* El Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento que impone censura previa a los informes de observadores de las próximas elecciones en Honduras.
** A quince días del cierre de las inscripciones, 43 organizaciones nacionales y 25 internacionales recibieron su acreditación.
*** Las delegaciones se preparan para observar unos comicios afectados por la polarización, la crisis social y la debilidad de las instituciones electorales.
Expediente Público
En medio de un proceso electoral marcado por la desconfianza institucional y la polarización política, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras aprobó el 12 de septiembre un reglamento que impone limitantes a los observadores electorales para los comicios del 30 de noviembre.
Organizaciones civiles y analistas consultados por Expediente Público advierten que el reglamento aprobado por el CNE impone una censura previa que impide alertar sobre irregularidades durante la jornada electoral, lo cual incluso entra en conflicto con el Código Procesal Penal, que obliga a denunciar los delitos de flagrancia.
«Los observadores deben actuar con independencia, sin revisiones previas que limiten sus reportes. De lo contrario, pasarán de testigos de las irregularidades a cómplices de ellas», subrayó el abogado especialista en libertad de expresión Saúl Bueso a Expediente Público.
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Importancia de la observación en Honduras
Unos 6,3 millones de hondureños están convocados a elegir un nuevo presidente o presidenta de la República, 128 diputados, 298 alcaldes y 2168 regidores.
A menos de dos meses de las elecciones, no hay un claro favorito, lo que alimenta acusaciones cruzadas de fraude. Según la encuesta de CID-Gallup (del 30 de septiembre), existe un empate técnico entre los tres principales aspirantes presidenciales: el liberal Salvador Nasralla (27%), la oficialista Rixi Moncada (26%) y el nacionalista Nasry Asfura (24%).
Hasta el momento, las campañas han sido más ideológicas que propositivas. Moncada se presenta como la «voz del pueblo contra la oligarquía», Nasralla se erige como un ferviente anticomunista y Asfura apela a la religión y los valores tradicionales de la familia.
En este contexto, el humor popular resume la preocupación nacional: «los políticos nos van a robar la Navidad», se escucha en las calles.
La frase alude a los fantasmas del pasado. En el conflicto poselectoral de diciembre de 2017, la ONU documentó 23 personas asesinadas (entre ellas, un policía), 60 heridas y más de mil detenidas.
Las elecciones primarias de marzo de 2025 también dejaron una imagen empañada por fallos logísticos que provocaron retrasos en la entrega del material electoral y la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el Distrito Central, afectando la apertura en un 40% de los centros de votación de la capital.
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En este escenario de incertidumbre, la presencia de observadores electorales es clave para garantizar elecciones limpias, inclusivas y creíbles.
«El papel de los observadores es garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto a los derechos humanos. Por eso preocupa cualquier disposición que lo obstaculice», advirtió Bueso.
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El reglamento de la censura en Honduras
A mediados de septiembre, el CNE desató polémica al aprobar el Acuerdo 1746-2025, que contiene el «Reglamento de Observación Electoral para las elecciones generales 2025».
A diferencia del anterior reglamento, el aprobado para el actual proceso electoral condiciona a los observadores difundir declaraciones públicas o comentarios personales sin antes presentar sus informes al CNE.
Además, advierte, sin especificar detalles, la posibilidad de que el Consejo emprenda acciones legales contra los observadores que infrinjan la normativa.
Salvo a las entidades invitadas oficialmente, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Centro Carter, el reglamento obliga a los observadores a acreditar el origen de sus fondos, lo cual, según analistas consultados por Expediente Público, representa una intimidación contra la sociedad civil.
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Pese a la división interna del CNE, el reglamento fue aprobado por unanimidad de sus tres magistrados: la presidenta Ana Paola Hall (Partido Liberal), el secretario Marlon Ochoa (Libre) y la vocal Cossette López (Partido Nacional).
Aunque el CNE es formalmente autónomo e independiente, Bueso considera que cada consejero actúa bajo la línea de su partido. «Por ende, el nuevo reglamento establece que los informes de observación deben presentarse primero al CNE y no a la sociedad», explicó.
El abogado José Perdomo, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), añadió a Expediente Público que «las diferencias ideológicas no impiden la coincidencia política de los partidos en restringir la participación ciudadana en los temas que consideran de su control exclusivo».
Para Perdomo, el nuevo reglamento evidencia los problemas estructurales, cuando los árbitros electorales son designados por los mismos actores que deben ser regulados, impidiendo garantizar legalidad, independencia e imparcialidad en el proceso.
