* El dueto dictatorial nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo calla sobre el paradero de nueve presos políticos.
** Las detenciones arbitrarias incluyen a militantes sandinistas y extrabajadores estatales de quienes el régimen desconfía.
*** Organizaciones de derechos humanos alertan que es difícil cuantificar a los presos políticos por el temor de las víctimas.
Eric Lemus / Expediente Público
El subregistro de presos en Nicaragua, que tiene en situación de desaparición forzada a ciudadanos, quedó en evidencia con las excarcelaciones ordenadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a inicios de año.
Esta es la conclusión del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una organización civil que recoge información sobre las personas detenidas desde la sublevación de 2018.
Un miembro del Mecanismo, que habló con Expediente Público bajo la condición de anonimato por su seguridad, afirmó que la organización pudo confirmar que el pasado 10 de enero el régimen excarceló 24 presos políticos, de los cuales 17 estaban categorizados como desaparecidos porque el régimen nunca había confirmado ni rechazado su captura.
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El Mecanismo fue creado en octubre de 2018 por organizaciones de derechos humanos, familiares, abogadas y redes de activistas para documentar, verificar y reconocer oficialmente a las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.
Silencio por desaparecidos
Sin embargo, más allá de las últimas excarcelaciones, el régimen sigue guardando silencio sobre el paradero de al menos nueve presos políticos.
El Mecanismo confirmó que, entre los presos que les dieron “casa por cárcel” este enero, no fueron incluidas esas nueve personas (siete hombres y dos mujeres) apresadas bajo el mismo patrón arbitrario y opaco que enfrentaron los 24 sí fueron excarcelados.
Angélica Patricia Chavarría Altamirano, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, Douglas Gamaliel Álvarez Morales, Víctor Boitano Coleman, Carlos Ramón Brenes Sánchez, Steadman Fagot Müller, Eddie Moisés González Valdivia, Larry Javier Martínez Romero y Bryan Brooklyn Rivera siguen sin que su detención sea reconocida.
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La viuda del exministro de Defensa
Angélica Patricia Chavarría Altamirano es esposa del general del ejército de Nicaragua Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega. Su desaparición ocurrió el 19 de mayo de 2024, luego que el régimen allanara el domicilio de la pareja en Managua.
La detención se llevó a cabo a raíz de una entrevista concedida a un medio de comunicación internacional, donde Humberto Ortega criticó la falta de sucesión democrática ante la posible muerte de su hermano.
Cinco meses más tarde, el 30 de septiembre, el gobierno anunció el deceso del exjefe castrense en el Hospital Militar y, desde ese momento, es desconocido el paradero de Chavarría Altamirano.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) otorgó medidas cautelares a Chavarría Altamirano en enero de 2025, el régimen no responde dónde está o si sigue con vida.
Purga castrense
El exguerrillero del Frente Sandinista y coronel del Ejército en retiro, Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 70 años, fue recapturado por la dictadura el 14 de agosto de 2025 en su domicilio junto con su esposa, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 68.
Brenes ya había sufrido cárcel entre el 28 de agosto de 2018 y el 19 de junio de 2019. En aquella ocasión, la Policía le impidió salir por la frontera con Costa Rica.
La purga contra Brenes se dio porque él coordinó el Grupo Patriótico de Militares Retirados, e integró el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que es una coalición organizada por el Movimiento Renovador Sandinista y que aglutina a diversos partidos políticos disidentes.
Por esta razón, durante su primer encarcelamiento, fue procesado por “terrorismo”.
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El mayor en retiro Eddie Moisés González Valdivia, de 67 años, fue detenido el 14 de julio de 2024 tras enfrentar a tiros a policías que llegaron a su domicilio en la ciudad de Estelí, en el norte del país, para capturarlo.
Previamente, González Valdivia había denunciado el destierro de su hermana, la periodista Nohelia González.
En el intercambio de disparos, el mayor retirado fue herido, como lo mostraron las fotografías que circularon en redes sociales. Pero nadie sabe dónde fue recluido. Después fue acusado por homicidio frustrado, uso indebido de uniformes o pertrechos militares, y de armas restringidas.
El coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, de 64 años, es autor de diversos libros, entre ellos “Crímenes sin castigo: expediente secreto” y “Los robolucionarios: yo robo, tú robas…”, donde denunció la corrupción del régimen de Ortega.
Fue detenido el 23 de abril de 2024 en su domicilio, poco después de tramitar la renovación de su pasaporte.
Boitano residió en Italia entre mayo de 2018 y septiembre de 2023, cuando regresó a Nicaragua. Ingresó por vía terrestre a través de la frontera con Costa Rica.
