OEA Nicaragua

OEA condena muerte, torturas y tratos crueles contra presos políticos en Nicaragua

*Un total de 26 embajadores exigen liberación de presos políticos para evitar el mismo trágico descenlace de la muerte del general en retiro y opositor, Hugo Torres.

**Tortura, tratos crueles e inhumanos fueron denunciados nuevamente por la OEA, mientras continuaban los juicios contra opositores a puertas cerradas en Managua.

***El gobierno de Ortega «ha incrementado la represión, los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos», denunció la activista Bianca Jagger.


Expediente público

Un total de 26 representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, exigieron la liberación de los presos políticos en Nicaragua para que no corran la misma trágica muerte en prisión del general en retiro Hugo Torres. En sesión permanente extraordinaria, los 26 países emitieron una declaración por la liberación de los presos políticos en Nicaragua, este 18 de febrero por la tarde en la que una vez más piden al presidente Daniel Ortega volver a la senda democrática.

La declaración se dio después de la muerte en custodia policial del preso político Hugo Torres, general en retiro y figura histórica de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el pasado 12 de febrero. Argentina se sumó por primera vez a una declaratoria por la situación de Nicaragua, mientras otras democracias como México y Honduras no firmaron el documento.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, reseñó a los embajadores lo intentos del organismo por resolver la crisis desde las acciones por posibles reformas electorales hasta el seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la crisis del país.

«Somos esencialmente una comunidad de democracias, en los años 70 las dictaduras se sentaban en este Consejo, no es un momento para repetir», mencionó.

«Si Sandino viviera, estaría preso en El Chipote»

«El próximo 21 de febrero se conmemora el día de (Augusto) Sandino, recordando un aniversario más de su tránsito a la inmortalidad, tal fecha no habría un mayor homenaje que un acto digno a su sentido de justicia y compasión humana: la liberación de los presos políticos en su país, que Nicaragua empiece el camino a ser una comunidad de democracias. Sandino estaría más que agradecido, esa es la responsabilidad que existe conforme a cualquier ética básica revolucionaria, de lo contrario deberíamos creer que si el general Sandino viviera hoy, estaría preso en El Chipote», concluyó Almagro.

CIDH reporta tratamiento cruel a presos políticos

Durante la sesión extraordinaria, el comisionado de la CIDH Stuardo Ralón, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, informó que tras las elecciones de 2021 que se desarrollaron en un contexto de represión, corrupción, fraude e impunidad estructural para asegurar la perpetuación en el poder de Daniel Ortega, fueron detenidas unas 67 personas y de ellas, 30 llevan más de seis meses encarceladas.

Durante la reunión virtual, se determinan una serie de violaciones contra los presos políticos como tratos crueles e inhumanos, restricciones para recibir visitas, insalubridad en las celdas, falta de agua y alimentación y también reportaron que esto en las últimas semanas se ha deteriorado aun más, con efectos diferenciados de detención especialmente en mujeres y adultos mayores, dijo el relator.

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La CIDH hizo mención de la muerte de Hugo Torres de 73 años, quien falleció en custodia del estado en condiciones inaceptables. A partir del 1 de febrero, cuando reiniciaron los juicios, documentaron violaciones al debido proceso que se hicieron en secreto en instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El nuevo Chipote», sin previo aviso, sin contacto con defensores, con sentencias desproporcionadas basadas en pruebas inventadas y con leyes contrarias a los estándares internacionales, denunció Ralón.

En el marco de estos procesos, los representantes legales y familiares recibieron acoso y obstaculización de acceso al expediente o contacto con acusados, negativa para dar trámites a sus peticiones, agregó.

La CIDH también apuntó el cierre de los últimos espacios de pensamiento democráticos con la cancelación de personerías a universidades como la Universidad Politécnica de Nicaragua, Universidad Paulo Freire, colegios eclesiásticos de Estelí, y movimientos sociales como el María Elena Cuadra.

Juicios continúan en secreto

En Managua, el juicio contra siete líderes opositores, entre ellos tres precandidatos presidenciales, continuó este viernes en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “El nuevo Chipote”. Las condiciones fueron las mismas, se realizó a puerta cerrada y de manera “secreta”, permitiéndole el ingreso solamente a un familiar por cada uno de los detenidos.  

