* La Mara Barrio 18 y la Mara Salvatrucha dominan la delincuencia en Guatemala. Su estructura va más allá de la extorsión y el sicariato.
** El Ministerio de Gobernación calcula que ambas pandillas tienen alrededor de 32.000 miembros.
*** Las maras dominan los centros urbanos y los corredores logísticos del país. En sus territorios imponen normas de convivencia.
Marysabel Aldana / Expediente Público
Las maras han reclutado a 32 mil jóvenes de Guatemala, según estimaciones del Ministerio de Gobernación de ese país. La que domina es la Mara Barrio 18, con 22 mil miembros.
Las pandillas siguen siendo una de las mayores amenazas para la seguridad nacional guatemalteca, un fenómeno que saca provecho de la pobreza, para establecer control territorial, violencia y poder económico.
Aunque sus orígenes se remontan a hace más de tres décadas, las maras han logrado evolucionar, adaptarse y mantener una estructura sólida que continúa desafiando al Estado.
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De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, en Guatemala operan principalmente dos grandes estructuras criminales: la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara Barrio 18, que el mes pasado fue designada por Estados Unidos como organización terrorista internacional.
A su alrededor existen pequeñas bandas locales, clicas o grupos independientes que, aunque de menor tamaño, cooperan con estas organizaciones mayores.
Dos pandillas, un mismo problema
Las autoridades reconocen que estas dos pandillas concentran la mayor parte de la violencia urbana.
La Barrio 18, surgida en Los Ángeles (Estados Unidos), en la década de los ochenta del siglo pasado, y expandida luego hacia Centroamérica, mantiene una estructura amplia y una fuerte presencia dentro del sistema penitenciario.
Por su parte, la MS-13, también con origen californiano, ha desarrollado un sistema jerárquico con liderazgo descentralizado, lo que le permite sobrevivir a golpes policiales y reorganizarse con rapidez.
Según datos del Ministerio de Gobernación entregados a Expediente Público, en el país existen aproximadamente 22,000 miembros activos del Barrio 18 y unos 10,000 de la MS-13, aunque los analistas advierten que estas cifras son fluctuantes.
El investigador en temas de seguridad, Eduardo Montenegro, sostiene que las cifras “no reflejan el poder real” de las maras:
“El verdadero problema no es cuántos son, sino el nivel de control que ejercen. Las maras han logrado sustituir al Estado en ciertas colonias, imponiendo normas, cobrando impuestos y decidiendo quién vive o muere”, afirmó Montenegro.
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Territorio bajo control
El Ministerio de Gobernación, el Instituto por la Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) realizaron un mapa del crimen que muestra un patrón claro: las pandillas dominan los centros urbanos y los corredores logísticos del país centroamericano.
En la Ciudad de Guatemala, las zonas 18, 7, 21 y el Centro Histórico son las más afectadas, mientras que los municipios de Villa Nueva, Mixco y Villa Canales registran presencia constante de clicas, enfrentamientos y extorsiones.
Fuera del área metropolitana, departamentos como Escuintla, Quetzaltenango, San Marcos, Izabal, Retalhuleu, Jutiapa y Jalapa también presentan presencia consolidada de mareros.
El analista Carlos Samayoa, director del Instituto de Estudios de Seguridad Pública, explicó a Expediente Público, que la expansión responde a una lógica territorial.
“Las maras se desplazan hacia los corredores económicos y rutas de transporte. Controlar una colonia o un municipio no solo significa dominio territorial, sino acceso a ingresos estables por extorsión y a rutas de tráfico”, detalló.
En zonas rurales, el fenómeno aún es limitado, pero dos voceros del Ministerio de Gobernación, en entrevista con Expediente Público, reconocieron un avance progresivo de las estructuras hacia comunidades cercanas a centros urbanos y cabeceras departamentales.
Estructura interna: disciplina y jerarquía
Tanto la MS-13 como la Barrio 18 funcionan con una estructura militarizada. La unidad básica es la “clica”, una célula local que agrupa entre 10 y 50 miembros, y que responde a líderes conocidos como “ranfleros”, según información recabada por el GAM
En la cima de la pirámide está la Ranfla Nacional, conformada por los máximos cabecillas, muchos de los cuales están recluidos en centros penitenciarios de alta seguridad.
Los rangos internos son similares a los de una organización armada.
Los cabecillas o ranfleros son los que dirigen operaciones y deciden castigos.
Los palabreros son los que median entre las clicas y transmiten órdenes.
Los homies o soldados son los que ejecutan los delitos.
Los reclutas o “chequeos” son los que buscan a los jóvenes en proceso de ingreso.
También están los encargados de caja, quienes recaudan el dinero de extorsiones y lo distribuyen.
Según el experto en seguridad Luis Castillo, exasesor del Ministerio de Gobernación, esta estructura les permite sostenerse incluso en momentos de represión estatal.
“Cada clica tiene autonomía operativa, pero respeta una jerarquía nacional. Esto les da flexibilidad: si cae un líder, otro lo reemplaza de inmediato. Es una estructura que se autorregenera”, afirmó.
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Crímenes, negocios y control social
La extorsión es el corazón económico de las maras. Miles de transportistas, comerciantes y trabajadores informales son víctimas de cobros ilegales. Las cuotas pueden ir desde Q50 (US$5) hasta Q10,000 (US$1,500) mensuales, dependiendo del tipo de negocio, según las denuncias que se han colocado en el Ministerio Público.