Los líderes indígenas
Los dirigentes miskitos Steadman Fagot Müller y Bryan Brooklyn Rivera siguen en situación de desaparición forzada desde que fueron capturados en circunstancias diferentes.
Brooklyn Rivera, diputado regional destituido por el régimen y presidente del partido indígena Yatama, abogó por el pueblo miskito en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y denunció la persecución de Ortega y Murillo.
Chamorro recordó a Expediente Público que coincidió a fines de agosto de 2023 con el jefe miskito circunstancialmente en el aeropuerto de la ciudad estadounidense Houston.
“Me dijo que iba para Honduras y le previne que se cuidara no entrar a Nicaragua, pero justamente eso fue lo que hizo, pese a la prohibición de regresar al país. Entonces, creo que el régimen se la está cobrando caro por esa decisión”, opinó Chamorro.
Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 mediante un allanamiento a su domicilio, a donde había llegado, pese a que tenía prohibido el regreso a Nicaragua.
La captura de Fagot Müller estuvo a cargo del Ejército de Nicaragua el 14 de agosto de 2024 como parte de un operativo castrense contra el crimen organizado en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Nadie sabe su paradero, pese a que el 5 de marzo de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó su liberación.
Müller denunció la política de colonización que promueven Ortega y Murillo en perjuicio de las tierras indígenas.
Los miskitos son el grupo indígena más importante del Atlántico nicaragüense y pueblan la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
Recaptura y persecución
Larry Javier Martínez Romero, de 31 años, es un obrero oriundo de Masaya que fue apresado porque participó en la sublevación de 2018. Según el Monitoreo Azul y Blanco, fue recapturado el 13 de agosto de 2025.
Para un miembro del Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX), que pidió a Expediente Público reservar su identidad por seguridad, la situación paradigmática es la del exmiembro de la Contra, Douglas Gamaliel Álvarez Morales, porque muestra el largo alcance de la dictadura.
Álvarez Morales, alias “Relámpago”, perteneció a la guerrilla antisandinista conocida como “Contra” durante la década de los ochenta, pero residía en Costa Rica desde hace 30 años.
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Sin embargo, Managua lo acusa de participar en los homicidios de la policía Aracelly Marisol Díaz Salinas y de Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidos el 1 de octubre de 2022, en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, limítrofe con Costa Rica.
Dos años más tarde, el 16 de febrero de 2024, fue extraditado a Nicaragua y presentado como autor de los dos asesinatos. Hasta la fecha no hay ninguna información sobre el lugar donde está retenido o detalles sobre su proceso judicial.
¿Cuántos presos políticos hay?
El último informe emitido por el Mecanismo, en diciembre de 2025, identificó 62 presos políticos. Sin embargo, en enero, hubo las 24 excarcelaciones y decenas detenciones contra ciudadanos que festejaron la caída de Nicolás Maduro en redes sociales, aunque algunos salieron libres.
Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco, dijo a Expediente Público que no es posible determinar un número de capturados debido al miedo que tienen las víctimas a efectuar una denuncia, pero que la organización sí ha logrado confirmar algunos nombres.
El Monitoreo surgió como una alternativa ciudadana que utiliza las redes sociales para sistematizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que hacen personas bajo estricta confidencialidad.
“Aunque restemos los 24 que liberaron en enero, no podemos decir cuántos presos políticos quedan encerrados porque no podemos asegurar ninguna cifra porque la gente calla”, reflexionó el opositor y expreso político Juan Sebastián Chamorro.
“Pienso que lo clave es denunciar la captura, la desaparición. En mi caso, si mi esposa no hubiera dado ese paso, quizás yo habría seguido detenido sin que el régimen aceptara mi paradero”, afirmó.
Un régimen bajo la lupa
El sociólogo y expreso político nicaragüense Freddy Quezada dijo a Expediente Público que no logra comprender la reacción de la dictadura Ortega-Murillo.
“Estados Unidos le ha enviado mensajes durísimos. Los últimos pronunciamientos han sido hechos por el propio Encargado de Negocios (Elias Baumann) en Nicaragua. Pero el régimen responde con más violencia, persecuciones y arrebatos”, resaltó Quezada.
El catedrático jubilado fue encerrado por sus comentarios críticos en redes sociales entre el 30 de noviembre de 2023 y el 11 de septiembre de 2024, cuando fue expatriado y enviado a Guatemala.
“Nicaragua es una autofagia porque en el régimen se están devorando y hay un fenómeno de autodestrucción”, remarcó Quezada, que, desde el exilio, sigue atento el rumbo del país al que no puede regresar hasta que cambie el rumbo.
