¿Por qué sigue operando Próspera en Honduras?
La empresa mantiene sus operaciones en Roatán, invoca garantías de estabilidad jurídica por 50 años y enfrenta al Estado hondureño en un arbitraje millonario. Los nuevos nombramientos en la empresa reavivan el conflicto sobre la aplicación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Dos años después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el marco jurídico de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Próspera, instalada en Roatán, Islas de la Bahía, continúa operando bajo un régimen especial que considera vigente.
El conflicto se reavivó el pasado 15 de septiembre, durante las celebraciones de la Independencia de Honduras, cuando la empresa anunció nuevos nombramientos, entre ellos el de un denominado “fiscal civil”.
“Es la prueba más reciente de que hay un desacato o hay un desafío al actual gobierno o al Estado de Honduras”, comentó a Expediente Público la abogada constitucionalista Ruth Lafosse.
La Procuraduría General de la República (PGR) cuestionó el nombramiento del fiscal de Próspera al considerar que las funciones de fiscalía son exclusivas del Estado y que la Ley de las ZEDE que los ampara quedó invalidada por la sentencia de la CSJ de 2024.
Próspera sostiene que los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022) le garantizaron 50 años de estabilidad jurídica, respaldados por acuerdos internacionales.
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Además, tres empresas vinculadas con el proyecto reclaman a Honduras US$1.630 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
1. ¿Qué declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia?
El 20 de septiembre de 2024, la CSJ declaró inconstitucionales la reforma constitucional que dio sustento a las ZEDE y su Ley Orgánica. El fallo estableció efectos ex tunc, es decir, desde el origen de las normas cuestionadas. La sentencia se publicó en el diario oficial La Gaceta el 25 de noviembre de 2024.
La resolución cuestionó disposiciones relacionadas con la organización territorial, la administración de justicia y la planificación económica del país.
Sin embargo, la decisión no puso fin a la controversia. Próspera sostiene que las inversiones realizadas bajo ese régimen están protegidas por garantías de estabilidad jurídica que deben respetarse incluso después de la sentencia.
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La empresa argumenta que la decisión no puede afectar retroactivamente situaciones jurídicas consolidadas y que Honduras debe cumplir sus compromisos internacionales.
Las autoridades hondureñas, en cambio, consideran que el fallo invalida el marco normativo que sustentaba las actuaciones de las ZEDE.
Esta diferencia de interpretación mantiene abierto el conflicto entre la empresa y el Estado.
2. ¿Qué obstáculos enfrentó Xiomara Castro para desmontar las ZEDE?
Derogar las ZEDE fue una promesa de campaña de Xiomara Castro. Durante su Gobierno (2022-2026), la comisión presidencial creada para ese fin, presidida por Fernando García, enfrentó dificultades para avanzar en la ejecución de la sentencia.
Según García, una de las primeras acciones de la comisión fue reunirse con empresarios vinculados con las tres ZEDE que operaban en el país: Próspera, en Roatán; Ciudad Morazán, en Choloma; y Orquídea, en San Marcos de Colón.
Les solicitó una propuesta de decreto ley para analizar posibles incentivos fiscales dentro del marco legal vigente, así como información sobre los compromisos adquiridos por administraciones anteriores.
García aseguró que los empresarios no entregaron la documentación solicitada.
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Archivos incompletos
La falta de documentos oficiales fue otro obstáculo, según el excomisionado. Su equipo revisó más de 800 cajas de archivos almacenados en bodegas institucionales, pero no encontró documentación sustantiva sobre las regiones especiales de desarrollo ni las ZEDE.
García atribuye la ausencia de información a la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
Según el excomisionado, el Gobierno de Hernández proyectaba establecer 67 ZEDE: 36 contaban con memorandos de entendimiento con empresarios y otras 31 tenían cartas de invitación dirigidas a empresas transnacionales. Aseguró que su gestión logró frenar 36 de esos proyectos.
La falta de documentación, sostiene García, dificultó reconstruir los compromisos asumidos por el Estado y determinar cómo proceder frente a los inversionistas.
Pese a las dificultades para localizar documentos, García asegura que logró recopilar unos 4.000 folios de información de los últimos diez años sobre las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y las ZEDE, que fueron entregados al Ministerio Público y a la PGR.
Además, García sostiene que durante el gobierno anterior se logró declarar libres de ZEDE a 70 de los 298 municipios de Honduras.
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3. ¿Qué garantías jurídicas invoca Próspera?
