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Pandora, una colusión de poderes que pone en entredicho al MP y la Corte de Justicia

***La corrupción en Pandora fue tanta que el dinero no se contaba, se pesaba al mejor estilo de las mafias***  

Pandora: Así se denominó al caso con el cual se descubrió una red política de corrupción que desvió fondos públicos destinados para la producción agrícola en el llamado corredor seco de Honduras, donde la sequía y problemas de seguridad alimentaria son recurrentes. Ese dinero fue usado para financiar las campañas políticas en el periodo 2009-2013 y para que tuviese una apariencia de legalidad se hicieron supuestos convenios con Organizaciones No Gubernamental es y fundaciones privadas para canalizar el dinero del Estado para otros propósitos.  

De ahí que el ex vocero de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), el brasilero Luiz Antonio Marrey Guimarães, expresara a pocos meses de su estadía en el país que el nivel de impunidad en Honduras permitió una corrupción a cielo abierto. 

La corrupción a cielo abierto, dijo, se refiere a que «había una impunidad tan grande que las personas involucradas no tuvieron el cuidado de ocultar bien el hecho; lo que es mejor para la investigación, pero es señal que no tienen miedo de las instituciones». 

La Ufecic-Maccih acusó a 38 personas naturales por drenar 282 millones de lempiras de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), dentro de los cuales, estaban líderes de partidos tradicionales. 

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En la audiencia inicial, les fue dictado auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva, ya que uno de los delitos por los cuales se les acusaba era el lavado de activos, y este tipo de penal no contempla medidas sustitutivas a la prisión, pues el Código Procesal Penal asocia este ilícito con la criminalidad organizada. El caso fue llevado por una jueza natural en vista que dentro de los imputados se encontraban diputados considerados como altos funcionarios y según la legislación interna cuando en un presunto hecho delictivo hay funcionarios públicos de alto rango, su causa debe ser elevada ante un magistrado de la suprema corte que funge como juez natural. 

En el caso Pandora, la jueza en la audiencia inicial modificó el delito de lavado de activos por el de Fraude (delito menos gravoso) para algunos de los encausados, en su mayoría diputados, ex diputados, funcionarios públicos, ex funcionarios públicos y personas naturales asociadas a la política, con lo que lograron medidas sustitutivas distintas a la prisión. 

«En realidad, Pandora es solo una parte de todo un plan para saquear el Estado», dijo a Expediente Público, Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez, testigo protegido en ese caso y actor clave para desenredar el funcionamiento de esa red de corrupción pública. 

Menjívar comentó que esa investigación la inició el Ministerio Público por denuncias que insistentemente realizara el periodista David Romero, luego que el expediente pasó a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, Maccih. David Romero falleció el 18 de julio de 2020 a causa del coronavirus, cuando cumplía una condena emitidas por un tribunal por delitos contra el honor y estaba a punto de obtener su libertad bajo el nuevo código penal vigente. 

«Hay un sistema centralizado de la corrupción. Y lo más grave es la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público que están a la voluntad del presidente que acusa a quien él ordena”, aseguró el togado y también ex fiscal del Ministerio Público. 

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Los acuerdos no escritos  

En palabras de Menjívar, Hilda Hernández Alvarado, hermana del presidente Juan Orlando Hernández, habría sido la responsable de manejar esa operación de desvío de fondos denominado red Pandora. 

Pero la suerte no le favoreció a Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández, y su principal brazo asesor y estratégico. El 17 de diciembre de 2017, en un accidente aéreo, fallece la entonces ministra de Comunicaciones, Hilda Hernández, sin que se conozca una investigación a profundidad de lo sucedido. 

La fiscal que destapó Pandora 

En la entrevista, la defensa de Suárez expresó que la fiscal que inició la investigación es una joven de 22 años recién graduada y que la única experiencia profesional que tenía era la práctica que realizó en el Consultorio de la Universidad. «Ahí sólo se llevan asuntos de familia y no penales.  Ella conoció de la convocatoria que estaba haciendo el Ministerio Público para contratar los fiscales, hizo el examen y lo pasó. La contrataron y la asignaron a la Fiscalía Contra la Corrupción y le dieron el caso Pandora en 2015, sin que tuviera experiencia». 

Pero no imaginaron- sostiene- que el caso captaría su atención y cuando logró identificar los hechos, presentó el proyecto de acusación a José Arturo Duarte Portillo, entonces director de fiscales del Ministerio Público, y  éste lo guardaba y lo devolvía a los 3 o 4 meses con una notita grapada en la portada del expediente y «le decía que faltaban investigaciones, que estaba inconcluso, pero no le indicaba que información debía buscar ni dónde hacerlo, simplemente le decía que estaba inconcluso». 

La fiscal, continúa relatando Menjívar, volvía «quebrarse la cabeza», se preguntaba qué cosas le podía agregar, qué otra información podía buscar y de nuevo lo presentaba con enfoques mejorados, pero la respuesta de Duarte era la misma: estaba incompleto. La fiscal entendió que no había voluntad política de llevar a cabo la acusación, y fue hasta que llegó la Maccih y que las denuncias de David Romero tomaban fuerza, que el caso tomó otro giro. 

