* Nicaragua y Rusia firmaron el acuerdo de “protección recíproca contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional”.
** Vladimir Putin y Daniel Ortega se blindaron legalmente para evitar juicios y extradiciones, incluso por violaciones a derechos humanos.
*** Con este acuerdo, gobernantes nicaragüenses podrían refugiarse en Rusia para evadir denuncias planteadas dentro de su país o en otras jurisdicciones.
Expediente Público
Los gobiernos de Rusia y Nicaragua guardaron sigilo durante casi un mes. El 20 de junio de 2025 firmaron un acuerdo del que sólo ahora se conoce su contenido y sus implicaciones.
Se trata del acuerdo “Protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional”, en el que ambos países se prometen inmunidades, privilegios y abstención de intervención en los asuntos internos de cada uno, a través de la justicia internacional.
El acuerdo salió a la luz la semana pasada, pues la Asamblea Nacional de Nicaragua publicó una iniciativa de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo presentada al legislativo para que este aprobara el pacto con la emisión del decreto 8908. El acuerdo apareció anexado a esa solicitud.
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El convenio tiene 19 artículos. En diez, la dictadura sandinista y el régimen ruso incluyeron elementos con los que buscan protegerse de posibles enjuiciamientos tanto dentro de sus países como a nivel internacional, así como de solicitudes de extradición, amparándose en inmunidad absoluta y funcional.
Alianza Rusia y Nicaragua
En el artículo 2, por ejemplo, ambos países se comprometen a “abstenerse de intervenir en asuntos soberanos de la otra parte mediante el uso de la justicia penal internacional o nacional o ayudando a una tercera parte”, y a reconocer “la inmunidad de su jurisdicción de los funcionarios activos y retirados”.
La “inmunidad sobre su jurisdicción” que se otorga a funcionarios activos y retirados, según el artículo 6 del acuerdo, es “absoluta” e implica que estos no pueden ser llevados ante tribunales nacionales o internacionales, ya que gozarán de inmunidad sobre “todos sus actos ejecutados tanto en su carácter oficial como personal, independientemente del momento en que se haya cometido”.
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Los protegidos por este tipo de inmunidad absoluta, según el contenido de ese mismo artículo, son, en el caso de Nicaragua, “el copresidente y la copresidenta y el ministro de Relaciones Exteriores”.
Inmunidad absoluta y funcional para Ortega y Murillo
En el artículo 7 del acuerdo, además, otorga “inmunidad funcional” a los siguientes funcionarios nicaragüenses: “el co-presidente y la co-presidenta, a funcionarios nombrados por Acuerdo Presidencial, funcionarios nombrados por la Asamblea Nacional, alcaldes y vicealcaldes”.
Esta inmunidad funcional se otorga durante todo el período de funciones e incluso “después que hayan cesado en el ejercicio del cargo, respecto a todos sus actos ejecutados en su carácter oficial y cometidos durante el período de ejercicio de su cargo”.
El mismo artículo remarca que los funcionarios con inmunidad funcional “no estarán sujetos a la jurisdicción de tribunales” de Rusia o de Nicaragua, “respecto a actos ejecutados en su carácter oficial”.
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Los beneficiarios de ese tipo de inmunidad —refiere el documento—, en caso de ser solicitados por una tercera parte —es decir, sean solicitados para extradición por cortes internacionales u otros Estados—, “gozan de inviolabilidad personal mientras permanezcan en el territorio de la otra parte”.
Además, “no están sujetos a jurisdicción de tribunales de la otra parte; no pueden ser sometidos por las autoridades competentes de la otra parte a la detención, medidas de ejecución de una decisión judicial o de otras medidas de coerción en relación con la parte de los bienes de estos funcionarios; y tampoco están obligados a comparecer ante un tribunal y otras autoridades competentes de la otra parte en calidad de testigo o en cualquier otro estado procesal”.
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De esta manera, las autoridades nicaragüenses beneficiadas con este acuerdo podrían refugiarse en Rusia para evadir denuncias planteadas dentro de su país o en otras jurisdicciones.
Blindaje para Estados violadores de derechos humanos
A juicio de expertos en derecho internacional y constitucional consultados por Expediente Público, dicho acuerdo entre Rusia y Nicaragua responde a la urgencia de ambos países por blindarse ante posibles demandas internacionales por violaciones a derechos humanos u otros delitos internacionales.
El abogado argentino Ricardo Ferrer Picado, experto en la intromisión del autoritarismo de China, Rusia e Irán en América Latina, destacó que este tipo de acuerdos cumple con el fin de protegerse mutuamente de la Corte Penal Internacional, pese a que ninguno de los dos países es firmante del Estatuto de Roma.
Ferrer Picado explicó que la creación de ese tipo de acuerdos, así como estructuras como la Organización Internacional para la Mediación (OIMED), fundada en 2023 por China, con participación de Nicaragua y otros países como Brasil, Sudáfrica y Kazajistán, busca varios objetivos estratégicos, que están alineados justamente en blindar a ciertos gobiernos señalados por cometer graves violaciones a derechos humanos, invasiones o crímenes internacionales.
“La OIMED, por su parte, se presenta como un mecanismo de mediación ‘imparcial’ para resolver disputas interestatales, evitando la Corte Internacional de Justicia. Estos esfuerzos son parte de “una estrategia más amplia liderada por China y Rusia para erosionar el dominio de instituciones como la Organización de Naciones Unidas, que se ven como herramientas de Estados Unidos y Europa”, señaló Ferrer Picado.
