* Los venezolanos enviados a El Salvador y recluidos en una cárcel de máxima seguridad están en condición de desaparición forzada.
** La organización Human Rights Watch advierte a Expediente Público que los detenidos son víctimas de la estigmatización por su origen y sufren tortura.
*** El presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso el 22 de abril canjear venezolanos deportados por presos políticos del régimen de Maduro, pero los sudamericanos detenidos están en un limbo jurídico.
Eric Lemus / Expediente Público
Los venezolanos deportados desde Estados Unidos y enviados a las cárceles de El Salvador viven en un limbo jurídico sin precedente en el derecho internacional, indicó a Expediente Público la organización Human Rights Watch (HRW).
El domingo 22 de abril, Nayib Bukele publicó en la red social X un mensaje donde ofreció a su homólogo venezolano Nicolás Maduro entregar a las 252 personas recluidas en la prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a cambio de reos políticos.
En la lista que Bukele solicitó estaban los opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas, que este martes 6 de mayo fueron evacuados hacia Estados Unidos.
La directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, reiteró a Expediente Público que “nosotros desde Human Rights Watch hemos calificado el envío de estas personas a El Salvador como una desaparición forzada”.
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La abogada colombiana remarca la violación sistemática del debido proceso que cometió la administración del presidente Donald Trump, que ahora es extendida por las autoridades salvadoreñas.
“Lo que tenemos típicamente son personas a las que no se les permitió lo que se conoce como una audiencia de miedo creíble”, sostuvo.
En una audiencia de este tipo pudieron “dar la información sobre si eran o no perseguidos en sus países de origen, sobre si tienen un miedo razonable de ser perseguidos en caso de ser devueltos”, argumenta la directora del observatorio internacional en el ámbito de derechos humanos.
El acuerdo de Bukele y Rubio
El presidente Bukele ofreció el 3 de febrero de 2025 al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, recibir convictos vinculados a la banda transnacional Tren de Aragua en el Cecot a cambio de US$6 millones de dólares anuales.
Así llegó a San Salvador un primer grupo de 238 venezolanos que fue recluido inmediatamente el 15 de marzo en la cárcel de máxima seguridad.
Posteriormente trascendió que de ese grupo 137 fueron deportados bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, mientras que los otros 101 fue por violaciones migratorias.
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“Hay estigmatización por ser venezolanos (porque) el Gobierno de Estados Unidos ha señalado que son personas pertenecientes al Tren de Aragua (…) Sin embargo, no ha dado ninguna información, ninguna evidencia que verifique que es así”, replicó Goebertus a Expediente Público.
En un pronunciamiento emitido este 11 de abril de 2025 HRW pidió a las autoridades estadounidenses y salvadoreñas identificar públicamente a los venezolanos que fueron deportados, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el exterior.
En torno a la oferta del intercambio de reos, Goebertus dice que Bukele “se comporta como cualquiera de los autoritarios de la región que usa los presos políticos para hacer canje. Lo hace Maduro en Venezuela. Lo hace Cuba con frecuencia”.
“Es la típica maniobra de detener presos políticos justamente como moneda de cambio para intentar luego negociar con distintos actores”, añade.
“¿Alojamiento penitenciario?”
Una entrevista que ofreció este 6 de mayo el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a la revista francesa Le Grand Continent reveló inéditamente bajo qué concepto es que este país centroamericano utilizará sus recintos carcelarios.
El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya criticó severamente las afirmaciones “vomitivas” del vicemandatario.
Ulloa afirmó al medio francés que “en vista de la calidad y seguridad de las instalaciones que proponemos, se está dando este servicio que podríamos llamar un alojamiento penitenciario”.
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Anaya inquirió a Expediente Público si “encarcelar extranjeros en el Cecot es igual que el turismo médico como dice el vicepresidente, ¿cualquier país puede contratar el servicio de ‘alojamiento penitenciario’ que ahora oferta El Salvador? Ya veo al bukelato haciendo negocios con Afganistán y con Corea del Norte”, ironizó.
En opinión del abogado Anaya, “esta relación estrictamente comercial o financiera de la que habla Ulloa demuestra que para el régimen los seres humanos son simple mercancía”.