Además, las pandillas participan en sicariato, narcotráfico local, robo de vehículos, trata de personas y lavado de dinero. Aunque no controlan el tráfico internacional de drogas, sí colaboran con grupos de narcotráfico en distribución local y vigilancia de rutas, según IEPADES.
El control social es otro elemento clave. En muchos barrios, los pandilleros imponen normas de convivencia. Por ejemplo, hacen respetar la jerarquía de la pandilla, organizan turnos para la seguridad, designan a encargados de cocinar y hasta deciden quién puede abrir o cerrar un negocio. Las víctimas, por miedo, evitan denunciar, según información del GAM.
“La extorsión ya no solo es una forma de ganar dinero, sino una herramienta para demostrar poder. Obliga a la gente a obedecer, y eso les da legitimidad en el territorio”, explicó Castillo.
Desde las cárceles, el mando no se detiene
El fenómeno más preocupante es que gran parte de las operaciones criminales se dirigen desde las prisiones, según investigaciones del Ministerio Público.
Estas han revelado que las llamadas extorsivas y las órdenes de asesinatos provienen de reos que utilizan celulares y redes externas para coordinar acciones.
La fuga de 20 miembros del Barrio 18 ocurrida este mes volvió a poner en evidencia el nivel de corrupción dentro del sistema penitenciario. Según el Ministerio de Gobernación, los internos contaron con complicidad de guardias y personal del penal.
El criminólogo Héctor Morales mencionó a Expediente Público que, mientras el Estado no recupere el control de las cárceles, los esfuerzos en la calle serán limitados.
“Las prisiones son los verdaderos centros de mando. Desde ahí se administran las finanzas, se planifican asesinatos y se reclutan nuevos miembros. Las cárceles se convirtieron en oficinas del crimen”, afirmó.
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Reclutamiento y expansión juvenil
Las pandillas buscan niños y adolescentes, entre los 12 y 18 años, especialmente en colonias con alta vulnerabilidad, afirma el IEPADES. Las promesas de dinero fácil, respeto o pertenencia son los ganchos más utilizados, aunque en muchos casos los adolescentes son coaccionados o amenazados para unirse, agrega.
Organizaciones sociales, como Guatemala con sed de justicia, No más balas al aire y Guate justa, advierten que la falta de oportunidades, el desempleo y el abandono escolar facilitan que las maras encuentren nuevos miembros.
Algunos programas de reinserción impulsados por la iglesia Pastoral Juvenil, comunidades abiertas y ONG con programas lúdicos, han tenido éxito, pero son insuficientes ante la magnitud del problema.
Una amenaza transnacional
Las pandillas guatemaltecas no actúan de forma aislada. Su relación con estructuras en El Salvador, Honduras y México es constante, aseguró Mario Polanco, director del GAM, a Expediente Público.
La designación del Barrio 18 como organización terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos el 24 de septiembre de 2025 marcó un hito que podría endurecer la persecución internacional y la cooperación judicial en la región.
“Las maras ya no son solo un problema local, sino transnacional. Sus conexiones con Estados Unidos y México las convierten en redes criminales con alcance regional”, apuntó el analista Carlos Samayoa.
El impacto en la sociedad guatemalteca
El miedo a las pandillas ha transformado la vida cotidiana en muchas comunidades. Comerciantes han cerrado negocios, transportistas abandonan rutas y cientos de familias se han desplazado hacia otros departamentos o incluso fuera del país.
En algunas colonias, la presencia de mareros limita la movilidad y restringe la llegada de servicios públicos o programas sociales.
El sociólogo Raúl Hernández señaló a Expediente Público, que el impacto va más allá de la violencia. “Las maras destruyen el tejido social. Cuando el miedo domina, desaparece la confianza entre vecinos y eso es lo más difícil de reconstruir”, comentó.
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La respuesta del Estado
El gobierno guatemalteco mantiene operativos constantes de captura, traslados de reos y bloqueos de comunicación en cárceles. Sin embargo, las medidas han tenido resultados parciales.
El Plan de Seguridad 2025-2028 del Ministerio de Gobernación propone crear un nuevo modelo penitenciario, aumentar la tecnología de rastreo de llamadas y reforzar los programas de prevención en esmontecuelas y comunidades vulnerables.
Pese a ello, los analistas advierten que la represión sin prevención no es suficiente.
El analista Eduardo Montenegro resume el reto en una frase: “No se puede erradicar una estructura criminal que sustituye al Estado sin fortalecer al Estado mismo. La respuesta debe combinar fuerza y oportunidad”.
Tanto autoridades como expertos coinciden en que las pandillas siguen representando una de las mayores amenazas para la gobernabilidad y la seguridad nacional.
Aprobación de la ley contra pandillas en Guatemala
El Congreso de Guatemala aprobó la noche del 21 de octubre de 2025, la Ley contra las Pandillas, una normativa que busca endurecer las penas y ampliar las herramientas del Estado para combatir a las estructuras criminales que operan en el país.
La ley establece penas más severas por asociación ilícita, extorsión y reclutamiento de menores, además de permitir la construcción de cárceles de alta seguridad exclusivas para miembros de pandillas.