Según el especialista, “Nicaragua, al retirarse de órganos de la ONU —como pasó con la Organización de Estados Americanos en 2021 y agencias de la ONU en los últimos años—, usa estas estructuras para legitimar su régimen autoritario y aliarse con potencias antioccidentales”.
“No hay amnistía para crímenes de lesa humanidad”
El abogado nicaragüense Salvador Marenco afirmó que el acuerdo entre Managua y Pekín “contraviene el Derecho Internacional, ya que no solo rige para cuestiones internas de esos Estados, sino también para la justicia internacional, que, dicho sea de paso, se activa cuando ocurren violaciones graves de derechos humanos”.
Marenco, parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, resaltó que no es casualidad que este acuerdo se haya firmado luego de que al presidente Vladimir Putin se le extendiera una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, por los crímenes que han cometido contra Ucrania. Y que a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo también se les haya girado una orden de captura por parte de la justicia en Argentina, en este caso por los crímenes cometidos desde 2018 contra los nicaragüenses.
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“Los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles a amnistías o trabas jurídicas, ya que estamos hablando de las peores violaciones a derechos humanos; no pueden ser amnistiados, etc… Sin embargo, buscan proteger incluso a otras personas vinculadas en estos crímenes de lesa humanidad”, advirtió.
Imponen acuerdo binacional sobre cortes internacionales
El acuerdo blinda a las autoridades rusas y nicaragüenses incluso en caso de qu estos dos países suscriban acuerdos que impliquen cooperación con cortes o tribunales internacionales.
El convenio establece que una decisión como esas “no creará obligaciones jurídicas internacionales para la otra parte y no afectará el alcance de la protección y las inmunidades de que gozan las personas protegidas de conformidad con el presente acuerdo”.
Marenco enfatizó que “este acuerdo no tiene ningún sentido práctico como tal a efectos inmediatos de mantenerse ambos regímenes, porque es imposible pensar que Ortega o Putin van a entregar a algún aliado de sus dictaduras”.
Y agregó: “Aunque, en un futuro, de caer algunas de las dictaduras, sea la rusa o la nicaragüense, sí se podrían beneficiar de este acuerdo, aunque es probable que la voluntad política de ambos sea siempre la misma: no entregar a la justicia a ninguna de estas personas”.
Además, aclaró que, pese a estos intentos, “las causas en Argentina, u otras que se den en la Corte Penal Internacional, no pueden ser detenidas por este tipo de acuerdos”.
Dictadura acusa a la justicia internacional de estar “politizada”
Los dictadores Ortega y Murillo justificaron el acuerdo con Rusia argumentando que este responde a la “creciente politización”, “vacíos y contradicciones” que existen en la justicia internacional, señalando que en esta se practica es «un instrumento de injerencia e intervención política».
“La actual organización de justicia penal internacional, entre ellas el mecanismo del Estatuto de Roma, carece de relevancia real en la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Sus principios están totalmente desviados y sesgados. Su papel se ha reducido a complacer a los países hegemónicos y esconder sus crímenes”, apuntó el régimen a través de la iniciativa enviada a la Asamblea Nacional.
Firma y legalización del acuerdo
La dictadura informó por primera vez sobre su intención de firmar el “Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional”, en el Acuerdo Presidencial 80-2025, publicado el 29 de mayo en La Gaceta.
En esa primera mención pública, el régimen únicamente señaló el nombre del convenio y confirió a Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, “plenos poderes” para suscribir el acuerdo, actuando como “representante especial de los co-presidentes para los Asuntos con Rusia y asesor presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional”.
El pasado 20 de junio, Laureano Ortega firmó el acuerdo binacional con el ministro ruso de Justicia, Konstantin Chuychenko, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia.
¿Qué alcances tiene el acuerdo?
El 10 de julio, veinte días después de la firma en Rusia, el Parlamento de Nicaragua —controlado por diputados del partido Frente Sandinista— aprobó de forma unánime el acuerdo a través del decreto legislativo 8908.
En la exposición de motivos que se hizo, se aseguró que dicho acuerdo “protegerá a los ciudadanos nicaragüenses y rusos de la tergiversación que actualmente se hace de las cartas de organismos internacionales donde se emiten resoluciones ilegítimas”.
El acuerdo legislativo 8908 entró en vigencia al publicarse el 14 de julio en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.
En el artículo 3 del decreto legislativo 8908 se especifica que “con la presente aprobación, la Presidencia de la República procederá a publicar el texto del acuerdo al que se hace referencia”. Sin embargo, hasta la fecha, el contenido íntegro del acuerdo no se ha publicado en La Gaceta.
Medios rusos transmitirán en Nicaragua
Desde enero de 2024, la dictadura Ortega-Murillo ha firmado más de media docena de acuerdos con Rusia, que incluyen cooperación en seguridad y defensa, incluyendo temas de ciberseguridad, formación policial, acuerdos militares, mecanismos de cooperación aduanera y comercial, cultura y medios de comunicación.
En lo que va de este año, previo al acuerdo se firmaron otros convenios de cooperación entre la Agencia de Industrias Creativas de Rusia y la Secretaría de Economía Creativa de Nicaragua. También con la agencia de noticias oficialista rusa RT en Español para transmitir en Nicaragua; y con la agencia de noticias Sputnik para transmitir programas radiales en frecuencia modulada.
El redactor en jefe adjunto de la agencia de noticias Sputnik, Serguéi Kochetkov, según medios locales, aseguró que esperan transmitir 24 horas al día, los siete días de la semana, en lo que será la Radio Sputnik en Nicaragua.
Nicaragua firmó acuerdos de cooperación con medios de comunicación oficialistas de Rusia, como la agencia de noticias RT o Sputnik, a través de Daniel Edmundo Ortega, otro de los hijos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