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“No sabemos más por la incomunicación, entendemos que hubo retrasos (…) En este momento nuestra prioridad es que pueda entrar el familiar que está entrando por cada uno de ellos y ellas, dada la situación de aislamiento y de incomunicación a la que están sometidas”, confirmó a Expediente Público Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila.  

Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz fueron llevados por cuarto día consecutivo ante el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno.  El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; el exdiplomático, José Pallais y las opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera, integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), también fueron sentadas en el banquillo de los acusados en un juicio que tiene tintes políticos.  

El juicio contra los siete opositores que llevan entre 258 y 251 días detenidos inició formalmente el pasado 15 de febrero, pero fue hasta el segundo día que comenzaron a evacuar las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. “El primer día no evacuaron ninguna prueba, hay una serie de procedimientos antes de pasar a la prueba y dejaron el intercambio de pruebas al día siguiendo (miércoles) y ahí es donde empezaron”, señaló la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

El Ministerio Público ofreció a 27 policías como testigos que declararan en contra de los líderes opositores.  Los testigos están siendo llamados, pero no el orden en que fueron ofrecidos, sino de forma aleatoria, denunció la presidenta del Cenidh.  “Para mí, lógicamente deberían ser (llamados) en el orden que aparecen en la cédula de notificación para llamar a juicio, pero empiezan con uno y luego otro, para mantener en zozobra a los presos o para quién van a ser los supuestos testigos”, señaló la defensora de derechos humanos.

Bianca Jagger expone crueldad del régimen de Nicaragua

Bianca Jagger, defensora de derechos humanos y presidenta de Bianca Jagger Human Rights Foundation (BJHRF), reportó al Consejo Permanente que «la vida de 173 presos políticos está en manos del dictador Ortega y su cómplice Rosario Murillo. Vengo a rogarles que hagan todo lo posible para evitar que hayan más muertos».

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«Han incrementado la represión, los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos, el régimen está convencido que la comunidad internacional no va a responder proporcionalmente a sus acciones», mencionó la activista.

Como casi todas las intervenciones de la sesión, Jagger mencionó la repentina muerte de Hugo Torres que «ha impactado a la opinión publica en Nicaragua y a nivel internacional, quien pasó de ser un heroico dirigente sandinista que rescató de prisión a Ortega en los 70, a ser una víctima más de la dictadura».

Jagger citó a Vilma Núñez, defensora de derechos humanos. Ella planteó en La Prensa algunas preguntas sobre la muerte del general en retiro que el 13 de junio del 2021 fue capturado, sin orden judicial, con violencia y «fue trasladado al centro de seguridad El nuevo Chipote, lo mantuvieron incomunicado, sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos y no le permitieron visitas a los familiares».

«Torres era una persona sana, no era alguien que se doblegaría en la cárcel, hacía ejercicio, empezó a ponerse mal en la cárcel repentinamente, se le inflamaron las piernas que algunas veces no podía moverse por su cuenta, lo atendió un médico de la cárcel, pero no uno adecuado. Hasta que se desmayó, fue cuando lo atendieron. Auxilio Judicial nunca informó su estado. Circularon rumores entre diciembre 21 y, 22 y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exigió públicamente que se revelara la situación de Torres, pero jamás hubo respuesta», dijo.

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«¿Por qué se lo llevaron escondido, qué ocultaban violando el debido proceso?, un reo no puede ser trasladado porque se les ocurrió, el régimen manejó el caso en absoluto secreto, no hay un dictamen legal que diga la causa de su muerte, ningún juez ha ordenado investigación de su caso. Los presos en Nicaragua están corriendo riesgo de muerte, su situación es más grave y preocupante», denunció la activista.

Cada una de las detenciones de los presos políticos en los últimos años en Nicaragua está llena de violaciones a los derechos humanos, como el uso desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas, incumplimiento de plazos, sustracción del juez natural y aplicación desigual de la ley. «No es un secreto que en Nicaragua se están practicando torturas, que están expuestos a condiciones infrahumanas, hay celdas de aislamiento. Mantener a prisioneros en estas circunstancias no es tortura solo sino tortura agravada», precisó.

Jagger señaló que lo extraordinario del caso es que los presos políticos son personas de todos los partidos políticos y las convicciones, además de varias mujeres, Dora María Téllez, otra heroína de la revolución, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, que permanecen ya ocho meses detenidas.

