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ONU: nicaragüenses sin posibilidad de ejercer sus derechos políticos en elecciones

*Michelle Bachelet advierte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “un preocupante y acelerado deterioro” de la situación de derechos humanos en Nicaragua.

**El canciller de Ortega, Denis Moncada responde diciendo que son “acciones injerencistas” y que todos los informes son “difamación”.

***Human Rights Watch pide a la ONU, la OEA, Estados Unidos, Unión Europea y países latinoamericanos, mayor presión para detener las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.


EXPEDIENTE PÚBLICO

Nicaragua enfrenta un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos que aleja la posibilidad de que su ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.

Así de claro lo dijo este martes 22 de junio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante una sesión de actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, como parte de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Bachelet hizo un recuento del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde la crisis de 2018 y enfatizó su preocupación sobre las detenciones de cinco precandidatos presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.

“Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y de las personas adultas mayores privadas de libertad”, subrayó Bachelet.

La Alta Comisionada señaló que esas detenciones se fundamentan en dos leyes que su oficina había señalado que “podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo”: La “Ley número 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo” y la “Ley número 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”.

En su informe, la también expresidenta chilena criticó una reciente reforma del código procesal penal, empleada ahora para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas.

“La Fiscalía continúa las investigaciones en perjuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y un recurso efectivo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia”, denuncia la Alta Comisionada, quien también menciona entre sus preocupaciones la anulación de la personalidad jurídica de dos partidos políticos, hechos que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

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Escalamiento de la represión

“Desde la segunda mitad de abril, con ocasión del tercer aniversario del inicio de las protestas en 2018, mi oficina registró un escalamiento de la persecución selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas percibidas como opositoras”, sostuvo Bachelet.

La funcionaria también señala que su oficina sigue documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional.

“Ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de protestar en espacio públicos, violando así su derecho a la libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica. Se llegó incluso a impedir que familiares pudieran conmemorar el tercer aniversario de la muerte de sus seres queridos”, expresó.

La Alta Comisionada, citando fuentes de sociedad civil, contabiliza hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres privados de su libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos.

También revela reportes de “un número significativo de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, abogados y abogadas, estudiantes y campesinos” que han sido víctimas de “un persistente hostigamiento por parte de la policía en el entorno de sus residencias o de las sedes de sus organizaciones”.

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“En varias oportunidades, la policía les impidió salir de sus casas, vulnerando su derecho a la libertad de circulación. Además, en algunos casos, también relataron, el acoso de personas vestidas de civil”, expone Bachelet.

El informe también registra declaraciones públicas de autoridades y algunos medios oficialistas estigmatizando a las personas percibidas como opositoras, así como amenazas en redes sociales y el hostigamiento contra medios y periodistas independientes, incluso a través de su involucramiento en las investigaciones penales arriba mencionadas.

“Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo”, dijo Bachelet. 

Ataques a indígenas y feminicidios

Bachelet también reporta ataques armados contra comunidades indígenas en la Región Autónoma Costa Caribe Norte y nuevos casos de feminicidios.

“Ante este escenario, llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”, exhortó Bachelet.

La Alta Comisionada urgió al Consejo de Derechos Humanos considerar “con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018” y urgió que se autorice el regreso de mi Oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país.

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59 países urgen liberar detenidos

En una declaración paralela al informe de Bachelet, 59 países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, también llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes.

«Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas», agregan estos gobiernos, que llaman al régimen orteguista a «comprometerse con la comunidad internacional» y a «permitir la presencia de observadores electorales internacionales».

«Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas, mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica», concluye la declaración que también suscriben Canadá, Gran Bretaña, Japón, Alemania, República Dominicana, Francia, Italia, Corea del Sur y Suecia, entre otros.

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Canciller Moncada: “acciones injerencistas”

La respuesta del canciller orteguista, Denis Moncada Colindres fue un largo discurso cargado de una retórica similar a los mensajes de Daniel Ortega o Rosario Murillo, denunciando las «acciones injerencistas» de Estados Unidos y de las naciones europeas y defendió que las leyes en Nicaragua, que «se respetan», «son similares o iguales a la de cualquier país del mundo».

“Venimos a este Consejo a decir basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos, el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía, pretendiendo imponer modos ajenos a nuestra cultura e idiosincrasia, en ese arrogante, soberbio e improcedente afán de dominar un país y un pueblo, que sólo sufrimiento y dolor debe al imperialismo y los colonialismos, en todas sus formas”, dijo Moncada Colindres en una video conferencia ante el Consejo de Derechos Humanos con banderas de Nicaragua detrás.

