La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “desaparición forzada” el caso del obispo emérito de la Diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata Guevara. El religioso está en régimen de casa por cárcel. Hace un mes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo interrogó y acusó de delitos financieros.
Eric Lemus / Expediente Público
El obispo emérito de la Diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata Guevara, sigue sin aparecer en público desde que el régimen nicaragüense ordenó su detención el 2 de julio pasado. La dictadura sostiene que está retenido en su domicilio bajo la figura de “casa por cárcel”, pero ningún organismo independiente ha podido confirmar esta información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que informe sobre el paradero de Mata Guevara, porque lo considera desaparecido.
El llamado de la CIDH, realizado el 16 de julio, llegó días antes de que Ortega anunciara que no habrá más elecciones en la nación centroamericana. Y días después, el dictador inició una reforma constitucional para aumentar el periodo presidencial de seis a siete años renovables.
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El obispo emérito, de 80 años, fue detenido este 29 de junio en su domicilio, luego de regresar de una indagatoria ante autoridades policiales. Así informó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), creado por la CIDH en 2018 para vigilar la crisis de derechos humanos en este país.
La Policía citó al monseñor Mata luego de que este presidiera una celebración religiosa el domingo 28 de junio junto. En la misa también participaron el presbítero Rigoberto Delgadillo Sánchez, de la parroquia Divino Niño; el párroco Francisco Morales, de la parroquia Cruz del Calvario; y el diácono Wilfredo Arauz Rodríguez, también de la parroquia Cruz del Calvario.
En el oficio, el prelado pidió oraciones por la persecución a la iglesia y a los sacerdotes desterrados. Se presume que esto habría incomodado al régimen, dijo un feligrés a Expediente Público.
De una “indagación” a “desaparición forzada”
La CIDH dijo que, gracias a información del Meseni, se conoce que, después de la detención del 29 de junio, el prelado “fue informado que permanecería bajo un régimen de casa por cárcel”.
El 2 de julio, volvió a ser detenido durante un relevo de vigilancia policial, comunicó el Movimiento Azul y Blanco, organización opositora al régimen. El Ministerio del Interior confirmó el 4 julio que “el obispo estaba bajo indagación”.
Desde entonces, las organizaciones sociales han alertado que el religioso se encuentra en situación de desaparición forzada.
El mensaje del Ministerio, difundido en la televisora oficialista, señaló que “luego de una necesaria indagación sobre origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal (…) éste ha retornado a su vivienda…”.
A pesar de esa afirmación del Ministerio, el caso permanece opaco y el paradero del obispo Mata aún es incierto.
“Hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero, o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud”, manifestó la CIDH en su pronunciamiento.
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Una fuente cercana al obispo informó a Expediente Público que el régimen lo mantiene en su domicilio bajo vigilancia policial, incomunicado, sin teléfono celular ni internet. Según esta persona, el religioso se encuentra en compañía de su asistente y su conductor, a quienes les permiten recibir provisiones con previa inspección de los policías.
Por otra parte, la CIDH resaltó que el Meseni verificó que Jeffer Chavarría, representante del monseñor Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también ha sufrido asedio, hostigamiento y vigilancia.
“La CIDH condena el empleo del ocultamiento de la suerte de las personas detenidas arbitrariamente como uno de los patrones más graves de la represión, que viene siendo utilizado por el régimen para silenciar voces críticas, infundir temor y ejercer control sobre la población”, agregó la Comisión.
El régimen impide el ordenamiento de sacerdotes
Tras la sublevación ciudadana de 2018, la persecución contra religiosos católicos en Nicaragua ha funcionado como una política de Estado. Esta combina detenciones, vigilancia, expulsiones, criminalización y control de la vida eclesial.
Por ejemplo, el régimen impide nuevas ordenaciones sacerdotales. Esto ha sucedido en las diócesis de Estelí y Jinotega, al norte de Nicaragua; Siuna, en el Caribe norte; y Matagalpa, en el centro. Estos lugares permanecen sin obispos, luego de que sus titulares fueran forzados al exilio.
Una persona cercana al clero nicaragüense, que pidió a Expediente Público reservar su identidad por seguridad, afirmó que un número indeterminado de seminaristas “no pueden ser ordenados porque la dictadura bloqueó el proceso sacramental”.
Esta fuente agregó que “esta medida impide la renovación del clero y debilita la capacidad pastoral de la Iglesia católica en este momento de crisis”.
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La última foto del obispo Mata en libertad
El periodista nicaragüense Manuel Obando Cortedano publicó una fotografía que podría ser la última imagen del líder religioso. La imagen se captó el lunes 29 de junio en su residencia ubicada en Tisma, departamento de Masaya, 36 kilómetros al sureste de Managua, explicó Obando. Una persona cercana al obispo tomó la foto y se la compartió a él.
El monseñor Mata aparece de pie con una guayabera blanca de manga larga observando hacia un costado, al lado de una mesa, que podría ser el comedor de su residencia.
Obando Cortedano, encarcelado entre el 11 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, está desterrado. Fue parte de los 222 presos políticos expulsados del país centroamericano.
“Esta es la última foto después de que lo fueron a dejar desde Estelí, y antes de que fuese detenido por segunda vez. Seguimos orando por él para que el pueblo de Dios pueda saber dónde y cómo se encuentra”, dijo Obando.
Un patrón de persecución sistemática
En 2024, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Nicaragua presentó un informe que documentó la persecución religiosa y la práctica de “torturas y tratos degradantes” contra sacerdotes católicos.
La persecución religiosa en Nicaragua golpea directamente a obispos, sacerdotes y monjas, mediante encarcelamiento, destierro y expulsión forzada. Estas son parte de las medidas del régimen para impedir la libertad de culto y neutralizar la influencia de la iglesia, observó el grupo.
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Las detenciones más emblemáticas son las de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa; Isidoro Mora, obispo de Siuna; y Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua; además de la expulsión del obispo Silvio Báez y del nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.
Tanto el obispo Rolando Álvarez como Isidoro Mora, junto con 17 religiosos detenidos por el régimen Ortega-Murillo, fueron acogidos por el Vaticano el 14 de enero de 2024, tras sendas negociaciones oficiadas por la Santa Sede bajo el papado de Francisco.
261 destierros de religiosos
Uno de los informes de la organización no gubernamental Colectivo Nicaragua Nunca Más registró 261 destierros de religiosos en 2025.
El Grupo de Expertos de la ONU observó que el régimen persiguió a la iglesia católica en cuatro fases: campañas de estigmatización y ataques a templos desde 2018; exilios y hostigamiento a sacerdotes entre 2019 y 2022; ruptura de relaciones con el Vaticano desde 2023; y despojo de nacionalidad, confiscaciones y prohibición de actividades religiosas públicas, desde 2023 hasta la fecha.
“Las iglesias, especialmente la católica, jugaron un rol destacado en mediar el diálogo nacional, denunciar abusos y brindar refugio a manifestantes heridos (en 2018). Esa postura generó la animadversión del gobierno, que percibió a las instituciones religiosas como una amenaza directa a su permanencia en el poder”, destacó el Colectivo Nicaragua Nunca Más en uno de sus informes.