Próspera sostiene que Honduras se comprometió a mantener durante 50 años determinadas garantías vinculadas con el régimen de las ZEDE.
Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, invoca el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) y el acuerdo de inversión entre Honduras y Kuwait para defender los derechos que atribuye a los inversionistas.
En particular, Colindres cita el artículo 16.4 del acuerdo entre Honduras y Kuwait, que contempla garantías por un plazo no menor de 50 años para inversiones realizadas bajo el régimen de las ZEDE o ubicadas en esos territorios.
También recurre al artículo 16 de la Constitución hondureña y a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para argumentar que el Estado no puede utilizar su legislación interna como justificación para incumplir obligaciones internacionales.
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse cuestiona que esas garantías sean aplicables en los términos planteados por la empresa. Señala que el marco jurídico de las ZEDE ya había sido objeto de cuestionamientos judiciales antes de la sentencia de 2024.
“¿Puede Próspera señalarse que actuó de buena fe, a sabiendas de que desde 2011 ya había una sentencia?”, señaló Lafosse a Expediente Público.
La controversia, por tanto, no se limita a la existencia de garantías de inversión. También implica determinar su alcance, su relación con el ordenamiento constitucional hondureño y los efectos del fallo sobre los derechos que Próspera considera adquiridos.
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4. ¿Cuánto reclama Próspera a Honduras?
En diciembre de 2022, tres empresas vinculadas con Próspera iniciaron un arbitraje contra Honduras ante el CIADI.
Su pretensión principal, según Colindres, es recuperar los derechos que consideran garantizados por el Estado para continuar operando bajo el régimen de las ZEDE. La compensación económica sería una alternativa si no se concreta esa restitución.
La reclamación económica pasó de US$10,775 millones a US$1,630 millones, según informó la PGR en octubre de 2025.
Lafosse cuestiona la magnitud de las cantidades reclamadas y la forma en que se calcularon los daños. A su juicio, es necesario examinar qué parte de esas estimaciones corresponde a pérdidas económicas demostrables.
El arbitraje añade presión financiera y jurídica al conflicto, pero no resuelve por sí mismo la controversia sobre la vigencia del régimen de las ZEDE en Honduras.
5. ¿Por qué los nuevos nombramientos reavivaron el conflicto?
El pasado 15 de septiembre, Próspera anunció nuevos cargos para reforzar su estructura institucional: fiscal civil, inspector de cumplimiento, comisionado de servicios de salud, inspector de construcción y comisionado de impuestos.
Ante esos nombramientos, la PGR presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas.
Según Fernando García, la comisión presidencial ya había presentado en 2024 otra denuncia contra secretarios técnicos y miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) y su comisión permanente.
El excomisionado afirmó que no conoció avances en ese expediente.
Jenssy Sánchez, portavoz de la PGR, confirmó a Expediente Público que el caso reciente fue remitido a la unidad correspondiente, que asignó fiscales y solicitó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizar diligencias de documentación en oficinas vinculadas con Próspera.
La empresa defiende los nombramientos. Colindres sostiene que la Ley Orgánica de las ZEDE permitía designar al fiscal civil para apoyar procedimientos tributarios. García, en cambio, considera que esa facultad perdió vigencia con la sentencia de la CSJ.
La investigación del Ministerio Público deberá determinar si hubo delitos y establecer las posibles responsabilidades.
6. ¿Qué falta para ejecutar la sentencia?
Para Fernando García, la ejecución del fallo requiere coordinación entre las instituciones del Estado y una estrategia común para defender los intereses nacionales.
También cuestiona las decisiones del Gobierno de Nasry Asfura relacionadas con incorporar a Honduras en el CIADI y advierte que las conversaciones con los inversionistas de Próspera, anunciadas por el procurador general, podrían debilitar la posición hondureña en el arbitraje.
Lafosse considera que la sentencia debe traducirse en medidas concretas, como incorporar los registros de propiedad al sistema nacional y establecer reglas claras para las operaciones de las empresas instaladas en Próspera.
“Eso es lo que ha faltado: ejecutarlo”, puntualizó la abogada.
La sentencia declaró inconstitucional el marco jurídico de las ZEDE, pero el conflicto continúa en los tribunales, en el arbitraje internacional y en las actuaciones de la propia empresa.
Mientras tanto, Próspera continúa operando en las 404 hectáreas que afirma tener incorporadas a su proyecto, bajo un régimen considerado un intento de “construir su propio Estado”.
