* Investigación de la ambientalista Fundación del Río revela invasión masiva al refugio Río San Juan promovida directametne por el régimen de Nicaragua.
** El refugio perdió 32% de cobertura boscosa por la minería ilegal y el dragado del río que se realizan sin permisos en la frontera.
Expediente Público
Una nueva investigación de la organización Fundación del Río, presentada por su presidente Amaru Ruiz, advierte sobre una creciente crisis ambiental en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan y la Reserva Biológica Indio Maíz, en el sur del país, dos de las áreas protegidas más importantes de Nicaragua.
El informe revela la pérdida de cobertura boscosa del 32% del refugio de vida silvestre del Río San Juan desde el año 2000 a la fecha, causado por la minería ilegal y la deforestación.
La organización ambientalista sostiene que todo el daño es impulsado por un proceso de invasión de tierras inducido y tolerado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con la participación directa de operadores políticos locales del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Un nuevo frente de invasión a Indio Maíz
Según el estudio de la Fundación del Río, se está consolidando una nueva ruta de invasión hacia la Reserva Indio Maíz desde los municipios El Castillo y Bluefields.

Ruiz explicó a Expediente Público que “hemos encontrado dinámicas de invasión promovida por el régimen de Ortega- Murillo a través de operadores políticos municipales”.
Se documentó una dinámica de minería ilegal en la zona que ha propiciado la apertura en caminos, “que hay tráfico de mercurio, tráfico de cianuro, tráfico de drogas en la zona”.
Estas actividades implican también un impacto en el territorio costarricense, reporta el organismo.
Viviendas y el rol de los militares
El documento detalla la construcción de más de 500 edificaciones nuevas en un tramo de 36 kilómetros entre Bartola y el delta del río San Juan, muchas de ellas ubicadas a escasos metros de puestos militares, lo que se interpreta como tolerancia o participación del Ejército nicaragüense.

Además, la población en la zona se ha duplicado: de 2,000 a más de 4,400 personas en pocos años, según la organización.
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“El Ejército no sólo no expulsa a los invasores, sino que parece utilizarlos como informantes dentro de una supuesta estrategia de guarda-frontera”, denunció Ruiz.
La investigación de la Fundación del Río coincide con un reciente reportaje de Expediente Público y Nicaragua Actual que expone cómo el proyecto de dragado del río San Juan ha sido ejecutado sin transparencia, estudios de impacto ambiental ni permisos adecuados.
Ambas investigaciones apuntan a una misma conclusión: el régimen de Ortega y Murillo ha convertido la zona fronteriza con Costa Rica en un corredor de devastación ambiental y operaciones ilegales.

Los operadores del tráfico de tierra
Fundación del Río logró identificar a funcionarios municipales afines al FSLN como responsables de permitir y promover las invasiones en la reserva Indio Maíz, entre ellos Valerio López, exfuncionario de la alcaldía municipal de El Castillo y Gladys Sánchez Mondragón, actual secretaria política del FSLN en el mismo municipio.
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Desde 2022 se reportan cuatro dinámicas de invasión y tráfico ilegal de tierras dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
López y Sánchez “promueven el asentamiento de personas afines” al FSLN en las zonas protegidas.
“Ambas personas son conocidas por mantener coordinaciones con el jefe del puesto militar y con el secretario político departamental (del oficialista Frente Sandinista)”, de acuerdo con Ruiz.
Familias procedentes de diversas comunidades, incluyendo Sábalos, Santa Rosa, San Antonio, La Bijagua, Santa Isabel del Pajarito y de municipios de Nueva Guinea, Siuna y Rosita, se han instalado ilegalmente entre el río Machado y Los Pantanos, ocupando unas 2,800 hectáreas paralelas al río San Juan, según la investigación.
Cobran y obligados a agradecer a Ortega
El proceso es coordinado por Noel Paz, político del Frente Sandinista en el sector, y Denis Alfonso, identificado como coordinador local. Según recogió la Fundación del Río, Paz y Alfonso “dan la bienvenida a los nuevos ocupantes con discursos de agradecimiento” a Ortega y a Murillo.
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Además, exigen un pago de 15,000 córdobas (unos 400 dólares) por 50 manzanas (35 hectáreas) de terreno, sin ofrecer documentación legal. Toda la tierra entregada es de bosques lo que promueven la deforestación para establecer cultivos de granos básicos.
“Se está abriendo una nueva frontera de invasión hacia la reserva Indio Maíz (…) Existe una estructura vinculada sobre todo a secretarios políticos en la zona”, afirma Ruiz.
Esta dinámica revela un patrón de apropiación irregular de tierras protegidas, facilitado por estructuras partidarias locales y en aparente coordinación con autoridades militares.
Falso proyecto de saneamiento
Una segunda modalidad de invasión a tierras del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, detectada en la investigación, es a través de un supuesto “Proyecto de Saneamiento y Protección de la Reserva Indio Maíz”, utilizado como fachada para legalizar de forma irregular la ocupación y venta de tierras en áreas protegidas.
El presidente de Fundación del Río explicó que accedieron a documentos que revelan la emisión de al menos seis “avales” firmados por Jorge Ariel Omier Ruiz, presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol y militante del FSLN.
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En estos documentos también aparecen los abogados Julio Ruiz Daniels y Leonel Sabala Tinoco, así como beneficiarios como Francisco Sevilla, Julio Tenorio y José Adán Jarquín, quienes habrían pagado hasta 3 millones de córdobas (81,912 dólares) por el 50% del proyecto en la zona de Bartola.
Además, se identificó a Uriel Antonio Romero Obando, abogado con domicilio en Punta Gorda, como parte del esquema. Romero emitió avales y recibos que involucran pagos de hasta 300,000 córdobas (8,191.28 dólares) por más de 3,000 manzanas en el sector de Boca de San Carlos, tierras que no pertenecen al territorio Rama y Kriol, “lo que podría constituir estafa”.
En junio de 2024, el propio Gobierno Territorial Rama y Kriol “emitió un comunicado desautorizando el proyecto iniciado en 2022 y suspendiendo la emisión de avales en las zonas de Bartola, Boca de San Carlos, Cureña, Banderas y el Delta”, según registros. El documento también señala de fraude a varios actores clave en estas transacciones, entre ellos José Luis Cerna, José Adán Jarquín y Elí Cerna Treminio.
Las tierras ocupadas fueron luego parceladas y vendidas ilegalmente a nuevos ocupantes, alimentando una red de tráfico de tierras al margen de la legalidad, con consecuencias directas sobre áreas protegidas de alto valor ecológico.
Presión a Costa Rica
Además, Fundación del Río documenta el crecimiento acelerado de infraestructura ilegal dentro de la reserva con más de 1,500 edificaciones identificadas mediante imágenes satelitales, y un aumento del 49% en la población residente.
El aumento de población en la reserva Indio Maíz también provoca una creciente migración hacia el lado costarricense, que recurre a servicios públicos de salud y educación en zonas como Boca de San Carlos.
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“No podemos seguir justificando la atención a una población que está siendo empujada por un régimen que promueve abiertamente la invasión y la destrucción ambiental”, afirmó Ruiz.
Fundación del Río advierte que al convertir al Refugio de Vida Silvestre Río San Juan en un corredor de invasión hacia la Reserva Indio Maíz, se pone en peligro ecosistemas de valor internacional como sitios Ramsar y la Reserva de Biosfera Río San Juan, reconocida por la Unesco.