* EE. UU. sancionó este jueves a cinco funcionarios del régimen Ortega-Murillo por represión, espionaje y abuso laboral.
* La potencia norteamericana ha castigado a 52 personas y unas 15 entidades de Nicaragua desde 2017.
Expediente Público
El Gobierno de EE. UU. impuso este jueves 26 de febrero nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios de la dictadura nicaragüense.
Los funcionarios son: Denis Membreño Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa, directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por usar la inteligencia financiera para perseguir opositores y congelar activos de disidentes.
Además, Johana Vanessa Flores Jiménez, ministra de Trabajo, por explotar trabajadores y hostigar a empresas extranjeras.
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Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), por participar del aparato de espionaje que intercepta llamadas, rastrea ciudadanos y dirige granjas de trolls.
Por último, Leonel José Gutiérrez López, jefe de inteligencia militar, por vigilar periodistas, activistas y militares señalados como «desleales» por el régimen.
En su resolución, la administración de Donald Trump señaló que es una acción coordinada entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado para responsabilizar a quienes sostienen el aparato represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a los sancionados el congelamiento inmediato de todos sus bienes en territorio estadounidense y la prohibición a cualquier persona o empresa de EE. UU. de realizar transacciones con ellos.
El Departamento de Estado, por su parte, subrayó en un comunicado, firmado por el portavoz adjunto, Thomas «Tommy» Pigott, que Washington usará «todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles» para enfrentar a quienes amenazan la seguridad regional, y reiteró el llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua.
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¿Por qué los sancionan?
El general retirado Denis Membreño Rivas y el excomisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa dirigen desde 2012 la UAF, que Washington describe como un instrumento de persecución política disfrazado de ente antilavado.
Según el Tesoro, la UAF —presidida por militares leales a Ortega— ha bloqueado financiamiento a organizaciones opositoras y liquidado activos de presos políticos sin ninguna base legal, en flagrante violación de su mandato institucional.
En el frente de telecomunicaciones y vigilancia, Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora general de TELCOR desde 2023, fue sancionada por su papel en un aparato que, desde 2024, cuenta con facultades legales para interceptar comunicaciones, recopilar datos privados y geolocalizar ciudadanos.
La directora de Telecomunicaciones, Nahima Díaz, ya había sido sancionada en enero de 2022. Reyes representa la siguiente capa operativa de ese mismo engranaje.
En el ámbito militar, Leonel José Gutiérrez López, quien encabezó por más de una década la opaca Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia del Ejército (DICIM), es señalado de coordinar la vigilancia de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares considerados desleales al régimen.
La quinta sancionada, Johana Vanessa Flores Jiménez, nombrada ministra de Trabajo en agosto de 2025, enfrenta señalamientos por la explotación sistemática de trabajadores nicaragüenses.
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Un informe de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), emitido en octubre del año pasado, documentó que las políticas laborales del régimen han generado condiciones de competencia desleal, incluyendo la confiscación de bienes de instituciones religiosas y empresas estadounidenses.
Contexto Donroe
Washington propone mantener su hegemonía en las Américas en la llamada doctrina Donroe. Con estos argumentos, ha atacado a gobiernos autoritarios en la región. A inicios del año, tropas especiales detuvieron en Caracas al dictador Nicolás Maduro.
Además, EE. UU. ha anunciado que impondrá sanciones a las empresas o naciones que comercien petróleo con Cuba, lo que agudizó la crisis en la isla comunista.
Las sanciones contra el régimen nicaragüense se producen en un contexto de acelerado cierre autoritario.
En enero de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua, cooptada por el régimen, aprobó una reforma constitucional que elevó a Murillo de vicepresidenta a copresidenta, eliminó la separación de poderes, consolidó el control gubernamental sobre los medios de comunicación y legalizó el uso de fuerzas paramilitares.
Desde 2018, el régimen ha detenido y asesinado a opositores, forzado al exilio a periodistas, perseguido al clero católico y desmantelado la sociedad civil independiente.