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La joven acusadora continúo conociendo el caso, pero ya no desde la Fiscalía contra la Corrupción, sino desde la Ufecic; la Maccih la pidió prestada porque había sido ella la que descubrió esa red de corrupción.” La joven fiscal participó de las primeras audiencias del caso Pandora y a medida que se conocía el caso y miraba los juegos de la defensa de los imputados, burlándose de los fiscales, de su vestimenta y de sus argumentos, el impacto fue tal que la fiscal se desmayó, comenta Menjívar. 

Menjívar es del criterio que la contratación de la joven acusadora tenía el propósito de que fracasara en la investigación asignada porque carecía de experiencia, la dejaron sola y sin apoyo, pero no imaginaron que la fiscal tomó esa responsabilidad con la seriedad y profesionalismo debido, a tal grado, que puso al descubierto una red de corrupción e impunidad que intentaron ocultar con una serie de artimañas. 

«Ahora el Poder Judicial y el Ministerio Público se echan la culpa entre ellos; un juego de pelota que lanzan el balón de acá para allá, pero que al final el gol lo van a meter ellos porque tiene asegurada la impunidad», afirma Menjívar al conocer el rumbo que ha tomado el caso Pandora.  

Era tanto…que mejor lo pesaban 

Fernando Suárez, su defendido, entregó la evidencia en su poder ante el Ministerio Público. El testimonio de Suárez fue de 22 horas y eso no ha sido incorporado en el expediente porque la información que dio no solo es sobre el caso Pandora, sino que deja claro todo el hilo que junta todo: una estrategia de financiamiento permanente para enriquecer a la familia presidencial; primero para las elecciones de 2013 y luego en el 2017, donde quedó establecido e instalado el sistema de saqueo, agrega Menjívar. 

El desvío de fondos en el caso Pandora fue de tal magnitud que el dinero ya no lo contaban, lo pesaban, al estilo de las mafias del narcotráfico, y en el caso de Fernando Suárez, éste se encargaba de recolectarlo y entregarlo íntegramente a la difunta Hilda Hernández, hermana del presidente de la república. Así relató el imputado en esas 22 horas de testimonio. 

La estrategia utilizada por el gobierno, según el relato, era que éste desviaba el dinero a las fundaciones privadas Dibattista y Todos somos Honduras, de aquí salía una parte en efectivo, y otra en cheques. De ahí que el Ministerio Público no ha podido registran cuánto fue el dinero que saquearon, pues el único rastro visible, por ahora, es la transacción que se hizo con cheques, pues en el caso de los diputados implicados, éstos en su mayoría hacían filas para que la plata se les entregara en forma contante y sonante. 

“Por eso, considero que el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, no puede decir que no sabía de dónde venía el dinero si iban a reclamárselo a Fernando (Suárez) y con qué autoridad lo hacían si él no era funcionario ni dirigente del Partido Nacional”, se pregunta Menjívar. 

Fue tal la magnitud del saqueo que hasta hicieron uso de falsos convenios, y según el abogado defensor, existe el caso de un convenio suscrito con un señor residente en uno de los países de Europa, quien estuvo en el país un tiempo y luego se fue para nunca volver, y resulta que aparece “firmando un convenio que evidentemente no se dio, eran convenios falsos, para justificar el latrocinio”, grafica Menjívar. 

MP y CSJ, independencia perdida 

Si alguno de los integrantes de la red Pandora tenía una “necesidad”, buscaban a Fernando Suárez y le decían: fíjese que necesitamos pagar tal cosa, hágase un proyecto allí, le ponían cualquier nombre, y así satisfacían sus necesidades. Una vez redactó un proyecto que se llamaba “Frijoles hay” y la difunta Hilda Hernández, se molestó porque en ese momento había una escasez del grano y estaban anunciando la llegada de un embarque procedente de Etiopía, pero el barco nunca llegó y no se supo finalmente que pasó con los frijoles. 

“Entonces, la señora se molestó y Fernando le respondió: ¡Ay ministra, si es para agilizar la cuestión que moviliza el dinero! Tenían gente en el Tribunal Superior de Cuentas que les ayudaba a hacer las facturas con las cuales justificaban todo”, continuó revelando el abogado defensor del testigo clave del caso Pandora, 

Para Menjívar, toda esta red funcionaba con coherencia, estaba bien estructurada y por eso cuestiona fuertemente el rol de los operadores de justicia como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, al traer a colación el proceso de elección de sus integrantes. 

En el caso del Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, dice que éste en su primera elección no terminó de llenar los requisitos de postulación, según la entonces Junta Proponente, destacando el retiro que de la misma hicieran tres instituciones: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) por considerar que Chinchilla no aplicaba y lo estaban imponiendo. 

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Chinchilla llega en su primera etapa al Ministerio Público en medio de la transición que vivía la Fiscalía General tras la designación de una junta interventora que tuvo que culminar el período correspondiente al entonces fiscal general, Luís Rubí, forzado a renunciar por presunta negligencia en la conducción de la institución y los altos índices de impunidad. 

