* El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo publicó un pronunciamiento oficial para desmentir que la actividad minera en Nicaragua sea opaca e ilegal.
* La Procuraduría General de la República nicaragüense reaccionó a una denuncia del Gobierno de Costa Rica por la extracción aurífera ilegal en zona fronteriza.
* Una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto y Fundación del Río revela un aumento de concesiones a favor de mineras chinas y la invasión a suelos indígenas.
Eric Lemus / Expediente Público
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo defendió su modelo de minería ante una denuncia del gobierno de Costa Rica que señala la existencia de minería ilegal en la frontera entre ambos países. Sin embargo, una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto y la Fundación del Río desmiente los argumentos del régimen nicaragüense.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nicaragua emitió este sábado 21 de febrero un comunicado oficial, luego que el gobierno de Rodrigo Chaves denunciara ante la Asamblea Legislativa que una red del crimen organizado extrae oro ilegalmente en la localidad de Crucitas.
El poblado está ubicado en Cutris de San Carlos, provincia costarricense de Alajuela, limítrofe con Nicaragua. En el lugar hubo una mina a cielo abierto que fue cancelada por los daños ambientales debido a la contaminación del suelo y el agua con mercurio y cianuro.
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El gobierno costarricense señala que en ese lugar continúa la extracción minera de manera ilegal y que los sedimentos son trasladados a Nicaragua para su procesamiento.
Las autoridades costarricenses reportaron más de 16.000 sacos de material aurífero decomisados en esa zona y calificaron la operación como una estructura transnacional sostenida.
Opacidad en la actividad minera de Nicaragua
En su comunicado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende la legalidad, transparencia y sostenibilidad de su modelo minero.
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Sin embargo, la investigación de Expediente Abierto y Fundación del Río titulada “La influencia china en el sector minero nicaragüense”, publicada el 11 de febrero pasado, muestra inconsistencias en las aseveraciones del régimen nicaragüense.
El estudio revela la expansión acelerada de concesiones en los últimos años, la participación creciente de empresas vinculadas a capital chino, la aparición de nuevas empresas sin trayectoria minera pública previa, y las limitaciones para la identificación de beneficiarios finales y estructuras corporativas.
De acuerdo con el informe, hasta agosto de 2024, existían 218 concesiones mineras metálicas industriales, de las cuales 144 ya habían sido otorgadas y el resto estaba en trámite. El estudio alerta por la actividad extractiva en 1,742,578.65 hectáreas, equivalentes al 14.64% del territorio nacional nicaragüense.
Las reformas legales
La PGJ afirma que el sector minero opera bajo la Ley 387, que es la normativa creada para la exploración y explotación de minas.
Sin embargo, el informe de Expediente Abierto y la Fundación del Río documenta reformas legales recientes que modificaron el marco regulatorio minero.
Una de las más notables es la reforma al Decreto Ejecutivo N.º 20-2017 mediante el Decreto Presidencial N.º 06-2025, que reduce los requisitos de los estudios de impacto ambiental y elimina la consulta pública obligatoria en determinados casos.
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Además, Ortega-Murillo derogó y flexibilizó normas que restringían concesiones en áreas protegidas, autorizó actividades mineras en zonas ambientalmente sensibles y fomentó la invasión de territorios indígenas.
El informe advierte que estas reformas podrían debilitar el sistema de evaluación ambiental y generar tensiones con compromisos internacionales asumidos por Nicaragua.
La concentración de la industria minera
El régimen sostiene que el oro es uno de los principales motores de exportación y crecimiento económico.
“El aprovechamiento del oro se desarrolla en convivencia entre gran minería, pequeña minería y minería artesanal, con libertad de comercialización internacional bajo principios de comercio justo”, afirma el comunicado del PGJ.
No obstante, el informe de Expediente Abierto presenta un panorama distinto: tres empresas de capital canadiense concentran el 46.7% de las concesiones otorgadas a empresas y el 67.4% del área concesionada, y 13 empresas de origen chino concentran 67 lotes que suman 966,542.32 hectáreas, equivalentes al 8.12% del territorio nacional.
“Estos niveles de concentración plantean interrogantes sobre la competencia efectiva y sobre el grado de diversificación empresarial en el sector”, advierte el centro de pensamiento.
Reservas naturales, en riesgo
El comunicado del régimen nicaragüense habla del cuidado ambiental. En la introducción, señala: “La Procuraduría General de Justicia, (…) con la función legal de proteger los derechos de la Madre Tierra y garantizar el derecho constitucional a un ambiente saludable, se refiere a publicaciones mal intencionadas que buscan desinformar sobre el desarrollo, bienestar y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”.
La investigación de Expediente Abierto y Fundación del Río documenta que hay concesiones mineras que están sobre áreas protegidas como la Reserva de Biósfera Bosawás y Río San Juan, la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
El estudio, que contó con fuentes de primera línea en los territorios afectados, revela la superposición de al menos 18 lotes mineros sobre territorios indígenas titulados, sin evidencia pública de procesos adecuados de consulta previa, libre e informada.
Discrepancias entre exportación e importación
Por otro lado, Expediente Abierto y la Fundación del Río documentaron discrepancias entre las exportaciones reportadas por Nicaragua versus las importaciones registradas por China bajo códigos arancelarios equivalentes.
“El estudio identifica una brecha aproximada de US$ 32.1 millones, lo que sugiere posibles problemas de subfacturación, clasificación arancelaria ambigua o debilidades en los sistemas de reporte”, enfatiza el informe.
Asimismo, el estudio destaca que en 2024 los ingresos fiscales por derechos de extracción y superficie ascendieron a aproximadamente US$34.89 millones de dólares, cifra relativamente reducida frente al valor total exportado por el sector aurífero.
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“Estas diferencias no constituyen prueba directa de irregularidad penal, pero sí representan indicadores de riesgo fiscal y de trazabilidad”, agrega el informe.
Expediente Abierto sostiene que el debate público requiere “información verificable, monitoreo independiente y mayor acceso a datos para evaluar con precisión la gobernanza del oro en Nicaragua”.