Moncada señaló a los presos políticos como “tristes y fracasados asalariados, desgraciadamente vendepatrias de siempre, que han cometido delitos contra la soberanía, la independencia, la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua”.

“Cualquier otra cosa que se diga en este Consejo, es parte de la misma estrategia de difamación, de comunicación denigrante, y de pretensiones de humillar, sojuzgando a un país y a un pueblo que nada deben, y nada temen”, insistió Moncada.

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Human Rights Watch: “Campaña de persecución”

Por su parte, Human Rights Watch publicó también este martes un informe denominado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, en el que denuncian que el gobierno de Daniel Ortega ha iniciado una campaña de detenciones arbitrarias y persecución.

“El gobierno se ha aprovechado de su mayoría en la Asamblea Nacional para adoptar restricciones amplias que socavan gravemente derechos humanos fundamentales, así como una “reforma” electoral que, en la práctica, facilita la posibilidad de inhabilitar a opositores políticos”, denuncia HRW.

El organismo también denuncia que el gobierno canceló la personería jurídica de un partido de oposición que funcionaba como el vehículo electoral de una de las dos principales coaliciones opositoras. 

“Desde fines de mayo de 2021, mientras se estaba finalizando este informe, y a lo largo de una semana, las autoridades nicaragüenses detuvieron a destacados candidatos presidenciales opositores e impulsaron investigaciones penales contra ellos que parecen responder a motivaciones políticas”, dice el informe de HRW.

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El reporte cita los casos de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, como muestra de la persecución. A los cinco opositores les impusieron 90 días de cárcel mientras avanza «la investigación», según la Fiscalía. Human Rights Watch documentó, además, los casos de docenas de perseguidos políticos.

“Los arrestos de prominentes opositores políticos y críticos, junto con otras graves violaciones de derechos humanos que Human Rights Watch documentó durante la investigación para este informe, parecen formar parte de una estrategia gubernamental más amplia para reprimir el disenso, infundir temor y restringir la participación política”, dice la organización.

“En las condiciones actuales, los nicaragüenses enfrentan obstáculos enormes —y probablemente infranqueables— para el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como de sus derechos a votar y a postularse a cargos públicos en elecciones libres y justas”, agrega el reporte. 

Human Rights Watch también reporta 53 casos de activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que habían sido víctimas de hostigamiento o habían sido sometidos a detenciones arbitrarias.

“La policía detuvo a críticos del gobierno en retenes policiales, en la vía pública o en sus viviendas, en general sin mostrar una orden de allanamiento. En la mayoría de los casos, la policía no les indicó por qué estaban siendo detenidas ni les mostró órdenes de detención. Documentamos tres casos en los cuales mujeres sufrieron acoso y agresión sexual mientras estuvieron detenidas”, denuncia el organismo.

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Requieren presión internacional

Human Rights Watch pidió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas intensificar la presión internacional sobre el gobierno de Nicaragua y que cumpla las resoluciones que mandan a derogar las leyes en las que basan la persecución política.

“El Secretario General de la ONU António Guterres debería continuar dando seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua y manifestar públicamente su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”, dice HRW. 

El organismo pidió a Guterres señalar la crisis en Nicaragua a la atención del Consejo de Seguridad e instar a sus miembros a que lleven a cabo una sesión abierta sobre este tema.

El organismo también exhortó a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a invitar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a informar a los miembros del Consejo acerca de la situación en Nicaragua en una sesión pública formal o informal e incluir a Nicaragua a la agenda del Consejo de Seguridad y considerar la implementación de sanciones individuales contra los responsables de graves violaciones de derechos humanos. 

HRW exhortó también a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, los gobiernos de América Latinapreocupados por la situación de Nicaragua a “ejercer presión sobre el gobierno de Ortega para que autorice a los organismos internacionales de derechos humanos que fueron expulsados en 2018 —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos— a que vuelvan a ingresar a Nicaragua con el fin de dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el país”.

El organismo pide a esos países imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, incluidos el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario María Murillo, al diputado Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Edwin Castro, jefe de la bancada oficialista —el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— que tiene mayoría en el parlamento. También a la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa, al director general de la Policía Nacional Francisco Javier Díaz, todo estos ya están sancionados por Estados Unidos.

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