
México llamó al régimen Ortega-Murillo a permitir “acceso sin restricciones a los mecanismos internacionales de derechos humanos y atender sus recomendaciones”, recordando que “el camino hacia una paz duradera y una sociedad más justa pasa por reconocer las violaciones cometidas”.
Costa Rica, uno de los principales países receptores de nicaragüenses que huyen de la dictadura, hizo eco de la denuncia del GHREN sobre la represión transnacional, recordando que en su territorio ocurrió, en junio de este año, el asesinato del general en retiro Roberto Samcam, quien buscó refugio en ese país.
“Urgimos a que los Estados aquí presentes revisen a fondo los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de los Expertos, y que esta organización siga ocupándose de Nicaragua como un tema de alta atención”, indicó la representación de Costa Rica ante la Asamblea General de la ONU.
Países aliados de la dictadura rechazan el informe
Algunos países aliados del régimen de Ortega y Murillo rechazaron, ante el pleno de la Asamblea General, el funcionamiento del GHREN, los recursos destinados a este y la divulgación de informes que —según ellos— son “sesgados”, “vulneran la soberanía de Nicaragua” y responden a países “injerencistas”.
Bielorrusia repudió “el uso de los derechos humanos para la injerencia en países” y cuestionó que los expertos no abordaran “el impacto de las medidas coercitivas en perjuicio del pueblo nicaragüense”.
El mismo discurso fue replicado por Corea del Norte, Irán, Venezuela, Cuba, Eritrea, Argelia, Pakistán, Burundi, China y Bolivia, que denunciaron supuestas violaciones a la soberanía y exigieron el retiro de sanciones, según ellos, “contra los pueblos”.
El presidente del GHREN aclaró que el mandato del Grupo no fue impuesto por países injerencistas, sino por más del 60 % de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, y señaló que “el argumento de que su labor carece de legitimidad es difícil de entender”.
También recordó que el Grupo “jamás ha recomendado medidas coercitivas que afecten al pueblo de Nicaragua”, subrayando que las sanciones impuestas hasta ahora son “personales y dirigidas a individuos identificados como responsables de violaciones de derechos humanos”.
Simon reiteró que Nicaragua no solo se ha extralimitado violando los derechos humanos de las personas en el exilio, sino que también ha utilizado marcos internacionales como la Interpol y bases de datos de pasaportes “con el propósito de obstaculizar el movimiento o la estabilidad de las víctimas, empleándolos de forma indebida para limitar su acceso a la banca”.
En respuesta a las preguntas de países como Canadá y miembros de la Unión Europea, que consultaron cómo puede la comunidad internacional contrarrestar estas violaciones, los expertos abogaron por demandar rendición de cuentas, fortalecer las sanciones selectivas coordinadas entre países y recurrir a los mecanismos internacionales, en particular los relativos al cumplimiento de las responsabilidades internacionales de la Convención sobre Apatridia.