Críticas de fondo
La ciudadanía reaccionó de inmediato ante la aprobación del reglamento. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la ASJ e, incluso, el estatal Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH) denunciaron que el reglamento limita la transparencia y coarta la libertad de expresión. Aducen que, con el nuevo acuerdo, cada organización debe firmar un compromiso legal aceptando consecuencias legales si trasgrede el reglamento.
En su primer Informe de Observación Pre-Electoral, el CNA calificó el proceso «en riesgo» y recordó que, en un ambiente de desconfianza social, la observación «trasciende el simple monitoreo técnico para convertirse en una auténtica defensoría de los derechos humanos».
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Apoyándose en una recomendación de la CIDH, realizada en abril de 2024, el CNA instó al Estado a abstenerse de interferir arbitrariamente en el trabajo de los observadores o de tomar represalias contra ellos.
La observación electoral no se detendrá
Pese a las restricciones del reglamento, las organizaciones nacionales e internacionales mantendrán sus planes de observación, con o sin acreditación oficial. Es el caso del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que anunció que actuará como «veedor» para preservar su independencia.
El C-Libre se ampara en el artículo 267 de La Ley Electoral, el cual faculta a los observadores sin acreditación realizar veedurías electorales.
Para cumplir con esa misma normativa, los veedores deberán abstenerse de interferir en el trabajo de los delegados de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), no podrán acercarse a estas en un radio de cuatro metros y no podrán expresarse en contra de las autoridades electorales.
«Nuestra organización no negociará el derecho a la libertad de expresión, preservaremos nuestro mandato de denunciar en tiempo y forma cualquier violación a la libertad de expresión y al debido ejercicio de los derechos políticos y civiles», afirmó a Expediente Público la directora de C-Libre, Amanda Ponce, quien adelantó que desplegarán veedores en 50 de los 298 municipios del país.
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¿Cuántos observadores electorales están acreditados?
El CONADEH también anunció que no se someterá al reglamento electoral. Su personal de campo monitoreará violaciones a los derechos humanos y activará, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un sistema de alerta temprana para evaluar riesgos y responder a tiempo.
Ricardo López, delegado del CONADEH, afirmó a Expediente Público: «Desde 2005 nuestra institución cumple con su mandato constitucional en cada proceso electoral, lista para la recepción e investigación de quejas, denuncias y velar en tiempo y forma por el respeto a los derechos humanos de la población».
La inscripción de los observadores electorales puede realizarse hasta el 30 de octubre, a un mes de las elecciones generales. Hasta mediados de ese mes, el Consejo había aprobado la certificación de 43 organizaciones nacionales y 25 internacionales.
La ASJ, que lidera la Red por la Defensa de la Democracia (integrada por 22 organizaciones), planea desplegar 3744 observadores para el 30 de noviembre.
Además de la ASJ, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) contará con 982 observadores, seguido por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) con 556, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con 407, Cáritas de Honduras con 247 y el Frente Nacional para Elecciones Limpias con 239.
El aporte internacional
A nivel internacional, se espera la presencia de las entidades invitadas (OEA, UE, Uniore y el Centro Carter). Además, el CNE acreditó otros observadores internacionales como a la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la Red Mundial de Jóvenes Políticos, la Red Humanista por América Latina (REDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Fundación DISENSO, entre otras.
Los miembros de las delegaciones diplomáticas residentes en Honduras también participarán en las labores de observación. El CNE rechazó la solicitud de Rusia para participar como observador electoral, con dos votos contra uno (el del vocal Marlo Ochoa).
La Misión de la Observación Electoral de la UE (MOE-UE) prometió una evaluación amplia, independiente e imparcial, y adelantó que emitirá una declaración preliminar y una conferencia de prensa poco después de las elecciones.
Asimismo, en calidad de acompañante se sumará el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), como parte de la petición de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).
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Algunas instituciones como la OEA, el Centro Carter y el NDI ya enviaron misiones de observación electoral previas al país, dejando recomendaciones clave e incluso ofreciendo asistencia técnica que contribuya a la transparencia del proceso.
Una elección bajo sospecha
Desde el golpe de Estado de 2009, la política hondureña se ha fracturado en bloques casi irreconciliables que debilitan los procesos electorales de cada cuatro años.
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Los analistas consultados por Expediente Público coinciden en que la polarización política, la desconfianza en el CNE, el uso partidario de los recursos públicos, la interferencia electoral del Congreso Nacional y del Ministerio Público y la posible infiltración del crimen organizado en los comicios son los mayores desafíos del actual proceso.
«La democracia hondureña está en juego, la pregunta es si el país tendrá la madurez para defenderla», expresó Bueso.