“Sin facultad para custodia de venezolanos”
El abogado venezolano y ex catedrático de la Universidad de Los Andes, Walter Márquez, representa a las familias de siete de los detenidos en El Salvador, que son oriundos del estado Táchira.
El abogado, que fue embajador venezolano en la India (1999-2004), encabeza la Fundación Internacional El Amparo que asumirá la defensa de los ciudadanos tachirenses acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua y recluidos en la prisión.
Márquez, que conversó con medios salvadoreños incluyendo Expediente Público, reiteró que el gobierno de Bukele carece de “facultad para custodiar a personas capturadas sin el debido proceso”.
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“Estamos en presencia de un tema eminentemente jurídico con implicaciones políticas, con implicaciones sociales y, como dice un refrán popular: ‘En pelea de burros, el que paga es el arriero’. En este conflicto de poderes entre la autocracia de varios poderes, el que está por medio es el migrante venezolano”, denuncia.
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Asimismo, la directora para las Américas de HRW insiste que EE. UU. tiene “una obligación de no enviar a personas a países en donde puedan ser objeto de persecución o de tortura bajo sus propias obligaciones internacionales”, conforme lo establecen la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención contra la Tortura.
Goebertus recuerda que “en el caso de El Salvador, el propio informe del estado de los derechos daba cuenta de que el sistema penitenciario (de este país centroamericano) es un lugar de extensivas violaciones a los derechos humanos”.
El Guantánamo centroamericano
Abraham Ábrego, quien es director de acompañamiento a víctimas de la organización no gubernamental Cristosal, en relación con la propuesta de canjear reos dice a Expediente Público que el mandatario “no tiene base legal ni fundamento para disponer el destino de las personas que están detenidas acá”.
“Ninguno de los venezolanos tiene procesos abiertos en El Salvador. Entonces, no aplica ninguna figura de la extradición, ni la deportación, ni la extradición”, insiste el abogado.
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“Yo creo que el riesgo es que ya se ha planteado convertirlo en una especie de Guantánamo (…) no hay como mayor jurisdicción y control y garantías. Creo que ese es el riesgo de que se convierte”, añade Ábrego con preocupación.
El abogado especializado en defensa de derechos humanos recuerda que el problema de la jurisdicción de los venezolanos retenidos en El Salvador sienta un precedente grave pues están “en un limbo jurídico porque no hay ningún fundamento o asidero legal para estudio”.
La diputada opositora del partido Vamos, Claudia Ortiz, dijo que este caso muestra el doble estándar de Bukele donde está tratando de velar por los derechos de unas personas, mientras viola las garantías de los salvadoreños.
“¿Bajo jurisdicción de qué juez están estas personas?, ¿bajo un juez estadounidense o bajo los jueces de vigilancia penitenciaria en El Salvador?, ¿quién va a estar vigilando si se está cumpliendo la pena o no?, ¿qué control va a haber sobre eso?”, insistió Ortiz.
La expectativa del hábeas corpus
El gobierno venezolano contrató al bufete de abogados salvadoreños Grupo Ortega, que interpuso el lunes 24 de marzo un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de determinar si es válida la detención de los ciudadanos enviados a la cárcel de Bukele.
Jaime Ortega, que preside el despacho jurídico, explicó a Expediente Público que representan a 30 del total de los detenidos, “pero por efecto extensivo estamos pidiendo el hábeas corpus para el resto de los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos”.
Por su parte, Abraham Ábrego explicó que en El Salvador el procedimiento abarca cierta burocracia que empieza por si la Sala de lo Constitucional admite o no el recurso.
«Si aceptan el hábeas corpus, la Sala tendría que nombrar un juez ejecutor que tiene que ir a personarse al lugar donde se encuentra las personas, a verificar su situación de integridad y su situación jurídica y, en base al informe del juez ejecutor, es que la Sala de lo Constitucional resuelve”, detalló el defensor de derechos humanos.
Sin embargo, el abogado recordó a Expediente Público que en los últimos tres años el porcentaje de admisión es mínimo.
“La mayoría de los casos o no han sido resueltos o han sido denegados. Es decir que la situación límbica que tienen los venezolanos va para largo y tendría que resolverse a nivel internacional, una vez agotados los recursos acá”, anticipó.