De la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñaba como magistrado de la Sala Constitucional, Óscar Fernando Chinchilla salta a la Fiscalía General de la República. Chinchilla, fue el único magistrado sobreviviente del golpe institucional al poder judicial hecho desde el congreso nacional el 12 de diciembre de 2012, cuando en un santiamén se destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional que en sus fallos habían abortado varios proyectos lesivos impulsados desde los poderes ejecutivo y legislativo en la administración de Porfirio Lobo Sosa, en la presidencia, y Juan Orlando Hernández, en el congreso nacional. 

Lo mismo ha ocurrido con la elección de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha cuestionado el proceso de selección y elección. En el caso del poder judicial, tras eliminarse el Consejo de la Judicatura, la figura de la Presidencia vuelve a tener un poder absoluto al ser quien designa jueces y magistrados en los tribunales y salas penales. 

En el caso de los jueces, acota Menjívar, sucede igual, no siguen ningún proceso de selección para ingresar al sistema de carrera judicial, los jueces son nombrados por amistades y por bendición de un político, en especial, en los llamados Juzgados de Jurisdicción Nacional con Competencia Nacional Territorial, “ahí lo que menos son esos señores, son jueces, ellos son ejecutores de órdenes donde cumplen con mandatos que les son establecidos”. El presidente de la Corte de Justicia, afirma Menjívar, selecciona al juez que le va a tocar un caso y cuando el expediente de esa persona llega ante ese juez, “no hay manera posible de que el imputado se defienda, porque ya está coordinado todo, ahí el derecho de defensa queda anulado”, sostuvo. 

Se ha perdido la independencia en esos órganos de control del Estado, asegura el defensor de uno de los casos más emblemáticos de corrupción pública que estremeció a las elites políticas como es Pandora.  Menjívar, al igual que otros sectores, cuestionan la subordinación del Ministerio Público y el Poder Judicial a la figura del presidente de la República. Es la cooptación política de esa institucionalidad, aseguran. 

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Al servicio de poderes fácticos 

Por eso la importancia que reviste el caso Pandora y el rumbo que ha tomado con el sobreseimiento de la mayoría de los imputados, pues éstos no son personas comunes, son actores políticos ligados al poder y a sus estructuras. 

Un informe publicado por la Fundación Friedrich Ebert en abril 2020, explica que la Ufecic-Maccih fue considerada como una “declaración de guerra” para las élites vinculadas al poder, que por primera vez experimentaron una amenaza real a su hegemonía. 

 Los encausados en el caso Pandora, -detalla el informe- realizaron sus “supuestos” crímenes a la luz de todas las instituciones contraloras y auditoras del Estado, sin que nadie pudiera advertir estos hechos bochornosos. 

“Toda esa situación puso en alerta máxima sus mecanismos de defensa y activaron todos los recursos a su disposición para hacer implosionar el mandato de la Misión”, describe el documento. 

Paradójicamente, -se lee- los diputados a los que se les había presentado requerimiento fiscal, tuvieron la opción de votar en contra de la continuidad de la Maccih. En diciembre de 2019, la cámara legislativa resolvió con amplia mayoría que el convenio de la Misión no debía ser renovado y así lo plasmaron en un informe que contó con el aval de casi todas las instituciones con que la Maccih se relacionaba: Tribunal Superior de Cuentas, Contraloría General de la República, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Procuraduría General de la República, entre otros. Meses antes, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, había externado su opinión acerca de la no continuidad de la Misión, al afirmar que ellos podían “caminar solos”. 

Ese informe del Congreso fue la tabla de salvación al poder Ejecutivo para que no llegara a un acuerdo de renovación de la Misión con la OEA, cuyas partes dan por cerrada la Maccih antes de vencer el convenio en enero de 2021. 

Más adelante, el documento muestra que el desmantelamiento de la Misión se veía venir desde que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló sobre la constitucionalidad del convenio indicando que, si bien el convenio de la Maccih era constitucional, la Ufecic no lo era. Luego vino todo el debate sobre el nuevo código penal vigente y la reducción de penas en los delitos de corrupción. 

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El sobreseimiento definitivo de 24 involucrados en el caso Pandora, solo deja al descubierto que las instituciones encargadas de la protección de los bienes públicos están al servicio de poderes fácticos que históricamente han capturado al Estado, despojándolo de su capacidad de reacción frente a los desafíos de la erosión del estado de Derecho y la degradación sistemática de las condiciones de vida de la sociedad hondureña, señala el informe. 

Aunque la Maccih encontró en el Ministerio Público, un aliado natural en la persecución penal y la judicialización de casos de alto impacto, y el apoyo del Fiscal General hacia la Misión fue elogiado por los dos voceros oficiales y la encargada interina de la misma, la segunda parte de la historia marcada por la reelección del Fiscal General, devela, a criterio del informe publicado por la Fundación Friedrich Ebert en abril 2020,  existía una confeccionada red de acuerdos previos, encaminados a desacelerar el impulso de la Ufecic y asegurar el consentimiento de las esferas de poder a la gestión del Fiscal General. 

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