Las restricciones de alimentos también ponen en peligro a los presos políticos, como el caso de José Pallais quien ha perdido 90 libras, es hipertenso, diabético y padece apnea del sueño, se descompensó y desmayó en su juicio. Jagger recordó que Torres es el último preso de conciencia que ha muerto y nombró a Eddy Montes fallecido en mayo de 2019 y a Santos Flores quien murió en noviembre de 2021.

Bertha Valle, periodista y esposa del preso político Félix Maradiaga, detenido por más de ocho meses, dijo al Consejo Permanente que «no se me ha permitido ningún tipo de contacto con él, ni llamada telefónica, ni cartas, ni dibujos de nuestra hija de ocho años. Está con otros líderes en el cuarto día de un juicio, acusado bajo leyes violatorias al derecho internacional. Los juicios se llevan a cabo en una estación policial, donde están detenidos, no en una corte, a puertas cerradas, no hay ni actas de los juicios, no permiten reunirse con su defensa, están separados entre ellos, un par de minutos con presencia permanente de la Policía en medio de ellos, ha violado su presunción de inocencia, estos son algunos ejemplos de las innumerables violaciones que sufren nuestros seres queridos».

Valle consideró que estos opositores, incluyendo su esposo, serán condenados entre 15 y 25 años, usando como pruebas las actividades ante la OEA y ONU. «Para todos ha sido impactante el fallecimiento del general en retiro Hugo Torres, su muerte es una fuerte alarma porque es el preso más recientes capturados que muere bajo custodia, no será el último, literalmente están muriendo de hambre», denunció.

Valle señaló que las mujeres están en confinamiento completo, se niega material de lectura incluyendo la Biblia y la pandemia sigue representando un riesgo mortal.

Líderes campesinos reciben sentencia  

Los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a 13 y 10 años de cárcel, respectivamente.  A los opositores el Ministerio Público los acusó por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, confirmó el Movimiento Campesino de Nicaragua.  

Tanto Mairena como Mena es la segunda vez que son condenados en un juicio lleno de irregularidades.  En febrero de 2019 fueron sentenciados a 216 años y 210 años de prisión por el supuesto delito de terrorismo, pero fueron liberados en junio de ese mismo año por una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.  

Mairena, el segundo precandidato presidencial que es sentenciado por la justicia orteguista en Nicaragua, también fue inhabilitado por el tiempo que dure la condena para ejercer cargos públicos, según determinó el juez Salmerón Moreno.  El líder campesino había anunciado el año pasado su intención de participar en las elecciones generales de noviembre en las que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo resultaron reelectos como presidente y vicepresidente, respectivamente.

En un comunicado público, los familiares de Mairena rechazaron la condena impuesta en contra del líder campesino.  «La familia Mairena Sequeira rechaza y condena todas y cada una de las acusaciones falsas e injuriosas hechas en contra de nuestro hijo y hermano Medardo Mairena por parte de fiscales y jueces borregos de esta dictadura», dijeron en el escrito.  En el mismo documento, afirmaron que los familiares de las personas presas políticas en Nicaragua viven cada día un “viacrucis”.  “Sentimos impotencia, soledad, silencio y el abandono de los amigos (…) Solicitamos a la comunidad internacional y las diversas organizaciones de derechos humanos hacer uso de sus facultades y buenos oficios para mediar ante el Estado de Nicaragua y exigir la liberación inmediata e incondicional de nuestros presos políticos», puntualizaron.  

Siguen repartiendo condenas  

El politólogo nicaragüense, José Antonio Peraza, integrante de la plataforma opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue condenado a 10 años de prisión.  Bajo la misma tónica de los anteriores, el juez Ángel Jancarlos Fernández González, titular Cuarto Distrito Penal de Juicio de Managua, también inhabilitó al opositor para ejercer cargos públicos.  

Un total de 13 opositores de los que fueron detenidos arbitrariamente entre mayo y noviembre de 2021 han sido condenados. Las penas oscilan entre los ocho y 13 años de prisión. El periodista Miguel Mora, también precandidato presidencial; el líder estudiantil, Lesther Alemán y el opositor Yasser Vado son quienes han recibido las penas más altas, es decir 13 años de prisión cada uno.  

Desde el 1 de febrero, 21 opositores han sido declarados culpables, la mayoría por delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros por difundir noticias falsas.  

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