* Este candidato a diputado por el Partido Nacional es hijo de Oswaldo Ramos Soto, uno de los principales operadores políticos de la empresa privada en Honduras.
** Este aspirante pretende enarbolar en el Congreso la bandera de la libre empresa y la lucha contra el comunismo.
*** Es representante legal de una empresa minera y de una compañía de la agroindustria.
Expediente Público
En Honduras, la política suele convertirse en un patrimonio familiar que se transmite de generación en generación. Tal es el caso de Oswaldo José Ramos Aguilar, candidato nacionalista a diputado por el departamento de Francisco Morazán, quien busca capitalizar las redes de poder heredadas de su padre.
Las dinastías políticas se consolidan cuando los hijos o parientes de un líder no solo heredan el apellido, sino también un capital político acumulado. En Honduras, esa transferencia de poder suele arrastrar consigo redes clientelares, vínculos empresariales, financiamiento electoral y un acceso privilegiado a los partidos y a las instituciones públicas. Ese es precisamente el caso de los Ramos.
«Crecí con el Partido Nacional en mi corazón», ha afirmado públicamente el aspirante a congresista. No exagera. Su padre, Oswaldo Ramos Soto, fue uno de los emblemas de su partido, una de las figuras más visibles del conservadurismo extremo en Honduras.
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Desde mediados de los años setenta hasta su muerte, en 2024, el abogado Ramos Soto fue un operador clave en los engranajes del poder. Durante medio siglo consolidó tres bastiones de influencia: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Poder Judicial y el Congreso Nacional. Desde esos espacios impulsó la formación de élites políticas y económicas que marcaron la vida institucional de este país centroamericano.
La entrada de Oswaldo Ramos Aguilar a la política ocurrió tras la muerte natural de su padre, cuando a mediados de 2024, el presidenciable nacionalista Nasry Asfura le ofreció un puesto como candidato suplente en sus planillas. Pero fue el propio Ramos Soto quien antes lo había convencido de aspirar como propietario. Sin más trayectoria política que el peso de su apellido, el Partido Nacional aceptó su postulación.
Pese a su bajo perfil personal, en las elecciones primarias de marzo de 2025, Oswaldo José Ramos obtuvo 85,195 votos, convirtiéndose en el décimo nacionalista más votado a nivel nacional.
Fiel a la ideología paterna, su proyecto apunta a promover la libre empresa y combatir «el comunismo» que, asegura, impulsa el oficialista Libertad y Refundación (Libre).
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Raíces ultraconservadoras
Criado en los campos bananeros de la Standard Fruit Company, Ramos Soto creció en un entorno marcado por la tensión entre la compañía estadounidense y los sindicatos obreros. Así, desarrolló un pensamiento conservador y anticomunista.
En 1965 viajó a Tegucigalpa para estudiar Derecho en la UNAH, donde descubrió que la vida universitaria era uno de los principales centros de influencia del país y una plataforma estratégica para su carrera política. Apenas una década después ya había escalado posiciones clave, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (1975-1981) y presidente del Colegio de Abogados (1979), institución de gran peso dentro del sistema jurídico hondureño.
Con una red de poder cada vez más robusta, Ramos Soto recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas, del empresariado y de los partidos Nacional y Liberal para asumir el rectorado de la UNAH (1982-1988). En plena Guerra Fría centroamericana, su misión era neutralizar a los grupos de izquierda en el ámbito universitario.
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En 1983, se integró a la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), el brazo político-empresarial de los militares que instalaban la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS). Esta política, equivalente hondureña del Plan Cóndor en el Cono Sur, se diseñó para reprimir los movimientos populares y estudiantiles.
Durante su gestión en la UNAH, la DNS y sus escuadrones de la muerte operaron dentro del escenario universitario. Años después, el abogado Ramos Soto explicaba abiertamente su forma de pensar. «Soy de los que creen que las culebras chiquitas se matan temprano, hay que evitar que se desarrollen porque se vuelven peligrosas», mencionó en un foro televisivo.
El costo fue alto. Varios estudiantes fueron desaparecidos. Entre ellos, José Eduardo Becerra Lanza, cuya madre señaló públicamente al rector Ramos Soto como responsable directo del asesinato de su hijo. Otro caso emblemático fue el del entonces líder universitario y hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Milton Jiménez Puerto, quien en 1993 lo acusó de ser el autor material de su secuestro y desaparición temporal en 1982.
Con el fin de la Guerra Fría, a inicios de los noventa, Ramos Soto dio el salto definitivo al poder institucional. Fue presidente de la CSJ (1990-1992), candidato presidencial del Partido Nacional en 1993 (derrotado por el liberal Carlos Roberto Reina) y diputado del Congreso Nacional desde 2001 hasta 2022.
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Como congresista, Ramos Soto se consolidó como operador político de la empresa privada. Un ejemplo fue su relación con la industria extractiva, a la que allanó el camino para expandirse en el país. En 1998, él mismo redactó la Ley de Minería, el instrumento legal que permite que hoy el 1.6% del territorio hondureño esté concesionado a empresas mineras, en su mayoría extranjeras.
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Tras los pasos del padre
«Tengo sus valores, mi padre es el norte que me orienta desde el cielo», declara Oswaldo Ramos Aguilar, quien al igual que su progenitor es abogado y apoderado legal de empresas privadas, entre ellas la minera estadounidense Raptor Mining, dedicada a la explotación de oro y mercurio en la zona oriental del país.
También representa legalmente a Industrias Molineras S.A. de C.V. (IMSA), una productora de cereales que durante la pandemia del Covid-19 se convirtió en una de las empresas más beneficiadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, al venderle al Estado 33.5 millones de lempiras (US$ 1.3 millones) en alimentos para las «bolsas solidarias» que se entregaron a la población durante el confinamiento.
IMSA forma parte del Grupo Corona, consorcio fundado por Jorge Emin Abufele Salomón, antiguo compañero de Ramos Soto en la APROH. Según la firma estadounidense de información comercial, Dun & Bradstreet, IMSA genera ingresos anuales de 777.5 millones de lempiras (US$ 31.1 millones). Esta es una muestra del peso económico al que representa legalmente el candidato.
«Honduras debe sacar la alfombra roja para la inversión, dar concesiones fiscales a los empresarios», sostiene Ramos Aguilar, también egresado en Finanzas en Estados Unidos. Bajo esta propuesta, no sorprendería que su postulación cuente con el apoyo de los grupos empresariales que representa.
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Este candidato también propone enfrentar la corrupción, aunque su apellido juegue en contra. Su padre fue uno de los congresistas que votó en 2020 por la expulsión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual en apenas cuatro años presentó 14 casos de corrupción y sindicó a 113 personas, entre ellas funcionarios, empresarios y legisladores.
Para los Ramos, la Guerra Fría no ha terminado. Al igual que su padre, Ramos Aguilar pretende llevar al Congreso una cruzada contra el «comunismo», que asegura impulsa el gobierno de Castro. «Reivindicaremos que nuestro aliado natural es Estados Unidos, la relación con las dictaduras de izquierda le hacen mucho daño a la empresa privada», ha explicado este seguidor del presidente Donald Trump.
Aunque asegura que la política «no orbitaba en su cabeza», entre 2010 y 2014, Ramos Aguilar se desempeñó como asesor de su padre en el Congreso. Hoy, a sus cincuenta años, se presenta como un nuevo rostro del nacionalismo, pese a que su apellido remita a una de las figuras más controversiales de su partido.
